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Cartas a Tora CXXXVIII

Querida Tora:

El otro día, el portero tuvo una fricción con la inquilina del 55, que fue a reclamarle que un tubo de agua estaba roto y no se lo componían, con lo que su vivienda se inundaba un  día sí y otro también. A consecuencia de ello, el portero se enojó, gritó en medio del patio que los inquilinos no apreciaban su esfuerzo ni sus sacrificios, y decidió darles un informe de lo que había sido su gestión al frente de la vecindad.

Por supuesto, el no lo escribió. Obligó a uno de sus guaruras, que había terminado la secundaria, a que lo hiciera y luego se lo aprendiera de memoria, porque el no “tenía ganas de estropearse la voz leyendo tantas palabras”. Y mandó preparar el patio para la ceremonia.

Colgaron todo lo que te puedas imaginar; listones, banderitas de colores, papel picado (Del Día de Muertos, pero igual adornaban), cortinas viejas y hasta sábanas que le prestaron las del hotel de junto. Mandó poner un disco de la “Marcha Triunfal” (Pero el guarura se equivocó y puso la “Danza Macabra”), y se dirigió al estrado más alto que pudo conseguir.

Los vecinos estuvieron todos, hasta los bebés del 38, que acababan de llegar de la maternidad, arreados y controlados por los guaruras y por las multas que dijeron les iban a poner a los que no fueran. El portero dijo “Señoras y señores”, y cedió la palabra al guarura que tenía la secundaria.

El muchacho se lo había aprendido todo (Eran como 10 páginas), y aunque con frecuencia se le olvidaba y tenía que consultar su “acordeón” (No es instrumento musical, es un medio para resolver exámenes para los que no has estudiado, y que aquí se aplicó a conciencia) logró decirlo todo sin que le silbaran.

Les recordó que, gracias a él, el patio se  barría cada tercer día, que estaba muy pendiente de que les entregaran el gas a tiempo, que los daños a las instalaciones se reparaban enseguida (Esto lo dijo mirando a la señora del 55, que no respondió porque los guaruras la tenían amordazada), que les había hecho una fiesta para recibir el Año Nuevo (En realidad, los vecinos pagaron la fiesta; el sólo les prestó el patio); y había logrado establecer tan buen ambiente en la vecindad que sus guaruras confraternizaban con las muchachas, y hasta había nacido algún  bebé de tan buenas relaciones que tenían.

El aplauso, dirigido por sus contlapaches (Ya te imaginas quiénes son, ¿verdad?) fue largo y estruendoso. Y hubiera durado media hora, de no ser porque el chavo del 7 (El que es abogado y enemigo del portero, ¿te acuerdas?), se levantó y dijo que no había hablado de los lavaderos, que construyó a costo muy elevado y que se deshicieron en cuanto abrieron el agua; ni del programa “Un Día Sin Baño”, que no solo no ha resuelto el problema de los malos olores, sino que sólo ha servido para enriquecer al dueño del “King’s”, que quién sabe quién será; y que tampoco mencionó el agujero que había en el patio, y que ha estado a punto de cobrar tres vidas; ni de los turnos organizados a horas punta para usar las escaleras sin  pasar por el patio, y que sólo sirven para que los vecinos choquen entre sí y se insulten desde temprana hora; ni de la tolerancia que tiene con los cuartos de azotea, donde permite que vivan tres o cuatro muchachos (Masculinos y femeninos) en espacios para una persona; ni de los abusos de todo tipo que comete la Flor (y su prima) cada vez que le da la gana.

Ahora sí se enchiló el portero, y tomó el micrófono y dijo a los vecinos que a la Flor no la tocaran porque se deshojaba, y que si el le concedía algunas libertades era porque le daba la gana, y que nadie tenía derecho a meterse en sus asuntos personales. El chavo del 7 le iba a contestar, pero su mamá le señaló al guarura feo, que le estaba apuntando con una cerbatana, y le dijo “Calladito te ves más bonito”. Y el chavo no tuvo más remedio que sentarse.

Inmediatamente después, el portero hizo una señal, y los guaruras empezaron a  dispersar a los vecinos, diciéndoles que se metieran en sus viviendas y no salieran hasta el día siguiente, a menos que tuvieran una emergencia (Hubo cuatro, debidas a excesos de alcohol). Y el portero se encerró con la Flor (y su prima) a celebrar “el ejercicio democrático que acababa de celebrar”.

Yo no sé qué pensar de todo ésto. ¿A ti qué te parece?

Te quiere

Cocatú

Fecha: 
Viernes, 05 de Julio 2019 - 13:20
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Viernes, 05 de Julio 2019 - 15:35
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Sábado, 06 de Julio 2019 - 04:35
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La inservible Policía Federal

La Policía Federal fue creada mediante la Ley de la Policía Federal que expidió el presidente Felipe Calderón el 1 de junio de 2009. De acuerdo con ella, sus objetivos son: “Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos; prevenir la comisión de los delitos; e investigar la comisión de delitos…”.

