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La portación de armas es un derecho de los servidores públicos extranjeros en México

Siendo Presidente de México Luis Echeverría Álvarez, el 11 de enero de 1972 se publica en Diario Oficial de la Federación una nueva Ley denominada “Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.  

En el dispositivo jurídico se menciona como características del uso de armas los términos “posesión” y “portación”. 

La posesión de toda arma de fuego, dice la ley, que “deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas”. 

Además, “no se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados por la misma  Ley”.

El tema de la posesión y portación de armas en nuestro país, tal y como lo describe la ley se encuentra regulado. Sin embargo, al parecer no todas las personas que poseen o portan una arma cumplen con el dispositivo jurídico en comento.

En otras palabras; ¿Cuántas pistolas, revólveres, rifles y/o escopetas, son ilegales en México? Los datos pueden variar, no obstante se nos dice que son millones de armas que no están registradas.  

Ahora, bien, los senadores  aprobaron reformas a la señalada Ley. Los cambios figuran para que agentes extranjeros puedan portar armas en México. 

En efecto, en el dictamen que por ahora dentro del proceso legislativo se remitirá para su aprobación a la Cámara de Diputados, pues la Cámara de Senadores lo aprobó con 78 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, establece como parte de ese derecho que: se busca fortalecer la cooperación migratoria y aduanera de México con el mundo mediante la autorización de la portación de armas en territorio mexicano a servidores públicos extranjeros de migración, aduanas y a los agentes de seguridad en el ámbito de las visitas oficiales de jefes de Estado, gobierno, ministros o equivalentes, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a .40” o equivalente.

En consecuencia, la iniciativa de ley que reforman y adicionan los artículos 11, 27 y 28 de la “Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, que con fecha de 24 de febrero de este año, presentó el Titular del Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores, transcurre con el objetivo de cumplir con base al principio de reciprocidad entre los países que suscriban los acuerdos interinstitucionales para tal efecto.  

De tal suerte, solamente cabe preguntar: ¿Cuál es la solución a las armas no registradas? Sobre todo cuando por disposición constitucional los habitantes del país tienen el derecho a poseer armas en  su domicilio, para su seguridad y legitima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal Armas de Fuego y Explosivos y las reservadas para el  uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y para que se les autorice la portación de una arma tendrán que cumplir con la Ley, de acuerdo a los casos condiciones, requisitos y lugares.  

Fecha: 
Viernes, 10 de Abril 2015 - 18:00
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Para el mes de septiembre: ¡el derecho a un seguro del desempleo y pensión universal!

“La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente”. Tal y como lo describe la Constitución de la República, así como que la “Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales”.

De tal suerte los actuales legisladores de la referida Cámara de Diputados, disponen de su último periodo ordinario de sesiones que termina el último día de este mes de abril, es decir, para el próximo mes de septiembre la Cámara de Diputados será integrada por los candidatos a diputados que resulten ganadores de los comicios del próximo 7 de junio.

En otras palabras en el mes de septiembre comienza otro periodo ordinario del Poder Legislativo con nuevos integrantes en la Cámara de Diputados.

Así que, los temas de la agenda legislativa son diversos para aprobar por ambas cámaras de diputados y senadores en este mes de abril. Esto es, quedan 22 días para aprobar todos los pendientes legislativos con reformas constitucionales y legales.

¿Cuáles son esos pendientes legislativos? A continuación, veamos algunos de ellos: el sistema nacional anticorrupción; transparencia; el derecho de réplica; de propaganda gubernamental; de Juegos y Sorteos; la eliminación del fuero a los servidores públicos; el derecho a un seguro de desempleo y  pensión universal; el derecho de audiencia para extranjeros; la reforma política del DF; seguridad y justicia (mando único en los estados); y cambios a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros temas.

En definitiva, en cada una de las cámaras -diputados y senadores-, son numerosos los pendientes legislativos, sobre todo para desahogar en tan  sólo siete sesiones del pleno.

