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josé luis abarca

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¡Claro que fue el Estado! (lo declara el Estado)

Ha quedado oficialmente confirmado por la PGR: fue el Estado el que desapareció a 43 una noche en Iguala. Eso se infiere cuando el poder máximo del Estado —el gobierno federal— saca una investigación del ámbito criminal y la pasa al de los derechos humanos. Si los particulares vulneran los derechos humanos se les llama delitos, pero si hace lo mismo una autoridad de cualquier nivel se habla de derechos humanos.

En la PGR la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) investigaba los delitos cometidos en Iguala y Cocula el 26 de septiembre de 2014, alcanzó conclusiones, consignó a 111 personas y busca a más. Pero de repente intervino desde allende el Bravo la activísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que había enviado al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), cuya principal aportación ha sido descalificar la casi concluida investigación de la PGR. La CIDH se fue de frente y logró que la PGR sacara el caso de la subprocuraduría investigadora de delitos.

La cosa estuvo así. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ojo con las fechas: en política las casualidades no existen) llegó a México justo en el aniversario de los sucesos de Iguala, y el mismísimo 2 de octubre presentó unas observaciones sobre los derechos humanos en México. Allí dijo literalmente que la PGR “debe adoptar en forma urgente las siguientes medidas fundamentales e indispensables: pasar la responsabilidad de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad…” y otras cosas, todas perentorias para la PGR y poniéndose a las órdenes del GIEI: designar un nuevo fiscal especial, sustituir del todo al equipo que investiga el caso reorientándolo según lo ordenado por el GIEI, y que el GIEI tenga facultades para entrevistar a todo el mundo, incluyendo a militares. Todo bajo el GIEI; es decir, todo bajo la CIDH; es decir, todo bajo Emilio Álvarez Icaza, su secretario ejecutivo.

Dijo con razón doña Isabel Miranda de Wallace: “Si es cierta la afirmación del GIEI, al señalar que el motivo del ataque a los 43 estudiantes tuvo que ver con drogas, estamos ante un delito y no ante un problema de derechos humanos, por lo que el organismo internacional competente sería la Oficina contra la Droga y el Delito perteneciente a la ONU, y no a la CIDH”.

Clarísimo. Pero si la CIDH ordena a la PGR que se vaya a derechos humanos un caso que su propio GIEI identificó como asunto criminal de narcotráfico, lo convierte en asunto político. Habrá en la CIDH un gato encerrado muy pero muy político, ¿o no?

Ni modo. El gobierno federal se hizo chiquito cuando se plegó a la exigencia de sacar todo de la SEIDO. Se rindió a ese individuo de mirada torva y ligas y agendas más que sospechosas llamado Emilio Álvarez Icaza, cuya larga invectiva llena de verdades y medias verdades y plagada de corrección política critica la situación de los derechos humanos en México, incluso mencionando 1968 en Tlatelolco y la “guerra sucia”. Con esos estándares, bien haría dicha comisión en atacar la situación de derechos humanos en Estados Unidos por el asesinato de Martin Luther King en 1968. El caso es que el poder máximo del Estado se arrodilló.

Marcador en la contienda

Estado mexicano y Enrique Peña Nieto: 0 (y menos cero)
Emilio Álvarez Icaza y su CIDH: 1 (y mucho más)

Hay otros problemas. La PGR no deja de decir que la investigación nunca se ha cerrado pero la Ley Orgánica de la PGR no asigna funciones de investigación de delitos a la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Palabra que no entiendo. A menos que Aristóteles estuviera loco, se deducen lógicamente varias cosas:

1. La PGR reconoce que el Estado mexicano efectivamente fue el culpable de ataques gubernamentales a los derechos humanos (no ya delitos) esa noche en Iguala. Y no el Estado de Guerrero sino el federal, pues allí está la PGR.

2. La investigación no se ha cerrado pero le pasan la papa caliente a una subprocuraduría ¡que no investiga! ¿Quién va a investigar ahora? Lo dice la CIDH: un nuevo fiscal a modo del GIEI, luego de “renovar por completo a todos los miembros del equipo que investiga el caso”. Sacar a todos y empezar de cero. Lógico: si en Cocula según el GIEI no pudieron quemar a todos los estudiantes —a pesar de que allí aparecieron restos identificados de dos quemados— toda la investigación de la PGR se va a la basura. Logiquísimo. Punto y sanseacabó.

3. El asunto se pasa al ámbito político. Dice Pablo Hiriart: “Convirtieron una investigación criminal que estaba prácticamente resuelta, en un asunto político transexenal que se va a ir enredando en lugar de destrabarse. ¿Por qué darle largas? Quién sabe. Si ahora hay sectores considerables de la población que no le creen nada a las autoridades, tampoco le van a creer en el futuro.”

Adivina adivinador, y conste que son preguntas: ¿no querrá la CIDH seguir tripulando a la PGR vía sus “expertos” “independientes” para que salga a modo toda investigación sobre Iguala? ¿Y no buscará con todo esto, con el explícito acuerdo de la PGR, seguir propalando la mentira de que el gobierno de Peña (“el Estado”) es el culpable de los sucesos en Iguala? ¿Y con qué objetivos políticos, no de justicia?

