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El Debate que Viene. La Marihuana y sus Derivados

"Lo único que realmente puede Mover a México es la Sociedad Civil organizada"
Anónimo

El sitio de internet de los promotores del controvertido amparo que la Suprema Corte otorgó con respecto a el uso de la marihuana me sorprendió por la información que encontré allí. En el portal www.smartclub.mx se incluyen documentos que respaldan los "Amigos de la Corte" en su figura Amicus Curiae de personajes nacionales e internacionales. Hay artículos de actualidad muy interesantes.

El objetivo original de la "Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable, A.C., SMART" —dice su portal— "es atender, sin fines de lucro, las necesidades de un gran número de personas sujetas a tratamientos de quimioterapia, aquellos con esclerosis múltiple, artritis o glaucoma, epilepsia, síndrome de Tourette, así como el grupo de personas en riesgo de padecer el síndrome consuntivo.

Cuando se le permita operar aventuran que "podría funcionar como un refugio seguro para un gran número con enfermedades y padecimientos que pueden ser aliviados mediante el consumo controlado e informado de la cannabis y sus derivados".

No sé que tan bien SMART hizo su trabajo, a primera vista y al parecer buscó una cosa —los fines terapéuticos y medicinales de la cannabis— pero consiguió otra: que cuatro de sus miembros —personas físicas— puedan cultivar, producir y consumir —sin fines de lucro— la hierba mágica.

También encontré que "El proyecto elaborado por el ministro Zaldívar califica que la Ley no permite el uso recreativo, sino que elude criminalizar la portación en cantidades mínimas y que tampoco permite su cultivo para uso personal. El Ministro también sostiene que con la Ley como hoy está redactada, afecta derechos fundamentales y no explora alternativas menos extremas para regular el consumo y prevenir las afectaciones que generan".

"El que se permita tener cantidades mínimas de mariguana, según Zaldívar, “no consagra de ninguna manera una autorización o un derecho al consumo personal en los términos en los que lo solicitan los quejosos, puesto que además de que únicamente se limitan a despenalizar el consumo en una cantidad muy pequeña, dichos preceptos no permiten la realización de las otras actividades correlativas al consumo, como siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte, etcétera”.

Finalmente la Corte declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben el uso y cultivo con fines recreativos de la marihuana, aunque mantienen la prohibición de su comercio y entiendo que en el fondo del asunto es una cuestión de un derecho fundamental del ser humano: decidir por él solo.

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Manual de Cultivo

Todo este revuelo ha tenido un efecto importante y al final de cuentas la orden que dio el General —como en la canción de grillito cantor que en sus estrofas sugiere que bien podía haber fumado el pastito vacilador— es que se convocó al debate nacional con la Secretaría de Gobernación al frente. ¿Porqué no la Secretaría de Salud?

Pronto tendremos foros de especialistas para que hagan sesudos análisis de un problema que ya está muy estudiado y debatido en el mundo civilizado. Y en todo este asunto unos estarán en contra y otros a favor y la pregunta es quién va a decidir ¿Una encuesta? ¿Un volado?¿Otra vez la Suprema Corte? O los intereses privados de quien realmente manda en este negocio: el Crimen Organizado y sus socios. Gulp!

El hecho es que fumar marihuana produce una sensación poco habitual —el efecto es que se retrasa el tiempo— y puede producir mucha risa, mucha hambre, relajación... ¡Qué sé yo!  El estado de conciencia se altera —como con todas las drogas— y cada quien dirá. A la larga, el fumador habitual, se vuelve un soñador empedernido, cuando menos esa es mi experiencia con mis amigos que le tomaron el gusto a la mota pues soy miembro de la generación de ¡Peace and Love!

Y el hecho es que su consumo es generalizado —dicen que la cocaína también— pues en casi en cualquier fiesta o reventón las drogas están presentes. El alcohol y el tabaco ni se diga.

Lo importante es que el "litigio estratégico" creado por los socios de SMART para lograr la legalización y descriminalización de la Cannabis y sus derivados ya prendió la mecha. Es un hecho es que la cannabis bien aplicada ayuda como un remedio efectivo para ciertas dolencias y puede favorecer —sí todo esto se hace bien— a darle un sesgo importante contra la guerra de las drogas. Allí es donde se va a requerir mucho talento y la labor del estado mexicano será darle mucha difusión para combatir sus efectos negativos con educación para que la juventud no caiga rendida a sus pies.

Estoy convencido que "Lo único que realmente puede "Mover a México" en este tema y muchos otros, son las convocatorias que haga la Sociedad Civil organizada...". Desgraciadamente a los gobernantes ya no les creemos nada y a muchos de ellos, tal vez, un "toque" no les caería mal...

