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Devuélvanos la confianza, presidente

El problema que enfrenta México se llama crisis de confianza. Los tres poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están corrompidos, desacreditados y rebasados. Algo similar ocurre con los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) corroídos por la impunidad, el cohecho y usualmente coludidos con el crimen organizado. También está desfondado el sistema de partidos políticos, que ya no son canal de representación de los ciudadanos: el PRI, como siempre, solapando trapacerías; el PAN, aferrado a los “moches”; el PRD, con sus financieros criminales. A ello se suma una elite empresarial rapaz. Y un agravante más: las políticas del gobierno federal unieron a las clases sociales en un malestar difuso, de origen multicausal. México está roto. El riesgo de ingobernabilidad es creciente. ¿Responde el decálogo del presidente Peña a tamaño mal? No. Su diagnóstico está fuera de foco.

En esta crisis sistémica quizá sólo haya un antídoto contra el riesgo de ingobernabilidad: la calidad y fuerza moral del líder. Ante el desfondamiento de la ley y del orden y de las instituciones es crucial que el presidente recupere la confianza de los ciudadanos si desea encauzar el cambio por la vía pacífica. Removerlo de su cargo, además de ser un factor adicional de inestabilidad, es inviable: el desastre de los partidos no modificará en gran medida la composición de la cámara de diputados en la elección de 2015, pues la estructura clientelar de los programas sociales garantiza la permanencia, con leves variantes, del statu quo. Pero este posible hecho puede alimentar el descontento y desbocar el conflicto. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza? ¿Cómo lograr fuerza moral ante el descrédito del Ejecutivo por posible corrupción y colusión?

Recuperar la confianza y el liderazgo moral implica: donar la casa blanca y ofrecer una disculpa pública. Rendición exhaustiva de cuentas. Transparencia en licitaciones y castigar el conflicto de interés. Acabar con privilegios de políticos: sueldos arbitrarios, seguros, autos, sirvientes, gasto discrecional; prerrogativas que hacen del empleado (el funcionario) amo de su señor, que impide la empatía gobierno-ciudadano y perpetúa la desigualdad (la caída del petróleo obliga a la austeridad). Acotar el fuero. Enjuiciar a políticos corruptos y a los que ensangrentaron al país para abatir la impunidad. Medidas transitorias y de urgencia para atajar el crimen, pero pasada la emergencia fortalecer a estados y municipios, en vez de destruir a la República federal… La desiderata incluye reformas a partidos, al poder Legislativo y al Judicial. Es la vía para liderar el cambio a un régimen de legalidad. Tal paradigma evitará sufrimiento innecesario.

Fecha: 
Jueves, 04 de Diciembre 2014 - 18:00
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¿Es decisiva la renovación del sistema policial?

En la iniciativa del Ejecutivo que entregó esta semana a la Cámara de Senadores se propone establecer un nuevo sistema policial. Son siete los artículos constitucionales que reforman el tema de la seguridad pública de nuestro país: 21, 73, 104, 115, 116 y 123.

La renovación del sistema policial, es urgente. Las razones son diversas, entre las cuales se menciona en la iniciativa que el "actual modelo constitucional en el que convergen los tres órdenes de gobierno con policías encargadas de la seguridad pública en ejercicio de idénticas atribuciones (en especial entre las locales y municipales), genera graves deficiencias que han complicado la aplicación del modelo policial, tales como tales como la pulverización de los mandos, la heterogeneidad o inexistencia de los protocolos de actuación la falta de capacitación, una distribución geográfica inadecuada de los elementos de seguridad pública a lo largo del territorio nacional, así como la falta de colaboración entre órdenes de gobierno e instituciones”.

Además, se destaca que por razones de carácter político o presupuestal en  600 municipios del país, no cuentan con una corporación policial propia.

