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3 de 3 ¡Va en serio!

El 6 de febrero pasado me referí en este mismo espacio de la iniciativa conjunta de dos organizaciones no gubernamentales, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para a Competitividad (IMCO), denominada 3 de 3, la cual busca que los funcionarios y representantes populares hagan públicas, de manera voluntaria, tres declaraciones: la patrimonial, la de intereses y la de impuestos.

El sitio www.legisladortranpsarente.mx, creado para que los funcionarios y representantes populares publicaran sus declaraciones no llegó nunca a atraer a muchos voluntarios. Es más, anoche el sitio aparentemente había sido hackeado porque al intentar entrar en él mi navegador Chrome me advirtió, mediante un texto que apareció en la pantalla de mi computadora, que “la conexión no es privada. Es posible que los piratas informáticos estén intentando robar tu información de www.legisladortransparente.mx (por ejemplo, contraseñas, menajes o tarjetas de crédito)”.

Hace un par de días, ambas ONGs presentaron un nuevo portal, www.candidatotransparente.mx, al tiempo que invitaron a publicar ahí sus tres declaraciones a los miles de candidatos que compiten por una gubernatura, presidencia municipal, jefatura delegacional o diputación local o federal.

Hasta anoche, solo habían hecho públicas sus declaraciones 20 de los 67 candidatos a las gubernaturas de Baja California Sur, Campeche, Colima Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. De esos 20, solo dos son abanderados de partidos que tienen verdaderas posibilidades de triunfo y son del PAN: Luis María Calderón de Michoacán y Francisco Domínguez de Querétaro. Ninguno de los demás candidatos del PAN, PRI o PRD había publicado sus declaraciones.

En lo que candidatos a presidentes municipales y jefes delegacionales se refiere, solo aparecen las declaraciones de 61 de los cientos de candidatos a estos cargos.  La situación no es mejor en el caso de lo candidatos a diputados, en donde pueden verse las declaraciones de únicamente nueve de ellos.

Esperemos que en los días por venir la mayoría de los candidatos, si es que no todos, nos presentan sus tres declaraciones a través de www.candidatotransparente.mx. Después de todo, si lo que quieren es nuestro voto, que transparenten su realidad económica personal. Es lo menos que cada uno de ellos puede hacer por quienes votaremos el 7 de junio entrante.

Personalmente no votaré por los candidatos que no publiquen sus tres declaraciones en el antes mencionado portal.

Lo del 3 en 3 va en serio. ¡Ay de aquel candidato que no lo entienda!

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Fecha: 
Jueves, 16 de Abril 2015 - 12:00
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Los tres temas pendientes de la ley de transparencia

El dos de diciembre del año pasado comentaba en este espacio que en política todo se vale, eso dicen los que saben de política. Al menos parece ser que eso se determina que ocurre al interior de los partidos políticos y sindicatos, sobre todo, porque sus actos suelen no ser tan transparentes. 

Dentro de poco tendrán que ser sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información de los recursos públicos que reciben y ejercen, así como a proteger los datos personales que obren en su poder.

Y, se dice dentro de poco, porque legisladores del PRI, PRD, PAN y PVEM, presentaron el 2 de diciembre del 2014 en la Cámara de Senadores el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que según podemos imaginar sea de pronta aprobación por la mayoría de senadores y diputados.  

La referida ley tenía que estar aprobada el 7 de febrero del 2015, tal y como lo estableció el mismo Decreto de fecha del 7 de febrero de 2014: “El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6º... en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto”.

No obstante, la referida ley no ha sido aprobada. De tal suerte, el plazo no se cumplió. 

Sin duda el transparentar los actos públicos son temas que generan controversia en el legislador, y por ende, complejos en celebrar acuerdos en común.

En mi escrito del mes de diciembre pasado comentaba, que la discusión consistía que los partidos políticos y sindicatos “dentro de poco tendrán que ser sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información de los recursos públicos que reciben y ejercen, así como a proteger los datos personales que obren en su poder”. 