 

Fecha: 
Miércoles, 18 de Noviembre 2015 - 17:00
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Controlar internet

 

Cada cierto tiempo salen propuestas de supervisión, control y supervisión de Internet y las redes sociales. Prácticamente todas ellas provienen de políticos ligados a partidos políticos en el gobierno de corte autoritario. Todas fracasan en regímenes democráticos, pero los políticos que les provoca sensibilidad la libertad del mundo digital siguen insistiendo.

Ahora le toco a México. El senador por el estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, presentó la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos. Entre las consideraciones de su iniciativa, destacan los siguientes argumentos que describen sus intenciones y preocupaciones:

“Las nuevas tecnologías y la creciente demanda de Internet resultan un campo fértil para la delincuencia, que ha encontrado nuevas formas para consumar delitos a través de medios electrónicos y tecnológicos, los cuales son aprovechados para afectar a la ciudadanía, las empresas y el gobierno…

Esto obliga a transformar también nuestro marco jurídico ya que a través de estos medios se realizan conductas humanas que tienen efectos en el mundo real, y afectan la esfera jurídica de las personas…

El incremento de los incidentes va en estricta relación con el incremento del numero de usuarios de Internet, redes sociales y medios informáticos”.

Y remata el senador Fayad para argumentar la necesidad y urgencia de esta nueva ley: actualmente 41% de los países a nivel mundial sí cuentan con legislación contra el cibercrimen.

Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos

Entre los artículos más destacados de la propuesta de ley federal están:

  • Los delitos previstos se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la federación.
  • La prevención se efectuará a través de la vigilancia de la seguridad y los derechos de las personas en la red pública de Internet y de la promoción de las denuncias.
  • La unidad especializada de la Policía Federal realizará investigación para la prevención de los delitos contenidos en la ley por lo que podrá supervisar las acciones necesarias para la investigación de los delitos electrónicos cometidos, requeridas por la autoridad competente; y gestionar la cooperación con empresas proveedoras del servicio de Internet para suspender sitios, páginas electrónicas y cualquier contenido que atenten contra la seguridad pública.
  • Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, colaborarán en la investigación de los delitos informáticos, por lo que deberán proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran las autoridades federales competentes para la investigación de los delitos informáticos.
  • Los proveedores de servicios y toda aquella institución privada que mantenga infraestructura informática para la proveeduría de servicios de telecomunicaciones y de aplicaciones en Internet, deberán conservar los datos de trafico de origen y destino de la comunicación o cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la investigación.
  • A quien acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente.
  • A quien, sin la autorización correspondiente, revele, difunda o ceda, en todo o en parte, información privada referente a imágenes, audio, video o la información sensible de usuarios, se le impondrán de seis a doce años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos días de salario mínimo vigente.
  • A quien publique, replique, comercialice, almacene o distribuya sitios web apócrifos en el territorio nacional o cualquier otro lugar fuera de él, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de 100 a 150 días de salario mínimo vigente.

Conclusión

Una iniciativa de ley controvertida, que por un lado promueve la necesidad de evitar el uso nocivo de Internet, que es una intención legítima y necesaria, pero lo hace limitando la libertad existente en el mundo digital y le otorga indebidamente facultades al gobierno federal para investigar, controlar y sancionar todo aquello que crea que atenta contra los intereses de terceros, donde los políticos son lo más sensibles.

Esta propuesta está condenada al fracaso. Más valdría promover el buen uso de los medios digitales a través de una gran campaña nacional de alfabetización digital y de su uso productivo. Lo negativo, con las buenas prácticas y la mejora de la cultura digital, se irá resolviendo. Nadie puede creer que el gobierno tenga la capacidad y la neutralidad en este caso, como tampoco lo ha sido en otros, de ser la mejor opción para vigilar y sancionar los excesos.

Autor:

Fecha: 
Martes, 03 de Noviembre 2015 - 16:00
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Las ZEES

En Tapachula, Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto presentó ayer su Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. La iniciativa está compuesta por una amplia exposición de motivos (26 páginas), el proyecto de la Ley Federal mencionada (22 páginas) y la adición al artículo 9 de la Ley General también aludida (una página).

El proyecto de la ley que el presidente envió ayer a la Cámara de Diputados consta de 47 artículos y tres transitorios y habrá que ver cómo queda después de que los diputados y senadores la analicen, modifiquen y aprueben.

La misma iniciativa de ley define lo que es una zona económica especial o ZEE: “área geográfica del territorio nacional, determinada en forma unitaria o por secciones, sujeta al régimen especial previsto en esta Ley, en la cual se podrán realizar actividades de manufactura, procesamiento, transformación y almacenamiento; la prestación de servicios de soporte a dichas actividades y de otra índole que se consideren necesarias conforme a los propósitos de este ordenamiento, así como la introducción de mercancías para tales efectos”.