Por tanto, se dice en la iniciativa que “actualmente, alrededor de 1,800 fuerzas policíacas municipales representan solamente el 32% del total del estado de fuerza policial en el país, a pesar de ser la policía de mayor cercanía con la sociedad al estar a cargo de prevenir los delitos del orden común que más afectan a las personas en su integridad física y patrimonio”.

Asimismo, “las policías municipales son en su mayoría corporaciones que carecen de recursos humanos y materiales suficientes para desarrollar correctamente sus funciones o incluso para realizar un despliegue territorial eficaz. El 86% de estas corporaciones municipales cuentan con menos de 100 elementos”.

Y, “no ha sido posible lograr que las policías municipales se consoliden como instituciones primordiales de atención a la seguridad de los ciudadanos. Sólo 14 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios, lo que pone de manifiesto la falta de cobertura de estas fuerzas y su carencia estructural para hacerse cargo de las tareas de seguridad pública en todo el territorio”.

Estimado, lector, como ciudadanos estamos al tanto de lo complicado que resulta tener confianza en la policía. La corrupción es el tema a combatir para que los cuerpos policiacos sean realmente confiables ante la sociedad.

Así que, querido lector, lo subraya el Ejecutivo en su propuesta, que la reforma constitucional “busca atender una exigencia que, desde hace tiempo, ha sido una constante en nuestro país: la seguridad pública”.  Razón suficiente, según considero, para  que sea efectiva con carácter de urgente las modificaciones constitucionales, y por ende, la profesionalización de los policías. 

Al tiempo, tiempo...

Fecha: 
Miércoles, 03 de Diciembre 2014 - 17:00
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¡Los partidos y sindicatos como sujetos obligados a ser transparentes!

En política todo se vale, eso dicen los que saben de política. Al menos parece ser que eso dicen que ocurre al interior de los partidos políticos y sindicatos, sobre todo, porque sus actos suelen no ser tan transparentes. 

Dentro de poco tendrán que ser sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información de los recursos públicos que reciben y ejercen, así como a proteger los datos personales que obren en su poder. 

Y, se dice dentro de poco, porque legisladores del PRI, PRD, PAN y PVEM, presentaron hoy en la Cámara de Senadores el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que según podemos imaginar sea de pronta aprobación por la mayoría de senadores y diputados.  

Es una ley con 215 artículos, que dispone entre otros objetivos el de propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia.

Así tenemos que para consolidar la democracia en nuestro país resulta importante reglamentar la transparencia de los actos partidistas y sindicalistas. 

No obstante, quizá sea una carga pesada, pues es un problema que resulta distante por la aceptación de sus dirigentes, cuando por ley se les obligue al cumplimiento de promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos o atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materias de transparencia y acceso a la información realicen los organismos garantes y el Sistema Nacional o la de fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar el derecho de acceso a la información o el de cumplir con las resoluciones y recomendaciones emitidas por los órganos garantes o  la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia.  

Estimado lector, esperemos la pronta vigencia de la referida ley, digamos para este mes de diciembre.

Así que, querido lector, me parece que no será posible, pues a los senadores y diputados se les termina el periodo ordinario para el 15 de diciembre, al menos que convoquen a un periodo extraordinario, así todos unidos asistan y contribuyan con la consolidación de la democracia.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Martes, 02 de Diciembre 2014 - 18:00
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Diagnóstico de la crisis de los poderes públicos

 

El presidente Enrique Peña proferirá hoy un discurso en el que expondrá la ruta a seguir para enfrentar la crisis que asuela a los poderes públicos en México, y amenaza con provocar una espiral de ingobernabilidad. El diagnóstico que la elite política haya hecho de la circunstancia mexicana es vital para medir el alcance y la efectividad del remedio. Al parecer el tema central será la violencia. Puede ser un buen indicio si se entiende que la violencia tiene muchas caras: la del gobierno por no cumplir ni hacer cumplir la ley, o sea, la impunidad; la violencia política o desigualdad ante la ley; la violencia económica, que se revela como desigualdad y marginación; la violencia de la corrupción o uso privado de los bienes públicos, que mina el erario y a la competitividad; la violencia a los derechos del individuo o guerra contra las drogas, etc.

