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La batalla por el Mando Único

Empezando por el gobernador Graco Ramírez, toda la clase política morelense está de cabeza alrededor de dos temas: el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, la perredista Gisela Mota, y la instauración por decreto del mando único policíaco en la entidad. Es claro que esta confusión, a la que ha contribuido el propio Graco, beneficia diversos intereses locales que se empalman con los del crimen organizado.

Los opositores al mando único no representan una corriente homogénea, los hay que por principio no están de acuerdo con escamotear al municipio una de sus atribuciones constitucionales. En los hechos, argumentan, eso sería anular a los municipios como un nivel de gobierno. Se dice que el mando único no será la panacea que pregonan sus propagandistas. En lugar de esto, proponen que se discutan fórmulas que blinden a los municipios, es decir que los fortalezcan, en lugar de simplemente anularlos. Sin embargo, la clase política nacional no parece interesada en iniciar siquiera una reflexión en este sentido.

El gobernador Ramírez, como la mayoría de los mandatarios estatales, está de acuerdo con la solución del mando único, algo que prometió como parte de su campaña. Sin embargo, ha arribado al cumplimiento de su propuesta de manera chapucera. En primer lugar, ha atribuido el asesinato de su correligionaria Gisela Mota al crimen organizado y ha asegurado que se debió a que esta apoyaba el mando único. Al mismo tiempo, integrantes de su gobierno han asegurado que quienes se oponen al dichoso mando único son ignorantes o cómplices del crimen organizado. Ambas afirmaciones deberán probarse.

En este universo de ignorantes o cómplices, cabe el exfutbolista y flamante presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco, quien considera que la imposición del mando único equivale a un “golpe de Estado”. Otro alcalde, Enrique Alonso, de Tlalquitenango, asegura que fue amenazado por el comisionado estatal de seguridad, Alberto Capella, por oponerse al mando único. Más aún, el propio Graco ha señalado que algunas personas cercanas a Blanco son parte del crimen organizado y que el hermano del cantante Joan Sebastian es parte de esa mafia. Ambos personajes han salido a los medios a exigir que se prueben los dichos del mandatario estatal, que nos ha resultado tan boquiflojo como el propio Cuauhtémoc Blanco.

En esta guerra de declaraciones temerarias y confusiones, el gobierno federal sólo ha dicho que apoya a Graco en el tema del mando único. Esto es lógico, el mando único es una propuesta hecha por el presidente Calderón en su momento y retomada por el actual presidente Peña Nieto, pero que no ha logrado concretarse en el Congreso y en la vida real. Curiosamente, todas las chapucerías morelenses podrían estar decidiendo el éxito o el fracaso del famoso mando único. 

Fecha: 
Miércoles, 06 de Enero 2016 - 17:00
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Cuauhtémoc vs Graco

De enero de 2014 hasta marzo de 2015, los 33 gobiernos municipales de Morelos suscribieron un convenio con el gobierno estatal por medio del cual entregaron el mando de sus policías al gobernador Graco Ramírez Garrido (PRD), creándose así el llamado Mando Único, que de acuerdo a la Comisión Estatal de Seguridad Pública morelense es “un sistema de operación y administración policial debidamente homologado, profesionalizado y estructurado, que concentra a todas las corporaciones preventivas municipales y estatales como un solo ente”.

Dichos convenios expiraron en el último segundo del 31 de diciembre pasado al concluir los gobiernos de los presidentes municipales que los suscribieron. Para reestablecer el Mando Único es necesario que cada nuevo gobernante municipal acepte suscribir un nuevo convenio con el gobierno del Estado.

El problema es que las diferentes organizaciones delincuenciales no desean que se reestablezca el Mando Único porque eso les impide tener el control de las policías municipales y les dificulta delinquir con la tranquilidad con que lo hacían hasta el día en que se creo dicho Mando.

De acuerdo al gobierno de Morelos, gracias al mando único se logró disminuir el número de delitos de alto impacto. De noviembre de 2014 a octubre de 2015 se registraron 2,722 delitos de este tipo, lo que significa un promedio de 226 delitos al mes, que es la mitad de los delitos que se registraban cada mes en 2012. Además, Morelos pasó del primero al cuarto lugar en la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes.