En www.presidencia.gob.mx/zonaseconomicasespeciales puede leerse lo siguiente: “Una Zona Económica Especial (ZEE) es un área delimitada geográficamente; ubicada en un sitio con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva… Ofrece un entorno de negocios excepcional para atraer la inversiones y generar empleos de calidad, considerando entre otros elementos: Beneficios fiscales y laborales; Régimen aduanero especial; Marco regulatorio ágil; Infraestructura de primer nivel; Programas de apoyo (Capital humano, financiamiento, innovación); Otros estímulos y condiciones preferenciales”.

La iniciativa de Peña Nieto no es la primera que sobre la materia de las ZEES se ha presentado al Congreso. Antes se propusieron las siguientes:

1. La Ley de Zonas Económicas Estratégicas del senador Jeffrey Jones (PAN-Chihuahua), de la LVIII Legislatura, el 13 de Diciembre de 2002.

2. La Ley de Ley de Zonas Económicas Estratégicas del senador Fernando Castro Trenti (PRI-Baja California), de la LXI Legislatura, el 12 de abril de 2012.

3. La Ley de Zonas Económicas Estratégicas de los senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela (PAN-Sonora), Héctor Larios Córdova (PAN-Sonora), Ernesto Ruffo Appel (PAN-Baja California), Mario Delgado Carrillo (PRD-DF), Víctor Hermosillo y Celada (PAN-Baja California), Roberto Gil Zuarth (PAN-LN), Armando Ríos Piter (PRD-Guerrero), Luis Armando Melgar Bravo (PVEM-Chiapas), Zoé Robledo Aburto (PRD-Chiapas), Ángel Benjamín Robles Montoya (PRD-Oaxaca) y Luz María Beristain Navarrete (PRD-Quintana Roo), todos ellos de la LXII Legislatura, el 4 de diciembre de 2014.

4. La Ley de Zonas Económicas Especiales, Libres y de Promoción del senador Roberto Armando Albores Gleason (PRI-Chiapas), de la LXII Legislatura, el 15 de diciembre de 2014.

5. La Ley de Zonas Económicas Especiales, de la diputada María de Lourdes Medina Valdés (PAN-Quintana Roo), de la LXII Legislatura, el 18 de marzo de 2015.

El número de iniciativas para crear ZEES muestra que este concepto para promover el desarrollo económico de zonas deprimidas es comprendido y favorecido por un buen número de legisladores, especialmente aquellos de los estados del norte y sur. Por ello dudo mucho que la propuesta presentada ayer por Enrique Peña Nieto enfrente una fuerte oposición en ambas cámaras del Legislativo.

Las Zonas Económicas Especiales serán pronto una realidad en nuestro país. Ojalá y funcionen y no terminen siendo otro elefante blanco del cual tengamos que arrepentirnos. Después de todo, se invertirán 115,000 millones de pesos para su desarrollo.

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Fecha: 
Miércoles, 30 de Septiembre 2015 - 12:00
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¿La desaparición del papel moneda?

Imaginen que un buen día el dinero contante y sonante (monedas y billetes) ya no tuviera valor alguno y que la única manera que tendrían de realizar cualquier transacción económica fuera con el uso de una tarjeta; pues esa realidad puede no encontrarse muy lejos.

Ya en nuestros días estamos tan familiarizados con el uso de tarjetas o “plásticos” para librarnos de cargar efectivo: el transporte público, el crédito o débito bancario, pago de casetas de cobro (IAVE)[1], etc.

Suecia, por ejemplo, es un país en vías de desaparecer su papel moneda y dinero metálico. La razón es simple: la gente ya no usa dinero en efectivo. Sus principales bancos han dado a conocer que sus servicios de manejo en efectivo en sus oficinas han disminuido hasta un 75% y que las compras en efectivo en tiendas es de tan solo un 20%.

Sin embargo, la verdad detrás de este comportamiento es debido a que la eliminación del dinero en efectivo ayuda a reducir los costos administrativos. Así, aumentan los beneficios, en parte, merced a los ingresos por las comisiones en las operaciones de tarjetas.

También se habla de que los gobiernos del mundo pretenderán tarde o temprano obligar a sus gobernados a usar únicamente dinero electrónico por razones de seguridad.  Es decir, al existir hoy en día una grave situación creciente de narcotráfico, evasión de impuestos, trata, terrorismo, entre otros delitos, los gobiernos quieren tener acceso total a todas y cada una de las transacciones comerciales que realicemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? pensémoslo… en estos tiempos la gente que opera con grandes cantidades de efectivo luce sospechosa a los ojos de todo mundo, pero sobretodo a los ojos de las autoridades que probablemente crean que esas personas estén ligadas al delito.