Si examinamos las estadísticas resulta más que evidente que la Policía Federal nunca cumplió con sus objetivos porque las tasas delincuenciales están en niveles escandalosos.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo 2009-2018 se cometieron 207 116 homicidios, 80% de ellos “por el control territorial del mercado de drogas”, según el director de la organización Semáforo Delictivo, Santiago Roel.

INEGI reporta que, para el periodo 2008-2017, las tasas de homicidio por cada 100 000 habitantes fueron:

2008: 12.60

2009: 17.50

2010: 22.54

2011: 23.52

2012: 22.18

2013: 19.48

2014: 16.71

2015: 17.16

2016: 20.09

2017: 25.97

 

La Organización Mundial de la Salud define que existe una epidemia de homicidios cuando la tasa de este delito es mayor de 10. De acuerdo a esta definición, México padece tal epidemia desde 1931, que fue el primer año en que se contabilizaron los homicidios. La tasa récord de 67.04 se estableció en 1940 cuando gobernaba Lázaro Cárdenas. Los únicos años en que la tasa se mantuvo por debajo de 10 fueron de 2003 a 2007, es decir, los últimos cuatro años del sexenio de Vicente Fox más el primer año del gobierno de Felipe Calderón.

Nuestro país ha sido siempre muy violento, pero hasta hace pocos años los medios de comunicación no difundían lo que sucedía. Desde que el gobierno dejó de ejercer un control férreo sobre ellos, en 2000, y con la aparición de las redes sociales, los mexicanos nos enteramos de una situación que nuestros ancestros intuían, pero desconocían.

En lo que a los delitos perpetrados desde la creación de la Policía Federal se refiere, las cosas tampoco han marchado bien.

En el periodo 2010-2017, las tasas de incidencia delictiva publicadas por el INEGI, que incluyen todos los delitos perpetrados, indican que entre 3 y 4 de cada 10 habitantes fuimos víctimas de la delincuencia. Las tasas por cada 100 000 habitantes para cada año fueron:

2010: 30 535

2011: 29 200

2012: 35 139

2013:41 563

2014: 41 655

2015: 35 497

2016: 37 017

2017: 39 369

Ahora bien, estas cifras no muestran la realidad porque el 93.2% de los delitos no se denuncian, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, realizada por el INEGI. ¿Quieres saber las tasas reales? Te invito a que uses tus habilidades matemáticas para calcularlas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la Guardia Nacional sí funcionará, a diferencia de la inútil Policía Federal.

Esperemos que así sea.

Mientras tanto, tan solo 810 de los 37 000 policías federales realizan un paro y bloquean calles y carreteras dizque para proteger sus derechos, pero en realidad para crearle más problemas al gobierno de Andrés Manuel.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

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Viernes, 05 de Julio 2019 - 13:00
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Sábado, 06 de Julio 2019 - 09:00
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La PRIvatizacion de la $uprema “Cohorte” de Ju$ticia (*)

La salida de Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero del llamado “máximo tribunal” de Mexico me lleva a varias deliberaciones que me permito compartir en este espacio.

Puedo comenzar por referirme a la farsa insostenible que se empeña en afirmar que en Mexico vivimos un “estado de derecho”.

La “cohorte” se ha distinguido una y otra vez, por darle la razón a Francisco I. Madero que, en su proclama del Plan de San Luis a finales de1910, dijo lo siguiente:

“Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios…”

“…en cambio de esta tiranía SE NOS OFRECE LA PAZ, pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza; porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la Patria, SINO ENRIQUECER UN PEQUEÑO GRUPO QUE, ABUSANDO DE SU INFLUENCIA, HA CONVERTIDO LOS PUESTOS PÚBLICOS EN FUENTE DE BENEFICIOS EXCLUSIVAMENTE PERSONALES, EXPLOTANDO SIN ESCRÚPULOS LAS CONCESIONES Y CONTRATOS LUCRATIVOS…

…Tanto el poder Legislativo como el Judicial están completamente supeditados al Ejecutivo…

La lectura de los documentos fundamentales de la Revolución Mexicana es aterradora porque todo lo que nos dicen, es en realidad EL RETRATO HABLADO DEL MEXICO DE HOY; solo que ahora, a más de 100 años, estamos mucho peor.

¿Cómo puede impartir JUSTICIA una camarilla de privilegiados que, por acatar consignas “de arriba”, perciben un lucro que equivale (nada ma$) a DOCE MIL SALARIOS MINIMOS MENSUALES, en un país poblado por más de 50 millones de miserables en pobreza extrema?