A nadie se le ocurrirá distinguir entre el Estado de Guerrero y el federal, menos que nadie a los ayotzinapapás que creen que a sus hijos los desapareció y asesinó el gobierno de Peña (o hasta mantiene secuestrados incluso a los dos muertos, si piden que los 43 aparezcan vivos), todo azuzado por una brutal campaña de mentiras inclementemente propaladas al estilo Goebbels. Hoy la CIDH toma la batuta del coro acusador y pone de rodillas al gobierno federal al obligar a la PGR a balacearse sus pies cuando atiende cosas tan “urgentes, “fundamentales e indispensables”. Si el gobierno peñista quería quedar bien con alguien o hacer buenas relaciones públicas se habrá equivocado del todo. Esta gente toma el pie cuando se le da la mano.

In extremis, habrá que exonerar a las autoridades municipales y a la estatal, liberar a Abarca, a su esposa y a los demás, y dejar en paz a las bandas criminales Los Rojos y Guerreros Unidos (no los menciona el larguísimo informe de la CIDH). Y luego, para ser congruentes, proponer a Emilio Álvarez Icaza como presidente de México en 2024, suponiendo sin conceder que López Obrador no se eternice después de su sexenio.

Autor:

Fecha: 
Lunes, 26 de Octubre 2015 - 17:30
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El informe del PRD sobre los Abarca:

Ayer se dio a conocer el informe especial que una comisión del PRD elaboró para explicar cómo se había dado la candidatura de José Luis Abarca en dicho partido. Dicha comisión fue constituida el 19 de diciembre del año pasado y se designó como integrantes a Octavio Cortés, Pablo Franco, Pablo Gómez (presidente) y Karla Michel Salas.

En primer lugar, hay que decir que es positiva la creación de una comisión para dilucidar un proceso que al final terminó en tragedia para una comunidad y para el país entero. En segundo lugar, el informe debe sacudir al PRD hasta sus cimientos por las revelaciones que contiene. Estas revelaciones no son, por desgracia, cosas que se ignoren ni dentro ni fuera del partido; son vicios que esa organización arrastra desde hace mucho tiempo, casi desde su creación. Lo novedoso es que el informe muestra, casi como en una novela, como la concatenación de estos vicios pueden llevar a una tragedia.

El informe subraya que Abarca fue hecho candidato a pesar de que no era integrante ni simpatizante del partido. Tampoco era un ciudadano notable. Su trabajo consistía en ser administrador de un centro joyero y era propietario de varios locales comerciales. El propio Abarca ha dicho que proporcionó dinero a Lázaro Mazón cuando este se lanzó para alcalde. Recordemos que Mazón fue secretario de Salud con Aguirre y fue efímero candidato designado por López Obrador a la gubernatura por MORENA.

El documento perredista sostiene que se levantó una encuesta en la que un perredista, ese sí integrante del partido, Óscar Díaz Bello, resultó triunfador por dos puntos sobre Abarca. A pesar de esto, el PRD consideró esto como “un empate técnico” y se designó el que a la postre sería presidente municipal de Iguala. Todos estos elementos abren varias interrogantes: ¿por qué se pensó en Abarca como candidato si no tenía experiencia política ni era cercano al PRD?, ¿por qué se ignoró el resultado de la encuesta y se hizo candidato a Abarca?, ¿hubo dinero en todo este proceso?, ¿es cierto que Abarca “compró” la candidatura? Es difícil creer que Abarca resultó candidato limpiamente.

Pero hay más. El PRD sabía de los nexos de la esposa de José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, con el crimen organizado. Sobre este tema, el informe señala que el propio Díaz Bello pidió a Jesús Zambrano, entonces presidente del PRD, que investigara el asunto, pero no existió ninguna consulta oficial de Zambrano con la Secretaría de Gobernación, tan solo una solicitud verbal.

Estos son sólo unos datos del documento presentado. El informe vincula a Los Chuchos, a Aguirre, a Mazón, entre otros. No sólo debe cimbrar al PRD, sino también a los demás partidos. Los vicios del Sol Azteca son los vicios de todos. El problema, por cierto, no es sólo de los partidos. 

Fecha: 
Jueves, 07 de Mayo 2015 - 17:30
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Ayotzinapa…. Preguntas

A seis meses de los acontecimientos que dieron pie a la desaparición de los ahora conocidos como “los 43 de Ayotzinapa”, existen más dudas que respuestas, pero no sólo en lo que se refiere a los hechos, sino a todo lo que ha sucedido posteriormente.

¿Por qué el PRD hizo candidato a una persona –José Luis Abarca- que era conocida en la zona por tener nexos más que supuestos con la delincuencia organizada?

¿Por qué López Obrador ignoró una advertencia directa sobre los antecedentes de la pareja de Iguala y reiteró el apoyo para que llegaran a la presidencia municipal?

¿A nadie le brincó el hecho conocido a nivel local de que Abarca pasó en poco tiempo de ser un comerciante minoritario de joyas a tener 20 propiedades en la zona?