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como: “Ley Anti-lavado”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre del 2012, nos brinda un panorama de las limitaciones del uso de efectivo para determinadas transacciones de compra-venta, aquí el artículo 32:

Capítulo IV

Del Uso de Efectivo y Metales

Artículo 32. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes:

I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal[2], al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal[3], al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

 IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientos diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción II de este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, o

VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.

Hasta aquí el extracto de la ley.

Claro, lo anterior es hablar de cantidades exorbitantes de dinero que el común de las personas no tiene. Todos sabemos que la mayoría de la gente en este país es de bajos ingresos y el uso de efectivo es para comprar, sobre todo, cualquier mercancía barata y de primera necesidad debido a que no tiene acceso a otros modos de pago.

Aún así, mucha gente en el mundo que  no es pobre prefiere usar efectivo. Está en su derecho, pero, ¿será inevitable que en algún momento todas las transacciones en un futuro próximo pasarán a través de un sistema bancario de verificación centralizada (tarjeta de crédito, débito, etc.)?

Un resultado lógico de la desaparición de billetes y monedas es la reducción de la inseguridad ya que no existirían los cajeros automáticos y por lo tanto ya no asaltarían a las personas o a los bancos. También se habla del creciente problema de la escasez de agua, se preguntarán por qué tiene que ver el agua en todo esto, porque por si ustedes no lo sabían, la mayoría del “papel” moneda no es de papel, sino de algodón que, como toda planta, requiere de mucha agua para su cultivo.

No obstante, recuerden que los gobiernos y los grandes conglomerados bancarios, como todos unos depredadores dominantes en la cadena alimenticia financiera, “no dan paso sin huarache” porque tienen miedo de que la gente saque su dinero de los bancos dadas las crisis económicas como la de Grecia o hablando de México,  aquella pesadilla de los 90 llamada “FOBAPROA”[4], de la cual tristemente nunca estaremos exentos de sufrir otra vez y menos ahora que se avecina una crisis financiera global que mejor nadie habla de ello para no alarmar.

Así que, sin dinero en efectivo obviamente las entidades bancarias quebrarían y… ¡papá gobierno no permitiría algo semejante!, así de simple.

No olviden que siempre hay un trasfondo oscuro en las decisiones de los “amos” y esta posibilidad de ver desaparecidos nuestros billetes y morrallita es altamente probable.

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Fuentes:

http://www.libremercado.com/2013-04-18/suecia-avanza-hacia-la-eliminacio...

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5273403&fecha=17/10/2012

http://www.conasami.gob.mx/boletin_nvos_sal_abril_2015.html

[1]El Identificador Automático de Vehículos es el medio electrónico de pago para hacer uso de autopistas del país, como la México-Acapulco, México-Querétaro y Guadalajara-Morelia impuesto por de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

[2] $562,552.5 MXN considerando el salario mínimo vigente para el Distrito Federal de $70.10 MXN.

[3] $225,021 MXN considerando el salario mínimo vigente para el Distrito Federal de $70.10 MXN.

[4] Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

Fecha: 
Martes, 07 de Julio 2015 - 19:00
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Obispos mexicanos: ignorantes, insensatos y para colmo, encubridores

Mientras el alto clero se rasga las vestiduras por la decisión de la Suprema Corte de obligar a todas las legislaciones estatales a sancionar el matrimonio de personas del mismo sexo  - decisión que se adelantó una semana a la de la Corte norteamericana –  sucede que se publicó una lista de los obispos encubridores de pederastas para presentarlas ante las autoridades vaticanas.

Pero vayamos por partes. No extraña que los obispos, todos, condenen la decisión de la Corte, lo cual resulta coherente con el magisterio de la Iglesia, pero sí extrañan los argumentos que esgrimen algunos los prelados.

Por ejemplo, el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vera, dijo que los obispos pueden ir a la cárcel si a una pareja homosexual, casada civilmente, solicita casarse por la Iglesia y es rechazado. Seguramente el obispo de Yucatán no entiende que el Estado no puede meterse con un sacramento, por lo que ningún obispo podría ser encarcelado por negar un sacramento a un fiel, porque no es jurisdicción del Estado. En ese aspecto, al Estado y su representante, el gobierno federal (estatal o municipal, da lo mismo), lo mismo que el Legislativo y el Poder Judicial no pueden decir absolutamente nada, porque el sacramento del matrimonio compete exclusivamente a la autoridad eclesiástica, misma que tiene leyes internas cuya validez en asuntos propios es reconocida por el Estado, al concedérseles a las asociaciones religiosas ese status legal. Resulta patético que el arzobispo de Yucatán no sepa que hay una separación Iglesia-Estado…

Otro caso que verdaderamente es digno de mención por la falta de conocimiento del orden legal, que supuestamente tendrían que conocer como ciudadanos, es el del cardenal Juan Sandoval, arzobispo emérito de Guadalajara, quien realizó un “megaexorcismo” en San Luis Potosí para purificar al país el pasado 9 de junio. A través de un video, señaló que la Suprema Corte hizo una “ley inicua”. Lo que Sandoval no entiende, como tampoco entendió en todo el proceso de la investigación del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, es que el Poder Judicial no hace leyes, sino jurisprudencia a partir de denuncias ciudadanas que se ven afectados por una legislación específica, en este caso la negativa de varios estados de la Federación a aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La ignorancia acerca del orden jurídico por parte de algunos obispos, por lo menos estos dos, es supina.