Al parecer, es un tema solventado por el legislador. Otros son los temas que por ahora se discuten. Se nos dice por parte del senado que los temas de discusión y aprobación en la sesión del senado de hoy jueves son el de seguridad nacional, violaciones graves a derechos humanos y averiguaciones previas. Evidentemente, son temas complicados por su propia naturaleza, y por tanto en su expedita vigencia.

A pesar de ello, estimado lector, esperemos la pronta vigencia de la referida ley, digamos para este mes de diciembre. Mejor dicho para el mes de marzo de este año.

Así que, querido lector, la discusión y aprobación de la citada ley es de carácter urgente.   

Al tiempo, tiempo

Fecha: 
Jueves, 12 de Marzo 2015 - 17:00
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¡Todos con derecho a tomar agua!

El Miércoles 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al artículo 4 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

Es un derecho fundamental, recientemente incorporado al texto constitucional, que como tal, no se le otorgaba pleno reconocimiento en nuestra Constitución antes del 2012. 

A pesar de que el uso del agua es vital para la subsistencia de la vida, cuya sustancia es formada por la combinación de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida, en pequeña cantidad incolora y verdosa o azulada en grandes masas (Diccionario de la Lengua Española), los legisladores disponían de un plazo de 360 días (a partir del 9 de febrero de 2012) para emitir una Ley General de Aguas. 

Tres años posteriores a la citada modificación constitucional, los diputados del PRD y PAN han presentado en el mes de febrero y marzo de este año, tres iniciativas que expiden la Ley General de Aguas.  

En definitiva, estimado lector, todo parece indicar que a los señores legisladores les resulta menos importante concebir legislar en tiempo y forma la creación de una Ley General del Aguas, que determine a las instituciones los mecanismos para  garantizar a todas las personas el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible

Así que, querido lector, mientras se deciden por la aprobación y vigencia de la referida ley, la crisis mundial del agua, es la guerra del futuro, se nos dice que en el mundo hay más de 1000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Y en México (2014) se menciona por diversas organizaciones no gubernamentales que 9 millones de personas no tenían el servicio de agua entubada y otros 13 millones, la recibían contaminada por falta de saneamiento.   

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Lunes, 09 de Marzo 2015 - 17:30
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El PRI vs. la Transparencia

El jueves pasado, en mi programa de radio y TV en Grupo Fórmula, la Coordinadora del Programa de Gasto, Rendición de Cuentas y Corrupción de México Evalúa (centro de análisis de políticas públicas), Mariana Campos, explicó ampliamente qué es lo que supuestamente pretenden algunos funcionarios de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a través de senadores del PRI y PVEM, para lograr que la opacidad rija en las áreas más importantes de la administración pública. Aparentemente, a estos alto funcionarios de Los Pinos no les importa que el propio presidente Enrique Peña Nieto se haya comprometido públicamente en diversas ocasiones a transparentar las decisiones y procesos gubernamentales.

En su artículo intitulado ¿Transparencia RIP?, que puede leerse íntegramente en http://www.ruizhealytimes.com/opinion-y-analisis/transparencia-rip, Mariana señala ocho cambios que los legisladores de la fracción PRI-PVEM pretenden hacerle a la Ley General de Transparencia que ahora se discute en el Senado de la República. Transcribo parte de lo que ella escribe:

1.  “Se busca eliminar la prueba de daño como un mecanismo efectivo para hacer legítima la reserva de información. Este mecanismo, cuando es bien definido, puede evitar que se reserve información en vano ya que exige a los sujetos obligados demostrar que en efecto la divulgación de cierta información daña algún interés público jurídicamente protegido. Sin un mecanismo de prueba de daño se vuelve mucho más fácil reservar información sin una razón legítima.

2. “Se busca eliminar la obligación de que los funcionarios documenten la información relacionada con el desempeño de sus obligaciones, definidas en  los distintos ordenamientos jurídicos… La inexistencia de la información es actualmente la justificación más utilizada para que los ciudadanos no podamos acceder a la información. Para impedir que este pretexto se siga utilizando es necesario obligar en todas las leyes secundarias en la materia a que los funcionarios documenten sus actividades y cumplan con las obligaciones establecidas en el máximo ordenamiento jurídico de nuestra nación.

