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¡Claro que fue el Estado! (lo declara el Estado)

Ha quedado oficialmente confirmado por la PGR: fue el Estado el que desapareció a 43 una noche en Iguala. Eso se infiere cuando el poder máximo del Estado —el gobierno federal— saca una investigación del ámbito criminal y la pasa al de los derechos humanos. Si los particulares vulneran los derechos humanos se les llama delitos, pero si hace lo mismo una autoridad de cualquier nivel se habla de derechos humanos.

En la PGR la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) investigaba los delitos cometidos en Iguala y Cocula el 26 de septiembre de 2014, alcanzó conclusiones, consignó a 111 personas y busca a más. Pero de repente intervino desde allende el Bravo la activísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que había enviado al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), cuya principal aportación ha sido descalificar la casi concluida investigación de la PGR. La CIDH se fue de frente y logró que la PGR sacara el caso de la subprocuraduría investigadora de delitos.

La cosa estuvo así. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ojo con las fechas: en política las casualidades no existen) llegó a México justo en el aniversario de los sucesos de Iguala, y el mismísimo 2 de octubre presentó unas observaciones sobre los derechos humanos en México. Allí dijo literalmente que la PGR “debe adoptar en forma urgente las siguientes medidas fundamentales e indispensables: pasar la responsabilidad de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad…” y otras cosas, todas perentorias para la PGR y poniéndose a las órdenes del GIEI: designar un nuevo fiscal especial, sustituir del todo al equipo que investiga el caso reorientándolo según lo ordenado por el GIEI, y que el GIEI tenga facultades para entrevistar a todo el mundo, incluyendo a militares. Todo bajo el GIEI; es decir, todo bajo la CIDH; es decir, todo bajo Emilio Álvarez Icaza, su secretario ejecutivo.

Dijo con razón doña Isabel Miranda de Wallace: “Si es cierta la afirmación del GIEI, al señalar que el motivo del ataque a los 43 estudiantes tuvo que ver con drogas, estamos ante un delito y no ante un problema de derechos humanos, por lo que el organismo internacional competente sería la Oficina contra la Droga y el Delito perteneciente a la ONU, y no a la CIDH”.

Clarísimo. Pero si la CIDH ordena a la PGR que se vaya a derechos humanos un caso que su propio GIEI identificó como asunto criminal de narcotráfico, lo convierte en asunto político. Habrá en la CIDH un gato encerrado muy pero muy político, ¿o no?

Ni modo. El gobierno federal se hizo chiquito cuando se plegó a la exigencia de sacar todo de la SEIDO. Se rindió a ese individuo de mirada torva y ligas y agendas más que sospechosas llamado Emilio Álvarez Icaza, cuya larga invectiva llena de verdades y medias verdades y plagada de corrección política critica la situación de los derechos humanos en México, incluso mencionando 1968 en Tlatelolco y la “guerra sucia”. Con esos estándares, bien haría dicha comisión en atacar la situación de derechos humanos en Estados Unidos por el asesinato de Martin Luther King en 1968. El caso es que el poder máximo del Estado se arrodilló.

Marcador en la contienda

Estado mexicano y Enrique Peña Nieto: 0 (y menos cero)
Emilio Álvarez Icaza y su CIDH: 1 (y mucho más)

Hay otros problemas. La PGR no deja de decir que la investigación nunca se ha cerrado pero la Ley Orgánica de la PGR no asigna funciones de investigación de delitos a la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Palabra que no entiendo. A menos que Aristóteles estuviera loco, se deducen lógicamente varias cosas:

1. La PGR reconoce que el Estado mexicano efectivamente fue el culpable de ataques gubernamentales a los derechos humanos (no ya delitos) esa noche en Iguala. Y no el Estado de Guerrero sino el federal, pues allí está la PGR.

2. La investigación no se ha cerrado pero le pasan la papa caliente a una subprocuraduría ¡que no investiga! ¿Quién va a investigar ahora? Lo dice la CIDH: un nuevo fiscal a modo del GIEI, luego de “renovar por completo a todos los miembros del equipo que investiga el caso”. Sacar a todos y empezar de cero. Lógico: si en Cocula según el GIEI no pudieron quemar a todos los estudiantes —a pesar de que allí aparecieron restos identificados de dos quemados— toda la investigación de la PGR se va a la basura. Logiquísimo. Punto y sanseacabó.

