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josé lópez portillo

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OHL y De Oteyza

El 23 de julio de 1999, en mi columna que entonces se publicaba en el diario defeño El Universal, escribí sobre un individuo que como secretario de Estado fue funesto pero que gracias a sus influencias logró acomodarse muy bien dentro de la iniciativa privada después de fracasar dentro del sector público. Me referí a José Andrés de Oteyza, el catastrófico Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial durante el gobierno de José López Portillo.

Esto es lo que anote hace ya casi 16 años: “Es increíble como políticos perdedores pegan el chicle dentro de la iniciativa privada. Por ejemplo, José de Andrés de Oteyza, el demagogo que contribuyó a la quiebra nacional al provocar la devaluación del peso en 1982, después de que como Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial convenciera a José López Portillo a aumentar el precio de la mezcla del petróleo mexicano cuando los precios mundiales iban en picada, es vicepresidente de la constructora Tribasa, la misma cuyas carreteras tuvieron que ser adquiridas por el gobierno federal, la misma que se dice se benefició excesivamente gracias al Fobaproa. No hay que ser un genio para imaginarse la gran influencia que este ex funcionario público tiene dentro la administración zedillista, la cual le permite obtener trato privilegiado para la empresas a la cual hoy pertenece. Así, mientras que las estupideces de este individuo provocaron más hambre y miseria entre los mexicanos, él vive como potentado. Este es un caso en donde la revolución sí hizo justicia. Lástima que fuera para un churumbel que demostró ser muy mal mexicano”.

Desde ese mes de julio de 1999 a la fecha, Oteyza prosperó. Desde hace varios años es el presidente de la filial mexicana de la española OHL, la constructora y concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense, de la carretera Atizapán-Atlacomulco, del Viaducto Bicentenario, de la Autopista Urbana Norte, de la Supervía Poetas, de la Autopista Amozoc-Perote, del Libramiento Elevado de Puebla y del Aeropuerto Internacional de Toluca. Todas ellas obras de mala calidad y altos precios para sus usuarios.

Durante las últimas semanas el nombre de OHL México ha estado en las noticias. Por un lado se hizo pública su intención de elevar aún más la de por sí alta y abusiva tarifa que le cobra a los usuarios del Viaducto Bicentenario en el Estado de México. Por el otro lado, también se difundieron sus planes de no concluir la obra que aún está inconclusa. Por si lo anterior no fuera suficiente, se supo que el gobierno del Estado de México le amplió su título de concesión hasta 2051. Y, para empeorar las cosas, se difundieron dos grabaciones de audio que dejan muy mal parada a la empresa.

En las grabaciones se escucha a quien hasta hace unos días era el director de Relaciones Institucionales OHL, Pablo Wallentin. En la primera conversa con el desde ayer ex Secretario de Comunicaciones mexiquense, Apolinar Mena Vargas, a quien le ofrece pagar sus vacaciones familiares en la Rivera Maya. En la segunda, Wallentin platica con Jesús Campos López, el director técnico de OHL, en donde aceptan que en enero la constructora infló las previsiones de tráfico del Viaducto Bicentenario, califican a la construcción como un “desmadre” y comentan como la constructora “salió forrada” gracias una obra cuyo coste se triplicó con respecto a las previsiones iniciales.

Derivado del escándalo, ayer rodó la cabeza de Apolinar Mena, quien fue cesado por el gobernador mexiquense Eruviel Ávila y sancionado con una multa de 189,000 pesos. Curiosamente, hasta ahora no ha sido mencionado el papel que en todo este asunto puede haber tenido el mero mandamás de OHL México, José Andrés de Oteyza.

¿Quedarán impunes los abusos demostrados y el probable fraude cometido por OHL? ¿Todo acabará con los ceses de Wallentin y Mena? ¿En las otras concesiones de OHL hubo abusos y malos manejos como los que ahora que se están conociendo en torno al Viaducto Bicentenario?

¿Cuál es el papel que en todo esto jugó José Andrés de Oteyza?

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Fecha: 
Lunes, 18 de Mayo 2015 - 12:00
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¿De qué y por qué nos sorprendemos?

Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala son los municipios guerrerenses que desde el pasado fin de semana no tienen policías. El domingo, los policías municipales fueron desarmados por soldados y policías federales. También fueron obligados entregar sus armas los directores y subdirectores de seguridad pública de cada uno de esos municipios. Lo mismo ocurrió en el muy turístico municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal.

En total 13 municipios, 12 de Guerrero y uno del Estado de México, cuyos habitantes y sus bienes son ahora protegidos por el Ejército y la Policía Federal.

El Comisionado Nacional de seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, informó que en la investigación de los seis asesinatos y 43 secuestros perpetrados en Iguala el 26 de septiembre se han descubierto situaciones irregulares en algunas policías municipales de las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero, así como en el de Ixtapan de la Sal.

La semana pasada sucedió lo mismo en los municipios de Iguala y Cocula, también en Guerrero.