Si bien se esperaba que los obispos mexicanos se declarasen en contra de la sentencia de la Corte, lo que resulta congruente con el magisterio de la Iglesia, la verdad es que se esperaba que lo hicieran con argumentos más claros, sensatos, acordes a la realidad y que por lo menos lo hicieran con un conocimiento preciso de las condiciones y circunstancias legales. Lo grave, es que muestran que el actual Episcopado es no sólo corto de miras, sino poco versado en asuntos que les debían competer como ciudadanos. Una cosa es advertir a su feligresía y otra, muy distinta, sustentar sus disquisiciones en argumentos falsos e insostenibles.

Por lo menos en Desde la fe, los argumentos son bastante mejor estructurados y con conocimiento de causa…

Mientras los obispos se desgañitan, la lista de los acusados de proteger a pederastas ya empieza a circular en medios. Entre los señalados por Alberto Athié, ex sacerdote que denunció a Marcial Maciel ante las instancias vaticanas, están el cardenal Rivera, Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de San Luis Potosí; José Luis Chávez Botello, arzobispo de Oaxaca; Jonás Guerrero, obispo de Culiacán; Marcelino Hernández, obispo de Colima; y Raúl Vera, obispo de Saltillo, entre otros.

Por lo pronto, el obispo de Autlán, en Jalisco, Gonzalo Galván Castillo, presentó su renuncia por estar acusado de encubrir abusos sexuales. La Santa Sede aceptó ayer domingo la renuncia del obispo de 64 años.

Mientras tanto en Roma…

El Papa se ocupa de cosas más relevantes como la condena de los tres atentados perpetrados por los yihadistas en Túnez, Marruecos y Francia, habla sobre la auténtica fe y se prepara para su viaje a Sudamérica el 5 de julio.

Pero antes, hoy mismo, fiesta de San Pedro y San Pablo, dio el palio arzobispal a 46 prelados entre los que se encuentran dos mexicanos, Mons. José Antonio Fernández Hurtado, Arzobispo de Durango y el antedicho arzobispo de Yucatán, Mons. Gustavo Rodríguez Vega. La homilía fue particularmente interesante, pues el Papa dijo que cuántas fuerzas, a lo largo de la historia, han intentado acabar con la Iglesia, desde fuera y desde dentro, pero todas ellas pasan y la Iglesia sigue viva. Clarísimo mensaje para los grupos internos que socavan la credibilidad de la Iglesia  - léase obispos extraviados -  y para los que agreden a la Iglesia desde fuera  - los fanáticos “progres”  -, Pero también dijo otra cosa, quizá más importante: no contradecir con el comportamiento y con la vida lo que se predica con la palabra y lo que se enseña a los otros, Esto, obvio, para los sacerdotes.

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Fecha: 
Lunes, 29 de Junio 2015 - 18:00
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El estigma de llamarse CNTE

En retrospectiva, luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llamara al boicot electoral en los estados en donde tiene presencia, parece que tal boicot fue el punto de quiebre de las negociaciones que sostenía con el gobierno federal. Este puso en marcha una estrategia de contención que contemplaba el aislamiento político de la Coordinadora, el uso disuasivo de las fuerzas policíacas y armadas y la limitación de los recursos de que disponen los líderes del movimiento magisterial para sus movilizaciones. Hasta el momento, la estrategia parece haber tenido un relativo éxito: los maestros ya regresaron a clases.

Aislar políticamente a la CNTE no fue difícil; la mayor parte del trabajo lo hizo la propia organización con sus excesos y agresiones. Incluso medios como La Jornada o políticos como Martí Batres toman distancia de los disidentes. Los recursos que antes daban el gobierno de Oaxaca o el federal parecen haber cesado y la retención del pago de salarios ha funcionado también para desalentar la convocatoria a marchas y manifestaciones. Inclusive, la estrategia gubernamental ha desgastado a un movimiento que no ha conseguido ningún éxito político en dos años y que ya presenta señales de división y cuestionamiento a sus dirigentes.

