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guerrero

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Un cuarto de siglo sin Ruiz Massieu

 

Un miércoles 28 de septiembre de 1994 (hace ya 25 años), fue cobardemente asesinado en la Ciudad de México José Francisco Ruiz Massieu, nacido en la Ciudad de Acapulco en 1946, licenciado en derecho por la UNAM, licenciado en Historia y con postgrados en la Universidad de Essex, Inglaterra y en la de Austin, Texas, además de gobernar su natal estado de Guerrero de 1987 a 1993, fue secretario general de gobierno con el Gobernador Cervantes Delgado, oficial mayor y subsecretario en la secretaría de Salud Federal, director del INFONAVIT, presidente de la fundacion "cambio XXI" del PRI (hoy "Luis Donaldo Colosio"), secretario general del CEN del PRI, entre otras responsabilidades políticas y en la administración pública; catedrático universitario, investigador académico del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. Hombre de sólida cultura, prolifico escritor con más de 15 libros publicados, se hizo acreedor del premio nacional de administración pública en 1979.

 

 Tratar de evocar en tan pocas lineas su importante legado a Guerrero y a México no es algo sencillo, ya que era incansable visionario y hombre de ideas, hombre de enorme capacidad administrativa y de gestión que las llevaba (como el mismo decía) al terreno arisco de los hechos. Tras su paso como Gobernador de Guerrero, pasó a la historia como un reformador, el legislativo local aprobó durante su sexenio cambios a 36 artículos de la Constitución estatal, fueron aprobadas 85 leyes, algunas incluso pioneras a nivel nacional, y 591 decretos, a fin de modernizar y armonizar la actividad administrativa; sobresalen la creación de la comisión estatal de la defensa de los derechos humanos, el tribunal de lo contencioso administrativo, la secretaría de la mujer (siendo en ese momento la única en el país), su huella tanto en materia cultural como educativa transformó a la entidad, y relanzó al estado en materia turística con acciones como los desarrollos Acapulco Diamante y la Marina Ixtapa, el impulso a la construcción de la autopista del sol, la de acceso a Taxco de Alarcon, la creación de eventos como el Festival Acapulco, las Jornadas alarconianas en Taxco y la restauración de la Catedral de Santa Prisca (solo por mencionar algunas), y así podríamos continuar enumerando logros en materia ecológica, cultural, política y de salud, en su periodo se creó también el centro estatal de cancerología y se incremento en más de 50% las camas hospitalarias disponibles, en materia social, baste citar la electrificacion de cientos de poblados y colonias.

 

Demostró desde entonces su talante democrático al invitar como colaboradores a su gobierno a miembros de partidos de oposición, y al realizarle la T.V. estatal la primera entrevista a Cuauhtemoc Cárdenas durante el proceso electoral de 1988.
   
Su visión era la de un México moderno, siendo diputado federal electo y próximo coordinador de la bancada del PRI en la cámara de diputados, su agenda era la de romper con inercias del pasado, la de fortalecer el pluripartidismo, generar los espacios para el diálogo político avanzando así en nuestro atrasado proceso democrático, tenía como prioridad una Reforma integral del Estado; la división de poderes, una profunda reforma judicial, y el impulso a un nuevo federalismo con el fortalecimiento del municipio, reequilibrando así la relación entre los poderes y los distintos órdenes de gobierno, reconstruyendo también así, y moderando el presidencialismo cuasi monolítico. Él sabía, mejor que nadie, de la urgencia por hacernos de una nueva cultura democrática, que no se limitara a lo meramente electoral y que diera cauce institucional y civilizado a nuestro pluralismo.

 Él, el último, quizás el ultimo hijo ilustre, al día de hoy, que han dado las tierras del sur así lo expresaba: "Los rezagos nacionales reclaman un nuevo pacto que acelere el arribo de una sociedad en la que la justicia social sea el faro. La ruta es el entendimiento entre las distintas fuerzas políticas y la concordia social... la ley y la política son el remedio".

 

Seguramente y de no haber ocurrido la desgracia de su pérdida, él hubiera sido pieza clave para una transición democrática más inteligente, gradual y sin las innecesarias turbulencias que, hasta el día de hoy, padecemos.