En su más reciente informe de gobierno, Ramírez Garrido presumió el descenso del número de delitos entre 2013 y 2014: “Un descenso de 8% en la incidencia delictiva general; en especial, una disminución del 16% en los delitos de alto impacto… En el caso del robo de vehículo con violencia… este delito presenta un descenso de 37.8%; en su modalidad de robo de vehículo sin violencia… descendió 17%;  el robo a casa habitación, en su modalidad de robo con violencia… se redujo 34.6%; el robo de casa-habitación sin violencia… 19.8% menos que el año 2013; el delito de homicidio doloso… al concluir el año 2014, una disminución de 33.4%;  el abigeato… se logró disminuir sustancialmente un 57.7% en el número de estos delitos”. Además, las denuncias por secuestro disminuyeron 21.5%, el número de personas secuestradas fue 28.4% menor, mientras que el número de presuntos secuestradores capturados aumentó 15.1%.

Graco Ramírez afirma que la delincuencia organizada presiona a los nuevos presidentes municipales para que no acepten el Mando Único. Es más, asegura que la flamante presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo (PRD), fue asesinada el sábado pasado, un día después de asumir su cargo, justamente por estar decidida a suscribir el nuevo convenio y negarse a obedecer a los delincuentes.

Tanto el gobernador como el Comisionado Estatal de Seguridad Púbica, Alberto Capella afirman que el nuevo presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco (PSD), puede estar en contra del Mando Único debido a la influencia o presión que sobre él ejercen personas que le son cercanas y que aparentemente tienen vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, la misma que la PGR acusa de desaparecer y asesinar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En vista de que Cuau Blanco y otros presidentes municipales no quieren o no pueden suscribir los nuevos convenios del Mando Único, el gobernador decidió actuar y el pasado domingo emitió varios decretos por medio de los cuales asumió de manera “inmediata y temporal”, el mando de las policías municipales de Ayala, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Ocuituco, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Xochitepec y Zacatepec.

En exfutbolista Blanco ha dicho que no acatará el decreto del gobernador y que recurrirá a otras instancias, pero la verdad es que no hay mucho que pueda hacer al respecto. En la exposición de motivos de sus decretos, Graco Ramírez anota, entre otras cosas, que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 92/2010, ha sostenido que al tratarse de casos extraordinarios, de fuerza mayor o de alteraciones graves del orden público, los gobernadores de los estados tienen la facultad de asumir el mando de las policías municipales de la Entidad” y que “la Carta Magna confiere a los Ejecutivos estatales la libertad de apreciación para actuar en los casos que ellos mismos consideren como de fuerza mayor y de alteración grave del orden publico”.

En este pleito, desde ahora pronóstico que el perdedor será el aguerrido y bronco Blanco, quien dudo mucho haya leído alguna vez el Artículo 115 Constitucional.

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Fecha: 
Martes, 05 de Enero 2016 - 12:00
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Oficialmente muertos

Como se había adelantado en este espacio hace un par de días, la PGR declaró que los 43 estudiantes desaparecidos están oficialmente muertos. Fueron asesinados por un grupo de Guerreros Unidos y cremados en el basurero de Cocula. Esta es la versión oficial basada en el hecho de que los nuevos testimonios apuntan a fortalecer la versión que diera el procurador Murillo Karam en noviembre pasado.

Con un timing impresionante, se conjuntaron varios hechos que apuntan a varios cambios en el manejo del tema Ayotzinapa. Un día después de la pacífica marcha del 26 de enero, los diarios estimaron que había reunido entre 5 y 15 mil personas, cuando era evidente que eran muchos más. De cualquier forma, la marcha mostró que el movimiento ha perdido fuerza y se ha convertido en vehículo para otras causas. Era hora de actuar.

El mismo 26, un desplegado de la Iniciativa Privada exigía que se impusiera el Estado de Derecho. Al otro día, el poderoso empresario Lorenzo Servitje pedía el apoyo de los empresarios al presidente Peña Nieto en su momento de “mayor debilidad.” Varios días antes, plumas importantes, como la de Héctor Aguilar Camín, señalaban la necesidad de dar por cerrado el caso con base en las pruebas encontradas. El mismo gobernador de Guerrero, Ortega Martínez, pedía que el gobierno dijera la verdad, “por dura que fuera”.