Estas manifestaciones de la violencia tienen en jaque a partidos y poderes públicos: el posible conflicto de interés entre el presidente y empresarios causó una crisis de confianza que socava su legitimidad. Los miles de asesinatos y desaparecidos devastan al poder judicial, y cierra este círculo la respuesta de la Suprema Corte al referendo, vía consulta popular, sobre salarios mínimos y energía: esta figura jurídica nació muerta, ya que cualquier ley tiene implicaciones económicas. Si el ciudadano no puede incidir sobre el destino de su dinero (los impuestos) se anula el sistema representativo. Así, la Corte da la espalda a la democracia. Por su lado, el legislativo no equilibra al ejecutivo. La corrupción e impunidad, que corroe a los partidos, obstruye a este canal como medio para encausar el conflicto social. Y estados y municipios están colapsados. Las violencias liquidaron a la estructura institucional.

Reconstruir a las instituciones es tarea de mediano plazo. En lo inmediato, es crucial incidir en el sistema de rendición de cuentas, que implica pedir perdón, un desagravio simbólico y tal vez una amnistía y, a partir de ahora, combatir con firmeza la corrupción, el tráfico de influencias, el abuso del poder y la malversación del dinero de cada uno de nosotros. Sugiero esto porque quizá no haya políticos sin mancha. Para preservar los derechos individuales debe sustituirse la guerra a las drogas por la prevención de las adicciones: es condición sine qua non para sanear a las policías. Contra la violencia económica hay que subir salarios, depurar programas sociales (origen del clientelismo), establecer una política industrial que reconstruya las cadenas productivas, brinde crédito, desarrolle la ciencia y dé fin a la colusión políticos-empresarios. Por último, hay que fijar plazos y metas. Es el último tren de las elites.

Fecha: 
Jueves, 27 de Noviembre 2014 - 17:30
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La Ley para los Veteranos de la Revolución Mexicana

Hoy es un año más del conflicto armado que tuvo lugar en México el 20 de noviembre de 1910. A ciento cuatro años se recuerda el movimiento de la Revolución Mexicana, como el movimiento social más importante del siglo XX en nuestro país. En el contexto de los problemas y propuestas sociales, políticas y económicas, surge dicho movimiento, y por el motivo de los años de gobierno del General Porfirio Díaz. Desde el año de 1876 ejerció el poder, es decir por 34 años administró al país. 

A pesar del tiempo que perduró, se dice que México gozó de cierta estabilidad política y del progreso positivo de la economía. Sin embargo, su permanencia en el poder fue inspiración suficiente para que Francisco I. Madero manifestará estar en contra del gobierno de Díaz, y por tanto, proclamará el Plan de San Luis promulgado el 5 de octubre de 1910. En dicho Plan se convocaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Una vez depuesto Díaz, en 1911 Madero obtiene el triunfo en las elecciones presidenciales.

La Revolución Mexicana es el movimiento social que terminó con la proclamación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917. 

Así la Constitución de 1917 concede a todas las personas derechos sociales, entre otros, a los trabajadores para las condiciones del trabajo, tales como: el de un día de descanso por cada seis días de trabajo y la seguridad social.  

 En el tenor de la situación del movimiento revolucionario, es prudente preguntar ¿cuáles fueron los derechos que obtuvieron los revolucionarios? Si bien es cierto que lograron los derechos que les concedió la Constitución del 17, también es cierto que por su lucha revolucionaria se les confirieron otros derechos. 

El 7 de enero de 1950 con el Presidente de la República, Miguel Alemán (1946-1952) se publica la ley denominada “Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado”. 