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Fecha: 
Miércoles, 02 de Octubre 2019 - 13:10
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Miércoles, 02 de Octubre 2019 - 15:25
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Jueves, 03 de Octubre 2019 - 04:25
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La vida vale nada o poco en 16 estados en donde hay epidemia de asesinatos

 

El viernes pasado, el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) difundió su reporte de incidencia delictiva más reciente, actualizado al 31 de agosto del año en curso.

El número de delitos que se cometen por cada 100 000 habitantes (tasa) es el dato que hay que considerar para determinar cuáles son los estados de la República en donde hay más probabilidades de que una persona termine siendo víctima de los criminales.

El homicidio es el crimen más horrendo porque, primero, priva a la víctima de lo más preciado que tiene -su vida- y, segundo, envenena el ambiente de la localidad en donde se comete.

Cuando este delito registra una tasa superior a 10 en una zona geopolítica determinada existe una epidemia de homicidios, señala la Organización Mundial de la Salud, equivale a.

Hasta agosto, la tasa promedio de homicidios dolosos para México era de 13.3 y hay una epidemia en 16 estados: Guerrero (56.5), Sinaloa (28.2), Chihuahua (25.5), Morelos (25.0), Baja California (23.6), Colima (22.4), Sonora (20.1), Baja California Sur (19.8), Michoacán (16.7), Tamaulipas (15.0) Guanajuato (14.8), Zacatecas (14.7), Quintana Roo (14.5), Durango (13.4), Jalisco (12.1) y Estado de México (12.0).

16 estados registran una tasa menor de 10: Yucatán (2.5), Aguascalientes (3.0), Tlaxcala (4.6), Oaxaca (5.0), Hidalgo (5.1), Campeche (5.4), Querétaro (6.5), Veracruz (6.5), Nayarit (6.8), Puebla (8.0), San Luis Potosí (8.8), Nuevo León (8.9), Ciudad de México (9.0), Coahuila (9.4), Chiapas (9.6), y Tabasco (9.8).

Durante los primeros ocho meses de este año se cometieron 19 648 homicidios dolosos. En el mismo periodo de 2018 fueron: 19 191.

Lo anterior significa que, hasta agosto, el número de asesinatos perpetrados fue superior en 2.4% al de 2018, en 18.4% al de 2017 (16 601), en 52.8% al de 2016 (12 860) y en 85.4% al de 2015 (10 595).

La cantidad de homicidios dolosos cometidos durante los primeros ocho meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no es la que todos quisiéramos. Sin embargo es indudable que recibió muy malos números de su predecesor Enrique Peña, ya que en el periodo 2015-2018 el número aumentó 81.1%.

Los gobernadores también son responsables de prevenir y combatir el delito en sus estados.

Los de los estados en donde la tasa de homicidios es superior a 10 deben esforzarse más para que estos números bajen. Vivir en algunas zonas es una verdadera pesadilla para sus habitantes.

Los de Guanajuato, Zacatecas , Quintana Roo, Durango, Jalisco y Estado de México están obligados a realizar grandes esfuerzos para reducir la tasa a menos de 10 y los de San Luis Potosí, Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas y Tabasco no pueden permitir que se rebase esa tasa y que sus gobernados empiecen a vivir angustiados.

Los de Yucatán, Aguascalientes, Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo, Campeche, Querétaro, Veracruz, Nayarit y Puebla deben reducir más las bajas tasas que se registran en sus estados para que sus habitantes sigan viviendo tranquilos.

Veracruz es muestra de que puede reducirse la tasa de asesinatos. En 2017 fue de 21.1 y hoy es de 6.5. Yucatán es muestra de que pueden minimizarse esas tasas.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

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Martes, 24 de Septiembre 2019 - 09:55
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Martes, 24 de Septiembre 2019 - 18:40
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Miércoles, 25 de Septiembre 2019 - 05:55
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La muerte le cuesta cada vez más a la vida

En México la muerte le cuesta cada vez más a la vida. La sobrepoblación de cuerpos en los anfiteatros del país y el profundo dolor de familiares y amigos de aquellos que, aún continúan desaparecidos, demandan inversiones. Mientras la vida se debate entre una desaceleración económica mundial, la austeridad republicana, y el golpe de suerte en que se ha convertido la supervivencia a la crisis de violencia por la que atraviesa el país.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha informado que el Gobierno dedicará una primera partida de 410 millones de pesos para construir cinco institutos regionales forenses en el país además de 15 panteones.