La liga, sin embargo, no puede estirarse tanto y aunque la negociación es ríspida, sigue siendo una negociación. Por esto, el día de ayer, el gobierno federal pagó sueldos no devengados a los maestros paristas. Como era previsible, analistas y diarios critican el discurso del gobierno federal que a principios de semana había señalado que se retendría el pago de los profesores y ahora se los da. Ante esta crítica no hay mucho que hacer. Tal vez hay que puntualizar lo dicho ayer por el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, acerca de las limitaciones legales que al respecto tiene el gobierno federal mientras los gobiernos estatales no asuman sus responsabilidades como “patrones sustitutos”.

El siguiente conflicto con el magisterio ya está a la puerta: aplicar la evaluación o fracasar en el intento. El día de ayer, en sendas declaraciones, el secretario Chuayffet y los líderes magisteriales pusieron sus posiciones sobre la mesa. La evaluación docente, programada del 20 al 22 junio, debe aplicarse, pero las autoridades no han aclarado cómo la harán en aquellos estados en donde la CNTE despliega su mayor fuerza. Ambas posiciones estiran la liga antes de sentarse a negociar, pero el problema es que ya no hay nada que negociar porque el secretario de educación ha dejado claro que la evaluación no es negociable.

Ayer Chuayffet realizó un llamado para que los mandatarios estatales asuman su responsabilidad para sancionar a los docentes faltistas. Es importante que los medios volteen a ver a los gobiernos estatales en este tema, que se le ha cargado del todo al gobierno federal.

Fecha: 
Miércoles, 17 de Junio 2015 - 18:30
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Incongruencias

El Inciso 2 del Artículo 213 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) señala que “Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales”.

El Inciso 4 del Artículo 251 de la mencionada LEGIPE establece que “El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales”.

El Inciso 6 del mismo Artículo 251 ordena que “Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios mas occidentales del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en la ley general en materia de delitos electorales”.

Curiosamente, el primer párrafo del Artículo 6 de la Constitución dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Además, el Artículo 7 constitucional es claro al señalar que: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio… Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del Artículo 6º. De esta Constitución”.

Estos son ejemplos de las muchas incongruencias que existen entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes, códigos y reglamentos que, supuestamente, de ella emanan. Incongruencias aprobadas por el Congreso de la Unión que a partir del primer segundo de hoy “hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios mas occidentales del territorio nacional” me prohíben informar y comentar sobre aspectos importantes de la elección del próximo domingo.

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Fecha: 
Jueves, 04 de Junio 2015 - 12:00
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CNTE le va ganando a EPN

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. – Artículo 3 de la Constitución.

“Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”. - Artículo 3 de la Constitución, Fracción IX.

“El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme lo dispone la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Instituto contará con plena autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna”. - Artículo 22 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

“El Instituto tendrá por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios. Asimismo, el Instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto a los atributos de educandos, docentes y Autoridades Escolares, así como, de las características de instituciones, políticas y programas educativos”. - Artículo 25 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

“Corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: I. La evaluación del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, sin perjuicio de la participación que las autoridades educativas federal y locales tengan, de conformidad con los lineamientos que expida dicho organismo, y con la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. II. Fungir como autoridad en materia de evaluación educativa, coordinar el sistema nacional de evaluación educativa y emitir los lineamientos a que se sujetarán las autoridades federal y locales para realizar las evaluaciones que les corresponden en el marco de sus atribuciones. III. Emitir directrices, con base en los resultados de la evaluación del sistema educativo nacional, que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad.  Respecto de los servicios educativos diferentes a los mencionados en la fracción I de este artículo, la Secretaría y demás autoridades competentes, realizarán la evaluación correspondiente, de conformidad con las atribuciones establecidas por esta Ley”. – Artículo 29 de la Ley General de Educación.

“En materia del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media Superior, corresponden al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación las atribuciones siguientes: I. Definir los procesos de evaluación a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables; II. Definir, en coordinación con las Autoridades Educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refiere la presente Ley; III. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas, así como los Organismos Descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio Profesional Docente en la educación obligatoria”. – Artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

“Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”. – Boletín de prensa emitido el viernes 29 de mayo por la Secretaría de Educación Púbica, anunciando una decisión del gobierno federal que es violatoria de la Constitución y de la leyes General de Educación, General del Servicio Profesional Docente, y  del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre otras.

Es claro, que en lo que a la Reforma Educativa se refiere, la disidencia magisterial le va ganando la batalla al gobierno de Enrique Peña Nieto. Lástima para el país, lástima para los millones de niños y jóvenes condenados a vivir sus vidas en la mediocridad.

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Fecha: 
Martes, 02 de Junio 2015 - 12:00
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Iniciativas Ciudadanas. ¿Pueden progresar...?

La impunidad se define como la ausencia de castigo por un delito que se comete.

