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Oceanía… choque de trenes

El 4 de mayo pasado ocurrió un choque entre dos trenes en el metro de la ciudad de México, específicamente en la estación Oceanía de la Línea 5. Pasaron casi 40 años desde que ocurrió un accidente en ese sistema de transporte –lo cual habla bien de su nivel de seguridad-, sin embargo, este accidente parece destapar una nueva cloaca acerca de lo mal que se hacen las cosas en nuestro país sin importar poner en riesgo a los usuarios y sin buscar soluciones a fondo. Me explico.

El primer accidente ocurrió en octubre de 1975 en la estación Viaducto de la Línea 2, y según se dice, fue fraguado como un alcance menor para forzar al gobierno de la ciudad para comprar un sistema de seguridad automatizado pero el plan se salió de control, terminando en un choque entre dos trenes en el que hubo 31 muertos y más de 70 heridos, lo que obligó –mediante orden presidencial- a una rápida y mal hecha investigación en la que se fueron por lo más simple: culparon al chofer del tren que alcanzó y lo condenaron a doce años de prisión. En este caso pasa algo similar.

El choque se dio en plena estación Oceanía, donde se encontraba aun un tren detenido porque al tratar de avanzar el conductor detuvo la marcha al ver una lámina en las vías, la cual reportó al centro de control para que cortaran la energía y retirarla sin obtener respuesta. A la estación Oceanía (que está a nivel de calle) se dirigió un tren desde la estación Terminal aérea (que es subterránea), la lluvia caía a plomo y de acuerdo con el conductor de este tren, avanzaba a ciegas porque su limpiador de cabina ¡no funcionaba!  ¿Cómo es que sacan a rodar un tren sin limpiador en días de lluvia plena? El caso es que antes de llegar a Oceanía el tren desciende en pendiente por el Boulevard Puerto Aéreo desde el Cerro del Peñón. De acuerdo con el chofer, al ver al tren en la estación aplicó el freno de emergencia, pero tampoco funcionó plenamente –lo que se afirma también se había reportado-, lo que aunado a la cantidad de agua que caía del cielo, propició que el tren se deslizara hasta la estación y chocara con el otro tren. Afortunadamente el chofer se lanzó al andén antes del choque y a pesar de lo aparatoso de las consecuencias físicas del encontronazo, no hubo muertos, solo 12 heridos que fueron atendidos con premura.

La investigación posterior se dio con prontitud y dejó en claro una serie de contradicciones que inquietan, por decir lo menos. La versión oficial dice que la culpa es del chofer que alcanzó –como en el accidente del ´75- y del encargado de monitorear los trenes en el centro de control, además de que la pendiente previa a la estación Oceanía tiene demasiada inclinación y debe ser corregida –la pendiente existe desde que se inauguró la línea hace casi 34 años y nunca se vio como un problema-, además de señalar que la comunicación con el centro de control funcionaba normalmente. Pero la versión de los choferes involucrados y otros trabajadores es que ese día se les informó que la comunicación con el centro de control estaba fallando, que el tren que alcanzó era reconstruido con partes de diferentes modelos de tren, que había presentado ya varias fallas reportadas –incluyendo de frenos- y que aun así estaba trabajando transportando usuarios. Además se evidenció que el Director del Metro del DF, Joel Ortega, no sabía ni siquiera cuantos años tiene la Línea 5. Ahora el sindicato exige la renuncia de Ortega y el retiro de servicio de los trenes que presentan fallas.

Como se puede ver, la versión oficial genera dudas, ya que las razones no oficiales son más creíbles. Si la pendiente es tan peligrosa, ¿por qué nunca antes generó algún problema para los trenes? Si la comunicación con el centro de control era buena, ¿por qué ambos conductores señalan que no era así? Si el tren estaba en buenas condiciones, ¿por qué medios como el periódico El Universal hablan de fallas constantes reportadas en las bitácoras de las semanas previas? ¿Es cierto que a pesar de que ya había llovido muy fuerte por demasiados días permitieron circular a un tren con el limpiador descompuesto? Difícil encontrar la verdad, ya que se sabe de los constantes piques entre el sindicato y los directivos del metro.