Los institutos estarán en Coahuila, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Veracruz. Mientras que de los 15 cementerios 3 estarán en Veracruz, 3 en Sinaloa, 2 en Jalisco, 2 en Guerrero y uno en Michoacán, Baja California, Colima, Nayarit y Tamaulipas.

Desde 2006 se han acumulado 37,443 cadáveres no identificados. De los cuales 8,116 se encuentran apilados en los 263 anfiteatros del país, que presentan una “sobrepoblación” de 2,945 cuerpos, según han confirmado las propias autoridades nacionales.

La tendencia no parece atenuarse. En el 2019 los homicidios han aumentado respecto al mismo periodo del año anterior. Decenas de fosas siguen apareciendo en todo el país, y se calcula que al menos 426 han aparecido desde la entrada del Gobierno actual. En las cuales se reporta que de los 551 restos humanos encontrados solamente 529 cuentan cómo cadáveres porque los demás no están completos. Así las cosas.

Solamente estados como Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán permanecen sin declarar el hallazgo de fosas desde que la crisis comenzó a azotar al país. En tanto que estados como Veracruz con 332 fosas, Tamaulipas con 280, Guerrero con 216, Chihuahua con 194, Sinaloa con 139, Zacatecas con 138, Jalisco con 137, Nuevo León con 114, Sonora con 86, Michoacán con 76 y San Luis Potosí con 65 se coronan por totalmente los contrario.

Lo triste del caso es que mientras la muerte avanza y la vida disminuye, la esperanza de los familiares y amigos de los desaparecidos, también disminuye, y se reduce al anhelo de volver a ver los huesos de los que en vida fueron sus seres queridos. Para que ahora ellos puedan descansar en paz, en vida, y liberarse de las cadenas de la incertidumbre.

Por eso es que digo que en este país la muerte le cuesta cada vez más a la vida. Porque va mucho más allá de inversiones y mata, no sólo aquellos que cayeron en las manos equivocadas, sino que también mata, de angustia, a todos aquellos que los esperan en vida.

Esperemos que la violencia y la incertidumbre acaben pronto.

El último en salir apague la luz.
 

Facebook: Stephanie Henaro

Instagram: steph.henaro

Twitter: @HenaroStephanie

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Martes, 25 de Junio 2019 - 13:20
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Martes, 25 de Junio 2019 - 15:35
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Miércoles, 26 de Junio 2019 - 04:35
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¿Tiene solución Guerrero?

Héctor Astudillo se convirtió ayer en el sexagésimo segundo gobernador que ha tenido Guerrero desde que este se constituyó como Estado Libre y Soberano, el 27 de octubre de 1849. Durante los 166 años transcurridos desde ese día hasta hoy esos 62 individuos han encabezado 80 gobiernos distintos en vista de que algunos de ellos han ocupado la gubernatura en dos o más ocasiones.

La mayoría de quienes gobernaron el estado más de una vez lo hicieron entre 1849 y 1925, que fue un largo período de gran inestabilidad política en nuestro país. Desde 1926 solo un hombre ha encabezado dos veces el poder ejecutivo de Guerrero: Ángel Eladio Aguirre Rivero, la primera vez como gobernador interino priísta (1996-99) y la segunda como gobernador constitucional perredista (2011-14).

Desde que en 1929 se creó el partido abuelo del PRI, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), Guerrero ha sido gobernado por 26 individuos, Astudillo incluido. Estos son demasiados gobernadores para un período de 86 años y significa que, en promedio, cada uno ha permanecido 3.3 años en el cargo. También muestra que la inestabilidad política sigue siendo una característica de este estado.

Veamos lo que ha ocurrido desde 1945, cuando los períodos de gobierno se extendieron de cuatro a seis años.

El gobernador electo para el período 1951-57 fue obligado a renunciar en 1954 y un gobernador sustituto concluyó su sexenio.

El que fue electo para el período 1957-63 también  fue obligado a abandonar el cargo, en 1961, y un gobernador interno se encargó del gobierno durante el resto del sexenio.