3. El asunto se pasa al ámbito político. Dice Pablo Hiriart: “Convirtieron una investigación criminal que estaba prácticamente resuelta, en un asunto político transexenal que se va a ir enredando en lugar de destrabarse. ¿Por qué darle largas? Quién sabe. Si ahora hay sectores considerables de la población que no le creen nada a las autoridades, tampoco le van a creer en el futuro.”

Adivina adivinador, y conste que son preguntas: ¿no querrá la CIDH seguir tripulando a la PGR vía sus “expertos” “independientes” para que salga a modo toda investigación sobre Iguala? ¿Y no buscará con todo esto, con el explícito acuerdo de la PGR, seguir propalando la mentira de que el gobierno de Peña (“el Estado”) es el culpable de los sucesos en Iguala? ¿Y con qué objetivos políticos, no de justicia?

A nadie se le ocurrirá distinguir entre el Estado de Guerrero y el federal, menos que nadie a los ayotzinapapás que creen que a sus hijos los desapareció y asesinó el gobierno de Peña (o hasta mantiene secuestrados incluso a los dos muertos, si piden que los 43 aparezcan vivos), todo azuzado por una brutal campaña de mentiras inclementemente propaladas al estilo Goebbels. Hoy la CIDH toma la batuta del coro acusador y pone de rodillas al gobierno federal al obligar a la PGR a balacearse sus pies cuando atiende cosas tan “urgentes, “fundamentales e indispensables”. Si el gobierno peñista quería quedar bien con alguien o hacer buenas relaciones públicas se habrá equivocado del todo. Esta gente toma el pie cuando se le da la mano.

In extremis, habrá que exonerar a las autoridades municipales y a la estatal, liberar a Abarca, a su esposa y a los demás, y dejar en paz a las bandas criminales Los Rojos y Guerreros Unidos (no los menciona el larguísimo informe de la CIDH). Y luego, para ser congruentes, proponer a Emilio Álvarez Icaza como presidente de México en 2024, suponiendo sin conceder que López Obrador no se eternice después de su sexenio.

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Fecha: 
Lunes, 26 de Octubre 2015 - 17:30
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Yo no fui ¡fue Teté! (Fue el Estado)

Los muchos crímenes cometidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 tomaron por sorpresa al establishment de izquierda. Por unos días no supieron qué hacer ni qué decir: el gobierno municipal de Iguala era de izquierda, su policía obedecía a un presidente municipal de izquierda, y el gobierno estatal también era de izquierda. En esos primeros días los “intelectuales” y comentócratas de izquierda se quedaron pasmados, confusos, paralizados.

Luego de los crímenes del 26 de septiembre, el día 30 alabó Julio Hernández en La Jornada el Día del Maíz; el 2 de octubre culpó a la autoridad municipal de Iguala pero ya el 7 criticó a Peña. El 1º de octubre Sergio Aguayo escribió sobre Tlatlaya y Tlatelolco, no sobre Ayotzinapa. El 2 de octubre Lorenzo Meyer tampoco mencionó Iguala: pidió no olvidar Tlatelolco. El 3 de octubre Juan Villoro narró una anécdota de Acapulco. Carmen Aristegui escribió sobre el Poli el 3 de octubre y puso la palabra Ayotzinapa sin decir nada, al lado de Tlatlaya. René Delgado el 4 de octubre tocó de soslayo el tema. Denise Dresser (que recientemente se solazó en la tv con evidente placer y visible deleite cuando uno de los expertos de la CIDH contradecía el informe de la PGR de Murillo) el 6 de octubre se lanzó contra el Ejército y Tlatlaya; nada de Iguala.

Clamoroso silencio inicial de los izquierdos que igual de clamorosamente reprochan la inicial inacción federal ante un caso de jurisdicción local. Sólo hasta dos semanas después empezaron a criticar a las autoridades (federales). #FueelEstado apareció en Twitter el 21 de octubre de 2014, casi al mes.

Gerardo de la Concha criticó tempraneramente ese silencio. Mencionó a Sergio Aguayo, Elena Poniatowska, Pago Ignacio Taibo, Javier Sicilia, David Huerta en “Iguala: el Tlatelolco de la izquierda” (La Razón, 5 de octubre de 2014): “Si hacemos un ejercicio de imaginación pensemos que las autoridades responsables de Guerrero e Iguala hubieran sido priistas, entonces el tema no habría sido callado por los que menciono en este texto y, además, toda la legión cultural de izquierda ‘alzaría su voz’ y la indignación, convertida en un clamor, estaría desbordada y, por supuesto, sería justo.”