Y esto sin contar todas las prebendas, seguros médicos, choferes, escoltas y demás PRIvilegios que disfrutan a costa de nuestras PRIvaciones…

No puedo dejar de mencionar el MURAL-DENUNCIA de José Clemente Orozco que sobrevive en las paredes del “mausoleo” habitado por LOS ONCE”, DONDE ESTÁ SEPULTADA LA JUSTICIA, PERO NO DESCANSA EN PAZ.

Si de algo podemos estar seguros, es que “LOS ONCE” no se inquietan por el mensaje INDIGNADO de Orozco, que les recuerda la corrupción, la soberbia, la indiferencia y el servilismo que predomina en todo lo que tiene que ver con la “administración de justicia” en Mexico.

Es tal la burla a la Constitución y a las leyes que supuestamente nos rigen, que dan ganas de que los mini$tro$ se quiten las máscaras y los antifaces Y DE UNA VEZ SE PRIVATICE LA JU$TICIA y se le concesione a Sotheby’s o a Christie’s para que LOS JUICIOS SE RESUELVAN POR SUBASTA PUBLICA, Y AL MENOS CON TRANSPARENCIA SE ADJUDIQUEN AL MEJOR POSTOR.

Recién terminé de leer el libro titulado “LOS ONCE”, escrito por el valiente y lúcido ABOGADO MEXICANO, JORGE HUMBERTO PAZOS CHAVEZ, que narra con fundamento, motivación y PRUEBAS FEHACIENTES la denuncia que ese profesionista interpuso ante la Cámara de Diputados para desaforar a “LOS ONCE” por sus gravísimas violaciones a los derechos humanos de ejidatarios y comuneros de San Miguel Tecamachalco, Estado de Mexico, que después de luchar más de 80 años en nuestro inmenso laberinto judicial, ¡FUERON ATROPELLADOS IMPUNEMENTE POR LA SUPREMA COHORTE!

Al fin y al cabo en esta tierra de “PRESUNTOS CULPABLES”, SEGÚN EL CHAPO, ES LA PEDRADA.

Como podrán ustedes adivinar, la “tres veces heroica” Cámara de Diputados, se las ingenió para bloquear el juicio de procedencia.

La misma $uprema Cohorte se lució en su momento, cuando resolvió que LA USURA (intereses sobre intereses) es “la más sana y honrosa practica bancaria”…

¡Qué bien se ve que LOS ONCE no tienen la angustia de perder su único patrimonio amenazados por hipotecas abusivas!

Esa misma “franquicia judicial” se ha permitido decretar que la nefasta COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD debe ser tenida como “AUTORIDAD”, para todo lo que pueda perjudicar a los  usuarios; Y AL MISMO TIEMPO, no debe tenérsele como autoridad,  ¡PARA QUE PUEDA COBRAR impunemente por conceptos duplicados como la famosa “DEMANDA FACTURABLE”!

Si quisiéramos adecuar a la realidad el atuendo con el que se revisten “LOS ONCE” para sus $esione$, A LA TOGA Y EL BIRRETE DEBERÍAN ESTAR OBLIGADOS A AÑADIRLE UN ANTIFAZ, como el que portan los mini$tro$ retratados por el Maestro Orozco en los murales del mausoleo ministerial de la calle de Pino Suarez.

Mucho antes que los maltrechos DERECHOS HUMANOS fueran proclamados en nuestra no menos traqueteada Constitución Federal, el CODIGO CIVIL DE 1928 ya decía en su exposición de motivos lo siguiente:

ESTE CODIGO BUSCA SOCIALIZAR EL DERECHO; ENTENDIENDO POR SOCIALIZAR, QUE EL DERECHO PASE DEL HOMBRE A LA MUJER; DEL PATRÓN AL TRABAJADOR; DEL RICO AL POBRE; DEL FUERTE AL DÉBIL; DE MANERA QUE NADIE QUEDE A MERCED DE LOS PODEROSOS, SO PRETEXTO DE LA LIBERTAD DE CONTRATACION”.

¿Qué sucedió con ese mandamiento social del Codigo Civil de 1928?

Sucedió lo mismo que con todas nuestras otras leyes… excepto, ¡claro está!, la ley de la selva, la  del embudo, la de Herodes y la del menor esfuerzo…

¿La $uprema Cohorte será PRIvatizada?

La inminente llegada del priísta Raúl Cervantes Andrade al “CLUB DE LOS ONCE”, trae a la memoria los fallidos intentos por dignificar e independizar al Poder Judicial Federal.

Hace 11 años, el diputado perredista Rafael Candelas propuso que para aspirar a ser ministro de la Corte, los candidatos POR FUERZA TUVIERAN PREVIA TRAYECTORIA JUDICIAL (como jueces de distrito y magistrados de circuito).

