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¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién?

Después de la más reciente conferencia de prensa del procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, dada ayer, sigo sin entender para qué se dirigieron a Iguala 80 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado. Nadie me ha dicho quién les ordenó o sugirió que fueran a esa ciudad y para qué.

Hay quienes aseguran que los normalistas fueron a Iguala para recolectar fondos para costear su estudios. Quienes afirman esto olvidan que los de Ayotzinapa no eran bien vistos en esa ciudad después de que en julio de 2013 participaron, junto con integrantes de la Unión Popular Emiliano Zapata, en la agresión contra la sede de la presidencia municipal que ocupaba José Luis Abarca, quien llegó al cargo en 2012 como candidato de una coalición integrada por el PRD, PT y MC.

La versión proporcionada por la PGR afirma que “Aunado a las declaraciones de quien dirigía el Centro de Control de la Policía Municipal de Iguala, se suman las declaraciones de Marco Antonio Ríos Verder, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y de policías detenidos, quienes asumieron que el grupo que se aproximaba, se dirigía a sabotear la celebración que se realizaría, que se realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde, María de Ángeles Pineda Villa, con motivo de su informe de actividades” que como presidenta del DIF municipal ofreció en la tarde de ese mismo día.

Después de ser informados que los normalistas se dirigían a Iguala, Abarca y su esposa le ordenaron al jefe de la policía municipal, Felipe Flores, que impidiera que los estudiantes llegaran al lugar en donde se realizaba el baile. De acuerdo a Sidronio Casarrubias Salgado, el jefe del grupo criminal Guerreros Unidos, Pineda Villa fue quien ordenó ‘‘dar un escarmiento’’ a los jóvenes normalistas.

Agredir a balazos a 80 normalistas y matar en el lugar de los hechos a cuatro de ellos y a otros tres civiles inocentes es más que dar un escarmiento. Secuestrar y asesinar a 43 jóvenes y luego calcinar sus cuerpos es un brutal asesinato colectivo.

Lo ocurrido el 26 de septiembre parece más un capítulo sangriento de una batalla a muerte entre bandas delincuenciales antagónicas que una salvaje y mal ejecutada represión de estudiantes.

Hasta donde se sabe, Abarca y su esposa María de los Ángeles deseaban crecer políticamente. Él seguramente buscaría una candidatura a una diputación federal para las elecciones de junio del año entrante mientras que ella trabajaba para ser su sucesora en la presidencia municipal. El ordenar la agresión a balazos contra los normalistas y luego la desaparición y asesinato de 43 de ellos no iba a pasar desapercibido. Luego entonces, ¿para qué ordenar algo que en nada los beneficiaba políticamente?

Es muy probable que ordenaran la represión y que se le diera un escarmiento a los normalistas, pero es también muy probable que otra persona decidiera que había que enfrentar y matarlos.

Tal vez el prófugo jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores, creyó que los normalistas pertenecían a la banda delincuencial Los Rojos, enemiga mortal de Guerreros Unidos. Eso explicaría que los entregara, vía policías municipales de Cocula, a los sicarios de Guerreros Unidos, quienes, de acuerdo a informes de la PGR, antes de matarlos les preguntaron si eran miembros de Los Rojos.

Por eso la captura de Flores es tan importante y necesaria para que se avance en la investigación en torno a este terrible suceso.

También es fundamental saber por qué y para qué fueron los normalistas a Iguala y quien les ordenó o sugirió ir.

Foto: Ayuntamiento de Iguala

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Fecha: 
Lunes, 08 de Diciembre 2014 - 12:00
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¿De qué y por qué nos sorprendemos?

Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala son los municipios guerrerenses que desde el pasado fin de semana no tienen policías. El domingo, los policías municipales fueron desarmados por soldados y policías federales. También fueron obligados entregar sus armas los directores y subdirectores de seguridad pública de cada uno de esos municipios. Lo mismo ocurrió en el muy turístico municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal.

En total 13 municipios, 12 de Guerrero y uno del Estado de México, cuyos habitantes y sus bienes son ahora protegidos por el Ejército y la Policía Federal.

El Comisionado Nacional de seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, informó que en la investigación de los seis asesinatos y 43 secuestros perpetrados en Iguala el 26 de septiembre se han descubierto situaciones irregulares en algunas policías municipales de las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero, así como en el de Ixtapan de la Sal.

La semana pasada sucedió lo mismo en los municipios de Iguala y Cocula, también en Guerrero.

Lo que estamos viendo en el estado que sigue gobernando Ángel Aguirre gracias al apoyo incondicional que está recibiendo del PRD, es similar a lo que hemos atestiguado en decenas de municipios de otros estados, como son Michoacán, Tamaulipas o Veracruz.

Ante lo que está ocurriendo nadie puede sorprenderse. Desde siempre han sido corruptas las corporaciones policíacas mexicanas, sean federales, estatales o municipales. La historia nos demuestra que los agentes policíacos de todos los niveles generalmente han sido individuos de poca o nula integridad.

Los gobernantes de este país les fallaron a nuestros ancestros y nos han fallado a nosotros al permitir la existencia de corporaciones policíacas como las que están siendo intervenidas por las fuerzas armadas y la Policía Federal. Presidentes de la república, gobernadores, jefes de gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales no solamente toleraron sino que promovieron a policías corruptos.

¿Quién puede olvidar que el jefe de la policía del Distrito Federal durante la presidencia de José López Portillo fue su amigo, un criminal y asesino llamado Arturo Durazo? ¿Quién puede ignorar que los gobernadores y presidentes municipales desde tiempo inmemorial han utilizado a los policías estatales y municipales como sus guardias personales y fuentes de fabulosos ingresos ilícitos?

Lo que ha sucedido en cada uno de los municipios intervenidos por la Policía Federal, el Ejército o la Marina sucede en muchos municipios más, algunos de ellos en el Estado de México y dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Por razones políticas sus policías y directores de Seguridad Pública no han sido desarmados, removidos y, si procede, consignados ante un juez. El caso de Ecatepec es el mejor ejemplo de un gobierno municipal totalmente rebasado por la delincuencia.

Por todo esto, nadie tiene por qué ni de qué sorprenderse de lo que ocurre en los municipios de este país.

Foto: www.fox.com

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Fecha: 
Martes, 21 de Octubre 2014 - 12:00
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