¿Por qué, a pesar de que la inteligencia federal tenía conocimiento de los nexos de la familia de María de los Ángeles Pineda con un cártel, les permitió llegar a una presidencia municipal y ejercerla, ampliando además la influencia del grupo delictivo en la zona?

Fue conocido que en una reunión de cabildo, María de los Ángeles Pineda le dijo al líder campesino Arturo Cardona “No sabes con quién te metes. Te va a cargar la chingada si sigues así”. ¿Por qué no hubo una denuncia en ese momento?

Luego de esa amenaza, Carmona fue asesinado. ¿Nadie relacionó el hecho con la amenaza previa? ¿O temieron denunciar?

¿Por qué si los Abarca son los responsables de la desaparición de “los 43”, entre los múltiples  causales por los que están detenidos, no está justamente señalado este hecho? ¡Se les acusa de todo, menos de eso!

¿Por qué el director de la normal de Ayotzinapa permite que sus alumnos salgan de la escuela, roben camiones, regresen a la escuela por más estudiantes –esencialmente de nuevo ingreso- , para luego dirigirse a Iguala “a botear”?

¿Por qué si iban a “botear” decidieron hacerlo en un lugar que les queda a más de 3 horas de camino (Iguala) cuando había poblaciones más cercanas (Chilpancingo, para no ir más lejos)?

¿Quiénes fueron los estudiantes que decidieron y lideraron esta excusión?

¿Por qué los Abarca dan la orden de asesinar al grupo que iba a arruinar a la señora María de las Angeles el festejo del DIF, si era de suponerse que el asesinato de tantas personas armaría un escándalo como el que finalmente ocurrió? ¿Por qué no simplemente ordenaron detener el convoy o darles unos golpes?

Si los Abarca no dieron la orden específica de asesinar al grupo, ¿quién la dio?

Es creíble que luego de seis meses, los desaparecidos estén muertos, porque ¿para qué los querría conservar un grupo delictivo o en su caso, “el gobierno represor”? Pero, ¿es físicamente posible haber calcinado 43 cuerpos en una hoguera, en una zona de difícil acceso, en época de lluvias, sin que nadie se percatara de ello?

¿Por qué las acusaciones por la desaparición de “los 43” recaen en el gobierno federal y el ejército –que poco o nada tuvieron que ver directamente en el asunto- y no en el PRD –partido que hizo candidato a Abarca-, AMLO –quien a pesar de las denuncias apoyó a Abarca-, el cártel –liderado por familiares de la esposa de Abarca-, la dirección de la normal de Ayotzinapa –quien permite que su escuela sea el cuartel donde se planean los actos vandálicos- y los Abarca –quienes supuestamente ordenaron la matanza-? Al menos en las protestas, ni los mencionan.

¿Por qué querría el gobierno federal desparecer a 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿Quiénes eran o qué sabían o qué podían hacer, para que se ameritara una acción de este tipo? ¡Digo! Muchas personas les han hecho y demostrado cosas peores a integrantes del gobierno federal y ahí siguen, ¡vivitos!

¿Cuántos de los ciudadanos y estudiantes del país que desde hace meses protestan por estos hechos sabían que existía la normal de Ayotzinapa? Es más. ¿Cuántos de ellos saben dónde queda Ayotzinapa?

¿Cuántos de los ciudadanos y estudiantes del país que desde hace meses protestas por estos hechos, han hecho algo por apoyar a las universidades rurales, además de estar montándose en el asunto de “los 43”? ¿Han donado algo?

¿Le parece correcto que el Director de la normal de Ayotzinapa diga que sus estudiantes no perderán el semestre a pesar de sus ausencias, sino que serán aprobados por haberse dedicado a “buscar a sus compañeros”?

Las familias de “los 43” son de extracción humilde. ¿De qué han sobrevivido durante todos estos meses que han estado en la búsqueda de sus familiares?

¿Por qué el vocero del movimiento es Felipe de la Cruz Sandoval, con múltiples antecendentes como agitador y violento, quien radica en Acapulco, donde tiene plaza de maestro, cobra sin adscripción alguna y es aviador desde hace cuatro meses (cobra 35 mil pesos mensuales), tiempo que lleva viviendo en Ayotzinapa, cuando se unió al movimiento y que nada tiene que ver con ninguno de los desaparecidos?

¿El hecho de que existan 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa les da derecho a los estudiantes de esa normal y sus simpatizantes, a robar camiones repartidores y vehículos particulares, retener a los trabajadores (o lo que es lo mismo, secuestrarlos) para intercambiarlos por sus compañeros detenidos,  de apropiarse de pipas para fabricar bombas molotov, atacar cuarteles del ejército y agredir a granaderos sin provocación, con total impunidad, eso sí, alegando a sus derechos humanos cuando sus agresiones son respondidas?

Los padres de “los 43” estuvieron recientemente en EUA para denunciar los hechos internacionalmente. ¿Quién les financió el viaje y más aún, cómo es que les dieron las Visas de entrada que difícilmente otorga el gobierno norteamericano?