En consecuencia, todo apunta que por circunstancias de tiempo, modo, lugar y falta de acuerdos legislativos entre los grupos parlamentarios, en el mes de abril quedaran en la reserva legislativa diversos temas trascendentales que resultan de suma importancia para la sociedad: el derecho a un seguro de desempleo y pensión universal, es uno de esos temas.

¡Quizá, sea para el próximo mes de septiembre!  

Fecha: 
Miércoles, 08 de Abril 2015 - 18:00
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¿Cuáles son los acuerdos legislativos?

En sistema legislativo de nuestro país se integra por 500 diputados y 128 senadores. Los legisladores son los que aprueban las leyes en México. El cargo de elección popular para un diputado es de tres años, y para un senador es de seis años. Las últimas elecciones en las que el electorado eligió a los actuales legisladores fue el 1 de julio de 2012.   

Por ende, el resultado de las elecciones federales de ese año en ambas cámaras fue el siguiente. En la Cámara Diputados: PRI-212; PAN-114; PRD-104; PVEM-29; MC-16; PT-15; y, NA-10. En la Cámara de Senadores: PRI-52; PAN-38; PRD-22; PVEM-9; PT-5; NA-1; y, MC-1. 

En consecuencia, en ambas cámaras, la mayoría de la representación es principalmente para tres fuerzas políticas. El primer lugar es para el PRI, el segundo para el PAN y el tercero para el PRD. Sin embargo, para la aprobación de las leyes se requiere del voto mayoritario de los legisladores en cada una de las cámaras respectivas.  

La conformación de la creación de la leyes en nuestro país es constante, eso sin duda, pues el legislador asiduamente se pronuncia por la presentación, discusión y aprobación de las iniciativas de ley. Quizá, tal circunstancia, por el momento, es decir en este escrito, no sea el tema a reflexionar. Por el contrario el tema es preguntar: ¿Cuáles son los acuerdos legislativos de los legisladores para aprobar la creación de la ley?

El periodo ordinario de sesiones de los diputados y senadores termina el próximo 30 de abril. Los temas de la agenda legislativa, son diversos. Los partidos políticos y sus grupos parlamentarios en el Congreso disponen de su propia agenda legislativa.  

No obstante, de los acuerdos parlamentarios y su cabildeo por parte de los legisladores  para otorgar el suficiente soporte legislativo con la aprobación de sus agendas legislativas, es importante que se pongan de acuerdo en temas que resultan ser por si mismos, de mayor transcendía en beneficio del interés general de la población, tales como: la reforma para combatir la corrupción mediante la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma en materia de seguridad y mando único a fin de disipar a las policías municipales infiltradas por el crimen organizado (unificación de policías), y la reforma política para el DF.

En definitiva, estimado lector, solo por curiosidad, pregunto: ¿Cuáles son los acuerdos legislativos? ¿Cuáles son las negociaciones de los legisladores para aprobar o no aprobar las leyes? 

Así que, querido lector, la duda no consiste en la discusión y aprobación de las leyes, más bien es por estar al tanto de conocer la forma, intercambio político del legislador y/o legisladores, en la que logran acuerdos para la creación de las leyes. Entonces, es posible, preguntarles: ¿Cuál es la transparencia legislativa?

Al tiempo, tiempo…  

Fecha: 
Lunes, 30 de Marzo 2015 - 18:00
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Aristegui y Yo... Problemas Parecidos, Mientras el Hipódromo Agoniza

Una batalla como ésta, en solitario, nunca será ganada.

Aristegui

Cuando las personas se enfrentan a un poder superior, llámese el poder gubernamental —una empresa, una institución— la lucha generalmente es desigual. El más fuerte, con mayores recursos y mayor influencia tiende a ganar si no existe la voluntad para dialogar. En el caso extremo se recurre a aplicación la Ley por lo que se hace necesario contar con un Estado de Derecho que funcione y los funcionarios que lo haga valer.

Se necesita pues, tener temple y convicción en la causa para continuar bregando. Las personas se convierten en luchadores de causas perdidas y muchas veces conviene retirarse a los cuarteles de invierno hasta que llegue el verano. Así, vemos lo que sucede en Venezuela contra los líderes de la oposición que son reprimidos, encarcelados y hasta asesinados; en otros países es mucho peor y es la historia del quehacer humano.