El que fue electo para el periodo 1969-75 murió en 1971 al caerse el helicóptero en que viajaba. Un encargado del despacho asumió el cargo y tres días después de la muerte del gobernador fue designado un sustituto para concluir el sexenio. Sin embargo, éste fue obligado a renunciar dos meses antes de dejar el cargo y en su lugar se nombró a un provisional para completar el período.

El que fue electo para el período 1993-99 fue obligado a renunciar en 1996 y un substituto (Ángel Eladio Aguirre Rivero) fue designado para concluir el sexenio.

El que fue electo para el período 2011-2015 (el mismo Aguirre Rivero) se vio obligado a renunciar y un substituto concluyó su gobierno.

Además de su ancestral inestabilidad política, Guerrero enfrenta un sinnúmero de problemas sociales y económicos.

El crimen ha sentado sus reales en el estado. Es ahí en donde, con 40 asesinatos por cada 100 mil habitantes, se registra la tasa de homicidio doloso más alta del país. En los primeros nueves meses del año en curso fueron asesinadas poco más de dos mil personas. Los casos de extorsión y secuestro no se conocen del todo en vista de que la mayoría de los casos no se denuncian ante las autoridades que muchas veces están coludidas con las organizaciones criminales.

El 71% de la población económicamente activa de Guerrero se desempeña en el sector informal y el 62% de los guerrerenses no gana lo suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.

Esta es parte de la realidad que ahora enfrenta Héctor Astudillo. Después de décadas de descuidos por quienes han gobernado al país, al estado y sus municipios cabe preguntarse si la situación de Guerrero realmente tiene solución, aunque sea a largo plazo.

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Jueves, 29 de Octubre 2015 - 12:00
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¡Claro que fue el Estado! (lo declara el Estado)

Ha quedado oficialmente confirmado por la PGR: fue el Estado el que desapareció a 43 una noche en Iguala. Eso se infiere cuando el poder máximo del Estado —el gobierno federal— saca una investigación del ámbito criminal y la pasa al de los derechos humanos. Si los particulares vulneran los derechos humanos se les llama delitos, pero si hace lo mismo una autoridad de cualquier nivel se habla de derechos humanos.

En la PGR la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) investigaba los delitos cometidos en Iguala y Cocula el 26 de septiembre de 2014, alcanzó conclusiones, consignó a 111 personas y busca a más. Pero de repente intervino desde allende el Bravo la activísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que había enviado al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), cuya principal aportación ha sido descalificar la casi concluida investigación de la PGR. La CIDH se fue de frente y logró que la PGR sacara el caso de la subprocuraduría investigadora de delitos.

La cosa estuvo así. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ojo con las fechas: en política las casualidades no existen) llegó a México justo en el aniversario de los sucesos de Iguala, y el mismísimo 2 de octubre presentó unas observaciones sobre los derechos humanos en México. Allí dijo literalmente que la PGR “debe adoptar en forma urgente las siguientes medidas fundamentales e indispensables: pasar la responsabilidad de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad…” y otras cosas, todas perentorias para la PGR y poniéndose a las órdenes del GIEI: designar un nuevo fiscal especial, sustituir del todo al equipo que investiga el caso reorientándolo según lo ordenado por el GIEI, y que el GIEI tenga facultades para entrevistar a todo el mundo, incluyendo a militares. Todo bajo el GIEI; es decir, todo bajo la CIDH; es decir, todo bajo Emilio Álvarez Icaza, su secretario ejecutivo.

Dijo con razón doña Isabel Miranda de Wallace: “Si es cierta la afirmación del GIEI, al señalar que el motivo del ataque a los 43 estudiantes tuvo que ver con drogas, estamos ante un delito y no ante un problema de derechos humanos, por lo que el organismo internacional competente sería la Oficina contra la Droga y el Delito perteneciente a la ONU, y no a la CIDH”.

Clarísimo. Pero si la CIDH ordena a la PGR que se vaya a derechos humanos un caso que su propio GIEI identificó como asunto criminal de narcotráfico, lo convierte en asunto político. Habrá en la CIDH un gato encerrado muy pero muy político, ¿o no?