3. “Se busca que la Ley General de Transparencia no tenga prevalencia sobre otras leyes que contengan disposiciones en materia de transparencia. De esta forma se desinflaría la reforma constitucional...

4. “Se busca excluir a ciertas instituciones del Estado del cumplimiento de las disposiciones de Ley General de Transparencia. En particular, con el argumento de que Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no son entidades paraestatales, sino empresas productivas del Estado, se solicitó exentarlas de las obligaciones de transparencia… tal medida no se justifica, ya que ambas empresas siguen empleando recursos públicos, por lo que son y deben ser sujetos obligados.

5. “Con una intención similar, se busca que varias instancias federales puedan prescindir de Comités de Transparencia… Entre esas instancias se encuentran varias instituciones dedicadas a la seguridad pública y  a la procuración de justicia...

6. “La transparencia de los fideicomisos no queda bien definida. Se busca evitar que los fideicomisos que no tienen estructura orgánica rindan cuentas de manera directa.

7. “Se pretende establecer plazos permanentes de reserva de información, extender los plazos totales de 7 a 12 años y reservar la información de crímenes contra la humanidad.

8. “Se busca eliminar varias obligaciones de transparencia, entre las cuales destacan dos: se pretende eliminar la obligación de que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales… se pretende eliminar la obligación de publicar los resultados de evaluaciones de desempeño practicadas a los funcionarios…”.

Después de leer la denuncia hecha por Mariana Campos es válido preguntarse si Peña Nieto es sincero cuando promete transparentar la administración pública. Si el presidente piensa efectivamente cumplir sus promesas, algunos priístas en la Consejería Jurídica de la Presidencia y/o en el Senado han decidido no hacerle caso.

Dentro de pocos días sabremos la verdad.

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Fecha: 
Lunes, 16 de Febrero 2015 - 12:00
Contenidos relacionados: 
¿Transparencia RIP?
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98 años de modificaciones constitucionales

Hoy 5 de febrero se cumplen 98 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917-2015). Desde su promulgación a la fecha se han consumado 618 reformas constitucionales a diversos artículos.  

De tal manera de 136 artículos contenidos en la Constitución, 27 de ellos se mantienen iguales, y 109 artículos son los que han cambiado.

No obstante, los artículos con el mayor número de reformas son 16. Es decir, han sido modificados por el legislador más de diez ocasiones.

Entre ellos se encuentra con 71 modificaciones el artículo 73 relacionado con las “Facultades del Congreso”.

Otro artículo es el 123 con 24 modificaciones el cual determina lo referente al derecho del trabajo.

Por su parte el artículo 27 tiene 19 modificaciones y establece el derecho a la propiedad. 

El artículo 89 posee 17 modificaciones y determina las “Facultades y obligaciones del Presidente de la República”.

El artículo 74 muestra 16 modificaciones y señala las “Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados”.

El artículo 107 ostenta 15 modificaciones y apunta lo relacionado con las bases del “Juicio de Amparo”. 

El artículo 4 exhibe 14 modificaciones y cita lo relacionado con la protección a la salud, el derecho al agua, a disfrutar de vivienda digna y decorosa, a la identidad y a ser registrado de manera inmediata  a su nacimiento, y a la cultura, entre otros derechos.

El artículo 115 con 14 modificaciones en el rubro de “Los Estados de la Federación y del Distrito Federal”.

El artículo 76 contiene 13 modificaciones con relación a las “Facultades exclusivas del Senado”.

El artículo 79 expone 12 modificaciones al tema de la “Fiscalización  Superior de la Federación”.

El artículo 94 presenta 12 modificaciones  pertenecientes  con el tema del “Poder Judicial”.

El artículo 105 contiene 11 modificaciones tocantes con el tema de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

El artículo 116 con 11 modificaciones en el rubro de “Los Estados de la Federación y del Distrito Federal”.

El artículo 122 contiene 11 modificaciones en el rubro de “Los Estados de la Federación y del Distrito Federal”.