Pero con mayor importancia, QUITABA AL EJECUTIVO LA FACULTAD de intervenir en la elección de ministros del Poder Judicial, pasando esta atribución al pleno de la Corte.

Obviamente fue rechazada, porque de lo que se trata es de repartir Mexico como botín; no se trata de servir a la patria, ni de hacer JUSTICIA.

Más recientemente (en 2014) Gabriel de Jesús Cárdenas (diputado panista) presentó una iniciativa en la que proponía que para poder ser elegible como ministro del “máximo tribunal”, no hubiera participado en grillas ni tenido cargos electorales cuando menos en los 7 años inmediatamente anteriores a su posible designación.

Era un intento por liberar a la Corte de las componendas políticas. Naturalmente, fue abortado por mercaderes del CONGRE$O DE LA UNCIÓN…

En este contexto ¿tiene importancia si PRIÍSTAS como Raúl Cervantes Andrade llegan a la Corte?

Hoy por hoy, NO importa que carezca de carrera judicial.

No importa ni siquiera, si de verdad sabe derecho.

Hoy por hoy, basta que “los once” sepan obedecer lo que se les ordene desde el Ejecutivo, como dijo “hace apenas” 105 años Francisco Madero.

¿Alguna vez lograremos que en Mexico la JUSTICIA no se admini$tre, sino que SE IMPARTA?

Dias vendrán…

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(*) Cohorte. Del lat. Cohors, -ortis.

1. f. Conjunto, número, serie. Cohorte de males; grupo de bandidos y malhechores.

2. f. Unidad táctica del antiguo ejército romano que tuvo diversas composiciones.

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Fecha: 
Viernes, 23 de Octubre 2015 - 17:00
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Día de la Verdad

El 2 de julio pasado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció que le solicitó la renuncia a todos los integrantes de su gabinete legal y ampliado. Explicó después de “hacer una evaluación puntual de todo el gabinete” decidiría con quienes continuaría trabajando. Adelantó que a más tardar el 15 de julio, o sea ayer, anunciaría su decisión.

El anuncio fue bien recibido, por lo menos entre los políticos perredistas que cada vez más critican la labor de muchos colaboradores de Mancera. Opinaron que la decisión del gobernante defeño mostraba que éste por fin se dio cuenta de que en su gabinete hay un buen número de hombres y mujeres que por su mal desempeño contribuyeron a la derrota electoral del PRD en demasiadas delegaciones y distritos electorales en las elecciones del 7 de junio.

Llegó el 15 de julio y Mancera anunció que hoy 16 de julio dará a conocer lo cambios en su gabinete. Así lo dijo: “Hay muchos nombres que se han mencionado, yo no quiero afirmar ni descartar a ninguno, pero los anuncios oficiales los voy a hacer yo, seguramente alrededor de las 13:00 horas”.

Es decir que esta tarde, a esos de las 14:00 horas (Centro), sabremos por fin a quienes se les acepta su renuncia. También conoceremos cuáles funcionarios se quedarán en sus cargos y cuáles cambiaran de puesto.

Desde el 2 de julio se han mencionado muchos nombres, como lo dijo ayer Mancera. Yo insisto en que los siguientes deben irse a su casa sin demora:

El secretario de Gobierno, Héctor Serrano, principal artífice del desastre electoral del PRD el 7 de junio; la secretaria de Desarrollo Social, Rosa Isela Rodríguez, quien algunos aseguran trabajó más para Morena que para el PRD antes del 7 de junio; el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, y el Procurador General de Justicia del DF, Fernando Ríos Garza, corresponsables de la inseguridad que prevalece en amplias zonas de la ciudad; la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, quien desde sus primeros días en el cargo ha generado conflictos para su jefe haciendo declaraciones poco inteligentes; el secretario de Obras y Servicios, Edgar Tungüí, porque el estado físico de la ciudad es deplorable, el mantenimiento de la infraestructura aparentemente inexistente y la obra pública escasa; el director del Metro, Joel Ortega, quien embarcó a Mancera convenciéndolo a que autorizara un aumento de tarifa sin darle absolutamente nada a cambio a los usuarios, no poder controlar al ambulantaje, permitir el deterioro del sistema, no resolver satisfactoriamente los problemas de la Línea 12 y echarle la culpa a otros por todos los males que no ha sabido resolver; y el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, el responsable de que la ciudad se inunde cada vez que llueve.

Esta es mi lista corta de los funcionarios que deben salir del Gobierno del DF. Solo son ocho, pero los defeños nos daremos cuenta de que se ha dado un cambio positivo en nuestro gobierno si son reemplazados por personas que tengan experiencia, talento y ganas de servir.

Hoy es del Día de la Verdad para Miguel Ángel Mancera. Hoy se juega su futuro político. Si de nuevo se equivoca al integrar su gabinete sólo se quedara con las ganas de ser presidente porque su buena estrella resultará haber sido fugaz.

