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El Dreamliner, un símbolo de las pretensiones primermundistas de Calderón y Peña

El 24 de julio de 2012, los diputados federales y senadores del PAN, PRD y PRI avalaron que el gobierno federal adquiriera un nuevo avión presidencial que sustituyera al viejo Boeing 757 que fue adquirido durante el gobierno de Miguel de la Madrid y que transportó a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto durante la mitad de su administración.

La mayoría de los legisladores federales, seguramente presionados por el entonces presidente Felipe Calderón y el Estado Mayor Presidencial, aprobaron que se comprara el avión más moderno de entonces, el Boeing 787-8 Dreamliner, el cual, con todos los arreglos que se le hicieron para ser el transporte del presidente de México, acabó costándonos a los mexicanos 6983 millones de pesos a pagar en 15 años.

Desde que se empezó a discutir sobre el avión que se compraría, me manifesté contra la adquisición del 787-8, tanto en mi programa de radio como en mi columna.

Sobre el tema escribí el 23 de agosto de 2012: “La SEDENA aparentemente le ha echado el ojo al Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones más avanzados que hoy se producen. A los mexicanos nos costará entre 140 y 160 millones de dólares el nuevo juguete presidencial, dependiendo del modelo que finalmente se adquiera (…) De adquirirse el 787, Enrique Peña Nieto sería uno de los gobernantes que mejor transporte aéreo tendría a su disposición, lo que no tiene nada de malo. Lo que sí está muy mal es que nuestras autoridades militares, con el aval del Congreso, adquieran un avión más lujoso y caro de los que usan varios de los gobernantes de países más ricos que el nuestro”.

Un día después, el 24 de agosto, sobre el mismo tema escribí lo siguiente: “Me pregunto si realmente necesita el presidente de México un Boeing 787 Dreamliner para realizar viajes acompañado de un séquito de doscientas y pico personas. Tal vez es hora de que el avión presidencial refleje la realidad del país y no las pretensiones primermundistas de sus gobernantes. ¿Si el primer ministro del Reino Unido, que es la séptima economía más grande del mundo, puede viajar en aviones ejecutivos y, cuando necesita algo mayor, en aviones fletados a British Airways, no puede hacer lo mismo el presidente de México?, ¿realmente necesita llevar a 200 invitados a sus viajes? ¡Caray, ni la presidenta de Brasil tiene un 787! Es tiempo de exigir que se acaben los despilfarros gubernamentales. El próximo avión presidencial debe ser ejemplo de austeridad sin sacrificar seguridad”.

Evidentemente, mi opinión no fue tomada en cuenta entonces por Calderón, ni por el entonces jefe del Estado Mayor Presidencial Jesús Castillo, ni por los legisladores federales que votaron a favor de comprar el lujoso avión.

Desde su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador prometió vender el 787-8 apenas asumiera el poder, tal vez desconociendo que es muy difícil deshacerse de un Dreamliner y más si tiene la exclusiva configuración del que fue el TP-10.

AMLO anunció ayer que, por fin, hay un probable comprador para el avión que no se ha usado desde el 1 de diciembre pasado y hoy está en un hangar en California.

Al venderse el 787-8 habrá un símbolo menos de las pretensiones primermundistas de Calderón y Enrique Peña.

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Miércoles, 09 de Octubre 2019 - 10:55
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Miércoles, 09 de Octubre 2019 - 19:40
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Jueves, 10 de Octubre 2019 - 06:55
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Los opositores de la 4T no se indignan por el monto de los impuestos condonados

Recordemos lo que señala el Artículo 39 Fracción 1 del Código Fiscal de la Federación: “El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá: Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias”.

Recordemos también lo que significan las palabras condonar y eximir. El Diccionario de la Real Academia Española define a la primera como “Perdonar o remitir una pena de muerte o una deuda” y a la segunda como “Librar, desembarazar de cargas, obligaciones, cuidados, culpas, etc.”.