El artículo 97 dispone de 10 modificaciones relacionadas con el tema del “Poder Judicial”.

Y, el artículo 111 dispone de 10 modificaciones en el rubro de “Las responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”.

En definitiva, estimado lector, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma jurídica fundamental del Estado Mexicano, y es la norma jurídica con un mayor número  de reformas constitucionales.

Así que, querido lector, aquí no terminan las modificaciones constitucionales, ya que los legisladores pretenden realizar otras reformas constitucionales, con la creación del Mando Único de la Policía en los Estados, la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción y/o la iniciativa de Reforma Política del DF.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Jueves, 05 de Febrero 2015 - 18:00
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La ONU y los derechos humanos en México

Las repercusiones internacionales por el caso Ayotzinapa han atraído una atención sobre los derechos humanos en nuestro país que al menos debe resultar incómoda para el gobierno mexicano. En esta incomodidad llegó ante el Comité contra Desapariciones Forzadas, de la ONU. De acuerdo a la información de los diarios, el representante mexicano no contestó satisfactoriamente a ninguna de las preguntas o intervenciones sobre el tema. No se sabe el número real de desaparecidos, al parecer tampoco hay una metodología para definir ese número, no hay una ley contra desapariciones forzadas, no hay un trato digno y justo a las víctimas. En pocas palabras, parece no haber interés gubernamental al respecto.

Hay que recordar que México es signatario de la convención contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, que entró en vigor en 2010.  Por supuesto, como suele suceder en estos casos, el jefe de la delegación oficial de México, el subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, contestó en el lenguaje diplomático de estas reuniones y se comprometió a que en junio habría una ley en materia de desapariciones forzosas. Sin embargo, este compromiso será de difícil cumplimiento. Primero habrá que hacer una reforma constitucional y posteriormente la ley complementaria, antes de que termine este periodo legislativo en abril. Mal panorama. Las posibilidades de que haya un periodo extraordinario antes de junio para tratar el tema en un año electoral se ven muy cuesta arriba. Muy probablemente México incumplirá este compromiso.

En Ginebra, México reconoció la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, como es el caso de Ayotzinapa. Pero en casa el asunto toma otra dimensión. A los medios mexicanos el interés por lo que sucedió en Suiza les duró menos de 48 horas y el gobierno simplemente ya pasó a otro tema. Por las características de este tipo de comités de la ONU, es probable que se hagan recomendaciones y que haya una visita de representantes de la ONU para ver situaciones concretas. Las posibilidades de que haya una condena son lejanas. Lo cierto es que a la gente de a pie tampoco parecen importarles mucho las violaciones a los derechos humanos, a pesar de que las sufrimos continuamente hasta en pequeños detalles.

El gobierno de la República debía asumir con energía (y presupuesto) la defensa de los derechos humanos, la identificación de los miles de cadáveres encontrados en fosas clandestinas y el saber qué pasó con las personas que no aparecen, probables víctimas de desapariciones forzosas. No por el temor a ser juzgado por la ONU, sino por iniciar un proceso de reconciliación nacional con algunas de las comunidades más golpeadas por los abusos. 

Fecha: 
Miércoles, 04 de Febrero 2015 - 18:00
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¿Quién debe pedir perdón?

¿Debe pedirle perdón a los mexicanos el presidente Enrique Peña Nieto por todo lo que está pasando en el país?

¿Cómo presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos debe ofrecernos una disculpa por la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que se han apoderado de gran parte de México?

¿Nos debe una disculpa el jefe del Poder Ejecutivo por el estancamiento económico que ha causado su política fiscal?

¿Y por los fallidos sistemas educativo y de procuración de justicia?

¿Y por los supuestos conflictos de interés que han manchado la imagen de su familia?

¿Y por una lista interminable de fracasos que tienen postrada a la Nación?

Muchos están exigiendo precisamente esto: que por medio de un mensaje que se difunda por todos los medios de comunicación el presidente Peña Nieto nos pida perdón por la mala situación en que se encuentra el país.