En mi caso, cuando un grupo de propietarios de caballos del Hipódromo de las Américas, constituidos legalmente en una asociación civil y de acuerdo a las leyes mexicanas me contrató para representarlos fui reprimido. La idea —así vendí por cacahuates mis servicios— es que al no tener caballos de mi propiedad, no importaba si la empresa tomaba represalias contra mi persona. Era menos vulnerable.

El plan de acción que diseñamos fue denunciar la realidad y mostrarle a la autoridad, es decir a la Secretaría de Gobernación, la pésima situación en que se encontraba la actividad hípica —ahora está peor— y propusimos soluciones. Las autoridades del sexenio pasado creía que la empresa mantenía a todos los caballos, cuando son los propietarios los que cargan con todos los gastos. Fue evidente que nadie se había acercado a la autoridad para informales del infortunio que se padecía y se padece. Tuvimos una buena acogida y el asunto no se solucionó pues despidieron a la entonces directora de la Dirección de Juegos y Sorteos de la dependencia.

En esencia, la demanda era —y es rescatar la Industria Hípica—. Tener buenos premios para poder mantener a los caballos y la crianza se fortalezca; además de contar con una autoridad hípica independiente de la empresa, la cual se había adueñado de la misma, por creer que así que convenía a sus intereses. Nada más equivocado. Al día de hoy todavía prevalece esa idiotez y la autoridad hípica es un organismo de facto creado por la misma permisionaria.

Todo este tinglado lo armó el representante y accionista de la permisionaria de ese entonces, José Manuel Alavez González en contubernio con el ex presidente de la Comisión Nacional de Carreras de Caballos (organismo creado por decreto presidencial en 1974), Manuel I. Pacheco Hinojosa, amigo de Santiago Creel quién lo nombró al frente de dicha Comisión.

Así, durante su paso en la SEGOB, Santiago Creel autorizó el Reglamento de la Ley de Juegos, dentro de cual inventaron la figura de "Órgano Técnico de Consulta" de la misma dependencia y en el cual quedó al frente "el tal Pacheco", derogando el decreto mencionado y regulando mal, no solo la actividad hípica sino todas las actividades relacionados con el juego con apuesta. De esa manera lograron darle cierta legalidad —le taparon el ojo al macho— aprovechando la discrecionalidad de la Ley vigente. Así autorizaron una gran cantidad de casas de apuesta, ahora conocidos como Casinos, que no debieran funcionar pues la Ley prohíbe expresamente el juego de azar. Funcionan gracias a que el mencionado Reglamento que inventó Creel, se permiten lo cual es una aberración jurídica. Lo que prohíbe la Ley no lo puede permitir el reglamento... Así funciona este país. 

Así, llegado el momento y como consecuencia de una denuncia que presentó un caballista muy extraño, Federico Madrazo Hassey quien al no tener los tamaños para aceptar que él elaboró la acusación en mi contra, argumentando que ni siquiera está firmada, lo cual es cierto. "El tal Pacheco" determinó no otorgarme la licencia necesaria para desempeñar las funciones que me encomendaron mis representados y ni siquiera respondió a mi queja.

Denunciamos la irregularidad ante Marcela González Salas —flamante candidata a pluridiputada por el PRI— entonces directora de la Dirección de Juegos y Sorteos de la SEGOB que hizo caso omiso al reclamo: es un conflicto entre particulares se nos dijo. La empresa que comandaba en ese entonces la venezolana Beatrice Rangel se lavó las manos y determinamos no meternos en un pleito judicial hasta que no hubiera mejores condiciones. La misma Comisión Especial de la Cámara de Diputados tampoco investigó el asunto a pesar de que supo del caso.

Cincuenta y dos (52) hectáreas de un terreno federal es explotado por una empresa extranjera, que tiene graves problemas financieros y el objeto de su permiso —tener una hípica de clase mundial— nunca se logró.