Hace más de 3 años falleció Gonzalo Miguel Rivas Cámara, empleado de una gasolinera, a causa de las quemaduras provocadas cuando ésta fue incendiada por las bombas molotov de estudiantes de Ayotzinapa, sin que  a la fecha exista un responsable de los hechos… ¿Por qué ahí nadie dice nada?

Van más de 20 mil desaparecidos en el sexenio, ¿por qué solo se pide por 43? ¿De qué privilegios gozan?

¿A nadie le brinca que el boicotear las elecciones, como pretenden varios grupos afines al movimiento de “los 43”, son métodos guerrilleros ya utilizados con éxito, por ejemplo, por Sendero Luminoso en Perú, para desestabilizar al gobierno y buscar un derroque?

¿Acaso no es verdad que el caso de “los 43” se ha desvirtuado y hoy es excusa para que grupos ajenos busquen sus propios fines?

Y todo apunta a que lejos de encontrar respuestas surgirán más preguntas. Veremos.

 

Fecha: 
Lunes, 13 de Abril 2015 - 16:30
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Cambios en el gabinete presidencial

El presidente Enrique Peña Nieto hizo cambios en su gabinete el viernes pasado..

No debe sorprender que Jorge Carlos Ramírez Marín haya renunciado a ser Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para aceptar la candidatura a una diputación plurinominal por la Tercera Circunscripción que incluye a los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Después de todo, la política y no la administración pública es realmente lo suyo. Ha sido dos veces diputado local en el Congreso de Yucatán y dos veces federal plurinominal. Como diputado le será más fácil buscar la candidatura a la gubernatura de Yucatán que se disputará en 2018.

La salida de Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República (PGR) era un hecho esperado por muchos después de que dieran a conocer las conclusiones de la investigación en torno a los sucesos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre del año pasado. Su imagen se deterioró como resultado de una bien diseñada campaña de desprestigio instrumentada a través de las redes sociales. Así, el hidalguense terminó siendo una víctima más del PRD, del matrimonio Abarca, de Ángel Aguirre, de Andrés Manuel López Obrador y de otros que por sus acciones u omisiones causaron que en Iguala murieran siete personas, 24 resultaran heridas y 43 fueran desaparecidas y después asesinadas. Su llegada a la SEDATU debe ser interpretada como un reconocimiento a su labor al frente de la PGR, donde entre otras cosas actuó como un muy eficaz pararrayos al recibir muchos de los ataques que diversos grupos lanzaron contra el gobierno de Peña Nieto a raíz del caso de los normalistas de Ayotzinapa.

Que el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, David López Gutiérrez, esté por dejar este cargo para convertirse en candidato a una diputación plurinominal por la Primera Circunscripción que incluye a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, solo puede interpretarse como un premio a la lealtad con que ha servido a Peña Nieto desde que éste era gobernador del Estado de México, cuando también se encargó del manejo de la comunicación social del gobierno estatal. Desde la Cámara Diputados, López Gutiérrez podrá buscar la candidatura a la gubernatura de Sinaloa que estará en juego en las elecciones de junio de 2016. Hasta anoche no se había designado a su sucesor.

Si el Senado aprueba su designación presidencial, y todo indica que lo hará, la desde el viernes senadora priísta con licencia Arely Gómez González será quien substituya a Murillo Karam al frente de la PGR. Por lo pronto, Peña Nieto la nombró subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales en sustitución de Mariana Benítez Tiburcio, quien renunció para buscar una diputación plurinominal por la Tercera Circunscripción. Gómez González ha realizado gran parte de su carrera en la PGR, tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  En el Tribunal Fiscal de la Federación fue secretaria de Estudio y Cuenta, y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fungió como jefa de Unidad de Asuntos Nacionales. En la SCJN fue secretaria de la Segunda Sala y luego Secretaria General de la Presidencia y Oficial Mayor. En la PGR fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Si el presidente buscaba darle un rostro y estilo nuevos a la PGR es muy probable que lo logre con esta abogada que cuenta con casi 40 años de experiencia profesional.

Foto: lajornadamichoacan.com.mx

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Fecha: 
Lunes, 02 de Marzo 2015 - 12:00
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Lo que sí y no entiendo

Puedo entender, porque sufrí la misma pérdida que ellos, el infinito dolor que sienten los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que en septiembre pasado fueron secuestrados y asesinados por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, e integrantes de la banda criminal Guerreros Unidos, supuestamente por órdenes del entonces presidente municipal perredista de Iguala y su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda.

Puedo imaginar la desesperación que sienten por no encontrar los cuerpos de sus hijos para así tener la certeza que murieron y no vivir día tras día haciéndose mil y un preguntas que nunca tendrán respuesta.

Lo que no puedo entender es que se dejen manipular como hasta ahora lo han hecho quienes buscan desestabilizar a México. No comprendo como es que siguen exigiendo que aparezcan vivos si es más que evidente que ya están muertos. No entiendo porque siguen marchando de aquí para allá, bloqueando calles y carreteras y afectando los derechos de los demás mexicanos si bien saben que jamás verán de nuevo a sus hijos.