Lo que les pareció justo semanas después, ya metabolizado el suceso y tras una tan copiosa como sospechosa andanada en redes sociales, fue la frase salvífica “Fue el Estado”. No han dejado de criticar y marchar desde que a alguien se le ocurrió culpar al gobierno federal; muy amigos de la verdad, claro. El mismo de la Concha escribió el 2 de noviembre: “Del silencio pasaron al ruido, con tal de no hacer ninguna autocrítica y de mantener así el status quo en el que medran.”

Algunos ilusos quisiéramos que atendieran a los hechos sin el prejuicio ideológico- geométrico de sólo acusar un crimen si lo comete el enemigo, como ordena el infinito catálogo de la corrección política. Quisiera que quien pide justicia y marcha exigiendo que aparezcan vivos los 43 (incluyendo a los dos demostradamente asesinados y quemados) pidiera investigar en serio al director de esa escuela y al intocable Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué puso de candidato a Abarca si conocía sus antecedentes?

Hablando del Peje, la frase “Fue el Estado” es ocurrencia de un genio, y lo digo sin ironía. Es deliberadamente equívoca, la menos eficaz posible para identificar a un criminal pero la más eficaz posible para culpar a un enemigo común muy paladeable que encarna todo lo odioso —el PRI, el sistema político, Televisa, la corrupción, el “fraude electoral”, la oligarquía, la “burguesía”— y se personifica en el político más impopular: Enrique Peña Nieto.

El Estado son los tres poderes, las instituciones, el territorio, la Nación, pero al oír “fue el Estado” nadie piensa en Abarca, el Estado de Guerrero, el estado de cosas o el estado de ebriedad sino en el gobierno federal. Es genial una frase pegajosa que echa la culpa a un muy, pero muy conveniente adversario unánime, al punto de exhibir la foto de Peña junto a la de Díaz Ordaz. Resulta lógico, si fue el Estado.

Los que claman por justicia no están viendo a cuando menos 111 presos, entre ellos Abarca y su esposa y los meros meros de los Guerreros Unidos; sólo será justiciera su justicia si encarcelan a Peña. Y no alabo su hasta hoy lamentable manejo de esta crisis. El gobierno federal se ha balaceado las extremidades inferiores y se ha puesto de pechito ante las calumnias e infundios de sus mucho más astutos adversarios. No soy amigo de Peña pero más amigo soy de la verdad.

Dos sucesos muy diferentes (Tlatelolco e Iguala) le parecen iguales al que piensa poco y grita mucho. Desde el Colegio de México (!!!) Sergio Aguayo asocia un crimen ejecutado por el gobierno de México hace 47 años, a un ataque de bandas rivales por controlar la heroína. Sólo mala leche o llana estupidez permiten un salto cuántico de tal calado, que resulta obvio: fue el Estado, léase Peña.

Mientras tanto, la izquierda y sus “intelectuales”, su prensa, su comentocracia y sus masas exigen que aparezcan con vida los 43, incluso los dos demostradamente asesinados. No hablan de Gonzalo Rivas, empleado de una gasolinería de Chilpancingo, quemado vivo por los ayotzinapos el 12 de diciembre de 2011 cuando incendiaron la gasolinería donde trabajaba. Ese homicidio, el incendio y los robos de camiones no son delito porque no hay que criminalizar la protesta social. Y como no hay ayotzinapos delincuentes, fue el Estado.

Sólo un negocio tan jugoso como el narcotráfico produce criminales capaces de despellejar vivo a un normalista tras sacarle los ojos, matar a mansalva, quemar gente y esparcir sus cenizas. Eso demuestra que fue el Estado.

Los que cayeron bajo las fuerzas federales (Policía Federal y Ejército) están vivos pero los victimados por la policía de Abarca y por sus socios están muertos. Lógico: fue el Estado.

