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Francisco García Cabeza de Vaca

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Sí son narcoterroristas los incidentes en Nuevo Laredo

En Nuevo Laredo, el miércoles pasado, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, condenó los bloqueos a carreteras y las balaceras que ocurrieron en esa ciudad del jueves 14 al martes 19 de este mes. El saldo fue de seis sicarios y un soldado muertos.

Dijo, entre otras cosas, que “Esa actitud que vimos hace algunos días de bloqueos que se dieron, donde utilizaron los vehículos y a los mismos ciudadanos como escudos, donde hubo violencia directa a los ciudadanos que terminaron en el hospital, no es otro síntoma más que de narcoterrorismo (…) Es un comportamiento de narco terrorismo…”.

El jueves 21, el presidente Andrés Manuel López Obrador evadió responder las dos veces que se le cuestionó sobre el asunto y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que haya terrorismo en el país.

Curiosamente, el mismo día en que el gobernador aseguró que en su estado hay narcoterrorismo, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), una ONG con sede en Sídney (Australia), difundió su Índice Global de Terrorismo 2019 (GTI por sus siglas en inglés), el cual midió el impacto del terrorismo en 163 países durante 2018.

Para que el IEP lo considere terrorista, un incidente debe presentar las siguientes características:

“1. Debe ser intencional: el resultado de un cálculo consciente por parte de un perpetrador. 2. Debe implicar cierto nivel de violencia o amenaza de violencia, incluido el daño a la propiedad y la violencia contra las personas. 3. Los autores de los incidentes deben ser actores subnacionales”.

Además, debe cumplir dos de los siguientes tres criterios:

“1. El acto violento tenía como objetivo alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social. 2. El acto violento incluyó evidencia de una intención de coaccionar, intimidar o transmitir algún otro mensaje a un público más amplio que no sea a las víctimas inmediatas. 3. El acto violento estaba fuera de los preceptos del derecho internacional humanitario”.

Al referirse a México, el GTI 2019 anota:

“México registró un aumento del 58% de actos terroristas en 2018, con un aumento notable en los ataques contra políticos. Hubo 22 ataques terroristas el año pasado, con un total de 19 muertes (…) las elecciones de 2018 en México fueron particularmente violentas, con al menos 850 actos de violencia política registrados durante el período de la campaña. El terrorismo en México generalmente ha sido contra periodistas y medios de comunicación, y estos ataques representan el 25% de los 122 ataques registrados desde 2002”.

En el GTI 2019, que califica de 0 a 10 el impacto del terrorismo en cada país (donde cero es la inexistencia de actos terroristas y 10 la situación opuesta), México ocupa el lugar 48 con una calificación de 4.08. Esto significa que hay 115 países en mejor situación que el nuestro; solo 26 obtuvieron un cero de calificación.

Lo ocurrido en Nuevo Laredo cumple con los criterios y características del IEP arriba anotados y también con la definición de lo que constituye un acto de terrorismo que se anota en el Artículo 139 del Código Penal Federal.

Con base en lo anterior, García Cabeza de Vaca no se equivocó al calificar como terroristas los incidentes que durante varios días aterrorizaron a los neolaredenses.

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Los senadores deben ser serios y dejar de jugar a las desapariciones

Con 24 legisladores o casi el 15% del total, la fracción del PAN es la segunda más importante, después de la de MORENA, en el Senado de la República. Sin embargo, no es solo con los 59 morenistas con quienes tienen que lidiar los panistas, ya que los primeros cuentan con el apoyo incondicional de siete senadores del PVEM, seis del PT y cinco del PES, lo que le da a la coalición del partido oficial un total de 77 senadores o el 62% del total.

Ante estos 77 queda la minoría representada por los 24 panistas, 14 priistas, nueve emecistas y tres perredistas, 50 en total.

Por ahí hay también un independiente.

Estos son los números fríos que explican por qué los senadores afines al presidente Andrés Manuel López Obrador pueden aprobar sin mayor problema cualquier ley que no requiera de una votación calificada de dos terceras partes.

Lo anterior es importante porque, de acuerdo con la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución, no se necesita una mayoría calificada para que el Senado declare la desaparición de poderes en algún estado de la República, lo que significa que la mayoría conformada por los legisladores de MORENA, el PVEM, PT y PES podrían fácilmente remover a los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de una entidad que esté gobernada por un panista, priista, perredista o emecista.

Y eso es precisamente lo que podría ocurrir si los senadores panistas insisten en que su órgano legislativo declare la desaparición de poderes de Veracruz.

Los panistas exigen la desaparición de poderes del estado que gobierna el morenista Cuitláhuac García porque, según ellos, este y la mayoría morenista violaron la ley al destituir al fiscal general del estado, Jorge Winckler, y nombrar en su lugar a alguien que no satisface los requisitos para ocupar el cargo.

Los senadores de MORENA y sus aliados han advertido que si los panistas insisten en defender al destituido fiscal que en su momento nombró el muy desprestigiado exgobernador panista, Miguel Ángel Yunes, ellos solicitarán que se declare la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, gobernados por los panistas Diego Sinuhe Rodríguez y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente, dizque porque han demostrado ser incapaces de detener la violencia en sus estados.

Si los morenistas insisten en desaparecer poderes en aquellos estados en donde existen altos niveles de inseguridad, deberán desaparecerlos en los 16 estados que ayer anoté en este espacio en donde hay una epidemia de asesinatos. Hacerlo no solo sería absurdo, sino que desencadenaría una crisis política que haría tambalearse al mismo gobierno federal. También es absurda la pretensión morenista de desaparecer poderes en los dos estados que gobierna el PAN.

Igualmente absurda es la pretensión de los senadores panistas de que se desaparezcan los poderes en Veracruz. Simple y sencillamente no tienen los votos para hacerlo y su actitud más bien parece ser un berrinche por haber perdido el bastión que para su partido representaba la fiscalía de ese estado.

Es inaceptable que los senadores estén jugando a las desapariciones cuando hay tantos problemas que exigen solución.

Por eso son tan impopulares los legisladores mexicanos.

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