Ni modo. El gobierno federal se hizo chiquito cuando se plegó a la exigencia de sacar todo de la SEIDO. Se rindió a ese individuo de mirada torva y ligas y agendas más que sospechosas llamado Emilio Álvarez Icaza, cuya larga invectiva llena de verdades y medias verdades y plagada de corrección política critica la situación de los derechos humanos en México, incluso mencionando 1968 en Tlatelolco y la “guerra sucia”. Con esos estándares, bien haría dicha comisión en atacar la situación de derechos humanos en Estados Unidos por el asesinato de Martin Luther King en 1968. El caso es que el poder máximo del Estado se arrodilló.

Marcador en la contienda

Estado mexicano y Enrique Peña Nieto: 0 (y menos cero)
Emilio Álvarez Icaza y su CIDH: 1 (y mucho más)

Hay otros problemas. La PGR no deja de decir que la investigación nunca se ha cerrado pero la Ley Orgánica de la PGR no asigna funciones de investigación de delitos a la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Palabra que no entiendo. A menos que Aristóteles estuviera loco, se deducen lógicamente varias cosas:

1. La PGR reconoce que el Estado mexicano efectivamente fue el culpable de ataques gubernamentales a los derechos humanos (no ya delitos) esa noche en Iguala. Y no el Estado de Guerrero sino el federal, pues allí está la PGR.

2. La investigación no se ha cerrado pero le pasan la papa caliente a una subprocuraduría ¡que no investiga! ¿Quién va a investigar ahora? Lo dice la CIDH: un nuevo fiscal a modo del GIEI, luego de “renovar por completo a todos los miembros del equipo que investiga el caso”. Sacar a todos y empezar de cero. Lógico: si en Cocula según el GIEI no pudieron quemar a todos los estudiantes —a pesar de que allí aparecieron restos identificados de dos quemados— toda la investigación de la PGR se va a la basura. Logiquísimo. Punto y sanseacabó.

3. El asunto se pasa al ámbito político. Dice Pablo Hiriart: “Convirtieron una investigación criminal que estaba prácticamente resuelta, en un asunto político transexenal que se va a ir enredando en lugar de destrabarse. ¿Por qué darle largas? Quién sabe. Si ahora hay sectores considerables de la población que no le creen nada a las autoridades, tampoco le van a creer en el futuro.”

Adivina adivinador, y conste que son preguntas: ¿no querrá la CIDH seguir tripulando a la PGR vía sus “expertos” “independientes” para que salga a modo toda investigación sobre Iguala? ¿Y no buscará con todo esto, con el explícito acuerdo de la PGR, seguir propalando la mentira de que el gobierno de Peña (“el Estado”) es el culpable de los sucesos en Iguala? ¿Y con qué objetivos políticos, no de justicia?

A nadie se le ocurrirá distinguir entre el Estado de Guerrero y el federal, menos que nadie a los ayotzinapapás que creen que a sus hijos los desapareció y asesinó el gobierno de Peña (o hasta mantiene secuestrados incluso a los dos muertos, si piden que los 43 aparezcan vivos), todo azuzado por una brutal campaña de mentiras inclementemente propaladas al estilo Goebbels. Hoy la CIDH toma la batuta del coro acusador y pone de rodillas al gobierno federal al obligar a la PGR a balacearse sus pies cuando atiende cosas tan “urgentes, “fundamentales e indispensables”. Si el gobierno peñista quería quedar bien con alguien o hacer buenas relaciones públicas se habrá equivocado del todo. Esta gente toma el pie cuando se le da la mano.

In extremis, habrá que exonerar a las autoridades municipales y a la estatal, liberar a Abarca, a su esposa y a los demás, y dejar en paz a las bandas criminales Los Rojos y Guerreros Unidos (no los menciona el larguísimo informe de la CIDH). Y luego, para ser congruentes, proponer a Emilio Álvarez Icaza como presidente de México en 2024, suponiendo sin conceder que López Obrador no se eternice después de su sexenio.

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Lunes, 26 de Octubre 2015 - 17:30
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Yo no fui ¡fue Teté! (Fue el Estado)

Los muchos crímenes cometidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 tomaron por sorpresa al establishment de izquierda. Por unos días no supieron qué hacer ni qué decir: el gobierno municipal de Iguala era de izquierda, su policía obedecía a un presidente municipal de izquierda, y el gobierno estatal también era de izquierda. En esos primeros días los “intelectuales” y comentócratas de izquierda se quedaron pasmados, confusos, paralizados.