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Fecha: 
Jueves, 16 de Julio 2015 - 12:00
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Una partidocracia sin ciudadanos

El poder adquisitivo de todos los Mexicanos ha sufrido una fuerte contracción en los últimos 50 años. Entre otras razones podemos afirmar que la desigualdad social y la conveniente distracción de los partidos para servirse, ha ido en contra del sentido del empleo y a favor del deterioro del salario. Cuando se trata de mejorar las condiciones económicas del país y de sus ciudadanos, los partidos tienen una creciente deuda histórica determinada desde su poca calidad y ausencia de vocación de servicio. Este olvido del ciudadano ha terminado en el enojo de quienes votan, pero sobre todo ha creado una burbuja tóxica en el ambiente que impide crear más empresas productivas que a su vez mejoren las condiciones laborales y el sentido de la calidad de los salarios.  

La brújula extraviada de la partidocracia ha creado nuevos procesos macro económicos discontinuos y bizarros. La mitad de la economía de México por ello se ha fragmentado, en el mejor de los casos, en actividades de formalidad cuando se halla bajo normas y estructuras legales; pero con también esta otra mitad basada en la informalidad cuando esas mismas actividades económicas se hallan al margen de los impuestos y de las obligaciones fiscales y, más recientemente, un nuevo formato: ilegalidad, cuando entidades dedicadas a obtener ingresos desde sus actividades fuera de la ley ingresan cuantiosos recursos que distorsionan la dinámica económica del país y la relación patrón-asalariado.

Pudiese darse el caso que más del 30% de los oficios y empleos temporales en algunas zonas del país obtengan su remuneración sirviendo a patrones erigidos dentro la economía ilegal. Este sería el caso tal vez de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Tamaulipas, estados cuyos tentáculos de los negocios ilegales han trascendido el estado de derecho y superado a las autoridades. Esta mezcla perversa de recursos y necesidad de empleo habría creado sistemas económicos cerrados. Por poner un ejemplo, el caso de Michoacán, en donde hay que entrarle además de los impuestos al derecho de piso y a la extorsión política en algunos de sus municipios.

¿Cómo arreglar una economía cuyos empleos dependen de la ilegalidad? Este es el gran asunto de los partidos, su deuda ciudadana producto de su falta de oportunidad para legislar en el sentido correcto pero sobre todo de su indiferencia a la contaminación de colegas, candidatos y gobernantes coludidos con caciques ilegales que exigen moche a quien sea, pero que recíprocamente lo comparten con el mismo sistema político creando más ilegalidad y cochinero a su paso, haciendo más grande la roncha de la contaminación y la desigualdad.

Esta partidocracia promotora de la ilegalidad y la impunidad con fuero, explicaría porque los partidos se han puesto en la mira del exterminio con las candidaturas independientes patrocinadas por el poder del voto auténtico y libre. Los ciudadanos están francamente cansados de promesas incumplidas y de la falta de compromiso de quienes pretenden un cargo de elección.

Bendita falta de memoria dirán para sí mismos los partidos. Ello hacia el 2018: si la economía crece los ciudadanos se calmarán. El caso es que la economía no crece por lo pronto y los ánimos no favorecen a este actual sistema de partidos.

Este olvido es veneno para los empleos legales, el salario justo, la buena educación gratuita y la justicia social.  Los partidos han creado una discontinuidad de la economía en el tiempo, en donde no es posible que quienes velan por las leyes sean precisamente quienes se corrompen creando un estado de derecho para unos y otro sistema “buena onda” al margen de la ley.

Tal vez los partidos se han quedado sin ciudadanos sencillamente porque ya no gobiernan más para ellos. Quizá no tiene sentido gastar miles de millones cada año en ellos y lo que sigue es un ajuste a su sistema de financiamiento y a sus prerrogativas. Deben ser sancionado por el INE aquellos partidos que se someten, que se ponen al servicio de la ilegalidad. No se puede servir a dos dioses: o se sirve a la democracia de México o sirve al color de la corrupción y de la impunidad. 

Fecha: 
Lunes, 01 de Junio 2015 - 16:30
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El caso Christopher y la Justicia Juvenil

El caso de Christopher Márquez Mora, niño de 6 años quien fuera asesinado por cinco menores (niños y adolescentes) en la Ciudad de Chihuahua, México, en realidad ha planteado un debate falaz, ha servido para colocar en la mesa un pseudo-problema, una especie de necesidad de “replantearnos” la justicia para menores y difuminar la distancia entre las penas para adultos y niñas, niños o adolescentes.

Nos encontramos ante la utilización populista del derecho penal como respuesta a una problemática que paradójicamente no está en el campo del derecho, sino en la profundidad de los problemas socio-culturales del México contemporáneo. ¿Cómo podrían las autoridades de un país combatir los niveles de violencia sino empiezan por disminuir sus propios estándares de ejercicio de la violencia punitiva?