Previo a la conferencia de prensa del procurador Murillo Karam, en donde anunció la versión oficial de lo sucedido en Iguala, el presidente de la República indicó que el país debía seguir adelante, a pesar del dolor de la pérdida. Al mismo tiempo, en una de las casetas más tomadas de la Autopista del Sol, la Policía Federal impedía, por fin, que un grupo de “jóvenes encapuchados” se hiciera de ella.

A menos que creamos que todo esto es una serie de coincidencias, es claro que el gobierno federal preparó todo en caso de confirmar que la marcha mostraba signos de debilidad. Y todo esto se hizo antes del arranque de las campañas, con muchos meses por venir de spots, discursos de candidatos y debates en el Congreso. Se apuesta a que el peso de las campañas y las discusiones en el escenario público ocupen la atención del país. No es una mala suposición, hay bases para suponer que hay un cierto hartazgo de los excesos de los aliados de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa.

Como era de esperarse, los padres de familia y sus aliados han rechazado la decisión de la PGR y aseguran que llevarán el caso a instancias internacionales. La pregunta es si el resto del país, sociedad civil y clase política, consideran cerrado el caso. Ya veremos. 

Fecha: 
Jueves, 29 de Enero 2015 - 17:00
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De Frente y Claro - Perverso manejo del caso Ayotzinapa. Los culpables indirectos impunes

Los días siguen transcurriendo y lo sucedido en Iguala, Guerrero, con los supuestos estudiantes de la Escuela Normal, sigue distorsionándose cada vez más, y digo supuestos porque al menos hasta el momento no se han mostrado documentos que demuestren que lo eran, vamos ni siquiera los 43 nombres conocemos.

La estrategia diseñada por los realmente involucrados, que no son los que los secuestraron y supuestamente ejecutaron, sino aquellos que dieron el aval para que Abarca fuese candidato a Presidente Municipal, y ahí es el origen de lo que aconteció.

Vuelvo a insistir, lo que sigue manejándose de una manera perversa en redes sociales y en algunos medios de comunicación, no tiene como finalidad mostrar de una manera imparcial la realidad, porque como ejemplo, no se interesan por mostrar a la opinión pública quien es el abogado de los padres de familia de estos desaparecidos, cuanto les cobra, quen le paga, porqué decidió representarlos, que antecedentes tiene, porque son elementos importantes para saber el entretejido de esta trama.

El abogado se llama Vidulfo Rosales, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que es parte del Movimiento Popular de Guerrero, el frente de masas de la guerrilla, y ha participado en actos de organizaciones fachadas del ERPI.

Asimismo importante agregar quienes se les han unido a los padres de familia, los “supuestos” maestros disidentes, junto al ala radical de Ayotzinapa, cierran caminos y buscan temas que a ellos les interesan, como la abrogación de la Reforma Educativa. Por ello no es extraño escuchar declaraciones de los familiares de los desaparecidos como “Si no aparecen nuestros compañeros desaparecidos, lo que sigue es un movimiento armado".

Y mientras esto sigue aconteciendo, todos los presuntos responsables siguen impunes, empero E insisto que aquellos  que por omisión o comisión propiciaron las condiciones también. Por ello pregunto ¿por qué ni siquiera los llaman a declarar?

Todos ellos formaban parte del PRD, aunque ahora algunos ya lo han dejado. Ya se olvidaron de Ángel Eladio Aguirre, y a los líderes del PRD, que apoyaron para que Abarca fuera candidato y que después del escándalo intentaron protegerlo.

La supuesta izquierda de los Chuchos aliada del Gobierno en el Pacto por México, involucrada por su respaldo a Abarca, se mantiene impune ante cualquier otra comisión de delitos. Y dejar muy claro que no por haber hecho candidato a Abarca son culpables del asesinato, que fue el inicio, de lo que sucedió. Como el hoy exgobernador, quien sí puede tener responsabilidad penal, por omisión en sus responsabilidades, que cínicamente evade afirmando que dio aviso de lo que sucedía.

También existe responsabilidad política, al haber encabezado en 2012 la reunión en donde cinco miembros del PRD decidieron las candidaturas en Guerrero. Y ojo, aprobaron no solamente la de Abarca, en Iguala, sino siete presidentes municipales casualmente hoy investigados por la PGR por su presunta vinculación con Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Caballeros Templarios.

Y saltan nombres, Sebastián de la Rosa, protector de Abarca, miembro de Los Chuchos y ligado al ex líder PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Y qué decir de Víctor Aguirre, sobrino del gobernador con licencia, como representante de Izquierda Democrática Nacional, que dirigen René Bejarano y su esposa, la senadora Dolores Padierna, también estuvo en esa reunión.