Una batalla como esta, nunca será ganada sí la autoridad gubernamental no toma conciencia de que tener una industria hípica bien cimentada es para crear empleos bien remunerados y todos los beneficios que conlleva el espectáculo.

Ahora, de acuerdo al señor Ricardo Mar, director de operación hípica del hipódromo, de prensa, de apuestas, de relaciones públicas y pésimo narrador de las carreras de caballos, comenta que será hasta dentro de dos años que la permisionaria del Hipódromo de las Américas podrá ofrecer mejores premios a los caballistas, cuando se ponga el marcha el proyecto para el desarrollo y construcción de la calle del entretenimiento —un gran hotel/casino, centro comercial y quién sabe cuántas jaladas más— y así, con este tipo de información los caballistas se dejan tomar el pelo; unos se conforman y otros dejan de participar pero todos pierden mucho dinero manteniendo a sus caballos y así, agoniza la actividad.

Así —toda proporción guardada— el caso Aristegui es parecido al mío, nos enfrentamos a una empresa que nos despidió; en el caso de Carmen MVS encontró un buen pretexto para silenciarla a pesar de que la empresa perdió credibilidad y una buena parte de su audiencia; en cambio, al parecer ganó la buena voluntad de los de "arriba".

Aristegui la tiene más difícil que nosotros, pues tiene en contra al poder presidencial y eso sí, lo garantizo, no va cejar. Somos parecidos.

Fecha: 
Miércoles, 25 de Marzo 2015 - 17:00
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¡Por un día!: Los delitos de la autoridad electoral

“Entre candidatos: las promesas y acusaciones recíprocas…”,  es el tema que aborde en este espacio ayer jueves 19 de marzo, con el propósito de aludir a las conductas constitutivas de los delitos electorales en las que pueden incurrir los candidatos en el desarrollo de sus campañas y durante las elecciones del próximo 7 de junio. Y, con esa finalidad por ahora nos referimos a los delitos en los que pueden  caer los funcionarios electorales.

Los funcionarios electorales son las personas que integran los órganos electorales. Se entiende, por ejemplo, a quienes integran las casillas el día de la votaciones. Es decir, tal como lo apunta la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que la Mesa Directiva de Casilla se integra con un Presidente, un Secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, con facultades para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales del país.

En consecuencia, cabe preguntar: ¿los ciudadanos, sólo por ese día serán funcionarios electorales? De ser así, esto es funcionarios electorales por un día, entonces, estarán sujetos, sin duda a cumplir cabalmente con su responsabilidad electoral, respetar íntegramente la función electoral. De ser contrario, incumplir la ley electoral, el resultado independiente de los aspectos administrativos y/o infracciones administrativas, también es posible que repercutan por sus propias actos en conductas típicas de un delito electoral. 

En tal contexto, es de comprender que los integrantes de  las mesas de casilla, han sido o serán capacitados por la autoridad electoral en materia de organización de la jornada electoral y para estar al tanto de no cometer delitos electorales. 

Máxime, al decir el Instituto Nacional Electoral (INE), que el próximo 7 de junio se instalarán 152 mil mesas de votación, y para su integración se han capacitado a dos millones 89 mil ciudadanos. 

En definitiva, estimado lector, las conductas sancionadas por la  nueva “Ley General en Materia de Delitos Electorales”, son las siguientes: 

Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que: altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores.  

Asímismo, al que se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral; obstruir el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada; alterar los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales; no entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar causa justificada; induzca o ejerza presión, en ejercicio de sus funciones, sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato; instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación; expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o de candidato independiente u observadores electorales legalmente acreditados o impida el ejercicio de los derechos que la ley les concede; permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales. 

Además, divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados, o realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas.

Así que, querido lector, por si acaso: ¿Usted es integrante de alguna casilla? ¿Usted recibió capacitación en materia de delitos electorales? Cuidado, mucho cuidado, por si acaso no la recibió, aún es tiempo de capacitarse, sobre todo, como autoridad electoral encargada durante el día de la votación, de respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del derecho al sufragio y al voto de los ciudadanos y de asegurar la autenticidad y cómputo. 