Es decir que, de acuerdo al Artículo 39 Fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, los presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, por decisión propia o sugerencias de sus secretarios de Hacienda, decidieron que miles de personas no pagaran los impuestos federales que le debían al fisco por algunas de las razones que dicho Artículo anota.

Sin embargo, al analizar las bases de datos que la ONG Fundar difundió la semana pasada, en donde aparecen los nombres de contribuyentes físicos y morales, a quienes se les perdonó el pago de sus impuestos, llaman la atención los montos condonados y resulta difícil explicarse de qué manera el Ejecutivo Federal logró con ello “impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias”.

Por ejemplo, en 2007, el gobierno de Felipe Calderón le perdonó pagar 1 466 953 600 pesos a una empresa llamada Trademarks Europa SA de CV, de la cual no hay un solo registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía. Es más, una exhaustiva búsqueda vía Google tampoco arroja un resultado positivo sobre ella.

Ese año Trademarks Europa fue el contribuyente moral más favorecido por lo que señala el Artículo 39 Fracción 1. El monto de los impuestos que se le perdonaron superó incluso a los que se le perdonaron a la entonces existente Luz y Fuerza del Centro.

También en 2007, Paul Karam Kassab, uno de los socios del Grupo Gasolinero Hidrosina, propietario de más de 200 gasolineras, fue el contribuyente físico que más se benefició del fisco al quedar eximido de pagar 133 995 973 pesos.

Los impuestos que de 2017 a 2019 les fueron condonados a las 10 587 personas físicas y morales que aparecen en las bases de datos difundidas por Fundar ascienden a 172 845 988 861 pesos. Este monto es 229.8% superior a los 75 223 000 000 pesos que costó cancelar lo que hubiera sido el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Curiosamente, hasta ahora no he detectado que quienes se oponen al aeropuerto de Santa Lucía o al Tren Maya o al Transístmico y al gobierno de la 4T, estén indignados por este asunto. Deberían estarlo, como muchos lo estamos.

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Lunes, 07 de Octubre 2019 - 11:05
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Lunes, 07 de Octubre 2019 - 19:50
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Martes, 08 de Octubre 2019 - 07:05
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Entre condonaciones y cancelaciones, un billón de pesos en 12 años

El Artículo 39 Fracción 1 del Código Fiscal de la Federación señala: “Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá: Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias”.

El Artículo 146-A del mismo Código dice: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios”.

Y el Artículo 146-B anota: “Tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales…”.

Lo que anota el Código es importante para entender las tres bases de datos que la ONG Fundar difundió el martes pasado en donde aparecen los nombres de todas las personas y empresas a quienes les condonaron y cancelaron impuestos entre 2007 y 2019.

Muchos de los que figuran en esas bases de datos, especialmente quienes son o fueron servidores públicos, deberían explicar por qué fueron beneficiados por los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador.

También deberían explicar sus decisiones de condonar o cancelar impuestos los que fueron secretarios de Hacienda durante el período considerado: Agustín Carstens, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, Luis Videgaray, José Antonio González Anaya, Carlos Urzúa (2017-2018) y el actual, Arturo Herrera.

Asimismo, quienes fueron los directores generales del Servicio de Administración Tributaria: José María Zubiría Maqueo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Aristóteles Núñez, Osvaldo Santín y la actual,  Margarita Ríos-Farjat.

Todos ellos están obligados a explicarnos a los mexicanos las razones por las que decidieron privar al erario de una cantidad tan impresionante de dinero.

La base de datos de Condonaciones y Cancelaciones 2015-2019 incluye los nombres de 99 307 personas morales y físicas a quienes se les condonó o canceló el pago de un total de 266 790 129 283.07 pesos.

La base de datos de Condonaciones 2007-2015 contiene los nombres de 9942 causantes físicos y morales que en conjunto no tuvieron que pagar 172 335 775 366 pesos.

Y la base de datos de Cancelaciones 2007-2015 identifica a 23 006 personas físicas y morales a quienes se les cancelaron impuestos por un total de 572 743 273 583 pesos.

De 2007 a este año, las arcas públicas dejaron de percibir 1 011 869 178 232.07 pesos.