Finalmente Jesús Evodio Velázquez Aguirre, secretario general del PRD en Guerrero, líder de la corriente Nueva Mayoría, filial de “Los Chuchos”, quienes lo quieren como candidato a la alcaldía de Acapulco. En enero fue destapado en un evento donde la figura central fue el fundador de la corriente, Jesús Ortega.

Esta reunión avalada de acuerdo a la información, por el entonces líder nacional del PRD, Jesús Zambrano. Zambrano quien ahora busca deslindarse de Abarca.

Vuelvo a insistir porque a ellos los padres de los desaparecidos no les exigen cuentas, no los denuncian y siguen con un solo objetivo, el Presidente de la República.

Un grave defecto en la vida, es volverse predecible. 

Fecha: 
Viernes, 19 de Diciembre 2014 - 18:00
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Manipuladores

“Me llama a mi mucho la atención ver a actores o agrupaciones que se dediquen a tratar de desacreditar lo hecho por el gobierno federal y me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia. Me da tristeza que dentro de todo esto haya personas o grupos que realmente lucren, lucren con el dolor de los padres de los muchachos, lucren, me refiero, porque obviamente dicen una cantidad de mentiras que realmente son hechos que no son muchos de ellos son ciertos y toda esa gente trata de manipular la información para alcanzar objetivos individuales u objetivos de grupo”.

“Debemos ser claros de lo que ahí sucedió, ya que esto fue obra de la delincuencia organizada y de las autoridades municipales. La Federación ha actuado conforme al marco jurídico vigente y ha hecho su mayor esfuerzo para que este delito no quede impune. Reitero: quien falló fue la autoridad municipal infiltrada, este es el nivel que corresponde a tales hechos, de acuerdo con las investigaciones se trató de un acto de barbarie cometido por la delincuencia organizada y las policías municipales de Iguala y Cocula”.

Estas palabras las pronunció ayer en un evento el secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón y no tardó mucho en escucharse la respuesta del representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados en Iguala el 26 de septiembre pasado por policías de ese municipio guerrerense y del de Cocula.

Felipe de la Cruz, quien es el padre de un normalista que sobrevivió a la balacera que ocurrió antes del secuestro de sus 43 compañeros, al referirse a lo dicho por el almirante, dijo: “Los títeres son ellos, nosotros no somos tontos. Ellos están bajo las órdenes de un presidente corrupto y asesino… “no hay perdón ni olvido para este gobierno”.

La respuesta de De la Cruz carece de toda lógica si recordamos lo que sucedió el 26 de septiembre.

La agresión a balazos contra los 80 y tanto normalistas que llegaron a Iguala y el secuestro de los compañeros del hijo de De la Cruz supuestamente se llevaron a cabo siguiendo las órdenes del entonces presidente municipal perredista de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quien se perfilaba para ser la próxima candidata del PRD-PT-MC a la presidencia municipal de Iguala.

El asesinato de los 43 normalistas y la posterior incineración de sus cadáveres fue ejecutado por sicarios de los Guerreros Unidos, organización criminal a la que aparentemente pertenecieron tres hermanos de Pineda, dos de lo cuales fueron asesinados en 2009. María de los Ángeles supuestamente era la operadora de Guerreros Unidos en Iguala.

El secuestro y asesinato fue perpetrado en un estado que desde hace 2005 es gobernado por perredistas. El anterior al actual, Ángel Aguirre, evitó que el secuestro fuera inmediatamente investigado por la Procuraduría General de la República, que hasta el 4 de octubre atrajo el caso.

El dolor que causa el perder a un hijo afecta los sentimientos y hasta la cordura de cualquier padre o madre. Eso lo entiendo. Lo que no alcanzo a entender es que en sus declaraciones los padres de los normalistas no mencionen nunca a Abarca y Pineda, que aparentemente ordenaron la desaparición de sus hijos, ni a Aguirre, que pemitió que este par de pillos se apoderara del poder político de Iguala sabiendo que tipo de personas eran.

¡Claro que están siendo manipulados los padres de los 43! Soberón debería haber identificado a los manipuladores.

Foto: www.milenio.com

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Fecha: 
Jueves, 11 de Diciembre 2014 - 12:00
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¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién?