Es indudable que como presidente de la república es responsable de mucho de lo que pasa en México, pero no de todo.

Para bien del país, desde el sexenio de Ernesto Zedillo empezó a diluirse el poder metaconstitucional que sin límites habían ejercido los presidentes mexicanos. Poder que les permitía manejar a su antojo los poderes Legislativo y Judicial, meter las manos en un multimillonario fondo secreto del cual nunca tuvieron que rendir cuentas, remover a gobernadores según les conviniera, manipular a los sindicatos de empresas paraestatales, públicas y privadas, darle órdenes al gobernador del Banco de México, endeudar excesivamente al país, inventar políticas económicas irracionales, despilfarrar recursos públicos en planes y programas inútiles, llevar al país hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia donde se les ocurriera, tolerar y muchas veces lucrar de las actividades de narcotraficantes y otros delincuentes organizados, ordenar la represión violenta de disidentes, cometer crímenes de Estado y, por si lo anterior no fuera suficiente, enriquecerse ilícitamente.

Y así como cada presidente en turno usó y abusó de ese poder metaconstitucional, también abusaron de su poder gobernadores, presidentes municipales, legisladores, jueces, magistrados y ministros, y funcionarios de todos los niveles de gobierno.

El poder metaconstitucional de los presidentes murió cuando empezó el sexenio de Vicente Fox pero lo que no se acabó fueron los errores, malas decisiones, despilfarros, negocios, corruptelas y abusos del poder que siguieron y siguen cometiendo un gran número de funcionarios. Lo peor es que muchos de ellos, quién sabe cuántos, no conformes con lo que de por sí se embolsan ilegalmente, se han aliado de alguna manera u otra con narcotraficantes y otros delincuentes.

En resumen. No sólo el presidente de la república es responsable de lo que pasa en el país. Son responsables todos y cada uno de sus antecesores en el cargo. Son responsables todos y cada uno de los gobernadores y quienes los antecedieron en sus gubernaturas. Son responsables todos ellos por no haberle puesto un alto a la corrupción e impunidad que se volvió parte del sistema político mexicano. Son responsables todos y cada uno de aquellos funcionarios que hayan extorsionado a alguien por el motivo que sea o que, aprovechándose de sus cargos y sus influencias, hayan favorecido a familiares, amigos y socios con contratos y negocios que no merecían.

Y al final de cuentas somos responsables la mayoría de los mexicanos porque de alguna manera u otra toleramos o aceptamos que la situación llegara hasta donde ha llegado. Mientras nuestra economía personal y familiar no resultara muy afectada no nos quejamos. Mientras recibiéramos algo del sistema nos callamos. Mientras el grupo social, económico o político al cual perteneciéramos obtuviera alguna prebenda nos dimos por satisfechos.

Casi todos somos responsables y si de pedir perdón se trata, casi todos tenemos que pedirlo. Los unos a los otros.

Desafortunadamente, ofrecer disculpas no servirá para nada si no se empiezan a hacer, desde ahora, los cambios que tiendan a eliminar los abusos del poder y la corrupción e impunidad que han llevado a México al deplorable estado en que se encuentra.

Los ciudadanos debemos exigir esos cambios y los poderosos deben realizarlos porque, si insisten en mantener las cosas como están, todos saldremos perdiendo mucho.

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Fecha: 
Viernes, 05 de Diciembre 2014 - 12:00
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A revisión los candidatos y candidatas de dudosa procedencia

A unos días que inicie el proceso electoral del 2014-2015 (7 de octubre) a los legisladores les preocupa que no se filtre a los procesos electorales candidatos y candidatas a cargos de elección popular que provengan de actividades del narcotráfico.

En el mes de mayo se publicaron tres leyes en materia electoral, que por lo visto en su contenido no prevén mecanismos legales para reglamentar requisitos de revisión e investigación absoluta de la existencia de una persona cuyo propósito sea participar como candidato y/o candidata a un cargo del elección popular, a través de la selección y designación de un partido político o de su registro a una candidatura independiente.

Por lo visto es un problema que ahora tendrá que darse una solución rápida, pues el proceso electoral inicia el próximo martes.