Al tiempo, tiempo…

PD. En mi siguiente publicación del 23 de marzo, continuaremos abordando el tema de los delitos electorales. 

Fecha: 
Viernes, 20 de Marzo 2015 - 17:00
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Entre candidatos: las promesas y acusaciones recíprocas…

El  23 de mayo del 2014 el Diario Oficial de la Federación publica una nueva ley intitulada “Ley General en Materia de Delitos Electorales”. Es un ordenamiento jurídico con tan solo 26 artículos. 

La comisión de los delitos electorales en nuestro país son constantemente mencionados por los actores políticos, ya que durante los procesos electorales federales o locales persisten las acusaciones entre ellos, cuya finalidad es señalar actos que presuntamente son constitutivos de un delito electoral.

El próximo 7 de junio los diez partidos políticos nacionales y sus candidatos y los candidatos independientes serán elegidos a un cargo de elección popular. Y antes de ser sometidos a la decisión del elector, tendrán que realizar sus campañas electorales: ¿Difundirán la ideología de su partido político? ¿Sus campañas tomarán en cuenta los reclamos de la sociedad; educación, salud, empleo, vivienda digna y decorosa, y/o, entre otras tantas, tantas y tantas promesas de campaña, la de superar la pobreza de miles de familias mexicanas? Ya veremos de qué manera llegan a representar los verdaderos intereses de la sociedad. 

Mientras sucede tal peripecia, en estos días, por ejemplo, del 22 al 29 de marzo se registrarán los candidatos de partido y los candidatos independientes para el cargo de diputados federales, para que del 5 de abril al 3 de junio realicen su respectiva campaña electoral. 

En este tenor, cabe preguntar ¿Cuáles serán las acusaciones por la presunción en la comisión delitos electorales?

La nueva ley de delitos electorales, destaca que “…tiene por objeto establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral” y el derecho de los ciudadanos a votar en las consultas populares. 

De tal suerte, entre la diversas conductas señalas por el dispositivo legal, resulta como sanción la de imponer de “cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que” por ejemplo: “Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación”, y la sanción de imponer “de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”. 

En definitiva, estimado lector, entre candidatos: las promesas y acusaciones recíprocas, nos veremos sometidos los electores en los próximos días. 

Así que, querido lector, ante las acusaciones, es importante la acreditación de las conductas típicas de delitos electorales de la nueva “Ley General en Materia de Delitos Electorales”. 

Al tiempo, tiempo… 

PD. En mi siguiente publicación (viernes 20 de marzo) continuaremos abordando el tema de los delitos electorales. 

Fecha: 
Jueves, 19 de Marzo 2015 - 18:00
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De 1812 - Es promulgada la Constitución de Cádiz

La Constitución española de 1812, conocida popularmente como La Pepa o La Constitución de Cádiz, fue promulgada por las Cortes Generales de España, reunidas extraordinariamente en Cádiz, el 19 de marzo de 1812. Se le ha otorgado una gran importancia histórica por tratarse de la primera constitución promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiempo. Respecto al origen de su sobrenombre, la Pepa, no está muy claro aún, pero parece que fue un recurso indirecto tras su derogación para referirse a ella, debido a que fue promulgada el día de San José.

Oficialmente estuvo en vigor sólo dos años, desde su promulgación hasta su derogación en Valencia, el 4 de mayo de 1814, tras el regreso a España de Fernando VII. Posteriormente se volvió a aplicar durante el Trienio Liberal (1820-1823), así como durante un breve período en 1836-1837, bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución de 1837. Sin embargo, apenas si entró en vigor de facto, puesto que en su período de gestación buena parte de España se encontraba en manos del gobierno pro-francés de José I de España, otra en mano de juntas interinas más preocupadas en organizar su oposición a José I y el resto de los territorios de la corona española (los virreinatos) se hallaban en un estado de confusión y vacío de poder causado por la invasión napoleónica.