El abogado de los ayotzinapapás Vidulfo Rosales dice que el Cochiloco, que les ordenó ir a Iguala, no era criminal infiltrado sino estudiante ejemplar, comisionado de Orden y Disciplina (!!!) y de conseguir 25 camiones (sólo se habían robado 10 ese día). Sidronio Casarrubias, capo de los Guerreros Unidos, dijo “Los hicimos polvo y los echamos al agua, nunca los van a encontrar” luego de que la esposa de Abarca ordenó “dar un escarmiento” a los normalistas. Y López Astudillo (de ese mismo cartel criminal) los secuestró, asesinó e incendió. Indudable: fue el Estado.

Los ayotzinapapás pidieron al presidente “comprometerse a estar de lado de la verdad y no de la mentira” lo cual está muy bien pero en su punto 6 le exigen “cesar los intentos de criminalización de los normalistas”. Siempre se supo de bandas criminales y tráfico de heroína y si buscan la verdad habrá que averiguar esa línea, digo yo, pero “no hay que criminalizar la protesta social”. Y con toda verdad, acusan, fue el Estado.

Y es que claro, claro, hay que encontrar la verdad verdadera y hacer justicia ora si que bien expedita y rete pronta y por eso que inmediatamente renuncie Peña y buscar la verdad a secas, claro que sí, cómo no, pero sin criminalizar a nadie ni investigar nexos con el narco porque oiga usted, no hay que ser, es que resulta de que fue el Estado y esa es la única verdad porque pos así fue ¿o qué no? y respeten a la normal de Ayotzinapa y no investiguen a su director ni a los muchachos, a los chicos, a los esforzados estudiantes que no son criminales aunque incendien gasolinerías y se roben camiones porque querían ser mentores de generaciones de guerrilleros y es de que como te venía diciendo no, hombre, no hay que ser, porque sabes que hay que ser adultos y no, yo no fui, ¡fue Teté! oséase, ¡fue el Estado!

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Fecha: 
Lunes, 05 de Octubre 2015 - 17:00
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Chapomanía

La fuga del Chapo Guzmán de la cárcel de alta seguridad capturó la imaginación nacional y mundial. Aquí y allá se mofan del ridículo que hizo el gobierno de Enrique Peña y se pone de manifiesto el descrédito de México, que tendrá costos. En el ámbito interno un escenario posible es que puede complicarse, a medida que fenece el sexenio, la gobernanza. En el campo internacional es factible un deterioro de las relaciones con Estados Unidos por bloquear la extradición del capo; asimismo, existe el riesgo de que pocos gobiernos tomen en serio al régimen mexicano: el efecto Chapo puede acarrear una especie de aislamiento diplomático (¿y económico?) del país. A este penoso suceso le antecede la crisis de credibilidad por el conflicto de interés de las casas del presidente y de algunos funcionarios de su primer círculo. También le precede la crisis de derechos humanos en Tlatlaya e Iguala.

A tan delicados asuntos se le suma el descrédito de los poderes Legislativo y Judicial, ambos lastrados por la corrupción y el uso arbitrario y patrimonial del poder y de los recursos públicos en beneficio de sus camarillas. El mismo derrotero siguen los partidos políticos, que representan más bien a sus familias y pandillas. El distintivo de la clase política es la impunidad y la corrupción. El divorcio entre el pueblo y sus representantes es patente. El resultado es que México está al arbitrio del más fuerte, lo que genera más desigualdad. Si las instituciones están rebasadas por disfuncionales y, por tanto, están capturadas por los políticos y la gran empresa, si por ende el gobierno es incompetente, y si la ley está al servicio de las elites, entonces estamos ante una crisis de legitimidad política de las clases gobernantes. ¿Sigue la guerra civil?

Hay que evitar este posible escenario catastrofista. Es hora que el gobierno de Peña muestre que entiende que sí entiende. Ello implica un golpe de timón para cumplir y hacer cumplir la ley, para combatir a la impunidad –mediante la rendición de cuentas– y a la corrupción, llevando a los tribunales a los presuntos corruptos. También involucra un cambio de personas y en las políticas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. La seguridad debe centrarse en combatir a los delitos que más dañan y humillan a los mexicanos (secuestro, extorsión, asesinatos, etc.), y la estrategia contra el narcotráfico requiere sacar al ejército de ese infierno y replantear la política punitiva contra las drogas ilícitas ante Estados Unidos, pues esta inútil lucha nos arrastra a la guerra civil, que dañaría la seguridad del poderoso vecino norteño. Es lamentable lo que pasó, pero es atroz persistir en lo que nos lastima.