Insisto: los funcionarios y exfuncionarios arriba nombrados deben explicar y justificar sus decisiones. Sería excelente que comparecieran ante el Congreso y declararan ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

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Jueves, 03 de Octubre 2019 - 11:15
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Jueves, 03 de Octubre 2019 - 20:00
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Viernes, 04 de Octubre 2019 - 07:15
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Las críticas contra AMLO de los expresidentes panistas

Los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón dejaron ir la oportunidad que el pueblo les dio para transformar a México, y ahora critican cada vez que pueden a su sucesor morenista.

Sus más recientes críticas se dieron con motivo del primer Grito que desde el balcón central de Palacio Nacional dio el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado.

Calderón, quien evidentemente está más enojado que de costumbre después de que AMLO se refirió a él como el “Comandante Borolas”, empezó su crítica la noche del 14 de septiembre, cuando en un tuit escribió: “¿Para qué distorsionar la tradición del Grito, una ceremonia que nos une a los mexicanos?, ¿se trata de hacer que también eso nos divida?, ¿en serio ya se creen epopeya que se echarán vivas a sí mismos?, ¿habrá un viva Bartlett?,  ¿o viva el crimen organizado, que también es pueblo?”.

El michoacano obviamente se refería al anuncio, que ese mismo día hizo el tabasqueño, de que echaría 20 ¡vivas! en su primer Grito, lo cual hizo.

Luego, en la noche del 15, el expresidente retuiteó un tuit de una mujer que se burló de los muchos vivas que lanzó AMLO.

Y el lunes, en vez de difundir su propia opinión en torno al evento, se limitó a retuitear lo que escribieron cuatro personas que como él descalifican al gobierno de la 4T.

Desde entonces nada más ha escrito.

Por su parte, Fox tuiteó el lunes a las 9:12 horas (Centro): “Que solito y poca cosa se veía López en el balcón de palacio. Lo que hace la soberbia y el poder, un palacio para el [sic] solito. Triste figura, nadie que lo acompañe”. Aparentemente no vio el ánimo que sentían las decenas de miles de personas congregadas en el Zócalo de la CDMX.

Ambos panistas tienen todo el derecho de criticar a cualquier funcionario, el presidente incluido, como lo tiene cualquier mexicano.

El problema es que los dos aparentemente creen que los mexicanos ya olvidamos todas las promesas que hicieron durante sus respectivas campañas electorales, promesas que, en su mayor parte, nunca fueron cumplidas.

Por ejemplo, Fox prometió que durante cada año de su gobierno la economía crecería 7% y se crearían 1.5 millones de empleos. En todo su sexenio el PIB apenas aumentó 1.94% y solo se generaron 2.4 de los nueve millones de empleos prometidos.

Calderón prometió ser “el presidente del empleo” pero en sus seis años como presidente apenas pudo generar 2.3 millones de los siete millones que ofreció crear; el PIB apenas creció 1.7%.

Los dos expresidentes fallaron en muchas otras cosas: Fox fue incapaz de disminuir los altos niveles de corrupción; Calderón involucró al país en su guerra contra la delincuencia. Ninguno acabó con el tráfico de personas por la frontera sur y el de armas por la frontera norte.

Al criticar a AMLO, los dos panistas contribuyen a polarizar más al pueblo que no supieron unir desde la presidencia y fortalecen a Andrés Manuel, quien, como el buen populista que es, se ha fortalecido dividiendo a los mexicanos.

Fox y Calderón deberían imitar a Barack Obama y George W. Bush, que han mantenido un silencio ejemplar y admirable cada vez que los critica Donald Trump. Los expresidentes estadounidenses entienden que su tiempo ya pasó y que no deben contribuir a dividir más a su país.

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Miércoles, 18 de Septiembre 2019 - 09:35
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Miércoles, 18 de Septiembre 2019 - 18:20
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Jueves, 19 de Septiembre 2019 - 05:35
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La reunión matutina de seguridad, ¿para qué sirve?