A razón de dicha problemática, se dice que el presidente y coordinadores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados proponen las siguientes soluciones.

Para el legislador Silvano Aureoles, se dice, que sería que para designar a los candidatos de un partido se debería solicitar la intervención de las instancias de inteligencia, por ejemplo, entre otras, el Cisen, la Secretaría de la Defensa Nacional, con el interés que ellas emitan la opinión de la idoneidad del perfil de un candidato o candidata.

Por su parte el legislador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, destaca que “todos los partidos políticos están obligados a hacer un análisis e investigación de los cuadros que presentan a la población, buscando que sean votados”.

Para el legislador del PAN, José Isabel Trejo Reyes, al menos lo que trata de decir, resulta, que hay que tener cuidado (con los sistemas de inteligencia), “…porque para eso también existen las instancias judiciales correspondientes. Imposible que un ciudadano pueda investigar por sí mismo y sacar sus conclusiones”.

Y, para el legislador del PRD Miguel Alonso Raya, según se dice, que se incluya en la nueva Fiscalía General de la República, una instancia de delitos electorales para que se le entregue una lista de candidatos y candidatas y que sean revisados los que tienen antecedentes.

Pues, bien, el problema de revisar los antecedentes personales de candidatos y candidatas, es decir,  saber que son personas de buena reputación en la sociedad y que no se encuentran involucrados con personas que se dedican al narcotráfico, es un problema al parecer que los legisladores no contemplaron en las leyes con mecanismos para revisar su proceder, y por tanto, al ser vinculados con actividades del narcotráfico, incluir la conducta como sanción penal, sobre todo, que la actual ley de delitos electorales no la menciona.

La ley de delitos electorales solamente señala que se “impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

Por tanto, se aprecia un lío, utilizar los sistemas de inteligencia y/o que la nueva fiscalía encargada de la persecución de los delitos investigue los antecedentes de los candidatos.

Estimado lector, sin duda, los legisladores tienen una tarea pendiente, que sin duda, también se les olvido elaborar e incluir en las recientes leyes electorales establecer mecanismos idóneos para seleccionar candidatos y candidatas independientes y de partido idóneos, y que no estén vinculados con la delincuencia organizada.

Así, qué, querido lector, quizá los partidos y el INE implementen por su cuenta la utilización de algún mecanismo idóneo para constatar la confiabilidad de las personas que buscan un cargo de elección popular para las próximas elecciones. 

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Viernes, 03 de Octubre 2014 - 18:00
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El precio por consolidar la democracia

El próximo 7 de octubre inicia el proceso electoral 2015, para que más de 80 millones de personas que tienen credencial de elector participen ejerciendo su derecho al sufragio y al voto para elegir a sus representes políticos en 17 estados de la República.

Para la organización de las elecciones el Instituto Nacional Electoral (INE) solicita como presupuesto la cantidad de 18,572 millones de pesos. Sin embargo, el proceso electoral aún no comienza y los actores políticos se encuentran inmersos en la organización previa al mismo proceso electoral del 2015, con invertir grandes cantidades económicas en elecciones internas partidistas y en procesos de formalizar la solicitud de consultas populares formalizadas por cuatro partidos políticos; PRI, PRD, PAN y MORENA.

Sin duda todo proceso democrático para elegir representantes populares requiere de un presupuesto económico con el objetivo de otorgar certeza y credibilidad de todos los ciudadanos en el mismo proceso y su resultado.

Es mucho el dinero que se invierte por consolidar la democracia en nuestro país. 

El INE gastará la cantidad de 30 millones de pesos para verificar los 15,344 millones de firmas conseguidas por los partidos políticos para realizar una consulta popular en temas como la reforma energética, el aumento de salario y la reducción de legisladores plurinominales. 

Nos dicen las autoridades del INE que el dinero será utilizado para contratar personal, esto es, a mil 700 trabajadores eventuales, y para pagar rentas de bienes inmuebles donde se han instalado equipos de cómputo y trabajan capturistas que se encargan de integrar una base de datos de todos los solicitantes que dieron su apoyo para formalizar la consulta popular.

