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La crisis de legitimidad auspicia la violencia

 

En México no hay justicia porque usualmente se rinde al mejor postor. La impunidad campea: sólo 2% de los delitos son castigados, y la mayoría de los que están en la cárcel purgan largas condenas por infracciones menores o porque confesaron su culpabilidad bajo tortura, mientras que los grandes delincuentes presumen sus fechorías a la luz pública. La economía no funciona porque concentra la riqueza en un puñado y genera pobreza y desigualdad: los de arriba se reparten las oportunidades y los empleos bien remunerados con la única credencial que vale: su poder. Los partidos políticos recrearon el régimen patrimonialista: se reparten entre sus compinches los cargos de elección popular y usan los recursos públicos como si fueran de su propiedad para enriquecerse. La corrupción concentra el poder y las oportunidades.

Las instituciones mexicanas son, en consecuencia, inoperantes: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no vigila ni regula a quién debería hacerlo, como lo muestra la defraudación de Ficrea a sus ahorradores. Lo mismo ocurre en el ámbito político donde los partidos violan un día sí y otro también la ley que ellos elaboraron y aprobaron. Los Poderes de la Unión tampoco operan: los legisladores encubren, en lugar de investigar para determinar si hubo o no conflicto de interés en las casas del presidente Peña y del secretario Videgaray de Hacienda, porque la mayoría se benefician de los moches; tampoco legislan a favor del interés general sino del gran capital. El Ejecutivo es incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de las personas. Y la Corte no controla a sus jueces ni protege al ciudadano de los abusos del poder público.

En suma, la gran mayoría de mexicanos carece de oportunidades y de medios para defenderse de los poderes públicos y económicos. Es más fácil descender en la escala social (empobrecerse) que mejorar el nivel de vida. El mundo político, el mundo económico, el mundo de la justicia son impenetrables: la movilidad social se congeló. Con ello, los poderes públicos y las instituciones pierden su legitimidad porque no representan el interés general. Esta circunstancia explica la violencia de muchos grupos: si los de abajo no pueden acudir a la ley ni acceder a la justicia para protegerse ni a la prensa para hacerse oír, recurren al único medio que les da visibilidad y presencia: el vandalismo. Estamos entrampados, pues un Estado sin legitimidad pierde el derecho del uso legítimo de la fuerza pública. Por tanto, urge un gran acuerdo nacional para recuperar el Estado a favor del interés general. En caso contrario se corre el riesgo de que caigamos en una espiral fatal de violencia.

Fecha: 
Jueves, 22 de Enero 2015 - 18:00
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San Raúl Salinas

El villano favorito durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el hermano incómodo de un presidente priísta que como pocos de ellos abusó del poder, el hombre que inspiraba miedo entre los que lo conocían, el funcionario público que al amparo del poder de su padre y hermano acumuló una vasta fortuna, el presunto autor intelectual de uno o más homicidios resultó ser, después de todo, una blanca paloma, un ser impoluto por el pecado, una víctima más de la injusticia que tanto abunda en nuestro país, un santo que fue martirizado por el capricho de Ernesto Zedillo.

Efectivamente, Raúl Salinas de Gortari fue finalmente exonerado del delito de enriquecimiento ilícito después de casi 20 años de enfrentar exitosamente un buen número de acusaciones en su contra. Acusaciones que se fueron derrumbando, una a una, gracias a la ayuda profesional que recibió de los mejores y más caros abogados de México, Estados Unidos y Europa y, claro está, al apoyo que recibió de su aún políticamente poderoso hermano menor,

Desde que su arresto se llevó a cabo previa autorización de Zedillo, el 28 de febrero de 1995, Raúl Salinas enfrentó y ganó diversos procesos penales. La Procuraduría General de la República (PGR) lo acusó de ordenar el asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu así como por los delitos de peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal, narcotráfico y enriquecimiento ilícito.