Es una ley con 21 artículos. En su contenido nos dice que son Veteranos de la Revolución, los que reúnan los siguientes requisitos: “1o.- Haber prestado servicios activos a la Revolución entre el 19 de noviembre de 1910 y el 5 de febrero de 1917, siempre que tales servicios hayan sido prestados en campaña o en cooperación activa con la misma; y,  2o.- Haber sido reconocidos así por la Secretaría de la Defensa Nacional previo el estudio y dictamen de las hojas de servicios correspondientes”. 

Asimismo, la ley señala que: “los Veteranos de la Revolución al Servicio del Estado, cualquiera que sea el empleo que desempeñen, gozarán de todos los beneficios y garantías que las leyes conceden a los trabajadores de base al servicio del Estado y tendrán derecho en igualdad de condiciones, de competencia y antigüedad, para cubrir las vacantes de cualquier naturaleza que se produzcan en cada una de las unidades burocráticas. 

Por consiguiente, “Los Veteranos de la Revolución que no sean trabajadores del Estado, tendrán derecho para ocupar las plazas de nueva creación, las supernumerarias, las eventuales e interinas y las de última categoría una vez corridos los escalafones; este derecho se aplicará en un 25% de los puestos de base vacantes”.

Ahora, bien, estimado lector, Usted preguntará ¿para qué sirve la ley de Veteranos de la Revolución? En efecto, quizá tenga razón “para qué sirve”, quizá sea únicamente para llegar a oídos de que sigue vigente en nuestro país.

Así, qué, querido lector, con la ley vigente o no, cada año recordamos el movimiento revolucionario, pero en realidad cada año nos olvidamos de los motivos, de los frutos de la Revolución Mexicana; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes, y por supuesto, que también nos olvidamos de ellos, si de ellos, los revolucionarios y de sus descendientes.  

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Jueves, 20 de Noviembre 2014 - 18:00
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¡La solución al caos vehicular en la Ciudad de México!

El tráfico vehicular en la Ciudad de México es un caos. Todos los días camiones de carga, camiones de basura, autobuses de pasajeros, taxis, motocicletas, bicicletas, y otros tantos vehículos de ruedas congestionan las vialidades. De la misma manera es por las manifestaciones públicas, así como por las horas pico, es decir, porque todos los habitantes de esta ciudad, tenemos la imperiosa necesidad de salir de nuestras casas, ya sea a buscar empleo, o bien las personas que lo tienen, pues a trabajar, y muchas otras personas a estudiar.

El transitar de un lugar a otro implica que cada vez la Ciudad de México sea congestionada por todos nosotros. La construcción de puentes en la ciudad ya no es suficiente; primeros y segundos pisos congestionados por el tráfico, calles paralelas, también congestionadas, atajos para evitar el tráfico, también congestionados, uyyyyy, ¿y, ahora qué hacemos?, nos preguntamos, y otros, nos enfadamos por este tráfico espantoso en la Ciudad de México. 

Reflexionas, suspiras a tu interior, y sigues reflexionando, hoy salí temprano, a las seis de la mañana, para llegar a tiempo, y vaya sorpresa, el caos vehicular, a las horas pico, desde las seis a las nueve de la mañana, desde la una a las cuatro de la tarde, y desde las seis a las nueve de la noche. Un caos vial.

Sin embargo, para solucionar el caos vial en la Ciudad de México, se dice que se ha presentado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, una iniciativa de ley por parte de un grupo de ciudadanos, en la que se propone disminuir el congestionamiento vial en horas pico, hasta en un 25 por ciento.

Con base en la Ley de Participación Ciudadana, los ciudadanos que integran la asociación “Vamos en Grupo”, han recabado hasta el momento 34 mil firmas que apoyan dicha iniciativa, y que son requeridas con base a la citada ley, aunque cabe comentar que la ley les exige 32 mil firmas.

Por lo pronto, se nos dice que la iniciativa consiste en incentivar a las escuelas y padres de familia para utilizar el transporte escolar, ya que en horas pico circulan alrededor de millón y medio de automóviles para llevar los menores a sus escuelas. Asimismo, se nos comenta que el Programa de Transporte Escolar Obligatorio, cuyo responsable es la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, no ha cumplido con los objetivos del programa creado en el año de 2009, ya que la mayoría de las escuelas están amparadas para no utilizar dicho servicio, a pesar de que 40 mil alumnos de más de 50 escuelas privadas recurren al servicio del autobús.