Después de la más reciente conferencia de prensa del procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, dada ayer, sigo sin entender para qué se dirigieron a Iguala 80 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado. Nadie me ha dicho quién les ordenó o sugirió que fueran a esa ciudad y para qué.

Hay quienes aseguran que los normalistas fueron a Iguala para recolectar fondos para costear su estudios. Quienes afirman esto olvidan que los de Ayotzinapa no eran bien vistos en esa ciudad después de que en julio de 2013 participaron, junto con integrantes de la Unión Popular Emiliano Zapata, en la agresión contra la sede de la presidencia municipal que ocupaba José Luis Abarca, quien llegó al cargo en 2012 como candidato de una coalición integrada por el PRD, PT y MC.

La versión proporcionada por la PGR afirma que “Aunado a las declaraciones de quien dirigía el Centro de Control de la Policía Municipal de Iguala, se suman las declaraciones de Marco Antonio Ríos Verder, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y de policías detenidos, quienes asumieron que el grupo que se aproximaba, se dirigía a sabotear la celebración que se realizaría, que se realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde, María de Ángeles Pineda Villa, con motivo de su informe de actividades” que como presidenta del DIF municipal ofreció en la tarde de ese mismo día.

Después de ser informados que los normalistas se dirigían a Iguala, Abarca y su esposa le ordenaron al jefe de la policía municipal, Felipe Flores, que impidiera que los estudiantes llegaran al lugar en donde se realizaba el baile. De acuerdo a Sidronio Casarrubias Salgado, el jefe del grupo criminal Guerreros Unidos, Pineda Villa fue quien ordenó ‘‘dar un escarmiento’’ a los jóvenes normalistas.

Agredir a balazos a 80 normalistas y matar en el lugar de los hechos a cuatro de ellos y a otros tres civiles inocentes es más que dar un escarmiento. Secuestrar y asesinar a 43 jóvenes y luego calcinar sus cuerpos es un brutal asesinato colectivo.

Lo ocurrido el 26 de septiembre parece más un capítulo sangriento de una batalla a muerte entre bandas delincuenciales antagónicas que una salvaje y mal ejecutada represión de estudiantes.

Hasta donde se sabe, Abarca y su esposa María de los Ángeles deseaban crecer políticamente. Él seguramente buscaría una candidatura a una diputación federal para las elecciones de junio del año entrante mientras que ella trabajaba para ser su sucesora en la presidencia municipal. El ordenar la agresión a balazos contra los normalistas y luego la desaparición y asesinato de 43 de ellos no iba a pasar desapercibido. Luego entonces, ¿para qué ordenar algo que en nada los beneficiaba políticamente?

Es muy probable que ordenaran la represión y que se le diera un escarmiento a los normalistas, pero es también muy probable que otra persona decidiera que había que enfrentar y matarlos.

Tal vez el prófugo jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores, creyó que los normalistas pertenecían a la banda delincuencial Los Rojos, enemiga mortal de Guerreros Unidos. Eso explicaría que los entregara, vía policías municipales de Cocula, a los sicarios de Guerreros Unidos, quienes, de acuerdo a informes de la PGR, antes de matarlos les preguntaron si eran miembros de Los Rojos.

Por eso la captura de Flores es tan importante y necesaria para que se avance en la investigación en torno a este terrible suceso.

También es fundamental saber por qué y para qué fueron los normalistas a Iguala y quien les ordenó o sugirió ir.

Foto: Ayuntamiento de Iguala

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Fecha: 
Lunes, 08 de Diciembre 2014 - 12:00
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Hasta donde recuerdo…

Algo está muy mal en México cuando tantas personas culpan al presidente Enrique Peña Nieto por lo que ocurrió el 26 de septiembre pasado en Iguala. Y está mal porque los verdaderos responsables de esta desaparición y seguro asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa son los ex funcionarios estatales y municipales de Guerrero que están plenamente identificados por las autoridades y la opinión pública, y sus padrinos políticos.

Los manifestantes que han tomado y bloqueado las calles, carreteras y plazas y han ocupado o destruido edificios públicos en varios lugares del país gritan consignas contra Peña Nieto, su gobierno y su partido, el PRI, pero rara vez se escucha un ¡Muera Aguirre! o ¡Muera Abarca! o ¡Abajo el PRD! o ¡Muera el PEJE! O ¡Abajo el PAN!