La herencia que le dejó Felipe Calderón a los mexicanos es la sangrienta guerra contra la delincuencia, la que decidió declarar para legitimarse en un cargo que ganó por escaso margen y tratar de ser aceptado por el casi 66% de los electores que no votaron por él. También, porque creía que debía impedir que las drogas llegaran a manos de los jóvenes, aunque para lograrlo fuera necesario recurrir a la violencia extrema y, como se dice, comenta y rumora, hasta a las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Muchos le advertimos a principios de 2007 que su guerra fracasaría, que las fuerzas armadas y policías no estaban preparadas para ella, que su estrategia ignoraba la ley de la oferta y la demanda, que el consumo y adicción a las drogas es un problema de salud pública, que era mejor legalizar y regular la producción de las drogas, empezando por la mariguana. No escuchó porque para él las drogas son casi un instrumento de diablo, olvidándose que las más letales, el alcohol y el tabaco, se venden libremente.

Su decisión acabó con una tendencia a la baja en la tasa de homicidios que empezó en 2000 al descender a 11.02 de los 12.8 registrada en 1999.

La tasa siguió descendiendo durante el gobierno de Vicente Fox: a 10.4 en 2001, a 10.05 en 2002, a 9.92 en 2003, a 9.04 en 2004. En 2005 y 2006 se elevó ligeramente a 9.49 y 9.89. En 2007 cayó a 8.24, la tasa más baja desde 1931.

En 2008, después del primer año de la guerra calderonista, la tasa se disparó a 12.83. Y siguió aumentando: a 17.88 en 2009, 22.93 en 2010, 23.88 en 2011.

De 2012 a 2014 la tasa de nuevo descendió. A 22.47 en 2012, a 19.68 en 2013 y a 16.95 en 2014. Cifras sumamente elevadas pero eso no impidió que en su último año de gobierno Calderón presumiera que estaba funcionando su estrategia mientras que su sucesor, Enrique Peña Nieto, también alardeó que estrategia contra la delincuencia estaba rindiendo frutos.

A partir de 2015 volvieron a aumentar las tasas. A 17.37 en 2015, a 20.29 en 2016, a 25.97 en 2017, a 28.70 en 2018.

Todas estas tasas incluyen homicidios dolosos y culposos.

Lantia Consultores ha calculado las tasas de 2007 a 2018 excluyendo las muertes derivadas de la guerra contra la delincuencia. Son sensiblemente menores a las arriba anotadas: 5.61 en 2007, 6.57 en 2008, 9.20 en 2009, 9.33 en 2010, 8.97 en 2011, 9.59 en 2012 y de 2013 a 2018 ha variado entre 10.0 y 10.9.

Es decir, las altas tasas que hoy padecemos tal vez no se hubieran alcanzado sin la funesta guerra contra el narco y la delincuencia organizada.

Medido por el número de asesinatos u homicidios dolosos que se han perpetrado desde 2008, la guerra contra la delincuencia organizada ha resultado ser un absoluto fracaso. El número de asesinatos desde diciembre de 2006 a diciembre de 2018 varía; según la fuente que se consulte, son entre 125 000 y 250 000.

Hace unos días se dieron a conocer las estadísticas delincuenciales para el mes de julio y todo indica que 2019 será el año en que se romperán los récords de homicidios, robos, secuestros y cada todos los demás delitos.

Ante esta realidad me pregunto: ¿para qué sirve la reunión diaria del gabinete de seguridad en Palacio Nacional?
 

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Jueves, 29 de Agosto 2019 - 12:55
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Jueves, 29 de Agosto 2019 - 21:40
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Viernes, 30 de Agosto 2019 - 08:55
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A Robles le gustaba abusar del poder

Hace años escribí sobre lo que les tocó sufrir a unos policías federales que tuvieron la ocurrencia de pedirle a Rosario Robles Berlanga y a su pareja de aquel entonces, el empresario argentino Carlos Ahumada, que pasaran por el mostrador de migración del aeropuerto internacional de Toluca, después de que desembarcaran de un avión privado que los trajo desde La Habana (Cuba).