La constitución establecía la soberanía en la Nación (ya no en el rey), la monarquía constitucional, la separación de poderes, la limitación de los poderes del rey, el sufragio universal masculino indirecto, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad o la fundamental abolición de los señoríos, entre otras cuestiones, por lo que "no incorporó una tabla de derechos y libertades, pero sí recogió algunos derechos dispersos en su articulado". Además, incorporaba la ciudadanía española para todos los nacidos en territorios americanos, prácticamente fundando un solo país junto a las excolonias americanas.

Por el contrario, el texto consagraba a España como Estado confesional católico, prohibiendo expresamente en su art. 12 cualquier otra religión, y el rey lo seguía siendo "por la gracia de Dios y la Constitución". Del mismo modo, este texto constitucional no contempló el reconocimiento de ningún derecho para las mujeres, ni siquiera el de ciudadanía (la palabra "mujer" misma aparece escrita una sola vez, en una cita accesoria dentro del art. 22), aunque con ello estaban en plena sintonía con la mayoría de la sociedad española, europea y americana del momento. Con todo, se le reconoce, en gran estima, su carácter liberal, su afán en la defensa de los derechos individuales, su posicionamiento en querer modificar caducas instituciones propias del Antiguo Régimen, y en general de recoger medidas regeneradoras enfocadas, con espíritu idealista, en mejorar la sociedad.

Fecha: 
Jueves, 19 de Marzo 2015 - 09:20

Efemérides:

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Aquí la guerra, allá el mercado

En Estados Unidos, la posesión de la mariguana para su uso recreativo y medicinal es ilegal a nivel federal pero a nivel estatal es legal en Alaska, Colorado, Oregón y Washington y también en las ciudades de Portland y South Portland, Maine y en la misma capital del país, Washington DC. La posesión para el uso medicinal de la hierba está autorizado en Arizona, California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Nuevo México, Nueva Jersey y Vermont. Además, todas las reservaciones indias están autorizadas para regular las leyes que regulan el uso de la mariguana.

El cultivo, la transportación y la venta de la mariguana es ilegal a nivel federal en Estados Unidos pero es legal, con ligeras variantes, en los estados en donde el consumo recreativo o medicinal está autorizado.

Se estima que en Estados Unidos las ventas legales de la mariguana en 2013 llegaron a los 1,530 millones de dólares. De legalizarse su consumo recreativo y medicinal a nivel federal, las ventas alcanzarían, solo durante el primer año de la legalización, los 35,000 millones de dólares, de acuerdo al GreenWave Report de octubre de 2014 (https://www.greenwaveadvisors.com/wp-content/uploads/GreenWave_Report_ES.pdf).

35,000 millones de dólares es mucho dinero. Equivale a poco menos de los ingresos anuales de la industria editorial estadounidense, a poco más de los de la industria dulcera y chocolatera y a 3.5 veces el ingreso la National Football League (NFL).

De acuerdo a un estudio del James A. Baker III Institute for Public Policy publicado en el sitio web del Houston Chronicle el 3 de noviembre del año pasado (http://blog.chron.com/bakerblog/2014/11/the-cannabis-industry-growing-pains-for-now-but-success-will-come/), el mercado ilegal de la mariguana puede valer entre los 18,000 y 30,000 millones de dólares.

Si el mercado total de la mariguana legal a nivel federal fuera de 35,000 millones de dólares, el gobierno estadounidense podría obtener ingresos de unos 17,500 millones siempre y cuando los impuestos a la hierba fueran equivalentes al 50% de su valor de venta.

La lógica del mercado y las necesidades fiscales de un gobierno sobre endeudado tarde o temprano se impondrán en Estados Unidos y el cultivo, transportación, venta y consumo de la mariguana terminarán siendo actividades legales.