No existe hoy en día evidencia empírica que pueda concluir que la imposición de penas altas o el juzgamiento de menores con los mismos estándares de dureza que la justicia para adultos, hayan reducido los niveles de violencia o de incidencia delictiva. La razón del fracaso de las políticas que incentivan la imposición de altas penas, se encuentra en que el diagnóstico del problema ha sido errado, es decir, la violencia social no encuentra su solución en el derecho, sino en la construcción de políticas públicas interdisciplinarias.

La posición que tiene que adoptar el Derecho Penal con respecto a los problemas de criminalidad debe ser excepcional y debe ser tendencialmente humanizado, esto es, deben aplicarse estándares de derecho penal mínimo que se orienten hacia la reducción de la pena con la intención de paulatinamente abolirla. Según el principio de intervención mínima, el Derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito).

Ahora bien, cuando quien es juzgado penalmente es un niño o adolescente, éste se encuentra en una posición especial de garantía por parte de las autoridades de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y con instrumentos internaciones en materia de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño.

La respuesta estatal frente a niños que están siendo juzgados en un proceso de justicia juvenil debe responder a los derechos específicos de esos niños así como a las protecciones particulares que les corresponden por ser personas menores de edad. De acuerdo con las normas y estándares internacionales sobre la materia, los Estados deben reservar el uso de la privación de la libertad como un último recurso (principio de excepcionalidad), y tener a disposición medidas alternativas a la privación de libertad. 

El sistema de justicia juvenil debe además tener consideración especial con respecto a la proporcionalidad y la duración de las penas, sean éstas privativas o no privativas de libertad.  Más aún, las penas que constituyen tratos crueles e inhumanos, particularmente las que incluyen castigos corporales, resultan inadmisibles a la luz del derecho internacional de los derechos humanos[1].

Cuando las autoridades de un país, en estricto respeto de los principios de excepcionalidad y proporcionalidad de la pena, decidan imponer a un niño una medida de privación de libertad por haber infringido una ley penal, debe además asegurar que esa medida tenga un plazo máximo de duración, el que deberá ser razonablemente breve. Asimismo,  La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 37[2],  prohíbe expresamente la determinación de penas capitales y de prisión perpetua sin excarcelación.

En este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  y el Comité de los Derechos del Niño[3]  han reiterado que las penas excesivamente largas en el caso de personas menores de edad atentan contra el principio de brevedad consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y contra las protecciones especiales a las cuales los Estados se encuentran comprometidos de conformidad con el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  Además, este tipo de penas resultan incompatibles con los objetivos de las penas de la justicia juvenil.

En suma, los estándares y garantías con que deben ser juzgados los menores involucrados en el caso Christopher quedan fuera de dudas, sin embargo es fundamental reflexionar para reconducir la discusión, misma que ha sido formulada en un escenario equivocado. Las respuestas a la problemática de violencia que ocurre en este tipo de casos no se encuentran en el derecho penal sino en los profundos problemas socio-culturales por los que pasa nuestra sociedad. El problema de dar diagnósticos equivocados puede redundar en consecuencias funestas. Los discursos incendiarios y desproporcionados en torno a este caso solo provocarán la deshumanización de una sociedad que en vez de exigir elemental justicia clama una venganza irracional.

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[1] Véase Informe “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

[2] El artículo 37, inciso a) de la Convención sobre los Derechos del Niño expresa que: “Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad”;

[3] El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes (entre ellos México). 

Fecha: 
Jueves, 28 de Mayo 2015 - 16:30
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Cómo va el combate antisecuestro. La situación de Über y Cabify. El escándalo de Lorenzo Córdova

Renato Sales Heredia, el Coordinador Nacional Antisecuestro, nos informa cómo va el combate al secuestro; sus logros y pendientes. Rufino H. León Tovar, Secretario de Movilidad del GDF, nos pone al día sobre la situación de Über y Cabify en la Cd de México. Josephine Ruiz-Healy nos explica que es la apnea del sueño y cómo afecta a quienes la padecen. En el estudio me acompañan Mariana Campos y Bernardino Esparza y comentamos sobre Lorenzo Córdova; la opacidad de los gobiernos de los estados que este año elegirán gobernador; el nuevo sistema de impartición de justicia.

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Fecha: 
Jueves, 21 de Mayo 2015 - 19:30
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Mi programa:

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¿Por qué la ciudadanía no cree en los partidos políticos, la política ni en sus políticos?

Las democracias contemporáneas se encuentran articuladas bajo tres componentes sustanciales: la ciudadanía, los derechos humanos y los partidos políticos. Hoy en día la idea de democracia es difícil concebirla sin alguno de estos elementos.