Tampoco me explico porque culpan al gobierno federal por la muerte de sus hijos cuando ni Enrique Peña Nieto ni Jesús Murillo Karam, entre otros, tuvieron que ver con su secuestro y asesinato.

Menos puedo explicarme porque hasta el momento no se hayan manifestado contra Abarca y su esposa, contra el entonces gobernador perredista de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, contra el PRD que postuló a Aguirre y Abarca a los cargos que ocupaban, contra Andrés Manuel López Obrador, quien como candidato perredista a la presidencia de la república en 2012 apoyó a Abarca pese a que se le advirtió que éste podía estar involucrado en un asesinato.

Tampoco comprendo porque los padres de los 43 no le han exigido a José Luis Hernández Rivera, el evasivo director de la normal de Ayotzinapa, que les explique quién le ordenó a sus hijos ir a Iguala.

Entiendo y comparto el dolor de los padres, pero no puedo entender la irracionalidad de sus actos.

Me pregunto: ¿de qué han vivido desde septiembre del año pasado estos individuos? ¿de dónde han obtenido los recursos para alimentarse y viajar de un lugar a otro? Y me lo pregunto porque se nos ha dicho que todos los estudiantes de Ayotzinapa son pobres e hijos de pobres. ¿Cómo sobreviven estos padres que dejaron de trabajar desde hace casi cinco meses? ¿Quién los mantiene y financia?

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Fecha: 
Viernes, 27 de Febrero 2015 - 12:00
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De Frente y Claro - Perverso manejo del caso Ayotzinapa. Los culpables indirectos impunes

Los días siguen transcurriendo y lo sucedido en Iguala, Guerrero, con los supuestos estudiantes de la Escuela Normal, sigue distorsionándose cada vez más, y digo supuestos porque al menos hasta el momento no se han mostrado documentos que demuestren que lo eran, vamos ni siquiera los 43 nombres conocemos.

La estrategia diseñada por los realmente involucrados, que no son los que los secuestraron y supuestamente ejecutaron, sino aquellos que dieron el aval para que Abarca fuese candidato a Presidente Municipal, y ahí es el origen de lo que aconteció.

Vuelvo a insistir, lo que sigue manejándose de una manera perversa en redes sociales y en algunos medios de comunicación, no tiene como finalidad mostrar de una manera imparcial la realidad, porque como ejemplo, no se interesan por mostrar a la opinión pública quien es el abogado de los padres de familia de estos desaparecidos, cuanto les cobra, quen le paga, porqué decidió representarlos, que antecedentes tiene, porque son elementos importantes para saber el entretejido de esta trama.

El abogado se llama Vidulfo Rosales, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que es parte del Movimiento Popular de Guerrero, el frente de masas de la guerrilla, y ha participado en actos de organizaciones fachadas del ERPI.

Asimismo importante agregar quienes se les han unido a los padres de familia, los “supuestos” maestros disidentes, junto al ala radical de Ayotzinapa, cierran caminos y buscan temas que a ellos les interesan, como la abrogación de la Reforma Educativa. Por ello no es extraño escuchar declaraciones de los familiares de los desaparecidos como “Si no aparecen nuestros compañeros desaparecidos, lo que sigue es un movimiento armado".

Y mientras esto sigue aconteciendo, todos los presuntos responsables siguen impunes, empero E insisto que aquellos  que por omisión o comisión propiciaron las condiciones también. Por ello pregunto ¿por qué ni siquiera los llaman a declarar?

Todos ellos formaban parte del PRD, aunque ahora algunos ya lo han dejado. Ya se olvidaron de Ángel Eladio Aguirre, y a los líderes del PRD, que apoyaron para que Abarca fuera candidato y que después del escándalo intentaron protegerlo.

La supuesta izquierda de los Chuchos aliada del Gobierno en el Pacto por México, involucrada por su respaldo a Abarca, se mantiene impune ante cualquier otra comisión de delitos. Y dejar muy claro que no por haber hecho candidato a Abarca son culpables del asesinato, que fue el inicio, de lo que sucedió. Como el hoy exgobernador, quien sí puede tener responsabilidad penal, por omisión en sus responsabilidades, que cínicamente evade afirmando que dio aviso de lo que sucedía.

También existe responsabilidad política, al haber encabezado en 2012 la reunión en donde cinco miembros del PRD decidieron las candidaturas en Guerrero. Y ojo, aprobaron no solamente la de Abarca, en Iguala, sino siete presidentes municipales casualmente hoy investigados por la PGR por su presunta vinculación con Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Caballeros Templarios.

Y saltan nombres, Sebastián de la Rosa, protector de Abarca, miembro de Los Chuchos y ligado al ex líder PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Y qué decir de Víctor Aguirre, sobrino del gobernador con licencia, como representante de Izquierda Democrática Nacional, que dirigen René Bejarano y su esposa, la senadora Dolores Padierna, también estuvo en esa reunión.

Finalmente Jesús Evodio Velázquez Aguirre, secretario general del PRD en Guerrero, líder de la corriente Nueva Mayoría, filial de “Los Chuchos”, quienes lo quieren como candidato a la alcaldía de Acapulco. En enero fue destapado en un evento donde la figura central fue el fundador de la corriente, Jesús Ortega.