Por su parte en el PRD salta la alarma, porque sus finanzas están en números rojos. Al menos eso es lo que comenta su secretario de Finanzas, Xavier Garza, sobre todo, porque en las elecciones internas del pasado 7 de septiembre se excedieron en su presupuesto; el gasto de la inversión inicial era de 80 millones de pesos, pero al final desembolsaron 110 millones de pesos.

Estimado lector, vea Usted, son 110 millones de pesos más 30 millones de pesos suman un total de 140 millones de pesos. 

Sin duda, es dinero que se emplea para consolidar la democracia en nuestro país, y según considero que muchos de nosotros, ambicionamos una democracia consolidada en México.

Así qué, las autoridades y partidos justifican y se preocupan por el empleo del dinero en los procesos democráticos, así como el excedente invertido en sus elecciones internas, y preocupados por solventar los gastos que generan el salario de sus funcionarios partidistas.

Mientras tanto, mientras tanto, querido lector ¿a Usted qué le preocupa?

Al tiempo, tiempo...

Fecha: 
Miércoles, 24 de Septiembre 2014 - 18:00
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La Industria del Juego. ¿A qué le estamos apostando?

Al parecer los gobiernos anteriores no quisieron considerar a toda la actividad derivada del "Juego con Apuesta" como una Industria, que cuando está bien regulada, vigilada y autorizada ciertamente lo es, pues genera muchos empleos, impuestos, derechos y aprovechamientos; además de diversión y esparcimiento para quién guste de asistir a los centros de apuesta. Los estados modernos la consideran como una industria importante.

La autorización de "Casinos" fue considerado por muchos años como un tabú en nuestro país y por ello desde 1947 la Ley vigente nunca se reformó, pues así con harta discrecionalidad en su aplicación se permitió el enriquecimiento indiscriminado a los pocos permisionarios elegidos. Claro, las condiciones estipuladas en los mismos se cambiaban fácilmente con un simple acuerdo entre la autoridad y a la conveniencia del interesado y no se creó una verdadera Industria del Juego con Apuesta.

En la Ley vigente se prohíben los juegos de azar y a la letra dice:

"ARTÍCULO 1o- Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta Ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas".

"ARTÍCULO 2o- Sólo podrán permitirse":

I.- El juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes;

II.- Los sorteos.

Los juegos no señalados se considerarán como prohibidos para los efectos de esta Ley.

No fue hasta el sexenio de Vicente Fox, siendo Secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda (que buscaba la Presidencia de la República y tenía que procurarse recursos económicos y lealtades para su campaña) los llamados casinos se fueron permitieron, en forma discrecional —sin la expedición de una nueva Ley— a pesar que hubo muchas iniciativas de los distintos grupos parlamentarios que se quedaron en la congeladora legislativa.

Basados en el Reglamento que se expidió en tiempos de Santiago Creel en 2004 y ahora, modificado por un decreto presidencial de 2013, se autorizó lo que está prohibido en la Ley. En fin, son hechos consumados. La Ley quedó como letra muerta a pesar de que algunos diputados promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra del dicho reglamento. Luego se desistieron o pactaron para expedir una nueva ley. Estamos en ese proceso...

Ahora los llamados casinos operan a su máxima expresión y en mi opinión, las personas que asisten a los casinos son esquilmados en esos centros de apuesta. ¿Por qué? porque no existe la vigilancia y controles suficientes. Por ejemplo, nadie sabe cuánto retienen las máquinas tragamonedas ni cuál es la retención (take out) en los sistemas parimutuales del moribundo Hipódromo de las Américas, base para que el público asistente sepa a qué le tira o cómo tira su dinero en sus apuestas.