Lo que estamos viendo en el estado que sigue gobernando Ángel Aguirre gracias al apoyo incondicional que está recibiendo del PRD, es similar a lo que hemos atestiguado en decenas de municipios de otros estados, como son Michoacán, Tamaulipas o Veracruz.

Ante lo que está ocurriendo nadie puede sorprenderse. Desde siempre han sido corruptas las corporaciones policíacas mexicanas, sean federales, estatales o municipales. La historia nos demuestra que los agentes policíacos de todos los niveles generalmente han sido individuos de poca o nula integridad.

Los gobernantes de este país les fallaron a nuestros ancestros y nos han fallado a nosotros al permitir la existencia de corporaciones policíacas como las que están siendo intervenidas por las fuerzas armadas y la Policía Federal. Presidentes de la república, gobernadores, jefes de gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales no solamente toleraron sino que promovieron a policías corruptos.

¿Quién puede olvidar que el jefe de la policía del Distrito Federal durante la presidencia de José López Portillo fue su amigo, un criminal y asesino llamado Arturo Durazo? ¿Quién puede ignorar que los gobernadores y presidentes municipales desde tiempo inmemorial han utilizado a los policías estatales y municipales como sus guardias personales y fuentes de fabulosos ingresos ilícitos?

Lo que ha sucedido en cada uno de los municipios intervenidos por la Policía Federal, el Ejército o la Marina sucede en muchos municipios más, algunos de ellos en el Estado de México y dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Por razones políticas sus policías y directores de Seguridad Pública no han sido desarmados, removidos y, si procede, consignados ante un juez. El caso de Ecatepec es el mejor ejemplo de un gobierno municipal totalmente rebasado por la delincuencia.

Por todo esto, nadie tiene por qué ni de qué sorprenderse de lo que ocurre en los municipios de este país.

Foto: www.fox.com

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Fecha: 
Martes, 21 de Octubre 2014 - 12:00
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El discurso antiempresarial, anticuado

Los priístas que dominaron al país entre 1939 y 1982 se acostumbraron a echarle la culpa a la clase empresarial cada vez que sus políticas populistas arruinaron la economía del país y de sus habitantes. El 1 de septiembre de 1982, después de que sus políticas equívocas y caprichosas llevaran al país a la quiebra, el entonces presidente José López Portillo culpó a los empresarios de ser los causantes de la crisis. Los acusó de sacar inmensas cantidades de dólares del país y en una sola frase anunció que para evitar que eso siguiera ocurriendo nacionalizaba a los bancos privados del país y establecía el control generalizado de cambios. Acto seguido gritó: “¡Ya nos saquearon, México no se ha acabado! ¡No nos volverán a saquear!”.

Los sucesores de estos priístas populistas conforman hoy la llamada izquierda y, como sus antecesores ideológicos, también se refieren de despectivamente de la clase empresarial. Hace algunos años el ex priísta, ex perredista y ahora líder de la izquierda más retrograda del país, Andrés Manuel López Obrador, opinó que “no todos los empresarios son malos” y que él conocía a algunos que son buenos.

¡Caray!, hasta Felipe Calderón, un presidente que supuestamente era de derecha, a finales de octubre de 2009 acusó a los empresarios de evadir impuestos a través de las diversas fundaciones establecidas por ellos o sus empresas. Sin aportar una sola prueba que respaldara su acusación, el panista trató así de culpar a los empresarios por la terrible situación económica que causó la Gran Recesión de 2008 y la manera equivocada en que su gobierno la enfrentó.

Tantos ataques lanzados durante décadas contra el sector empresarial han convencido a millones de personas de que éste es el causante de muchos de los males que agobian al país. Para la mayoría de los mexicanos un empresario es, entre otras cosas, un explotador de los pobres, un evasor de impuestos, un encarecedor de lo que vende, un acaparador de productos de primera necesidad, un apátrida sacadólares y hasta un traidor a la patria; es también el propietario o ejecutivo de una gran corporación y tal vez por esto el dueño de una micro, pequeña o mediana empresa rara vez es visto negativamente.

Pero nuestro país está lleno de empresarios. De acuerdo al Censo Económico 2009 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2008 había poco más de 4.7 millones de empresas en el país. De éstas, 99.8% eran micros, pequeñas y medianas y en ellas laboraba el 73% del personal ocupado del país. Solo 0.2% eran grandes empresas, es decir con más de 250 empleados y ventas superiores a los 250 millones de pesos.

Durante las últimas semanas, a raíz del debate que han propiciado las propuestas de aumentar el salario mínimo, de nueva cuenta se han escuchado críticas contra el sector empresarial, la mayoría provenientes de militantes de los partidos de izquierda que aparentemente ignoran que los empresarios micros, pequeños y medianos, pertenezcan o no a la economía formal, constituyen el 99.8% de la clase empresarial.

Los partidos de izquierda dejarán de captar muchos votos en las elecciones del año entrante –el de millones de MIPYMES- si se empeñan en usar el discurso antiempresarial demagógico y falaz de antaño. Las cosas en México están cambiando pero ellos parecen no darse cuenta.

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Fecha: 
Lunes, 18 de Agosto 2014 - 12:00