Hasta donde recuerdo, fueron policías municipales de Iguala y Cocula, ambos municipios gobernados por el PRD, quienes secuestraron a los 43 estudiantes para después entregarlos a unos sicarios de la banda delincuencial Guerreros Unidos, grupo criminal que aparentemente estaba íntimamente vinculado a la esposa de José Luis Abarca, el presidente municipal perredista de Iguala.

Hasta donde recuerdo, el 26 de septiembre Guerrero era gobernado por un expriísta desprestigiado que el PRD recibió en su seno para inmediatamente lanzarlo como su candidato a la gubernatura guerrerense.

Hasta donde recuerdo, Abarca había sido investigado por las autoridades federales durante la presidencia del panista Felipe Calderón y nadie actuó contra él pese a que existían fuertes indicios que permitían suponer que su enriquecimiento inexplicable se debía  a sus vínculos con la delincuencia organizada.

Hasta donde recuerdo, el entonces candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, no hizo nada para impedir que Abarca fuera el candidato perredista a la presidencia municipal de Iguala, a pesar de que varias veces le dijeron que mantenía vínculos más que cercanos con miembros de la delincuencia organizada.

Hasta donde recuerdo, el entonces gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se empeñó en que la investigación del caso la realizara la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ-GRO) encabezada por Iñaky Blanco y no la Procuraduría General de la República (PGR), la cual atrajo el caso hasta el 5 de octubre después de que se descubrieron en Iguala las tumbas clandestinas con restos humanos que resultaron no ser de los normalistas secuestrados.

Hasta donde recuerdo, ni Enrique Peña Nieto ni algún miembro de su gabinete estaban en Iguala el 26 de septiembre pasado, ya fuera para asistir al informe que como presidenta del DIF municipal rindió la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, o al baile que se organizó para festejar su labor al frente de dicho organismo.

En resumen, los responsables directos de lo que ocurrió en Iguala son perredistas y ex perredistas y tienen nombres y apellidos: Ángel Aguirre, José Luis Abarca, Andrés Manuel López Obrador, Jesús Zambrano, Jesús Ortega. Los partidos que postularon como candidatos a los dos primeros fueron el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Si esta es la realidad de las cosas, ¿por qué en marchas y manifestaciones los gritos, mantas y pancartas son contra Peña Nieto y el PRI? ¿Quiénes están detrás de esta estrategia que ha transferido la culpa de los verdaderos responsables de la tragedia de Iguala a quienes no tienen ni tuvieron vela en el entierro?

Foto: tlalpan.info

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Martes, 25 de Noviembre 2014 - 12:00
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Ingenuos e hipócritas

Ingenuos o hipócritas son aquellos que le exigen al gobierno federal la presentación con vida de los 43 estudiantes que el 26 de septiembre pasado fueron secuestrados por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, y entregados ese mismo día a sicarios de la banda delincuencial Guerreros Unidos, quienes seguramente los asesinaron e incineraron, de acuerdo a las declaraciones de algunos miembros de dicha banda aprehendidos por las autoridades federales.

Ingenuos, porque solamente alguien muy, pero muy inocente puede creer que los 43 siguen vivos exactamente 60 días después de haber sido secuestrados. Estos individuos desconectados de la realidad aparentemente no se han preguntado: ¿en dónde puede alguien recluir contra su voluntad a 43 jóvenes aguerridos, como muy seguramente lo era cada uno de los normalistas? ¿en qué lugar pueden ser mantenidos secuestrados 43 individuos sin que éste sea detectado después de una intensa búsqueda realizada durante 60 días por miles de soldados, policías federales y estatales? ¿cómo adquiere alguien los alimentos y agua necesarios para mantener con vida a 43 personas sin llamar la atención de quienes se los les venden?

Supongamos una dieta básica de 1,300 calorías, la cual un hombre adulto necesita para permanecer vivo según estimaciones de Gordon Edlin, Eric Golanty y Kelli McCormack Brown, los autores de Essentials for Health and Wellness (Jones & Bartlett Publishers, Sudbury, MA, Enero 2000). Dicha dieta consiste aproximadamente de lo siguiente: Té o café con leche descremada, 6 galletas María ó 300 gr. de fruta fresca, 300 gr. de verdura cocida ó 100 gr. de papas cocidas, ensalada, 100 gr. de carne ó 150-200 gr. de pescado, 2 huevos, 75 gr. de jamón sin grasa, tres rebanadas de pan.