El asunto más importante es la duda que se ha sembrado y que definitivamente tiene campo fértil para florecer: ¿Qué tan seguros son los trenes que transportan a millones de capitalinos en el Metro de la Ciudad de México? ¿Hasta qué punto el STC ha preferido utilizar trenes con fallas medianas y menores a verse superado aún más por la demanda de pasajeros? ¿Cuál es el riesgo real de viajar en el metro capitalino? Está por verse el final de este asunto, no creo que pare en la mera versión oficial, aunque también es probable que pasadas unas semanas el mexicanísimo olvido le dé carpetazo al asunto, por lo menos hasta que se presente otra situación similar, en cuyo caso se repetirán muchos argumentos y muchas quejas que igualmente repetirán destino.

Otro vistazo.

No se necesita ser especialista, solamente tener un mínimo de sentido común. Si alguien demanda desde EUA o donde sea que x persona que encontró en Facebook es su hijo robado hace diez años, lo menos que se puede pedir son pruebas, empezando por la más simple y tan popular en estos días: una prueba de ADN ¡Pero no! En este país alguien dice que x persona es su hija, le notifican a un juez –o en este caso, jueza-, y sin más nada – o quién $abe-, ella manda que la adolescente sea capturada y entregado a quien lo identifica como su hija sin mayor averiguación. ¡Y en esas manos estamos! Obvio, nadie ha sido responsabilizado de la metida de pata, es más, se reanudó el proceso ¡teniendo a cargo a la misma juez que cometió las pifias! Esto colabora a nuestra poca honrosa posición en el ranking de los países con mayor impunidad, donde somos el segundo lugar de acuerdo con un estudio de la Universidad de las Américas de Puebla. Penoso. El país de no pasa nada.

Fecha: 
Lunes, 18 de Mayo 2015 - 16:30
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El vuelo de Alondra y el silencio del gobierno

El jueves 16 de abril, una menor de 14 años de nombre Alondra Luna fue sacada con violencia de la escuela telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en Guanajuato, por agentes de la Policía Ministerial Federal y la Interpol. Testigos de los hechos confirman la rudeza y la intimidación de la que fueron objeto por parte de elementos de seguridad. Se trató en los hechos de un secuestro, pero fue en cumplimiento a una resolución de la jueza federal en Michoacán, Cinthia Mercado García, quien ordenó entregar a la adolescente a Dorotea García, una mujer residente en Houston, Estados Unidos, quien aseguró que se trataba de su hija, la cual le fue arrebatada hace nueve años.

El caso ha concluido felizmente con el regreso de Alondra a su hogar en Guanajuato, con sus verdaderos padres, luego de comprobarse mediante un análisis de ADN hecho en los Estados Unidos que no se trataba de la joven buscada por Dorotea García.

A pesar de esto, alarma casi todo lo relacionado con este caso. En primer lugar, la decisión de la jueza Mercado de dar por hecho que Alondra era la niña buscada y en consecuencia ordenar su forzoso traslado, sin haber realizado los exámenes de ADN correspondientes. Alarma que cuando los angustiados padres llevaron pruebas documentales y testimonios de la identidad de Alondra les fueron rechazados e incluso los amenazaron con llevarlos a la cárcel por secuestro. Alarma que la PGR, también sin mayores pruebas, haya emitido el 20 de abril un comunicado que subrayaba que habían “recuperado” a la adolescente y “ya estaba con su madre”, refiriéndose a Dorotea García.

Los padres han señalado que estudiarán las acciones legales a tomar en contra de las autoridades que participaron en estos hechos. Por su parte, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México ha pedido que se sancione a la jueza y a los agentes que intervinieron en la sustracción. De igual manera, la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos ha iniciado una investigación sobre el tema.