Luego de los crímenes del 26 de septiembre, el día 30 alabó Julio Hernández en La Jornada el Día del Maíz; el 2 de octubre culpó a la autoridad municipal de Iguala pero ya el 7 criticó a Peña. El 1º de octubre Sergio Aguayo escribió sobre Tlatlaya y Tlatelolco, no sobre Ayotzinapa. El 2 de octubre Lorenzo Meyer tampoco mencionó Iguala: pidió no olvidar Tlatelolco. El 3 de octubre Juan Villoro narró una anécdota de Acapulco. Carmen Aristegui escribió sobre el Poli el 3 de octubre y puso la palabra Ayotzinapa sin decir nada, al lado de Tlatlaya. René Delgado el 4 de octubre tocó de soslayo el tema. Denise Dresser (que recientemente se solazó en la tv con evidente placer y visible deleite cuando uno de los expertos de la CIDH contradecía el informe de la PGR de Murillo) el 6 de octubre se lanzó contra el Ejército y Tlatlaya; nada de Iguala.

Clamoroso silencio inicial de los izquierdos que igual de clamorosamente reprochan la inicial inacción federal ante un caso de jurisdicción local. Sólo hasta dos semanas después empezaron a criticar a las autoridades (federales). #FueelEstado apareció en Twitter el 21 de octubre de 2014, casi al mes.

Gerardo de la Concha criticó tempraneramente ese silencio. Mencionó a Sergio Aguayo, Elena Poniatowska, Pago Ignacio Taibo, Javier Sicilia, David Huerta en “Iguala: el Tlatelolco de la izquierda” (La Razón, 5 de octubre de 2014): “Si hacemos un ejercicio de imaginación pensemos que las autoridades responsables de Guerrero e Iguala hubieran sido priistas, entonces el tema no habría sido callado por los que menciono en este texto y, además, toda la legión cultural de izquierda ‘alzaría su voz’ y la indignación, convertida en un clamor, estaría desbordada y, por supuesto, sería justo.”

Lo que les pareció justo semanas después, ya metabolizado el suceso y tras una tan copiosa como sospechosa andanada en redes sociales, fue la frase salvífica “Fue el Estado”. No han dejado de criticar y marchar desde que a alguien se le ocurrió culpar al gobierno federal; muy amigos de la verdad, claro. El mismo de la Concha escribió el 2 de noviembre: “Del silencio pasaron al ruido, con tal de no hacer ninguna autocrítica y de mantener así el status quo en el que medran.”

Algunos ilusos quisiéramos que atendieran a los hechos sin el prejuicio ideológico- geométrico de sólo acusar un crimen si lo comete el enemigo, como ordena el infinito catálogo de la corrección política. Quisiera que quien pide justicia y marcha exigiendo que aparezcan vivos los 43 (incluyendo a los dos demostradamente asesinados y quemados) pidiera investigar en serio al director de esa escuela y al intocable Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué puso de candidato a Abarca si conocía sus antecedentes?

Hablando del Peje, la frase “Fue el Estado” es ocurrencia de un genio, y lo digo sin ironía. Es deliberadamente equívoca, la menos eficaz posible para identificar a un criminal pero la más eficaz posible para culpar a un enemigo común muy paladeable que encarna todo lo odioso —el PRI, el sistema político, Televisa, la corrupción, el “fraude electoral”, la oligarquía, la “burguesía”— y se personifica en el político más impopular: Enrique Peña Nieto.

El Estado son los tres poderes, las instituciones, el territorio, la Nación, pero al oír “fue el Estado” nadie piensa en Abarca, el Estado de Guerrero, el estado de cosas o el estado de ebriedad sino en el gobierno federal. Es genial una frase pegajosa que echa la culpa a un muy, pero muy conveniente adversario unánime, al punto de exhibir la foto de Peña junto a la de Díaz Ordaz. Resulta lógico, si fue el Estado.