Tal vez por eso en la Cámara de Representantes se presentó el jueves pasado una iniciativa para remover a la mariguana de la Ley de Substancias Controladas y crear la Ley para Regular a la Mariguana como al Alcohol. Para justificar la iniciativa, su promotor, el demócrata por Colorado Jared Polis, señala lo siguiente: “El año pasado, Colorado demostró que regular la mariguana como el alcohol le quita dinero a los criminales y los cárteles, hace crecer nuestra economía y mantiene a la mariguana fuera del alcance de los niños. Mientras que el Presidente Obama y el Departamento de Justicia han permitido que avance la voluntad de los votantes en estados como Colorado y otras 22 jurisdicciones, los dueños de pequeños negocios, los pacientes de la mariguana medicinal y otros que acatan las leyes de Colorado todavía viven con el temor de que un nuevo gobierno federal - o el actual - podría revertir el curso y convertirlos en criminales. Es hora de reemplazar la prohibición fallida con un sistema regulatorio que funcione y permitir que los Estados y las municipalidades decidan por sí mismos si quieren, o no quieren, tener mariguana legal dentro de sus fronteras”.

Y mientras que en el principal país consumidor de mota avanza la causa a favor de su legalización, en México nuestro gobierno sigue gastando una enorme cantidad de recursos económicos, materiales y humanos en la más que fallida guerra contra el cultivo, transportación, venta y exportación de la mariguana.

¿No es hora de que nuestro país empiece a seguir el ejemplo de Alaska, Colorado, Oregón y Washington y mejor dedique tantos recursos a otros asuntos más urgentes?

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Fecha: 
Martes, 03 de Marzo 2015 - 12:00
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Leyes inútiles

Los líderes de las tres fracciones más importantes de la Cámara de Diputados –PAN, PRD y PRI- anunciaron ayer con bombo y platillo que la Comisión de Puntos Constitucionales de dicho órgano legislativo por fin acordó aprobar la llamada Ley Anticorrupción y que la minuta respectiva sería discutida y muy probablemente aprobada mañana por el pleno.

La Ley Anticorrupción, que en realidad consiste de varias reformas a la Constitución, la creación de varias leyes y modificaciones a otras, fue aprobada por el Senado el 13 de diciembre de 2013 y desde entonces hasta ahora los diputados no se habían puesto de acuerdo para aprobar, con sus respectivas modificaciones, la minuta que desde esa fecha recibieron de los senadores. Según los panistas y perredistas, fueron los priístas que comanda Manlio Fabio Beltrones los que se negaron a aprobarla dentro de la mencionada comisión.

El presidente de la comisión, Julio César Moreno Rivera (PRD-DF), dio a conocer lo más importante que contiene la minuta que supuestamente se aprobara hoy: la extinción de dominio se aplicará a los funcionarios que incurran en enriquecimiento ilícito; se ampliarán las facultades del Congreso para legislar en materia de combate a la corrupción; se expedirá la ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional para Combatir la Corrupción; se creará el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que sancionara las faltas graves; se expedirá una ley general que reparta competencia entre los órdenes de gobierno en materia de responsabilidad administrativa; los Tribunales de Justicia Administrativa estatales castigarán a funcionarios y particulares culpables de actos de corrupción mediante la inhabilitación para participar en adquisiciones, servicios, obras, y hasta la disolución o intervención de la empresa, así como el resarcimiento ocasionado al erario; se incrementará a por lo menos siete años la prescripción de actos u omisiones de responsabilidad administrativa graves; se le darán facultades exclusivas de la Cámara de Diputados para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF); se eliminarán de la Constitución los principios de anualidad y posterioridad para que la ASF revise en tiempo real los gastos gubernamentales; se le otorgarán poderes de atracción a la ASF para que pueda investigar las finanzas estatales y municipales; será una mayoría de dos terceras partes de la Cámara de Diputados la que designe a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos; el secretario de la Función Publica será propuesto por el presidente de la república y ratificado por el Senado.

Suena muy bien lo que ayer anunció Moreno Rivera, así como suenan y se leen muy bien la Constitución y la mayoría de las leyes que de ella emanan. Pero no olvidemos que en México el problema no es la carencia de leyes, normas, códigos y reglas sino la aplicación discrecional de las mismas por parte de los encargados de hacerlas cumplir. Ahí están las ignoradas leyes secundarias de la Reforma Educativa que aparentemente son materia de negociación entre la Secretaría de Gobernación y los maestros que se oponen a dicha reforma.