Todo este caso se constituye en un tremendo abuso de autoridad y revela la indefensión de muchos sectores de la población. También revela que las autoridades federales no tienen protocolos claros para actuar en estas situaciones. Aunque el error original fue de la jueza Mercado, la PGR y la Cancillería acompañaron esta metida de pata. Hasta el momento, ni la funcionaria judicial ni los organismos del gobierno federal que intervinieron han reconocido que se equivocaron en su método. Tampoco han pedido disculpas ni han señalado que revisarán los protocolos para casos similares. De nuevo se apuesta a que el tiempo se lleve los errores. Mala apuesta. 

Fecha: 
Jueves, 23 de Abril 2015 - 17:00
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Observatorio ciudadano: El valor de Aristegui

Podrá o no gustarnos el estilo periodístico de Carmen Aristegui, pero hay que reconocer que es una periodista con arrojo, algunas veces al grado de la temeridad. De alguna manera, es lo que le ha ayudado a forjarse una carrera de muchos años en los medios, y un público que le es fiel.

Pero el valor al que me refiero en el título de esta colaboración es el comercial. No es peyorativa esta expresión ni pretendo denostarla, simplemente es señalar el peso que puede tener en el mercado del periodismo y la información. Y sí, estoy convencido que el valor de su fuerza de trabajo se cotiza alto, muy alto.

Como ha venido evolucionando, el conflicto MVS con Aristegui apunta en una sola dirección: los intereses de ambas partes son irreconciliables. De hecho, eran insuperables desde el anterior conflicto en el que la periodista salió del aire por unos días y con éste, la situación se ha tensado a tal grado que no es sano para nadie (incluyendo al público), que Aristegui regrese.

En los últimos meses de su trabajo en MVS, la periodista se presentaba con el slogan “Más libre que nunca”, lo que en sí mismo tiene un filón de análisis y reflexión importante y que a estas alturas adquiere una connotación de trascendencia.

Las expresiones de la propia Aristegui tras su salida de mediados de marzo, fijaron la ruta del conflicto, misma que acaba de arribar a un puerto firme: el judicial. La guerra que prometió la periodista acaba de exponer el primer ataque de la contienda, con el amparo concedido hace unos días.

En los resolutivos del amparo 672/2015 promovido por la propia Aristegui, el juez octavo de distrito en materia administrativa ordena dejar sin efectos los lineamientos impuestos por la empresa y eventualmente puede determinar la reanudación de las transmisiones del noticiero comandado por Aristegui.

De esto se desprenden dos escenarios posibles: la liquidación conforme a derecho de la relación contractual, acordada entre las partes, y segunda, la que en su caso ordene la autoridad jurisdiccional, reabriendo los micrófonos de MVS a Carmen Aristegui.

Seguramente el contrato que media entre la empresa y la periodista, estipula los casos y sanciones para las partes en virtud de la terminación anticipada y unilateral del mismo. En este sentido me queda claro que, de acuerdo a la información que ha trascendido, MVS tendrá que compensar económicamente a Aristegui. El monto interesa sólo a ellos.

El segundo escenario es el más trascendente, por los alcances que en términos de la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo implica. Si la queja inicial de Aristegui ha sido el atentado a la libre expresión, justo cuando se decía más libre que nunca, cómo explicará –llegado el caso- que regrese a una empresa o espacio que no respeta el ejercicio del periodismo que ella hace.

Se esperaría que con la bandera que enarbola de profesionalismo, objetividad, imparcialidad y ética profesional, la periodista hiciera valer la cláusula de conciencia, dando por terminada su relación con la empresa. Sería su victoria y con ello el triunfo de la actividad periodística en general, de lo contrario, si Aristegui toma los micrófonos de MVS, dejará ver que el trasfondo del conflicto se reducía a pesos y centavos.

Fecha: 
Sábado, 18 de Abril 2015 - 10:00
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¿También gozamos del derecho a manifestarnos?