Los que claman por justicia no están viendo a cuando menos 111 presos, entre ellos Abarca y su esposa y los meros meros de los Guerreros Unidos; sólo será justiciera su justicia si encarcelan a Peña. Y no alabo su hasta hoy lamentable manejo de esta crisis. El gobierno federal se ha balaceado las extremidades inferiores y se ha puesto de pechito ante las calumnias e infundios de sus mucho más astutos adversarios. No soy amigo de Peña pero más amigo soy de la verdad.

Dos sucesos muy diferentes (Tlatelolco e Iguala) le parecen iguales al que piensa poco y grita mucho. Desde el Colegio de México (!!!) Sergio Aguayo asocia un crimen ejecutado por el gobierno de México hace 47 años, a un ataque de bandas rivales por controlar la heroína. Sólo mala leche o llana estupidez permiten un salto cuántico de tal calado, que resulta obvio: fue el Estado, léase Peña.

Mientras tanto, la izquierda y sus “intelectuales”, su prensa, su comentocracia y sus masas exigen que aparezcan con vida los 43, incluso los dos demostradamente asesinados. No hablan de Gonzalo Rivas, empleado de una gasolinería de Chilpancingo, quemado vivo por los ayotzinapos el 12 de diciembre de 2011 cuando incendiaron la gasolinería donde trabajaba. Ese homicidio, el incendio y los robos de camiones no son delito porque no hay que criminalizar la protesta social. Y como no hay ayotzinapos delincuentes, fue el Estado.

Sólo un negocio tan jugoso como el narcotráfico produce criminales capaces de despellejar vivo a un normalista tras sacarle los ojos, matar a mansalva, quemar gente y esparcir sus cenizas. Eso demuestra que fue el Estado.

Los que cayeron bajo las fuerzas federales (Policía Federal y Ejército) están vivos pero los victimados por la policía de Abarca y por sus socios están muertos. Lógico: fue el Estado.

El abogado de los ayotzinapapás Vidulfo Rosales dice que el Cochiloco, que les ordenó ir a Iguala, no era criminal infiltrado sino estudiante ejemplar, comisionado de Orden y Disciplina (!!!) y de conseguir 25 camiones (sólo se habían robado 10 ese día). Sidronio Casarrubias, capo de los Guerreros Unidos, dijo “Los hicimos polvo y los echamos al agua, nunca los van a encontrar” luego de que la esposa de Abarca ordenó “dar un escarmiento” a los normalistas. Y López Astudillo (de ese mismo cartel criminal) los secuestró, asesinó e incendió. Indudable: fue el Estado.

Los ayotzinapapás pidieron al presidente “comprometerse a estar de lado de la verdad y no de la mentira” lo cual está muy bien pero en su punto 6 le exigen “cesar los intentos de criminalización de los normalistas”. Siempre se supo de bandas criminales y tráfico de heroína y si buscan la verdad habrá que averiguar esa línea, digo yo, pero “no hay que criminalizar la protesta social”. Y con toda verdad, acusan, fue el Estado.

Y es que claro, claro, hay que encontrar la verdad verdadera y hacer justicia ora si que bien expedita y rete pronta y por eso que inmediatamente renuncie Peña y buscar la verdad a secas, claro que sí, cómo no, pero sin criminalizar a nadie ni investigar nexos con el narco porque oiga usted, no hay que ser, es que resulta de que fue el Estado y esa es la única verdad porque pos así fue ¿o qué no? y respeten a la normal de Ayotzinapa y no investiguen a su director ni a los muchachos, a los chicos, a los esforzados estudiantes que no son criminales aunque incendien gasolinerías y se roben camiones porque querían ser mentores de generaciones de guerrilleros y es de que como te venía diciendo no, hombre, no hay que ser, porque sabes que hay que ser adultos y no, yo no fui, ¡fue Teté! oséase, ¡fue el Estado!