Esta reunión avalada de acuerdo a la información, por el entonces líder nacional del PRD, Jesús Zambrano. Zambrano quien ahora busca deslindarse de Abarca.

Vuelvo a insistir porque a ellos los padres de los desaparecidos no les exigen cuentas, no los denuncian y siguen con un solo objetivo, el Presidente de la República.

Un grave defecto en la vida, es volverse predecible. 

Fecha: 
Viernes, 19 de Diciembre 2014 - 18:00
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Manipuladores

“Me llama a mi mucho la atención ver a actores o agrupaciones que se dediquen a tratar de desacreditar lo hecho por el gobierno federal y me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia. Me da tristeza que dentro de todo esto haya personas o grupos que realmente lucren, lucren con el dolor de los padres de los muchachos, lucren, me refiero, porque obviamente dicen una cantidad de mentiras que realmente son hechos que no son muchos de ellos son ciertos y toda esa gente trata de manipular la información para alcanzar objetivos individuales u objetivos de grupo”.

“Debemos ser claros de lo que ahí sucedió, ya que esto fue obra de la delincuencia organizada y de las autoridades municipales. La Federación ha actuado conforme al marco jurídico vigente y ha hecho su mayor esfuerzo para que este delito no quede impune. Reitero: quien falló fue la autoridad municipal infiltrada, este es el nivel que corresponde a tales hechos, de acuerdo con las investigaciones se trató de un acto de barbarie cometido por la delincuencia organizada y las policías municipales de Iguala y Cocula”.

Estas palabras las pronunció ayer en un evento el secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón y no tardó mucho en escucharse la respuesta del representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados en Iguala el 26 de septiembre pasado por policías de ese municipio guerrerense y del de Cocula.

Felipe de la Cruz, quien es el padre de un normalista que sobrevivió a la balacera que ocurrió antes del secuestro de sus 43 compañeros, al referirse a lo dicho por el almirante, dijo: “Los títeres son ellos, nosotros no somos tontos. Ellos están bajo las órdenes de un presidente corrupto y asesino… “no hay perdón ni olvido para este gobierno”.

La respuesta de De la Cruz carece de toda lógica si recordamos lo que sucedió el 26 de septiembre.

La agresión a balazos contra los 80 y tanto normalistas que llegaron a Iguala y el secuestro de los compañeros del hijo de De la Cruz supuestamente se llevaron a cabo siguiendo las órdenes del entonces presidente municipal perredista de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quien se perfilaba para ser la próxima candidata del PRD-PT-MC a la presidencia municipal de Iguala.

El asesinato de los 43 normalistas y la posterior incineración de sus cadáveres fue ejecutado por sicarios de los Guerreros Unidos, organización criminal a la que aparentemente pertenecieron tres hermanos de Pineda, dos de lo cuales fueron asesinados en 2009. María de los Ángeles supuestamente era la operadora de Guerreros Unidos en Iguala.

El secuestro y asesinato fue perpetrado en un estado que desde hace 2005 es gobernado por perredistas. El anterior al actual, Ángel Aguirre, evitó que el secuestro fuera inmediatamente investigado por la Procuraduría General de la República, que hasta el 4 de octubre atrajo el caso.

El dolor que causa el perder a un hijo afecta los sentimientos y hasta la cordura de cualquier padre o madre. Eso lo entiendo. Lo que no alcanzo a entender es que en sus declaraciones los padres de los normalistas no mencionen nunca a Abarca y Pineda, que aparentemente ordenaron la desaparición de sus hijos, ni a Aguirre, que pemitió que este par de pillos se apoderara del poder político de Iguala sabiendo que tipo de personas eran.

¡Claro que están siendo manipulados los padres de los 43! Soberón debería haber identificado a los manipuladores.

Foto: www.milenio.com

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Fecha: 
Jueves, 11 de Diciembre 2014 - 12:00
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¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién?

Después de la más reciente conferencia de prensa del procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, dada ayer, sigo sin entender para qué se dirigieron a Iguala 80 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado. Nadie me ha dicho quién les ordenó o sugirió que fueran a esa ciudad y para qué.

Hay quienes aseguran que los normalistas fueron a Iguala para recolectar fondos para costear su estudios. Quienes afirman esto olvidan que los de Ayotzinapa no eran bien vistos en esa ciudad después de que en julio de 2013 participaron, junto con integrantes de la Unión Popular Emiliano Zapata, en la agresión contra la sede de la presidencia municipal que ocupaba José Luis Abarca, quien llegó al cargo en 2012 como candidato de una coalición integrada por el PRD, PT y MC.

La versión proporcionada por la PGR afirma que “Aunado a las declaraciones de quien dirigía el Centro de Control de la Policía Municipal de Iguala, se suman las declaraciones de Marco Antonio Ríos Verder, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y de policías detenidos, quienes asumieron que el grupo que se aproximaba, se dirigía a sabotear la celebración que se realizaría, que se realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde, María de Ángeles Pineda Villa, con motivo de su informe de actividades” que como presidenta del DIF municipal ofreció en la tarde de ese mismo día.