En particular, los partidos políticos desempeñan dos papeles centrales en una democracia: por una parte, una función social como responsables de la estimulación de la opinión pública y la socialización de la política, y por otro lado, una función institucional como parte instrumental de la conformación de los órganos del estado y el poder público[1].

Sin embargo, hoy en día está extendida la sensación de descredito y de un déficit de confianza por parte de los ciudadanos con respecto a la política, los políticos y los partidos políticos.

Si bien es cierto, existen problemas sistémicos -estructurales, como la corrupción, la opacidad, el déficit en el funcionamiento de las instituciones democráticas, etc.- que hacen que crezcan los índices de desconfianza en los políticos, los partidos políticos y los políticos por parte de la ciudadanía, existen otras razones de carácter filosófico- político que explican este fenómeno de desesperanza con todo lo relacionado con la política. 

El debate público de nuestras sociedades no está funcionado óptimamente hoy en día. Existe un cierto vacío en la vida pública, mismo que explica el por qué en las sociedades democráticas occidentales existe una frustración generalizada. La razón fundamental de esa frustración tiene que ver con el poco o nulo caso que los políticos, los partidos políticos y la política hacen de las grandes e importantes preguntas relacionadas con el significado y el propósito de nuestras vidas colectivas, así como del contenido mismo de nuestros derechos. No se abordan discusiones sobre la importancia de construir valores asociados a la virtud cívica de la ciudadanía o el bien común.

En esta línea, cabe preguntarse: ¿Por qué los políticos no quieren debatir sobre estas cuestiones fundamentales?. Desde mi punto de vista, hay dos posibles respuestas. Por un lado, desde la década de los años 80s, los políticos han profesado una especie de  “fe en el mercado”, o “triunfalismo de mercado”[2],  esto es, los valores asociados a las economías de libre mercado que estimulan el individualismo son suficientes para generar justicia social.

Se piensa que el trabajo como premisa fundamental para obtener ganancias nos hace irremediablemente libres, independientes, estables económicamente y que, como consecuencia de todo ello, se articularán sociedades más justas y democráticas. No existía debate alguno sobre las cuestiones fundamentales asociadas a la justicia, la ética y los derechos humanos.

Ahora bien, una segunda razón del por qué es casi inexistente la discusión a fondo sobre estas cuestiones, tanto en la política como en los medios de comunicación, es que a menudo los políticos evitan el debate por considerar que estas interrogantes sobre la buena vida o la moralidad son políticamente arriesgadas.

Desde luego, en las sociedades caracterizadas por el pluralismo existen marcados desacuerdos acerca de las cuestiones morales, acerca de cuál es la mejor manera de vivir, y el contenido propio de nuestros derechos. Sin embargo, temas fundamentales como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parejas del mismo sexo, la muerte asistida (eutanasia), la distribución de los ingresos y la riqueza, cuestiones de bioética, etc., son temas que deben necesariamente ser debatidos en la arena pública.

Ante este escenario, los partidos políticos, la política y los políticos han tenido la tendencia a simplificar los problemas posicionándose en la “neutralidad” o, peor aún,  articulando discursos que justifican su no intervención esgrimiendo razones que intentan pasar estos asuntos como “no importantes”.

En suma, en democracia no sólo es importante el debatir públicamente sino decidir cuáles son aquellos temas que se deben debatir. Resulta imperativo que los políticos empiecen a cambiar las posiciones neutrales y pongan en el escenario del debate público las cuestiones más importantes sobre el contenido de nuestros derechos, la ética pública y del cómo construir de mejor manera una sociedad que sea capaz de discutir estos temas sin ruborizarse, aún  y cuando existan profundos desacuerdos razonables sobre estos.

De conseguirse lo anterior, la ciudadanía, los políticos, la política y los partidos políticos darían un ejemplo claro de que cómo en las sociedades democráticas es posible confrontar y debatir aquellas cuestiones fundamentales sobre nuestra vida con discursos morales razonados.

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[1] Cárdenas Gracia, Jaime F., Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.

[2] Sandel, Michael, Justicia: ¿hacemos lo que debemos?, Debate, Madrid, 2011.

Fecha: 
Jueves, 14 de Mayo 2015 - 18:00
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Justicia cotidiana: apuesta por la cultura de la legalidad

La justicia cotidiana la conforman los mecanismos (instituciones, procedimientos e instrumentos) que permiten dar solución a los conflictos que ocasiona la convivencia diaria, resume el documento que el CIDE entregó esta semana al presidente Enrique Peña. El trabajo forma parte del decálogo presidencial para enfrentar la matanza en Iguala y la crisis de confianza ocasionada por el conflicto de interés en que presuntamente incurrieron el mismo presidente y su secretario de Hacienda por las casas que obtuvieron de uno de los contratistas más favorecido por el gobierno federal. El alcance de este ámbito de la justicia incluye a las materias civil, familiar, laboral, administrativa y de proximidad. Excluye a la esfera penal. El objetivo es que se cumplan los acuerdos entre las personas, y si no honran sus compromisos que haya consecuencias. De ese modo se combatirá la cultura de la impunidad.