Como representantes del sector hípico, en marzo pasado fuimos invitados, por la Comisión Especial formada en la Cámara de Diputados, a exponer nuestra realidad. En esencia, exhibimos nuestra pésima situación, denunciamos y también propusimos. No sabemos hasta donde llegaron nuestras propuestas y lo que sí ganamos, es que Marcela González Salas no nos volviera a recibir como es su obligación, como funcionaria gubernamental. La ponencia presentada se puede leer en la siguiente liga:

www.purasangre.com.mx/PonenciaForoDiputados25032014.pdf

Así las cosas, la Nueva Ley de Juegos y Sorteos y sus leyes secundarias o reglamentos que la rijan deben considerar —en su esencia— un principio de igualdad y equidad para todos los sectores que integran la "Industria del Juego con Apuesta", sean casinos, palenques, sorteos o carreras de caballos.

La Lotería Nacional y los Pronósticos Deportivos se cuecen aparte pues ya tienen una regulación específica. Importante será la regulación de juegos permitidos por internet que ya ofrecen algunas permisionarias en la actualidad.

Todas estas actividades tienen sus problemas específicos y deben tratarse de forma distinta, pues unas "canibalizan a otras" si no se conocen a fondo sus problemas y se deja que ello suceda en la Ley por aprobarse. Ya señalamos en nuestra colaboración anterior, ¡No es lo mismo conectar una máquina tragamonedas a la corriente eléctrica que criar un caballo Pura Sangre de carreras! Y nuestra prioridad es que no desaparezcan si la nueva Ley no la apoya de manera contundente y definitiva.

Ahora se anuncia la creación de un organismo autónomo, de manera similar a lo que propusimos en nuestra ponencia y surgen muchas preguntas.

¿Será necesario que intervengan en el nuevo Instituto cinco (5) secretarías de estado y la ratificación de un Consejo Consultivo como el que nunca funcionó? ¿Realmente es necesario?

¿Qué no es posible crear un organismo autónomo, con todas las de la ley, independiente de la estructura burocrática del gobierno e integrada por verdaderos especialistas y con mecanismos de rendición de cuentas para garantizar su transparencia?

¿Qué no basta la experiencia del pasado reciente en donde Santiago Creel o Fernando Gutiérrez Barrios, por nombrar sólo dos funcionarios de alto nivel, aprovecharon su influencia y la laxitud de la Ley para beneficiarse ellos mismos o a sus amigos y socios?

¿Qué el Estado Mexicano no puede copiar los modelos exitosos que se han desarrollado en otros países y dejar que esta Industria del juego avance para tener un país moderno en este rubro? En especial a la Industria Hípica de Carreras de Caballos a la cual la han rescatado ante tanta competencia de otras modalidades de juego.

En la ponencia propusimos:

"Se propone la creación de la Comisión Nacional del Juego que deberá ser formada por funcionarios profesionales, íntegros y completamente autónomos de las empresas permisionarias, y que sus miembros sean avalados y certificados por la Cámara de Diputados, como se ha logrado en otros organismos similares"

"La Comisión Nacional regularía todas las actividades relacionadas del juego con apuesta"

"Dentro de ella se propone la creación de una nueva “Comisión Nacional de Carreras de Caballos y de Galgos”, para que el Estado Mexicano recupere la rectoría de esta importante actividad".

"Por su especialización, la Comisión Nacional de Carreras de Caballos, trataría los asuntos relacionados con la industria hípica, es decir, con funciones de promover, regular y vigilar esta actividad y también propusimos ampliamente sus posibles funciones".

Para rescatar la Industria hípica planteamos en la multimencionada ponencia cómo y porqué se debe apoyar nuestra actividad y sobre todo cómo desarrollar su enorme potencial".

En las siguientes ligas están las Leyes de Argentina y Panamá que han logrado rescatar sus industrias hípicas. Vale la pena revisarlas.

www.purasangre.com.mx/Imagenes/LeydelTurfArgentina.pdf

www.purasangre.com.mx/Imagenes/Ley71Panama6sept2011.pdf

Señores legisladores, tal vez está nueva Ley no sea estructural pero vale la pena formularla bien para que México avance en la transformación y modernización que dice impulsar el presidente Enrique Peña Nieto, ¡Ya no queremos más de lo mismo!

Fecha: 
Miércoles, 10 de Septiembre 2014 - 17:00
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