Después de ser informados que los normalistas se dirigían a Iguala, Abarca y su esposa le ordenaron al jefe de la policía municipal, Felipe Flores, que impidiera que los estudiantes llegaran al lugar en donde se realizaba el baile. De acuerdo a Sidronio Casarrubias Salgado, el jefe del grupo criminal Guerreros Unidos, Pineda Villa fue quien ordenó ‘‘dar un escarmiento’’ a los jóvenes normalistas.

Agredir a balazos a 80 normalistas y matar en el lugar de los hechos a cuatro de ellos y a otros tres civiles inocentes es más que dar un escarmiento. Secuestrar y asesinar a 43 jóvenes y luego calcinar sus cuerpos es un brutal asesinato colectivo.

Lo ocurrido el 26 de septiembre parece más un capítulo sangriento de una batalla a muerte entre bandas delincuenciales antagónicas que una salvaje y mal ejecutada represión de estudiantes.

Hasta donde se sabe, Abarca y su esposa María de los Ángeles deseaban crecer políticamente. Él seguramente buscaría una candidatura a una diputación federal para las elecciones de junio del año entrante mientras que ella trabajaba para ser su sucesora en la presidencia municipal. El ordenar la agresión a balazos contra los normalistas y luego la desaparición y asesinato de 43 de ellos no iba a pasar desapercibido. Luego entonces, ¿para qué ordenar algo que en nada los beneficiaba políticamente?

Es muy probable que ordenaran la represión y que se le diera un escarmiento a los normalistas, pero es también muy probable que otra persona decidiera que había que enfrentar y matarlos.

Tal vez el prófugo jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores, creyó que los normalistas pertenecían a la banda delincuencial Los Rojos, enemiga mortal de Guerreros Unidos. Eso explicaría que los entregara, vía policías municipales de Cocula, a los sicarios de Guerreros Unidos, quienes, de acuerdo a informes de la PGR, antes de matarlos les preguntaron si eran miembros de Los Rojos.

Por eso la captura de Flores es tan importante y necesaria para que se avance en la investigación en torno a este terrible suceso.

También es fundamental saber por qué y para qué fueron los normalistas a Iguala y quien les ordenó o sugirió ir.

Foto: Ayuntamiento de Iguala

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Fecha: 
Lunes, 08 de Diciembre 2014 - 12:00
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De Frente y Claro- Dos años de Impunidad en el DF. Las mentiras y provocación en redes sociales

Se han cumplido dos años en que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo. Dos años en que la impunidad se hizo presente con actos vandálicos llevados a cabo por encapuchados que se autodenominan “anarquistas”, sin que las autoridades responsables, las del Gobierno del Distrito Federal, cumplieran con su obligación y responsabilidad, antes al contrario, les permitieron hacer y deshacer, pisotear leyes y reglamentos, llegándose al grado de que los pocos detenidos, fueron liberados sin el menor cargo. Eso se llama impunidad.

Dos años han transcurrido desde ese primero de diciembre del 2012 y la impunidad ha continuado aumentando. En cada ocasión que “casualmente” se protesta contra el gobierno federal y contra el Presidente de la República, aparecen estos vagos, delincuentes, dizque “anarquistas”, cada vez más organizados, armados con palos, tubos, piedras, bombas molotov, creciendo el número de delitos que cometen, sin que como ya lo mencioné, las autoridades respectivas hagan algo. Esto se llama impunidad.

Llegándose ahora al grado de que lo sucedido en Iguala, Guerrero, sea utilizado para seguir atacando al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pretendiendo culparlo de la desaparición de 43 jóvenes, que hasta el momento no he encontrado en ningún medio, que compruebe realmente que eran estudiantes de la Normal rural.

En ese descontrol que existe en las tan de moda redes sociales, en que se difunde lo que sea, muchas de las veces sin bases, acusando, difamando, también actuando de manera irresponsable y con impunidad, se han manejado infinidad de aberraciones. El problema no está en que alguna persona lo haga, sino la cantidad de personas que sin reflexionar, sin analizar, sin tener siquiera los mínimos elementos reales comprobatorios, se dedican a replicarlo de manera irresponsable, sin tomar en cuenta que solamente están siendo parte de quienes pretenden desestabilizar al país con falsedades, con mentiras.

Porque pregunto, ¿cuándo difunden Todos Somos Ayotzinapa, saben realmente que sucedió?, ¿tienen las pruebas de que eran estudiantes?, ¿conocen más datos de estos supuestos jóvenes, como sus nombres, dónde vivían, sus edades?, ¿saben los nombres de los padres de estos supuestos estudiantes, a que se dedican, si trabajan, su filiación política?, como para solamente dedicarse a replicar cuanta cosa suben, quienes si tienen un objetivo claro, revertir la realidad, la culpabilidad y la responsabilidad de quienes están involucrados.

En lugar de estar culpando al gobierno federal y al Presidente de la República, por qué no lo hacen en contra de Ángel Aguirre quien estaba como Gobernador de Guerrero, que si tiene esa responsabilidad de rendir cuentas, resultando que como ya pidió licencia, ya nadie le exige nada.