Mientras la Constitución y las leyes no se cumplan al pie de la letra y se apliquen sin distingos, mientras haya mexicanos poderosos y privilegiados que estén por encima de las leyes, éstas serán inútiles para sacar al país del agujero en que se encuentra.

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Fecha: 
Miércoles, 25 de Febrero 2015 - 12:00
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No les importa que sea nuestro dinero

Los organismos gubernamentales encargados de recaudar impuestos, derechos, contribuciones y tarifas no escatiman esfuerzos para cobrarnos hasta el último centavo de lo que la ley señala que debemos pagar por diversos conceptos. No toleran atrasos ni aceptan que el monto pagado sea menor al que han determinado. Cuando aprueban que un adeudo se pague a plazos, la tasas de interés que cobran sobre los saldos insolutos son superiores a las de los mismos bancos comerciales. Tienen el poder de intervenir cuentas bancarias y embargar bienes de quien por una razón u otra no haya cumplido con sus obligaciones.

En resumen: cuando se trata de sacarnos una parte importante del dinero que hemos ganado por nuestro trabajo, los funcionarios a cargo de esos organismos demuestran un profesionalismo inaudito, un afán poco visto para cumplir a pie juntillas con las leyes.

Sin embargo, cuando se trata de gastar nuestro dinero - el que han obtenido de los impuestos, derechos, contribuciones y tarifas que pagamos-, la mayoría de los organismos gubernamentales y sus funcionarios demuestran irresponsabilidad y falta de profesionalismo, por decir lo menos.

Lo que afirmo en el párrafo anterior se comprueba al analizar el Informe General de la Cuenta Pública 2013 dado a conocer la semana pasada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para empezar, es importante notar que el informe analiza la Cuenta Pública 2013, es decir la del año antepasado, porque nuestra clase política, en especial los integrantes del Poder Legislativo, no han actualizado las leyes con el fin de que la ASF pueda auditar en cualquier momento a cualquier dependencia pública, así como el SAT puede hacerlo con cualquier contribuyente físico o moral. Por eso, será hasta febrero del año 2016 cuando tengamos la oportunidad de saber que tan bien o mal gastó el gobierno nuestro dinero durante 2014.

Entre las muchos anomalías detectadas por la ASF destacan los siguientes:

22,993 millones de pesos no fueron ejercidos, devengados o reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a la fecha de cierre de las auditorías.

18,190 millones de pesos se gastaron sin que exista la documentación comprobatoria de las erogaciones.

10,946 millones de pesos se transfirieron a cuentas bancarias distintas a las autorizadas.

8,032 millones de pesos se derogaron en obras, acciones y conceptos que no corresponden con los fines de los fondos y programas.

4,331 millones de pesos se usaron para pagar remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.

2,667 millones de pesos no fueron entregados por las Secretarías de Finanzas de los estados a los entes ejecutores.

Solo por estos seis conceptos estamos hablando de 67,159 millones de pesos que, o no se erogaron como debería haberse hecho o fueron mal utilizados por diversos burócratas a lo largo y ancho del país.

Las ASF elabora un Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto

Federalizado por Entidad Federativa. En lo que a la Cuenta Pública 2013 se refiere, el gobierno que mejor gestiono el gasto federalizado fue Querétaro. El que peor lo hizo fue Michoacán. Los 5 mejores fueron Querétaro, Campeche, Durango, Yucatán y San Luis Potosí. Los 5 peores fueron Michoacán, Jalisco, Veracruz, Hidalgo y Guanajuato.

El Informe General de la Cuenta Pública 2013 nos permite ver qué tanto les importa o no nuestro dinero a quienes supuestamente deben invertirlo y gastarlo de la mejor manera posible. Puede verse en www.asf.gob.mx/Publication/169_Informe_cuenta_publica

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Lunes, 23 de Febrero 2015 - 12:00
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