De acuerdo a un estudio reciente elaborado por la Universidad de Las Américas, nuestro país ocupa el lugar 58 de 59 países en índices de impunidad, solo adelante de Filipinas, lo cual es preocupante, inaceptable y debe terminar. El estudio se puede leer en http://www.udlap.mx/cesij/.

De forma paralela, con la reciente publicación de este estudio, existen dos iniciativas ciudadanas que buscan básicamente la erradicación de la impunidad —y todo lo que acompaña a esta fatalidad— que sin duda, es uno de los principales cánceres de nuestro país que lastima a la sociedad entera.

La primera iniciativa es la llamada "Tres por Tres" convocada por el Instituto Mexicano para la Competividad y Transparencia Mexicana que han propuesto que todo candidato a un cargo de elección popular haga públicas tres declaraciones: patrimonial, de conflicto de interés y fiscal. Hoy día sólo se han sumando a la iniciativa cuatro de los candidatos a gobernadores de las nueve gubernaturas que están en juego (deben ser más de 40 candidatos con cierta posibilidad de ser electos). Martha Zepeda (PRD/Colima), Carlos Mendoza Davis (PAN, BCS), Luisa Calderón Hinojosa (PAN/Michoacán) y Francisco Domínguez (PAN, Querétaro). Asimismo sólo se han sumado una pequeña cantidad de candidatos a diputados federales y estatales (39). En las semanas que vienen veremos si progresa la iniciativa la cual pudiera influir a la hora de los debates entre los candidatos.

Alguna Ley debiera obligar a todos los candidatos, servidores públicos de todos los niveles, jueces, funcionarios de los partidos políticos, líderes sindicales a presentar dichas declaraciones.

La otra iniciativa es la de un grupo de senadores y personajes de la sociedad civil como son el actor Daniel Giménez Cacho; los senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Layda Sansores; así como por activistas como el padre Alejandro Solalinde Guerra y el ex Diputado Gerardo Fernández Noroña entre otros. Su convocatoria dice:

"Al acudir a votar en los próximos comicios federales, le planteamos al votante que al realizar el primer doblez de la boleta electoral, introduzca en ésta la REVOCACIÓN DEL MANDATO DE ENRIQUE PEÑA NIETO COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA".

"El votante llevará a la urna la siguiente hoja que se puede bajar en la siguiente liga: https://quesevaya.wordpress.com/ El voto es secreto y la inclusión de esta revocación de mandato de Peña también lo es. De esta manera se garantiza la libertad, la secrecía y el derecho de cada votante a expresar su voto y su determinación sobre un tema tan importante en la vida pública nacional".

Por otra parte, al acudir a votar e introducir en la boleta electoral la revocación de mandato, además de ejercer un derecho de libre manifestación, se estará expresando de manera explícita nuestra determinación de cambiar el actual estado de cosas.

Adicional a lo anterior, la legislación electoral prevé en su artículo 293 numeral 1, inciso e, la figura del incidente electoral. Al final de la jornada electoral —además de las boletas con los votos emitidos por la ciudadanía— aparecerán los formatos de revocación de mandato, expresando la determinación de remover del cargo a Enrique Peña Nieto; por tanto, los funcionarios de casilla están obligados a dar cuenta en las actas de esta situación, ya que es un incidente electoral.

Nuestra intención es que se muestre de manera clara y contundente el repudio al gobierno de Enrique Peña Nieto, por tanto exigiremos que las hojas de revocación de mandato sean contadas, quedando manifestada la magnitud del repudio popular a su gobierno. De hecho solicitamos al INE en el formato de revocación que con fundamento en el derecho de petición establecido en la Constitución, realice el recuento de las revocaciones depositadas en las urnas por los votantes durante la jornada electoral.

Es evidente que las autoridades electorales tratarán de desestimar nuestra iniciativa, ignorarla o restarle cualquier validez o importancia. Pero si logramos —como lo haremos— una respuesta masiva del electorado, la sanción política al ejecutivo federal será contundente. Con fundamento en todo lo anterior, CONVOCAMOS:

1. A todos los mexicanos y mexicanas a participar en las elecciones federales y locales del próximo 7 de junio y votar libremente por el candidato o partido de su preferencia.

2. A todos aquellos que al acudir a las urnas y que compartan a lo largo y ancho del país nuestra indignación con el actual gobierno y que quieran revocar del cargo de Presidente de la República a Enrique Peña Nieto, hagan suya esta iniciativa.

3. A formar grupos de trabajo, comités y equipos en el barrio, colonia, comunidad, escuela, centro de trabajo, municipio, estado y regiones del país en que encuentren para difundir, discutir, profundizar y perfeccionar la iniciativa aquí propuesta.