Para alimentar a los 43 estudiantes desaparecidos durante los últimos 60 días se necesitarían aproximadamente 774 Kg. de fruta fresca o 15,480 galletas María, 258 Kg. de carne, 774 Kg. de verdura cocida o 258 Kg. de papas, 5,160 huevos, 193.5 Kg. de jamón y 7,740 rebanadas de pan, y bastantes litros de leche descremada. La compra de tal cantidad de alimentos ya hubieran llamado la atención de las autoridades.

¿Y qué del agua necesaria para que sobrevivan los 43? Cada uno requiere de dos litros diarios, lo que significa que en 60 días se han bebido 5,150 litros. ¿De dónde la han obtenido?

Los hipócritas son los que exigen la presentación con vida de los normalistas sabiendo que lo más seguro es que están muertos. Estos farsantes saben que lo que reclaman no se les puede conceder pero lo hacen con el único propósito de desprestigiar al gobierno federal que nada tuvo que ver con el secuestro de los 43 jóvenes.

Estos hipócritas juegan con el dolor de los padres y familiares de los desaparecidos y abusan de la buena voluntad de los miles de ingenuos que sinceramente creen que éstos siguen vivos. Y todo para ganar puntos políticos a su favor rumbo a las elecciones de junio del año entrante. Nunca imaginé que Cuauhtémoc Cárdenas fuera uno de ellos, como demostró serlo el sábado al exigir “la presentación con vida” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

Estos hipócritas demuestran tener muy poca vergüenza, moral, ética, decencia y mamá.

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Lunes, 24 de Noviembre 2014 - 12:00
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Estados sitiados

Como lo escribí ayer aquí, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República (PGR) hizo pública, el 27 de marzo del año pasado, la identidad de los “grupos, células y/o pandillas, vinculadas a las ocho organizaciones del narcotráfico en México”. Esta información fue publicada después en la revista Contralínea y gracias a ella puede verse en que estados del país dónde operan estas bandas criminales.

Los tres grupos delincuenciales vinculados a Los Zetas operaban en Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí y, Zacatecas.

Los 12 grupos vinculados con el Cártel del Pacífico o de Sinaloa actuaban en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Veracruz.

Los Arellano Félix contaban con 14 bandas operando en Baja California y Baja California Sur.

Aliados a La Familia había cinco grupos que cometen sus delitos en Guerrero, Jalisco, México, Michoacán y Morelos.

Con Los Caballeros Templarios colaboraban dos grupos que operaban en México y Morelos.

Las bandas vinculadas al Nuevo Cártel de Juárez operaban en Chihuahua.

Los 23 grupos delincuenciales que estuvieron vinculados con el Cártel de la Barbie operaban en Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, México, Morelos y Quintana Roo.

Finalmente, las 19 bandas identificadas como “escondidas de Los Beltrán Leyva” operaban en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal Guerrero, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora.

En marzo de 2013, estas 80 bandas criminales estaban presentes en 23 entidades del país: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y  Zacatecas.

En aquellos estados en donde están presentes bandas aliadas a cárteles antagónicos la violencia es mayor en vista de que se trata de territorios en donde la lucha por el control de los mismos es a morir. Este es lo que ocurre en casi todos los estados anotados en el párrafo anterior.

Hay estados en donde la violencia es mayor que en otros debido a la presencia de un gran número de grupos delictivos que compiten entre así, a veces aunque estén vinculadas al mismo cártel. Explicarse lo que ocurre en Guerrero es fácil si se toma en cuenta que ahí operan 21 bandas: dos vinculadas al Cártel del Pacífico o de Sinaloa; una aliada a La Familia (Guerreros Unidos o La Nueva Empresa); 12 afines a lo que queda del Cártel de la Barbie; y seis aliados a los Beltrán Leyva (entre ellos Los Rojos).

El reporte de la PGR de marzo de 2013 anotaba que eran 80 las bandas delincuenciales vinculadas a los ocho cárteles del narco. Versiones más recientes afirman que en realidad son 89 o 90 bandas. Lo pero es que aquí no se incluyen a quién sabe cuántas pandillas que operan independientemente, sin vinculación alguna con los cárteles.