Estimado, lector, me parece formidable la idea de combatir el caos vial con la mencionada iniciativa de ley. El caos vehicular en la Ciudad de México es insoportable a cualquier hora del día. No obstante, la solución al caos de la ciudad de México, debería suceder primero con respetar las reglas mínimas del comportamiento cívico, esto es, respetando a las personas, para favorecer la convivencia armónica de los habitantes de esta gran ciudad, y fomentando la corresponsabilidad entre habitantes y autoridades para la conservación de los espacios y vías públicas, tal y como lo establece la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. 

Así, qué, querido lector, tenga cuidado con la hora pico.

Al tiempo, tiempo…  

Fecha: 
Miércoles, 12 de Noviembre 2014 - 18:30
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Iniciativa del IFAI de Ley de Transparencia: ¿Qué pasó con la política de reserva de información?

El Congreso tiene hasta febrero de 2015 para aprobar la Ley secundaria en materia de Transparencia.

Es muy importante entender la política de reserva de información, porque la información a la que en la práctica tendremos acceso lo ciudadanos será la implementación de lo dicte la ley menos la política de reserva (incluida en la ley).

El IFAI ya presentó su iniciativa, con avances para la transparencia pero con una política de reserva muy cuestionable. Hay excesiva generalidad en las causales y de las posibilidades de que una interpretación de éstas lleve a reservar información elemental para la rendición de cuentas.

Se trata simplemente de precisar y no dejar a la interpretación estas causales de reserva de información. Tenemos que dejar muy delimitado cuando sí se puede reservar información y no hablar de áreas generales, necesitamos una política muy específica.

Por otro lado la propuesta no reduce le tiempo de reserva actual y es omisa para regular la implementación de la reserva de información, lo que es delicado porque dicha omisión más bien deja abiertos espacios para la discrecionalidad. 

La ley actual solicita a los sujetos obligados la elaboración de un índice se reserva de información, el cual ayuda a especificar que documentos están reservados, estipula que deberá ser entregado al IFAI pero no obliga su publicación. Pues esta propuesta para la nueva ley ni siquiera menciona la existencia del índice. Así, no queda claro como el IFAI va a saber que documentos están reservados. De hecho la publicación de ese índice era el siguiente paso a dar para que esa política de reserva evolucionara. 

No se promueve una mejora en la claridad, transparencia y contundencia de la política de reserva de información, en este aspecto, lo propuesto no está en línea con el principio de la máxima publicidad de la información.

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Jueves, 06 de Noviembre 2014 - 18:30
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Tomadura de pelo legislativa

El 26 de febrero pasado, en el Senado de la República se votó la nueva Ley Federal de Consulta Popular.

En lo general y en lo particular de los artículos no reservados, la ley recibió 103 votos a favor, 10 en contra, mientras que un senador del PT se abstuvo. Votaron a favor 61 senadores del PRI, 34 del PAN, 11 del PRD y siete del PVEM. En contra votaron ocho perredistas y dos del PT. En lo que al voto en lo particular de los artículos 1 al 65 y el 5 Transitorio se refiere, votaron en contra todos los senadores del PRD y PT y cinco del PAN. Todos los priístas y la mayoría de los panistas votaron a favor del texto que quedó plasmado en la versión final de la ley.

Unos días después, el 6 de marzo, se votó en la Cámara de Diputados la Ley aprobada por los senadores.