La PGR trató de demostrar su enriquecimiento inexplicable e ilícito con base a 49 bienes inmuebles que adquirió en la Ciudad de México y ocho Estados de la república con recursos económicos que sobrepasaban por mucho sus ingresos como funcionario. La PGR alegaba que el enriquecimiento provino de la partida secreta de la Presidencia, de la que se desviaron 2,218 millones de pesos entre 1990 y 1994 por órdenes del entonces director de Administración de la Presidencia de la República, Ernesto Sentíes, quien murió en 1998.

La PGR agotó así los recursos legales que tenía a su disposición para poder lograr una sentencia condenatoria contra el ahora ex incómodo hermano presidencial. Lo que ahora sigue es que a partir del mes entrante Raúl y/o los legítimos propietarios de los más de 30 inmuebles asegurados por la PGR puedan recuperar los mismos.

Raúl pasó 10 años de su vida en la cárcel y fue liberado en 2005 después de ser exonerado de casi todos los cargos que contra él formuló la PGR. La última acusación, la del enriquecimiento ilícito, quedó finalmente desechada el viernes de la semana pasada.

En este caso, ¿qué sucedió?

¿Fabricó la PGR las pruebas que utilizó contra Raúl Salinas, entre ellos los pasaportes emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde la foto era suya pero el nombre no?

¿Resultó cierto que los 114 millones de dólares que estaban depositados en una cuenta bancaria a su nombre en Suiza no eran de él sino de importantes empresarios que se los dieron para que él los invirtiera y que los 49 inmuebles tampoco le pertenecían?

¿Fue el ahora ex incómodo hermano de Carlos Salinas víctima de la furia de Ernesto Zedillo?

Nunca sabremos lo que ocurrió. Lo que sí queda claro es que en este caso falló terriblemente el sistema de procuración e impartición de justicia. Tanto la PGR como los jueces y magistrados involucrados en los juicios que se le hicieron a Raúl Salinas quedan mal parado ante la opinión pública que ahora tiene una razón más para creer que en México prevalece la injusticia, un razón encarnada en la persona de San Raúl Salinas.

Foto: jdarredondo.blogspot.mx

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Fecha: 
Miércoles, 17 de Diciembre 2014 - 12:00
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¡Me comprometo de manera pública!

En tono enérgico el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, instruye a los servidores públicos de su administración para que a la brevedad hagan pública su declaración patrimonial, y en caso contrario, afirmó quien no quiera hacerlo “ya sabe cuál será la decisión del Jefe de Gobierno”.

Su instrucción fue hoy, durante la presentación del Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas, Fiscalización, Prevención y Combate a la Corrupción. Además, se dice que los servidores públicos tendrán que presentarse a realizar exámenes de evaluación, sicométricos, socioeconómicos y poligráficos. 

La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, son los principios con los que se comprometen a respetar y que acepta el servidor público cuando firma, la “Carta de obligaciones de los servidores públicos del Gobierno del DF”. 

Por tanto, ante las instrucciones de su Jefe de Gobierno, los servidores públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial de manera pública.

Les guste o no les guste, tendrán que hacerlo por instrucción jerárquica y por la “Carta de obligaciones”, compromiso número 13 de la fracción II en el rubro de nombre: “Manifiesto que mis principales Obligaciones como servidor público son: …13. Reportar a la Contraloría General del Distrito Federal, periódica y verazmente los bienes de mi patrimonio, mediante una declaración de situación patrimonial”.

Estimado lector, los servidores públicos están obligados a declarar todos sus bienes inmuebles (terrenos, casas,  departamentos, etc.) y bienes muebles (menaje de casa, joyas, pinturas, autos, créditos bancarios –tarjetas de crédito-, etc.). Y, de igual forma, los bienes inmuebles y muebles de su cónyuge y dependientes económicos (hijos, hijas y/o padres).

Así que, querido lector, les guste o no, a los servidores públicos del DF, tendrán que dar a conocer de manera pública sus bienes muebles e inmuebles, por instrucción de su jefe superior y por ley, máxime, porque aceptaron y firman su compromiso en la “Carta de Obligaciones”, que al final del documento dice a la letra: “Me comprometo a cumplir bajo mi más estricta responsabilidad con las obligaciones encomendadas en términos del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos."

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Martes, 09 de Diciembre 2014 - 18:30
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