En este mismo espacio escribimos en relación al derecho a moverse y reglamentar las marchas en el DF. En tal contexto, apuntaba que los capitalinos estamos cansados del cierre al paso vehicular de las avenidas y calles de la ciudad; Insurgentes, Reforma, Tlalpan, y/o Periférico entre otras tantas calles. El motivo es por las manifestaciones públicas a cualquier hora del día. No hay día que puedas circular libremente y por ende llegar a tu destino a la hora programada.  

Las marchas, mítines, toma de instalaciones (plazas públicas), plantones, y más y más y más manifestaciones, es y será la bronca a resolver de todos los días para miles de capitalinos en la Ciudad de México.

Se nos dice, según por datos de los representantes de las cámaras de comercio del DF, de pérdidas millonarias, entre otras, tales como por el número de horas que dura una marcha, las cifras en pérdidas económicas aumentan: los negocios pierden 340 millones de pesos cuando dura de dos a tres horas; 575 millones de pesos cuando es de cuatro a cinco horas; y, 937 millones si dura más de cinco horas.

En la búsqueda de cifras relacionadas con las movilizaciones, se nos dice, también, que por ejemplo, se registraron 7,319 movilizaciones en 2012 y 7,910 en 2013. Sobre conteos del 2014 aún no se conocen datos.

No obstante, continuarán las marchas en la Ciudad de México, no importa por parte de los quejosos que presenten inconformidad ante los jueces por leyes que se presume atentan contra su derecho a la manifestación. 

Y, más aún, cuando se nos comenta que la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa del DF, declaró la inconstitucionalidad de tres artículos de la nueva Ley de Movilidad del Distrito Federal aprobada en julio de 2014, por la Asamblea Legislativa.  

Así es, al menos eso se nos dice, que la resolución de la Juez Paula María García Villegas Sánchez Cordero encontraba sustento porque la libertad de expresión y de asociación no dispone de límites, es decir, que las manifestaciones son públicas, y por tanto, es la herramienta de dichas libertades, y como tal, es un derecho fundamental, y es para vigilar y denunciar las violaciones a derechos humanos. 

De la misma forma nos dicen, que el veredicto establecía que los siguientes artículos no se podrían aplicar en dicho ámbito de las manifestaciones: 

“Artículo 212.- Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación publica, de los grupos o individuos den aviso.

Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea perfectamente licita y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé aviso por escrito a Seguridad Publica, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma.

La Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá informar a la población a través de los medios masivos de comunicación y medios electrónicos, sobre el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren de forma momentánea, transitoria o permanente la vialidad. Asimismo, deberá proponer alternativas para el tránsito de las personas y/o vehículos”.

“Artículo 213.- Los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social que se efectúen en la ciudad, podrán utilizar las vialidades salvo las vías primarias de circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para conectarse entre vialidades o cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea”. 

“Artículo 214.- Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua, apegándose a lo dispuesto por la normatividad aplicable.

Los lineamientos referentes a este capítulo, se establecerán en el Reglamento correspondiente”

Estimado, lector, con ello no termina el asunto, pues al parecer el Tribunal Colegiado encargado de revisar la decisión de la Juez, no acepta su decisión.  

En todo caso, porque quienes se manifiestan en la vía pública amparados en su derecho, en su libertad de expresión y manifestación de las ideas, no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, y lo podrán hacer siempre y cuando no se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites determinados y directamente especificados en la Constitución. 

Al menos, así lo concede el texto constitucional y los criterios del Poder Judicial, con fijar los límites a la manifestación de las ideas, a fin de no invadir los derechos y libertades que todos tenemos, por ejemplo, con nuestra libertad de tránsito.

Así que, querido lector es correcto los derechos humanos, los derechos señalados en la Constitución, son derechos para todos, pero, pero, pero, también existen límites, claro, claro, claro, en el sentido que ya referimos.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Jueves, 04 de Diciembre 2014 - 18:30
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