La entonces jefa de Gobierno les dijo a los policías que no se metieran en lo que no les importaba y que ni ella ni su acompañante pasarían por migración.

Los uniformados impidieron que la pareja abandonara el aeropuerto. Acto seguido, la entonces poderosa perredista marcó un número por su celular para denunciar ante quién sabe quién a los policías que solo estaban cumpliendo con su deber.

En cuestión de minutos llegó la orden: doña Rosario y don Carlos podían abandonar el aeropuerto sin pasar por migración y aduana, como tendría que hacerlo cualquier persona que llegue a México desde otro país.

¿Y los policías? Pues fueron castigados por supuestamente no respetar y darle las consideraciones que merecía la primera pareja del entonces Distrito Federal. Por cumplir con su deber pasaron varios días arrestados en algún cuartel de lo que entonces era la Policía Federal Preventiva.

Esta anécdota, cuya autenticidad verifiqué a través de dos diferentes fuentes, la publiqué en varios medios y la comenté en mi programa de radio. Robles nunca me buscó para desmentirla, confirmando así el dicho de que “el que calla otorga”.

Lo que entonces ocurrió en el aeropuerto toluqueño fue solo una muestra, y muy pequeña, de la manera en que abusaba de su poder la política que alguna vez fue de izquierda y que después de traicionar a sus correligionarios, ocupó dos secretarías de Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sobre la hoy huésped en el penal de mujeres de Santa Martha Acatitla he comentado y escrito varias veces a lo largo de los años y nunca recibí de ella o de alguno de sus subordinados alguna aclaración o desmentido sobre lo que dije o escribí. Siempre calló, siempre otorgó.

En los últimos 19 años desayuné con ella solamente una vez y también solo una vez la entrevisté en mi estudio de Grupo Fórmula. Con base en esos dos encuentros realizados durante el sexenio peñanietista, en los cuales también hubo otras personas presentes, solo me quedó claro que es una mujer inteligente y con una gran facilidad de palabra. No puedo decir que me cayera bien, pero ella lo mismo puede decir de mí.

A fin de cuentas, lo que conozco de Robles se basa en su desempeño como funcionaria pública y en la información que de ella he recibido de sus aliados y contrincantes políticos, subordinados, amigos y enemigos (de estos últimos hay muchos).

La anécdota con que inicio esta columna la muestra como una mujer que abusaba de su poder, hasta en detalles tan insignificantes como el de no aceptar pasar por el control migratorio de un aeropuerto.

Las acusaciones que enfrenta, de ser probadas por la FGR, podrían mandarla varios años a la cárcel, lo que sería un triste destino para quien empezó su carrera política como una izquierdista comprometida con las causas más nobles, y la terminó como una cómplice de uno de los gobiernos más corruptos de México.
 

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Miércoles, 14 de Agosto 2019 - 12:55
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Miércoles, 14 de Agosto 2019 - 21:40
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Jueves, 15 de Agosto 2019 - 08:55
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El mal llamado modelo neoliberal falló. El que propone AMLO fallará. Solo un sistema liberal promoverá el desarrollo

El mal llamado modelo neoliberal que impusieron los tecnócratas que se apoderaron del gobierno federal al llegar Miguel de la Madrid a la presidencia en 1982, supuestamente iba a contribuir a elevar el nivel de vida de los mexicanos y promover el desarrollo económico del país.

De la Madrid heredó un país en crisis y durante su gobierno aumentó a 53.5 el porcentaje de mexicanos pobres.

Al empezar el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), 19.0% de la población padecía pobreza alimentaria, 24.5% de capacidades y 44.7% patrimonial. Al concluir, 21.2% vivía en pobreza alimentaria, 30.0% de capacidades y 52.4% patrimonial. (Ver definiciones al final de la columna).

El número de pobres aumentó durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000). La devaluación de diciembre de 1994 causó que en los primeros dos años de su gobierno, poco más de 15.6 millones de mexicanos cayeran en pobreza alimentaria. En 1996, 37.4% de los mexicanos sufría pobreza alimentaria, 56.9% de capacidades y 69.0% patrimonial.