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Lunes, 05 de Octubre 2015 - 17:00
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Yo ya cumplí, pero no puedo resolver crisis financiera de Guerrero: Ortega

En nota publicada por Milenio, este gobernador inútil dice varias estupideces, como "yo vengo de la academia, no tengo experiencia gubernamental", lo que es falso. Además, si fuera cierto, ¿por qué aceptó el cargo?

http://milenio.com/estados/Ortega_quiebra_Guerrero-gobernador_Rogelio_Ortega-Hector_Astudillo-finanzas_Guerrero_0_560344019.html

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Viernes, 24 de Julio 2015 - 13:30
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La de Ocho:

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Julieta Fernández Márquez, Diputada Federal Electa PRI Distrito 4 Acapulco, Guerrero

 Desde Acapulco, la diputada federal electa Julieta Fernández (PRI) explica porqué su partido recuperó el 4o Distrito Electoral después de 15 años de dominio del PRD.

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Fecha: 
Lunes, 06 de Julio 2015 - 22:30
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Julieta Fernández Márquez, Diputada Federal Electa PRI Distrito 4 Acapulco, Guerrero

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Mi programa:

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La crisis griega. La más reciente encuesta del Banco de México. Festival de publicidad en Cannes, Francia

Esa tarde, José Luis Romero Hicks, Armando Chacón y Álvaro Rattinger y yo analizamos la crisis griega; la más reciente encuesta del Banco de México entre expertos en economía. Álvaro comenta sobre el festival de la publicidad realizado en Cannes, Francia. Hugo González explica en qué consisten las decisiones más recientes del IFETEL. Mónica Uribe comenta la visita del papa Francisco a Ecuador. Desde Acapulco, la diputada federal electa Julieta Fernández (PRI) explica porqué su partido recuperó el 4o Distrito Electoral después de 15 años de dominio del PRD.

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Fecha: 
Lunes, 06 de Julio 2015 - 20:00
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Mi programa:

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CNTE: el gran perdedor

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha colmado el plato de las autoridades, federales y locales, y luego de la derrota del domingo 7 de junio, ha recibido un fuerte portazo en la nariz. En efecto, el día de las elecciones un fuerte operativo de seguridad en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas limitó al mínimo sus movilizaciones y manifestaciones en contra de las elecciones. En Oaxaca lograron impedir la instalación del 8% de las casillas y fue lo más que pudieron hacer. Además, la gente salió a votar, a pesar del mal clima y las amenazas de los maestros disidentes; casi 50% de votantes. Nada mal para una elección intermedia.

Al otro día, recibieron la estocada: el gobierno federal avisó que se reanudaba la evaluación magisterial. Dos golpes en dos días para los disidentes. Por supuesto, acusaron al gobierno federal de provocación y amenazaron con venir al Distrito Federal para de una vez por todas derribar la reforma educativa. Ese día los maestros de la CNTE de Oaxaca sufrieron dos fuertes reveses.

Primero, habían anunciado este lunes que su movilización traería a 50 mil integrantes, sin embargo, hubo poca presencia de los docentes en la capital, calculándose entre cuatro y cinco mil maestros, los cuales partieron desde las inmediaciones de la Cámara de Diputados y desde el monumento Estela de Luz hacia la Secretaría de Gobernación, sin reportarse actos vandálicos o enfrentamientos con la fuerza pública. Esta vez, su fuerza fue relativamente escasa.

El segundo revés a la CNTE fue el ultimátum de la Segob para continuar en las mesas de diálogo y atender sus demandas. Este consistió en que la dependencia federal no se sentará a la mesa con los maestros, hasta en tanto todos los contingentes movilizados estén en sus escuelas trabajando, según declaraciones del subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, tras reunirse con la comisión de la CNTE. Ante esta situación, los maestros se retiraron de la Segob e informaron que sesionarán en las instalaciones de la Sección 9 de la CNTE para determinar sus posibles acciones a seguir.

La estrategia asumida por el gobierno federal pone un coto a las exigencias de la CNTE, lo que puede traducirse en una mejor imagen gubernamental entre la sociedad y organizaciones sociales. Es probable que las determinaciones a las que lleguen los maestros sean la de mantener y reforzar su campamento en el Monumento a la Revolución, así como hacer marchas de manera intermitente por la ciudad para obligar a las autoridades a que cambien de parecer. Sin embargo, los dos años de lucha contra la reforma educativa han desgastado a la CNTE y al resto de los maestros disidentes. El gobierno federal se prepara para la escena final en la que se pretende sacar del escenario a la CNTE.

Fecha: 
Jueves, 11 de Junio 2015 - 19:00
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