Fecha: 
Jueves, 16 de Julio 2015 - 17:00
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Dos fechas: Tlatlaya y Ayotzinapa

Este 26 de junio se cumplen nueve meses de los acontecimientos en Iguala, donde perdieron la vida y desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El próximo 30 de junio se cumple, a su vez, el primer aniversario de Tlatlaya, lugar en donde un grupo de supuestos delincuentes fue asesinado por efectivos del Ejército. Ambas situaciones son parte del entramado que golpeó fuertemente la credibilidad del gobierno federal y afectó de manera particular al presidente Peña Nieto.

Oficialmente, ambos casos se encuentran resueltos. En el primero, el matrimonio Abarca y una buena cantidad de funcionarios, policías y delincuentes de dos municipios se encuentran encarcelados por esos crímenes, aunque los cargos directos aún no les son imputados ni al exalcalde ni a su esposa. Para la Procuraduría General de la República, los 43 estudiantes están muertos, pero en un enredo político “se les sigue buscando”. Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiga el caso desde hace meses. El caso Tlatlaya culminó con la detención y enjuiciamiento de varios efectivos militares y el otorgamiento de compensaciones millonarias a los familiares de los supuestos delincuentes ejecutados.

Para muchos, ninguno de los dos casos está cerrado. Los familiares y compañeros de los muchachos desaparecidos siguen exigiendo justicia y claridad en las investigaciones. Argumentan que hubo una participación del Ejército y que esto no ha sido investigado. En este sentido, los expertos de la CIDH han solicitado entrevistarse con los militares del cuartel de Iguala. En el caso de Tlatlaya, varias organizaciones exigen que se investigue a funcionarios del Estado de México y del Ejército que trataron de ocultar los hechos.

Por supuesto, en ambos casos hay muchos interesados, algunos de manera directa, otros porque beneficia a su agenda política. Si bien el caso Tlatlaya no fue tan llamativo, el caso Ayotzinapa sí lo fue, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora son temas de segundo orden en la atención mediática, más allá de su importancia humana y legal. Varias cosas los han desgastado: el tiempo mismo, los métodos usados para exigir justicia, los aliados que escogieron, la división de los familiares, las acusaciones mutuas, etc.

Ahora ambos casos han sido escogidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como una muestra de los abusos en derechos humanos que se cometen en nuestro país. Este informe no fijará la postura del gobierno de Obama hacia nuestro país, pero internamente se está tratando de usar para golpear de nuevo al gobierno federal.

Es de esperarse que, a menos que surjan nuevas evidencias, ambos temas serán pasajeros en la atención mediática. Son temas “viejos” y ya han causado todo el daño posible (un gran daño, por cierto).

¿Se violan los derechos humanos? Por supuesto… ¿al grueso de los mexicanos les importa? Por desgracia, parece que no.

Fecha: 
Viernes, 26 de Junio 2015 - 17:30
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El informe del PRD sobre los Abarca:

Ayer se dio a conocer el informe especial que una comisión del PRD elaboró para explicar cómo se había dado la candidatura de José Luis Abarca en dicho partido. Dicha comisión fue constituida el 19 de diciembre del año pasado y se designó como integrantes a Octavio Cortés, Pablo Franco, Pablo Gómez (presidente) y Karla Michel Salas.

En primer lugar, hay que decir que es positiva la creación de una comisión para dilucidar un proceso que al final terminó en tragedia para una comunidad y para el país entero. En segundo lugar, el informe debe sacudir al PRD hasta sus cimientos por las revelaciones que contiene. Estas revelaciones no son, por desgracia, cosas que se ignoren ni dentro ni fuera del partido; son vicios que esa organización arrastra desde hace mucho tiempo, casi desde su creación. Lo novedoso es que el informe muestra, casi como en una novela, como la concatenación de estos vicios pueden llevar a una tragedia.

El informe subraya que Abarca fue hecho candidato a pesar de que no era integrante ni simpatizante del partido. Tampoco era un ciudadano notable. Su trabajo consistía en ser administrador de un centro joyero y era propietario de varios locales comerciales. El propio Abarca ha dicho que proporcionó dinero a Lázaro Mazón cuando este se lanzó para alcalde. Recordemos que Mazón fue secretario de Salud con Aguirre y fue efímero candidato designado por López Obrador a la gubernatura por MORENA.