Que no es más responsabilidad del Procurador de Justicia del Estado de Guerrero investigar que sucedió. Qué ha hecho hasta el momento el Gobernador interino Rogelio Ortega, que suple a Ángel Aguirre, en relación a este tema.

Por qué no le han cuestionado que nombrara secretario de educación a Salvador Martínez Della Roca, con sus pésimos antecedentes de corrupción como Delegado Político en el DF en la Delegación de Tlalpan.

Por qué esas demandas que hacen en redes sociales no se refieren a los perredistas como los Chuchos, al Peje López Obrador, al actual dirigente Carlos Navarrete, por haber avalado la candidatura para que fuera Alcalde Abarca, sin importar sus antecedentes, ni los de su esposa.

Por qué no se pide que estos renuncien a los cargos que tienen y que los responsabilicen de lo que sucedió en Iguala.

Por qué nadie habla de los 20 millones de pesos que pagó Abarca para ser candidato.

Por qué no solicitan la renuncia del Jefe de Gobierno del DF al no aplicar la ley contra vándalos anarquistas.

Importante reflexionar todo lo anterior, antes de reproducir lo que alguien dirigido, lo sube a redes sociales, sin olvidar lo que Joseph Goebbels el encargado de la propaganda de Hitler afirmaba, “una mentira repetida mil veces se puede convertir en una verdad”, pero también recordar que catalogaba a quienes lo hacían, como “los tontos útiles”. Importante hacerlo por el bien del país.

Fecha: 
Jueves, 04 de Diciembre 2014 - 17:30
Redes sociales: 
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Hasta donde recuerdo…

Algo está muy mal en México cuando tantas personas culpan al presidente Enrique Peña Nieto por lo que ocurrió el 26 de septiembre pasado en Iguala. Y está mal porque los verdaderos responsables de esta desaparición y seguro asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa son los ex funcionarios estatales y municipales de Guerrero que están plenamente identificados por las autoridades y la opinión pública, y sus padrinos políticos.

Los manifestantes que han tomado y bloqueado las calles, carreteras y plazas y han ocupado o destruido edificios públicos en varios lugares del país gritan consignas contra Peña Nieto, su gobierno y su partido, el PRI, pero rara vez se escucha un ¡Muera Aguirre! o ¡Muera Abarca! o ¡Abajo el PRD! o ¡Muera el PEJE! O ¡Abajo el PAN!

Hasta donde recuerdo, fueron policías municipales de Iguala y Cocula, ambos municipios gobernados por el PRD, quienes secuestraron a los 43 estudiantes para después entregarlos a unos sicarios de la banda delincuencial Guerreros Unidos, grupo criminal que aparentemente estaba íntimamente vinculado a la esposa de José Luis Abarca, el presidente municipal perredista de Iguala.

Hasta donde recuerdo, el 26 de septiembre Guerrero era gobernado por un expriísta desprestigiado que el PRD recibió en su seno para inmediatamente lanzarlo como su candidato a la gubernatura guerrerense.

Hasta donde recuerdo, Abarca había sido investigado por las autoridades federales durante la presidencia del panista Felipe Calderón y nadie actuó contra él pese a que existían fuertes indicios que permitían suponer que su enriquecimiento inexplicable se debía  a sus vínculos con la delincuencia organizada.

Hasta donde recuerdo, el entonces candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, no hizo nada para impedir que Abarca fuera el candidato perredista a la presidencia municipal de Iguala, a pesar de que varias veces le dijeron que mantenía vínculos más que cercanos con miembros de la delincuencia organizada.

Hasta donde recuerdo, el entonces gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se empeñó en que la investigación del caso la realizara la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ-GRO) encabezada por Iñaky Blanco y no la Procuraduría General de la República (PGR), la cual atrajo el caso hasta el 5 de octubre después de que se descubrieron en Iguala las tumbas clandestinas con restos humanos que resultaron no ser de los normalistas secuestrados.

Hasta donde recuerdo, ni Enrique Peña Nieto ni algún miembro de su gabinete estaban en Iguala el 26 de septiembre pasado, ya fuera para asistir al informe que como presidenta del DIF municipal rindió la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, o al baile que se organizó para festejar su labor al frente de dicho organismo.

En resumen, los responsables directos de lo que ocurrió en Iguala son perredistas y ex perredistas y tienen nombres y apellidos: Ángel Aguirre, José Luis Abarca, Andrés Manuel López Obrador, Jesús Zambrano, Jesús Ortega. Los partidos que postularon como candidatos a los dos primeros fueron el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Si esta es la realidad de las cosas, ¿por qué en marchas y manifestaciones los gritos, mantas y pancartas son contra Peña Nieto y el PRI? ¿Quiénes están detrás de esta estrategia que ha transferido la culpa de los verdaderos responsables de la tragedia de Iguala a quienes no tienen ni tuvieron vela en el entierro?

Foto: tlalpan.info

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Fecha: 
Martes, 25 de Noviembre 2014 - 12:00
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