¿Por qué es importante la justicia cotidiana? El documento lo precisa bien: “Un sistema de impartición de justicia que funciona bien permite (...) que las personas recobren la confianza tanto interpersonal como en las instituciones, que encuentren respuestas adecuadas a sus problemas y faciliten la salida de la informalidad y la marginación jurídica”. Hago énfasis en esto que señala el CIDE: la ausencia de la ley en la convivencia cotidiana tiene múltiples efectos negativos, que se manifiestan como corrosión de las relaciones sociales: si los conflictos entre comunidades y vecindarios no se resuelven cunde el resentimiento, se obstruye la colaboración y se socava la convivencia pacífica. El resultado son la abulia y la apatía. Cuando la colaboración se dificulta, languidecen los proyectos comunes y se aplaza el progreso.

La aplicación de la ley restablece, pues, la confianza social, la colaboración y la buena vecindad. Es, en consecuencia, un instrumento crucial para regenerar el tejido social y garantizar la convivencia armoniosa. En este mismo sentido, cuando la ley es la medida de la convivencia cotidiana, se impone el principio del respeto a lo ajeno, al otro, a lo diferente: es el cimiento de la pluralidad, que es una de las condiciones para una democracia vigorosa. De manera simultánea, y no menos importante, es que genera una nueva cultura de rechazo a la impunidad, es decir, la sociedad se vuelve intolerante al incumplimiento de las normas legales. Aquí están las ventajas. Pero implementar el proyecto tiene costos. Veremos de qué tamaño es el compromiso del gobierno federal para impulsar la justicia cotidiana en el próximo presupuesto de 2016. Así que la pelota está en su cancha.

Fecha: 
Jueves, 30 de Abril 2015 - 19:00
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Guerrero: a siete meses de Iguala

Este domingo se cumplieron siete meses de la desaparición y muerte de alumnos de la normal Raúl Isidro Burgos en la ciudad de Iguala, Guerrero. De acuerdo a diarios del estado, más de mil 200 personas marcharon en Chilpancingo, partiendo del monumento “El Caballito” ubicado en avenida Insurgente, para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos que consideran desaparecidos.

Conforme a estas mismas fuentes, la marcha fue convocada por el llamado grupo radical de la CETEG, que dirige Antonia Morales, líder de la coordinadora en Chilpancingo, quien es opositora al secretario general de esa organización, Ramos Reyes Guerrero. Al terminar la protesta, quemaron frente al Congreso local seis camionetas de empresas repartidoras de productos. Esto motivó que elementos de las fuerzas de seguridad se desplegaran para evitar más hechos vandálicos. Luego de varios choques, los manifestantes se retiraron. No se han registrado heridos.

En la ciudad de México la marcha fue mucho menos numerosa que en otras ocasiones. Lo más notable fue que algunos padres y alumnos de la Normal Rural colocaron un antimonumento en el camellón de Paseo de la Reforma y Bucareli, en honor a los 43 normalistas desaparecidos. Los manifestantes han solicitado al GDF respetar el citado antimonumento por Ayotzinapa.

A diferencia de las movilizaciones pasadas, esta XI Acción Global por Ayotzinapa careció de una gran convocatoria. En las plataformas sociales se colocaron tres Trending Topic los cuales no tuvieron los mismos alcances que en otros momentos. Varias organizaciones sociales han solicitado al gobierno federal que declare el caso como desapariciones forzadas, pero hay resistencia en las esferas gubernamentales. El caso tendría otra connotación.

Por otro lado, los familiares de los desaparecidos y sus aliados no reconocen la posibilidad de que casi todos los responsables de aquella acción se encuentren ya presos y culpan al propio presidente Peña Nieto, aunque no hay una sola evidencia de que autoridades federales estén implicadas. Muchos de los aliados a la causa de Ayotzinapa están utilizando el caso políticamente para su propia agenda, pero en democracia esto vale.

Luego de siete meses, el 26 de septiembre de 2014 está en vías de convertirse en una fecha simbólica, pero sin gran fuerza política. El gobierno federal paga su lenta respuesta en el caso y no considera que fue desaparición forzada, que lo fue. Los padres de familia están reacios a reconocer que se ha hecho justicia, al menos en los responsables directos. López Obrador y el PRD escurren el bulto de su responsabilidad y si la flaca memoria colectiva se los permite, le endilgarán el hecho atroz al gobierno de Peña Nieto. 

Fecha: 
Lunes, 27 de Abril 2015 - 18:00
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