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Fox quesada

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Fox, Calderón, Macedo y siete exprocuradores les deben una explicación a los mexicanos

El ascenso de Genaro García Luna fue meteórico después de trabajar durante 10 años (1989-1999) en la agencia de espionaje que fue el CISEN, en donde ocupó cargos segundones.

En 1999 pasó a formar parte de la recién creada Policía Federal Preventiva (PFP), en donde fue titular de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención bajo las órdenes del comisionado general de la PFP, Facundo Rosas Rosas, personaje que años después fue el secretario de Seguridad Pública de Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, cargo al que se vio obligado a renunciar después de que varios de sus subordinados resultaron involucrados en el robo de combustibles y vehículos y la venta de protección a bandas delincuenciales.

En diciembre de 2000, al iniciarse el gobierno de Vicente Fox, el recién nombrado procurador general de la república, Rafael Macedo de la Concha, designó a García Luna Director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal.

El 1 de noviembre de 2001, Vicente Fox expidió el decreto que creó a la Agencia Federal de Investigación (AFI), la cual quedó bajo el mando de García Luna.

Durante el sexenio de Fox la AFI fue la policía más importante del país y García Luna el policía más poderoso. En esos seis años también aumentó el poder de los cárteles de la droga.

Pese a que fracasó al combatir a la delincuencia organizada, el 1 de diciembre de 2006 Felipe Calderón lo nombró Secretario de Seguridad Pública y lo convirtió en uno de los hombres más poderosos e influyentes del país.

Su designación fue inexplicable porque como director de la AFI se vio envuelto en diversos escándalos. Fue acusado de enriquecerse en el cargo y hasta de recibir dinero de algunos narcotraficantes. Como era de esperarse, ningún a de las denuncias en su contra prosperó.

A concluir el gobierno de Calderón, García Luna se fue a Miami y durante siete años vivió ahí sin que nadie lo molestara o investigaría el origen de una fortuna que le permitía darse una vida de grandes lujos.

En 2018, sin sospechar que sí era investigado por un fiscal federal neoyorquino, solicitó la ciudadanía estadounidense y aparentemente declaró falsedades a la autoridad ante la cual la gestionaba.

Finalmente, el martes pasado fue arrestado en Texas después de que el fiscal lo acusó de ser narcotraficante desde 2001 a la fecha y perjuro. Ese mismo día dio la casualidad de que se anunciara que en México también se le investigaba y que sus cuentas bancarias habían sido congeladas por las autoridades.

En resumen, todo parece indicar que el encargado de combatir a la delincuencia organizada durante dos sexenios era parte de ella. Eso explicaría en gran medida el auge que tuvo el Cártel de Sinaloa durante ese periodo.

Creo que todos los que de alguna manera impulsaron la carrera de García Luna, especialmente Fox, Calderón y Macedo de la Concha le deben una explicación al pueblo de México.

También deben decirnos porque no investigaron a García Luna los ex titulares de la PGR: Eduardo Medina Mora (2006-09), Arturo Chávez (2009-11), Marisela Morales (2011-12), Jesús Murillo Karam (2012-15), Arely Gómez (2015-16), Raúl Cervantes (2016-17) y Alberto Elías Beltrán (2017-18).

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Entre condonaciones y cancelaciones, un billón de pesos en 12 años

El Artículo 39 Fracción 1 del Código Fiscal de la Federación señala: “Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá: Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias”.

El Artículo 146-A del mismo Código dice: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios”.

Y el Artículo 146-B anota: “Tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales…”.

Lo que anota el Código es importante para entender las tres bases de datos que la ONG Fundar difundió el martes pasado en donde aparecen los nombres de todas las personas y empresas a quienes les condonaron y cancelaron impuestos entre 2007 y 2019.

Muchos de los que figuran en esas bases de datos, especialmente quienes son o fueron servidores públicos, deberían explicar por qué fueron beneficiados por los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador.

También deberían explicar sus decisiones de condonar o cancelar impuestos los que fueron secretarios de Hacienda durante el período considerado: Agustín Carstens, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, Luis Videgaray, José Antonio González Anaya, Carlos Urzúa (2017-2018) y el actual, Arturo Herrera.

Asimismo, quienes fueron los directores generales del Servicio de Administración Tributaria: José María Zubiría Maqueo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Aristóteles Núñez, Osvaldo Santín y la actual,  Margarita Ríos-Farjat.

Todos ellos están obligados a explicarnos a los mexicanos las razones por las que decidieron privar al erario de una cantidad tan impresionante de dinero.

La base de datos de Condonaciones y Cancelaciones 2015-2019 incluye los nombres de 99 307 personas morales y físicas a quienes se les condonó o canceló el pago de un total de 266 790 129 283.07 pesos.

La base de datos de Condonaciones 2007-2015 contiene los nombres de 9942 causantes físicos y morales que en conjunto no tuvieron que pagar 172 335 775 366 pesos.

Y la base de datos de Cancelaciones 2007-2015 identifica a 23 006 personas físicas y morales a quienes se les cancelaron impuestos por un total de 572 743 273 583 pesos.

De 2007 a este año, las arcas públicas dejaron de percibir 1 011 869 178 232.07 pesos.

Insisto: los funcionarios y exfuncionarios arriba nombrados deben explicar y justificar sus decisiones. Sería excelente que comparecieran ante el Congreso y declararan ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

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