Vicente Fox (2000-2006) asumió el gobierno de un país en el que 24.1% de sus habitantes vivía en pobreza alimentaria, 31.8% de capacidades y 53.6% patrimonial. Su gobierno logró bajar estos porcentajes a sus mínimos históricos. En 2006, 13.8% estaba en pobreza alimentaria, 20.7% de capacidades y 42.7% patrimonial.

La crisis económica mundial de 2008 golpeó fuerte a México. Al concluir el gobierno de Felipe Calderón en 2012, 20.0% de los mexicanos padecía pobreza alimentaria, 28.0% de capacidades y 51.6% patrimonial.

Finalmente, en 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es el último año para el que hay datos disponibles, 17.5% de la población sufría pobreza alimentaria y 50.6% patrimonial. La de capacidades no se midió ese año.

En resumen, de 1988 a 2016 la pobreza alimentaria disminuyó 1.5 puntos porcentuales y la patrimonial aumentó 5.9 puntos; de 1988 a 2012, la de capacidades se redujo en 2 puntos.

Estos son algunos de los malos resultados del supuesto modelo neoliberal que el presidente Andrés Manuel López Obrador condena y sus detractores defienden.

El problema es que el modelo que AMLO quiere imponer es una combinación del llamado Desarrollo Estabilizador que se aplicó de 1954 a 1970 y las políticas populistas que se aplicaron de 1970 a 1982. El primero contribuyó a disminuir la pobreza, pero promovió la concentración de la riqueza y permitió la ineficiencia industrial, entre otras cosas; las segundas arruinaron al país.

Solo sin corrupción, con mecanismos que impulsen una mejor distribución de la riqueza, con un sistema educativo de calidad y con niveles mínimos de criminalidad, un modelo auténticamente liberal promoverá el desarrollo de la economía del país y de sus habitantes.

Ojalá que Andrés Manuel rectifique.

Definiciones: Pobreza alimentaria: la persona no puede adquirir una alimentación mínimamente aceptable; pobreza de capacidades: el individuo satisface sus necesidades mínimas de alimentación, pero no las necesidades mínimas de educación y salud de cada miembro familiar; pobreza patrimonial: la persona satisface sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud, pero no los mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada miembro del hogar.

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Viernes, 12 de Julio 2019 - 13:00
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Viernes, 12 de Julio 2019 - 21:45
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Sábado, 13 de Julio 2019 - 09:00
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¿Por qué resolver un problema si se puede empeorar?

El presidente López Obrador ha decidido empeorar el problema planteado por algunos sectores de la policía federal, en lugar de tratar de resolverlo. Es difícil saber por qué ha tomado esa decisión, pero es posible que haya sido simplemente por un principio de autoridad; nadie debe atreverse a cuestionarlo.

Para enfrentar las quejas ha decidido echar mano de una vieja estrategia priista: el descrédito del opositor. En su mañanera de ayer, ha reafirmado sus dos ideas básicas sobre la policía federal y su movimiento: es un cuerpo echado a perder (como un melón podrido) y hay mano negra en el movimiento. Al lado de esto, deslizó la acusación de la corrupción en la PF. El tabasqueño no olvida sus raíces.

El mandatario no agregó nada más, y dejó que el secretario de seguridad pública, Alfonso Durazo, fuera el ejecutor (o el que se ensuciara las manos). Acusó que el movimiento es dirigido por un hombre acusado por secuestro (Ignacio Benavente Torres) y gente que no tiene nada que ver con la PF. Dejó ver la posibilidad de que detrás de los rebeldes pudiera estar el expresidente Felipe Calderón.  Durazo lamentó la forma en que trataron a Patricia Trujillo Mariel, coordinadora operativa de la Guardia Nacional (GN). Finalmente, habló de un fraude en la compra de un equipo con sobreprecio, algo en lo que difícilmente los pobres policías inconformes difícilmente tienen que ver. La acusación estaba completa: asociar al movimiento con delincuentes, oscuros personajes del pasado, fraudes y además abusadores de mujeres. De manual. Fernando Gutiérrez Barrios y Luis Echeverría estarían orgullosos de estos métodos.