4. A convencer a funcionarios de casilla, representantes de partido y representantes de candidatos durante la jornada electoral, a que cuenten los formatos de revocación de mandato de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República, depositadas por cada elector durante la jornada comicial del 7 de junio próximo.

5. A formar grupos que documenten al final de la jornada electoral el comportamiento de los funcionarios de casilla frente a los incidentes que se presentaron durante la jornada electoral, especialmente el recuento de los formatos de revocación de mandato de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República.

6. A hacer valer la expresión ciudadana manifestada en las urnas.

Me parece que constitucionalmente no existe la figura de "Revocación de Mandato" pero la intención de la iniciativa es clara. Si se logra una amplia difusión del mensaje y existiera gran participación de los ciudadanos en las urnas para que depositen el formato, el recado será claro: el repudio al gobierno de Presidente de Enrique Peña Nieto que lo podría hacer cambiar su visión de cómo está gobernando.

En mi opinión, si la iniciativa llegara a progresar —no pasará nada— pues es cuestión de "valores de otro orden" al parecer ausentes en la conciencia de gran parte de nuestra clase gobernante.

Fecha: 
Miércoles, 22 de Abril 2015 - 18:00
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Ley de Moore

El 19 de abril de 1965 se publicó un artículo intitulado Cramming more components into integrated circuits en la revista estadounidense Electronics. Su autor era un joven físico y químico californiano de 36 años de edad llamado Gordon Earl Moore, a quien la revista presentó como “uno de la nueva generación de ingenieros electrónicos, educado en las ciencias físicas en vez de la electrónica”.

Lo que Moore escribió fue profético y revolucionario.

Para empezar señaló que “Con el costo unitario cayendo mientras el número de componentes por circuito aumenta, para 1975 la economía podría dictar que hasta 65,000 componentes estén apretujados en un solo chip de silicio”.

Luego sentenció que “el futuro de los circuitos integrados es el futuro de la electrónica misma. Las ventajas de la integración traerán una proliferación de electrónicos, empujando a esta ciencia hacia muchas áreas nuevas”.

Y luego, lo que a muchos les costó trabajó entender hace medio siglo y que hoy a muchos les cuesta trabajo aceptar: “los circuitos integrados permitirán maravillas tales como computadoras en casa –o por lo menos terminales conectadas a una computadora central- controles automáticos para automóviles y equipos portátiles de comunicación personal. El reloj de pulsera electrónico solo necesita un pantalla para ser factible hoy”.

Añadió Moore que “el mayor potencial radica en la producción de grandes sistemas. En las comunicaciones telefónicas, circuitos integrados en filtros digitales separarán los canales en equipos multiplex. Los circuitos integrados también cambiarán los circuitos telefónicos y procesarán datos.”

“Las computadoras serán más potentes y estarán organizadas de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, las memorias construidas en electrónica integrada podrán ser distribuidas en toda la máquina en vez de estar concentradas en una unidad central. Además, la mayor confiabilidad hecha posible por los circuitos integrados permitirán la construcción de unidades de procesamiento más grandes. Máquinas similares a las que hoy existen se construirán a menores costos y tendrán mayor velocidad”.

Moore escribió también que “La complejidad de los costos mínimos de los componentes ha aumentado a un ritmo aproximado de un factor de dos por año. Sin duda puede esperarse que continúe este ritmo en el corto plazo, si es que no aumenta. En el largo plazo, el ritmo de aumento es un poco más claro, aunque no hay ninguna razón para creer que no se mantenga constante durante al menos 10 años. Es decir, de 1975, el número de componentes por circuito integrado al mínimo costo será de 65,000”. Creo que un circuito tan grande puede construirse en un solo chip de silicio”.

En otras palabras, en el párrafo anterior Moore aseguraba que la complejidad de los circuitos integrados se duplicaría cada año mientras que el costo de los mismos se reduciría a la mitad. 10 años después, actualizó su predicción señalando que el número de transistores en el chip se duplicaría cada dos años y que el precio se reduciría en un 50% en ese mismo período.

Voltea a tu alrededor y verás que Moore es un verdadero profeta. En 1968 este visionario fundó la que hoy es la mayor fabricante de microprocesadores del mundo, Intel, retirándose en 1987. Hoy tiene 86 años, posee una fortuna de casi 7,000 millones de dólares y se dedica a las actividades filantrópicas.

Medio siglo después de que formulo la Ley de Moore, mucha de sus predicciones se han cumplido. La última de ellas, los relojes inteligentes que muchos fabricantes ofrecen actualmente a los consumidores.

Su revolucionario artículo puede leerse en web.eng.fiu.edu/npala/EEE6397ex/Gordon_Moore_1965_Article.pdf

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Fecha: 
Lunes, 20 de Abril 2015 - 12:00
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