El documento perredista sostiene que se levantó una encuesta en la que un perredista, ese sí integrante del partido, Óscar Díaz Bello, resultó triunfador por dos puntos sobre Abarca. A pesar de esto, el PRD consideró esto como “un empate técnico” y se designó el que a la postre sería presidente municipal de Iguala. Todos estos elementos abren varias interrogantes: ¿por qué se pensó en Abarca como candidato si no tenía experiencia política ni era cercano al PRD?, ¿por qué se ignoró el resultado de la encuesta y se hizo candidato a Abarca?, ¿hubo dinero en todo este proceso?, ¿es cierto que Abarca “compró” la candidatura? Es difícil creer que Abarca resultó candidato limpiamente.

Pero hay más. El PRD sabía de los nexos de la esposa de José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, con el crimen organizado. Sobre este tema, el informe señala que el propio Díaz Bello pidió a Jesús Zambrano, entonces presidente del PRD, que investigara el asunto, pero no existió ninguna consulta oficial de Zambrano con la Secretaría de Gobernación, tan solo una solicitud verbal.

Estos son sólo unos datos del documento presentado. El informe vincula a Los Chuchos, a Aguirre, a Mazón, entre otros. No sólo debe cimbrar al PRD, sino también a los demás partidos. Los vicios del Sol Azteca son los vicios de todos. El problema, por cierto, no es sólo de los partidos. 

Fecha: 
Jueves, 07 de Mayo 2015 - 17:30
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Guerrero: a siete meses de Iguala

Este domingo se cumplieron siete meses de la desaparición y muerte de alumnos de la normal Raúl Isidro Burgos en la ciudad de Iguala, Guerrero. De acuerdo a diarios del estado, más de mil 200 personas marcharon en Chilpancingo, partiendo del monumento “El Caballito” ubicado en avenida Insurgente, para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos que consideran desaparecidos.

Conforme a estas mismas fuentes, la marcha fue convocada por el llamado grupo radical de la CETEG, que dirige Antonia Morales, líder de la coordinadora en Chilpancingo, quien es opositora al secretario general de esa organización, Ramos Reyes Guerrero. Al terminar la protesta, quemaron frente al Congreso local seis camionetas de empresas repartidoras de productos. Esto motivó que elementos de las fuerzas de seguridad se desplegaran para evitar más hechos vandálicos. Luego de varios choques, los manifestantes se retiraron. No se han registrado heridos.

En la ciudad de México la marcha fue mucho menos numerosa que en otras ocasiones. Lo más notable fue que algunos padres y alumnos de la Normal Rural colocaron un antimonumento en el camellón de Paseo de la Reforma y Bucareli, en honor a los 43 normalistas desaparecidos. Los manifestantes han solicitado al GDF respetar el citado antimonumento por Ayotzinapa.

A diferencia de las movilizaciones pasadas, esta XI Acción Global por Ayotzinapa careció de una gran convocatoria. En las plataformas sociales se colocaron tres Trending Topic los cuales no tuvieron los mismos alcances que en otros momentos. Varias organizaciones sociales han solicitado al gobierno federal que declare el caso como desapariciones forzadas, pero hay resistencia en las esferas gubernamentales. El caso tendría otra connotación.

Por otro lado, los familiares de los desaparecidos y sus aliados no reconocen la posibilidad de que casi todos los responsables de aquella acción se encuentren ya presos y culpan al propio presidente Peña Nieto, aunque no hay una sola evidencia de que autoridades federales estén implicadas. Muchos de los aliados a la causa de Ayotzinapa están utilizando el caso políticamente para su propia agenda, pero en democracia esto vale.

Luego de siete meses, el 26 de septiembre de 2014 está en vías de convertirse en una fecha simbólica, pero sin gran fuerza política. El gobierno federal paga su lenta respuesta en el caso y no considera que fue desaparición forzada, que lo fue. Los padres de familia están reacios a reconocer que se ha hecho justicia, al menos en los responsables directos. López Obrador y el PRD escurren el bulto de su responsabilidad y si la flaca memoria colectiva se los permite, le endilgarán el hecho atroz al gobierno de Peña Nieto. 