En lo que a la votación en lo general y en particular de los artículos no reservados se refiere, votaron a favor 362 diputados, en contra 57 y se dieron 4 abstenciones. Los votos a favor fueron emitidos por 184 diputados del PRI, 88 del PAN, 57 del PRD, 24 del PVEM y nueve del PANAL. En contra se registraron dos votos panistas, 24 perredistas, 13 petistas y 18 movimientociudadanistas. Cuatro del PRD se abstuvieron. Al momento de votar en lo particular los artículos 5, 6, 12, 21, 30, 33, 41 y 64, la proporción de los votos a favor y en contra fue similar a la de la votación en lo general.

Así, quedó definitivamente aprobada la Ley Federal de Consulta Popular, una verdadera tomadura de pelo legislativa porque lejos de promover y facilitar que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho a expresar, como señala la ley, nuestra “opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”, la coarta, limita y condiciona.

Para empezar, la fracción III del Artículo 12 de la Ley anota que “podrán solicitar una consulta popular los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores”.

Si consideramos que al 30 de octubre de este año el número de ciudadanos inscritos en dicha lista nominal es de 81,306,513, es virtualmente imposible que los ciudadanos puedan, sin depender de un partido político u otra organización multimillonaria, solicitar una consulta popular. Si yo quisiera hacerlo, ¿cuántos recursos económicos, materiales y humanos debería invertir para obtener el apoyo del 2% de la lista, es decir 1,626,130 personas?

El Artículo 6 de la Ley señala que “Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos tales como: I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y II. Que impacten en una parte significativa de la población”.

Sin embargo, el Artículo 11 anota que no podrán ser objeto de consulta: “I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; II. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución; III. La materia electoral; IV. Los ingresos y gastos del Estado; V. La seguridad nacional, y VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”. Aparentemente, los diputados y senadores que votaron a favor de este artículo opinan que estos asuntos no repercuten ni impactan a los mexicanos o que los mexicanos no tenemos la capacidad para votar en torno a ellos mediante una consulta popular. ¡Qué soberbia! ¡Qué afán de seguir controlando nuestras vidas!

Que diferente es esta Ley aprobada por los beneficiarios del poder político mexicano comparada con leyes de consulta popular vigentes en otros países que sí permiten a los ciudadanos decidir su realidad y destino. Esta comparación la haré otro día.

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Jueves, 06 de Noviembre 2014 - 12:00
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La injustificada huelga del IPN, la tramposa Ley de Consulta Popular y necesidad de niños y jóvenes para programar una computadora

Esta tarde llegué tarde gracias al caos vial generado por diversas marchas y bloqueos. Mientras estaba atorado en el tráfico, Kenia López Rabadán y Álvaro Rattinger comentaron la, ahora sí, injustificada huelga del Instituto Politécnico Nacional. Después, con ellos, analizamos la tramposa Ley de Consulta Popular; el tipo de promociones más populares entre los consumidores; y la necesidad de que todos los niños y jóvenes aprendar a programar una computadora. Por la vía telefónica platiqué sobre la huelga en las preparatorias del GDF con María Mónica Ramirez Vázquez, secretaria general del Sindicaro de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del DF (SUTIEMS) y Freyja Puebla López/ Directora General del Instituto de Educación Media Superior del DF.

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Miércoles, 05 de Noviembre 2014 - 19:30
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El abusivo Grupo Hércules, masacre de 300 personas en Allende, Coahuila y lo dicho por el papa Francisco de desaparecidos de Ayotzinapa

Es lunes de economía y en el estudio me acompañan Antonio Castro Quiroz y José Luis Romero Hicks. Comentamos sobre el abusivo Grupo Hércules creado por la presidenta municipal panista de Matamoros, Leticia Salazar; la recuperación del sector de la construcción; los temas que más preocupan a los mexicanos y habitantes de otros países; la masacre de 300 personas en Allende, Coahuila, en 2011, que fue encubierta por los gobiernos federal de Calderón y estatal de Moreira. Hugo Gonzáles nos informa que el IFETEL no cumple con la ley. Mónica Uribe comenta lo dicho por el papa Francisco en torno a los desaparecidos de Ayotzinapa.

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Lunes, 03 de Noviembre 2014 - 20:00
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