Los policías rebeldes contestaron: su movimiento no tiene líderes y no temen a una investigación. Si no los quieren, que los liquiden conforme a la ley. Felipe Calderón respondió también: llamó a Durazo a presentar las pruebas de que está vinculado al movimiento, se deslindó del mismo y abogó por una solución negociada. De todos modos, la semilla de la duda sobre la autenticidad del movimiento ya está sembrada. Por si fuera poco, hay indicios de que el movimiento se ha dividido.

López Obrador no quiere a los policías federales y el movimiento como está planteado le ha dado una magnífica forma de derrotarlos para luego subordinarlos. Purgará la corporación y los que se queden estarán disciplinados y sujetos a sus reglas. Muy probablemente se encamina a una victoria política, una victoria pírrica, pero no del imaginario general pirri (invento de López Obrador), sino del rey Pirro. Ganará, pero todo perderemos. Los policías que se queden estarán resentidos y los que se vayan podrían convertirse en otro problema. El presidente prefirió un triunfo que una solución negociada.

Ayer se decía aquí que el problema de la integración adecuada de la PF a la guardia nacional existía y debía resolverse de la mejor manera. Que el gobierno diga que no se puede mover porque ya hay una ley es, al menos, hipócrita cuando el propio gobierno no ha aplicado las leyes (bloqueo de la CNTE a los ferrocarriles durante un mes, por ejemplo).

Fecha: 
Viernes, 05 de Julio 2019 - 13:30
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Fecha B: 
Viernes, 05 de Julio 2019 - 15:45
Fecha C: 
Sábado, 06 de Julio 2019 - 04:45
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¿Dónde están los criminales?

El martes pasado, el diputado panista Jorge Luis Preciado exhibió tres cartulinas en el pleno de la Cámara de Diputados. Ello sucedió durante la sesión en que la mayoría lopezobradorista aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que crea una fiscalía dependiente del presidente de la República y no, como muchos hubiéramos deseado, autónoma de éste.

En la primera de las cartulinas el diputado colimense anotó: “Asesinatos Calderón: 208”; en la segunda: “Asesinatos Peña: 232”; y en la tercera: “Asesinatos AMLO: 363”.

Según lo explicó, los números de asesinatos correspondían a los que se cometieron durante los primeros 10 días de la administración de los tres presidentes de la República más recientes, incluido el actual.

Así, el número de homicidios dolosos que se cometieron en los primeros 10 días del gobierno de Enrique Peña Nieto fue 11.5% mayor que los registrados en los primeros días de la administración calderonista. Por su parte, los asesinatos perpetrados durante los primeros 10 días del actual gobierno superan en 56.5% a los que se contabilizaron durante el mismo periodo del gobierno recién concluido.

Los números son para preocupar al más calmado ya que muestran que los muertos generados por la violencia e inseguridad van en aumento, pese a que el nuevo gobierno está comprometido a darnos seguridad a todos los mexicanos.

Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de asumir el cargo hace menos de dos semanas y es imposible que en tan poco tiempo él y su equipó ya tengan el control de la situación, como tal vez quisiera hacernos creer el diputado panista.

Sin embargo, conforme se vayan acumulando los muertos en los depósitos de cadáveres y en las funerarias del país, la opinión pública empezará a demandar resultados al nuevo gobierno federal. Ignoro cuánto le dure la paciencia al pueblo bueno y sabio, tal vez seis meses, tal vez más o tal vez menos, pero tarde o temprano los muertos que Andrés Manuel heredó de Peña Nieto se convertirán en sus muertos.

Hasta octubre de este año se habían cometido 24,022 homicidios dolosos y 2018 será el año más violento en la historia moderna de nuestro país. Esta cifra es 16.5% superior a la registrada para el mismo periodo de 2017 y se estima que cerraremos el año con unos 28,000 asesinatos, que es 11.9% más que los 25,082 que se perpetraron en 2017. De este total, 388 de los asesinados eran policías municipales y estatales en 30 de los 32 estados federales.