Fecha: 
Lunes, 27 de Abril 2015 - 18:00
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Cambios en el gabinete presidencial

El presidente Enrique Peña Nieto hizo cambios en su gabinete el viernes pasado..

No debe sorprender que Jorge Carlos Ramírez Marín haya renunciado a ser Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para aceptar la candidatura a una diputación plurinominal por la Tercera Circunscripción que incluye a los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Después de todo, la política y no la administración pública es realmente lo suyo. Ha sido dos veces diputado local en el Congreso de Yucatán y dos veces federal plurinominal. Como diputado le será más fácil buscar la candidatura a la gubernatura de Yucatán que se disputará en 2018.

La salida de Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República (PGR) era un hecho esperado por muchos después de que dieran a conocer las conclusiones de la investigación en torno a los sucesos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre del año pasado. Su imagen se deterioró como resultado de una bien diseñada campaña de desprestigio instrumentada a través de las redes sociales. Así, el hidalguense terminó siendo una víctima más del PRD, del matrimonio Abarca, de Ángel Aguirre, de Andrés Manuel López Obrador y de otros que por sus acciones u omisiones causaron que en Iguala murieran siete personas, 24 resultaran heridas y 43 fueran desaparecidas y después asesinadas. Su llegada a la SEDATU debe ser interpretada como un reconocimiento a su labor al frente de la PGR, donde entre otras cosas actuó como un muy eficaz pararrayos al recibir muchos de los ataques que diversos grupos lanzaron contra el gobierno de Peña Nieto a raíz del caso de los normalistas de Ayotzinapa.

Que el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, David López Gutiérrez, esté por dejar este cargo para convertirse en candidato a una diputación plurinominal por la Primera Circunscripción que incluye a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, solo puede interpretarse como un premio a la lealtad con que ha servido a Peña Nieto desde que éste era gobernador del Estado de México, cuando también se encargó del manejo de la comunicación social del gobierno estatal. Desde la Cámara Diputados, López Gutiérrez podrá buscar la candidatura a la gubernatura de Sinaloa que estará en juego en las elecciones de junio de 2016. Hasta anoche no se había designado a su sucesor.

Si el Senado aprueba su designación presidencial, y todo indica que lo hará, la desde el viernes senadora priísta con licencia Arely Gómez González será quien substituya a Murillo Karam al frente de la PGR. Por lo pronto, Peña Nieto la nombró subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales en sustitución de Mariana Benítez Tiburcio, quien renunció para buscar una diputación plurinominal por la Tercera Circunscripción. Gómez González ha realizado gran parte de su carrera en la PGR, tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  En el Tribunal Fiscal de la Federación fue secretaria de Estudio y Cuenta, y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fungió como jefa de Unidad de Asuntos Nacionales. En la SCJN fue secretaria de la Segunda Sala y luego Secretaria General de la Presidencia y Oficial Mayor. En la PGR fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Si el presidente buscaba darle un rostro y estilo nuevos a la PGR es muy probable que lo logre con esta abogada que cuenta con casi 40 años de experiencia profesional.

Foto: lajornadamichoacan.com.mx

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Lunes, 02 de Marzo 2015 - 12:00
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Lo que sí y no entiendo

Puedo entender, porque sufrí la misma pérdida que ellos, el infinito dolor que sienten los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que en septiembre pasado fueron secuestrados y asesinados por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, e integrantes de la banda criminal Guerreros Unidos, supuestamente por órdenes del entonces presidente municipal perredista de Iguala y su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda.

Puedo imaginar la desesperación que sienten por no encontrar los cuerpos de sus hijos para así tener la certeza que murieron y no vivir día tras día haciéndose mil y un preguntas que nunca tendrán respuesta.

Lo que no puedo entender es que se dejen manipular como hasta ahora lo han hecho quienes buscan desestabilizar a México. No comprendo como es que siguen exigiendo que aparezcan vivos si es más que evidente que ya están muertos. No entiendo porque siguen marchando de aquí para allá, bloqueando calles y carreteras y afectando los derechos de los demás mexicanos si bien saben que jamás verán de nuevo a sus hijos.

Tampoco me explico porque culpan al gobierno federal por la muerte de sus hijos cuando ni Enrique Peña Nieto ni Jesús Murillo Karam, entre otros, tuvieron que ver con su secuestro y asesinato.