Hay 23 estados sitiados por el hampa, algunos enfrentan una peor situación que otros. Sus habitantes viven diferentes grados de inseguridad. Y, como están las cosas, incluida la mala situación económica, nada permite pronosticar una rápida solución al problema.

Foto: viajerosdementes.blogspot.mx

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Miércoles, 19 de Noviembre 2014 - 12:00
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Plaga delincuencial

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República (PGR) hizo pública, el 27 de marzo del año pasado, la identidad de los “grupos, células y/o pandillas, vinculadas a las ocho organizaciones del narcotráfico en México”. Poco más de dos meses después la información fue publicada en la revista Contralínea. Al analizarla es fácil darse cuenta de la magnitud del problema que representa la delincuencia organizada en gran parte de nuestro país.

Hasta marzo de 2013 los ocho cárteles del narco eran Los Zetas, El Pacífico, Los Arellano Félix, La Familia, Los Caballeros Templarios, Nuevo Cártel de Juárez y lo que quedaba de las organizaciones de La Barbie y de Los Beltrán Leyva.

Los grupos delincuenciales vinculados a Los Zetas eran: 1) Los Talibanes, 2) Los Legionarios y 3) Los Hijos del Diablo.

12 grupos estaban vinculados con el Cártel del Pacífico o de Sinaloa: 1) Gente Nueva, 2) Cártel de Jalisco Nueva Generación, 3) Los Cabrera, 4) La Barredora, 5) El Comando del Diablo, 6) Cártel del Poniente, 7) Cártel de la Laguna, 8) Los Mata-Zetas, 9) El Aquiles, 10) El Tigre, 11) Los Artistas Asesinos y 12) Los Mexicles.

Los Arellano Félix contaban con 14 bandas afines: 1) Don Balas, 2) El Mario, 3) El Melvin, 4) El Chan, 5) El Jorquera, 6) los de Barranco, 7) los de García, 8) Pelioni, 9) El Kieto, 10) Chikaka, 11) El Bibi, 12) El Licenciado, 13) El Turbo y 14) Los Zamudio.

Aliados a La Familia había cinco grupos: 1) Guerreros Unidos o La Nueva Empresa, 2) La Resistencia, 3) Champis o Champis Crew, 4) Brown Side Family y 5) La Empresa.

Con Los Caballeros Templarios colaboraban dos grupos: 1) Guardia Morelense y 2) Los Troyanos.

También eran dos las bandas vinculadas al Nuevo Cártel de Juárez: 1) La Línea y 2) Los Aztecas.

23 grupos delincuenciales estaban vinculados con lo que quedaba del Cártel de la Barbie: 1) Los Canchola, 2) El Cabezas, 3) El Panda, 4) El Coyote, 5) El Banda, 6) La Oficina, 7) Cártel Independiente de Acapulco, 8) Los Marquina, 9) El Yey, 10) Santana Ríos Bahena, 11) Iguala, 12) El Mudo, 13) El Comandante 8, 14) El JJ o Batman, 15) Cártel del Centro, 16) El Javi, 17) La Nueva Administración, 18) El Pelo, 19) El Indio, 20) El Güero Guetamo, 21) Los Pelones, 22) El Pelos y 23) los de Solano.

Finalmente, había 19 bandas identificadas como “escondidas de Los Beltrán Leyva”. Estas eran: 1) El Chico Malo, 2) El H2, 3) Los Mazatecos, 4) Los Tigres, 5) El 2 Mil,  6) Los Gilos, 7) Los Granados, 8) Nuevo Cártel de la Sierra, 9) El Tigre, 10) los Ardillos, 11) Morelos Unidos, 12) Cártel del Pacífico Sur, 13) Los Rojos, 14) Los Pineda, 15) Los Zafiros, 16) La Oficina, 17) La Mano con Ojos, 18) El Mosco y 19) Los Arturos.

17 de estos 80 grupos operaban en Guerrero. Entre ellos los Guerreros Unidos y los Rojos. Los primeros, involucrados en la desaparición y casi segura muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa que, según algunas versiones, fueron confundidos con los segundos.

Los mexicanos nos enfrentamos a una verdadera plaga delincuencial. Los gobiernos federal y estatales permitieron que se esparciera y ahora parece que no saben como controlarla, primero, para luego aniquilarla.

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Martes, 18 de Noviembre 2014 - 12:00
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