Desde que Felipe Calderón inició su guerra contra la delincuencia, en diciembre de 2006, en México han muerto de manera violenta poco más de 250,000 personas. Esto significa que el país está poblado de decenas de miles de homicidas, muchos de ellos verdaderos asesinos seriales, que conviven entre nosotros sin que sospechemos quiénes son.

El vivir entre tantos asesinos, secuestradores, ladrones, estafadores, extorsionadores y todo tipo de criminales que actúan con casi absoluta impunidad, es una realidad que la mayoría de los mexicanos no hemos concientizado. Cuando caminamos en alguna calle o entramos a un lugar público es muy probable que junto a nosotros esté alguien que sin compasión podría matarnos o arrebatarnos alguno de nuestros bienes.

Si el gobierno de Andrés Manuel en serio quiere protegernos debe, antes que nada, saber en dónde están los criminales que tanto dañan al país, porque combatirlos exige tenerlos bien ubicados físicamente para poder actuar contra ellos.

Por eso, los mexicanos debemos exigirles a los nuevos responsables de la seguridad pública que averigüen dónde están los delincuentes y los persigan de inmediato.

 

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La batalla por el Mando Único

Empezando por el gobernador Graco Ramírez, toda la clase política morelense está de cabeza alrededor de dos temas: el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, la perredista Gisela Mota, y la instauración por decreto del mando único policíaco en la entidad. Es claro que esta confusión, a la que ha contribuido el propio Graco, beneficia diversos intereses locales que se empalman con los del crimen organizado.

Los opositores al mando único no representan una corriente homogénea, los hay que por principio no están de acuerdo con escamotear al municipio una de sus atribuciones constitucionales. En los hechos, argumentan, eso sería anular a los municipios como un nivel de gobierno. Se dice que el mando único no será la panacea que pregonan sus propagandistas. En lugar de esto, proponen que se discutan fórmulas que blinden a los municipios, es decir que los fortalezcan, en lugar de simplemente anularlos. Sin embargo, la clase política nacional no parece interesada en iniciar siquiera una reflexión en este sentido.

El gobernador Ramírez, como la mayoría de los mandatarios estatales, está de acuerdo con la solución del mando único, algo que prometió como parte de su campaña. Sin embargo, ha arribado al cumplimiento de su propuesta de manera chapucera. En primer lugar, ha atribuido el asesinato de su correligionaria Gisela Mota al crimen organizado y ha asegurado que se debió a que esta apoyaba el mando único. Al mismo tiempo, integrantes de su gobierno han asegurado que quienes se oponen al dichoso mando único son ignorantes o cómplices del crimen organizado. Ambas afirmaciones deberán probarse.

En este universo de ignorantes o cómplices, cabe el exfutbolista y flamante presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco, quien considera que la imposición del mando único equivale a un “golpe de Estado”. Otro alcalde, Enrique Alonso, de Tlalquitenango, asegura que fue amenazado por el comisionado estatal de seguridad, Alberto Capella, por oponerse al mando único. Más aún, el propio Graco ha señalado que algunas personas cercanas a Blanco son parte del crimen organizado y que el hermano del cantante Joan Sebastian es parte de esa mafia. Ambos personajes han salido a los medios a exigir que se prueben los dichos del mandatario estatal, que nos ha resultado tan boquiflojo como el propio Cuauhtémoc Blanco.

En esta guerra de declaraciones temerarias y confusiones, el gobierno federal sólo ha dicho que apoya a Graco en el tema del mando único. Esto es lógico, el mando único es una propuesta hecha por el presidente Calderón en su momento y retomada por el actual presidente Peña Nieto, pero que no ha logrado concretarse en el Congreso y en la vida real. Curiosamente, todas las chapucerías morelenses podrían estar decidiendo el éxito o el fracaso del famoso mando único. 

Fecha: 
Miércoles, 06 de Enero 2016 - 17:00
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