Menos puedo explicarme porque hasta el momento no se hayan manifestado contra Abarca y su esposa, contra el entonces gobernador perredista de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, contra el PRD que postuló a Aguirre y Abarca a los cargos que ocupaban, contra Andrés Manuel López Obrador, quien como candidato perredista a la presidencia de la república en 2012 apoyó a Abarca pese a que se le advirtió que éste podía estar involucrado en un asesinato.

Tampoco comprendo porque los padres de los 43 no le han exigido a José Luis Hernández Rivera, el evasivo director de la normal de Ayotzinapa, que les explique quién le ordenó a sus hijos ir a Iguala.

Entiendo y comparto el dolor de los padres, pero no puedo entender la irracionalidad de sus actos.

Me pregunto: ¿de qué han vivido desde septiembre del año pasado estos individuos? ¿de dónde han obtenido los recursos para alimentarse y viajar de un lugar a otro? Y me lo pregunto porque se nos ha dicho que todos los estudiantes de Ayotzinapa son pobres e hijos de pobres. ¿Cómo sobreviven estos padres que dejaron de trabajar desde hace casi cinco meses? ¿Quién los mantiene y financia?

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Viernes, 27 de Febrero 2015 - 12:00
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Ayotzinapa, ¿fin del viaje?

El día de hoy se cumplen cuatro meses de que inició la tragedia inacabada de los estudiantes de la normal Raúl Burgos, de Ayotzinapa. Ha sido una tragedia para los familiares de los muertos y desaparecidos, una tragedia para las instituciones y una tragedia para el país. Lo menos que se podría esperar es que este saldo terrible, que se suma al de los miles de muertos y desaparecidos en los últimos nueve años, dejara alguna lección. Pero el horror es a veces sólo una efeméride.

Este 26 de enero está planteada la Octava Acción Global por Ayotzinapa. Será un rugido y un vendaval que cimbrará de nuevo la ciudad capital y otras urbes en México y el mundo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, es el reclamo que se escucha desde hace muchos años.

Quedará la noche de Iguala como una mancha imposible de borrar para la actual Presidencia de la República y para todos aquellos que estuvieron involucrados, sean inocentes o no. Ángel Aguirre se separó de su cargo como gobernador y opera desde las sombras para seguir siendo el factótum, con la ayuda del PRD de Nueva Izquierda. Fiel a su tradición, López Obrador esconde su responsabilidad política y grita “al ladrón” para esconderse. Quedan todavía por investigar las autoridades de Ayotzinapa y los que enviaron a los muchachos a la muerte.

Hay indicios de que la Procuraduría General de la República se dispone a cerrar la investigación sobre lo ocurrido y comunicar esta decisión a los familiares, toda vez que hay evidencias de que los hechos sucedieron como lo narró su titular en noviembre pasado. Hay culpables confesos, tanto materiales como intelectuales. Todavía quedan muchas interrogantes, pero al parecer no serán contestadas en el corto plazo y tal vez nunca. La investigación sólo se reabriría si los peritos austriacos o argentinos encuentran algo, o bien alguno de los desaparecidos es hallado, vivo o muerto, en alguna otra parte que no sea Cocula. Tal vez un nuevo testimonio o pruebas fehacientes arrojarían mayores elementos.

La fuerza política y moral del movimiento se ha visto afectada por las agendas de sus aliados y por los excesos de algunos de los participantes. Los medios, como es su obligación, han reseñado todo esto. La marcha de hoy será un termómetro que nos dirá que tan vigorosa sigue siendo la movilización alrededor del tema. Sin embargo, será difícil que siga teniendo el poderío que mostró el año pasado. Nuevos temas, entre ellos el electoral, reclaman la atención de los medios y la llamada opinión pública.

Como decía Miguel Hernández: Tristes hombres/ si no mueren de amores./ Tristes, tristes. 

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Lunes, 26 de Enero 2015 - 18:00
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Violencia en Guerrero, elecciones 2015 y el cambio climático

En esta ocasión me acompañan Álvaro Rattinger, Tere Vale, Anayanssi Moreno y Bernardino Esparza. Los temas que abordamos esta noche fueron:

1. La Violencia en Chilpancingo e Iguala
2. Elecciones 2015 
3. Chapulines Electorales
4. El Cambio Climático: el día más caliente en el Planeta en 2014
 

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Lunes, 19 de Enero 2015 - 21:30
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