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Adiós a Los Pinos

“A government of laws, not of men”, John Adams

Andrés Manuel López Obrador ha hecho cuatro propuestas interesantes: a) que seguirá viviendo en su domicilio particular; b) que Los Pinos será un espacio público para la cultura y las artes; c) que percibirá la mitad del sueldo del actual presidente; d) que prescindirá de la seguridad del Estado Mayor Presidencial. No son propuestas nuevas, pero es la primera vez que las pronuncia en calidad de candidato a la presidencia en el actual proceso electoral.

No sé cuáles sean las razones de AMLO para hacer tales proposiciones. Quizá sea porque las considera música-para-los-oídos de un pueblo que está ya cansado de ver el lujo y la ostentación de los gobernantes. Si ese es el caso, las propuestas serían populistas. Pero tal vez la razón de fondo es que AMLO es verdaderamente austero y en serio quiere cambiar la forma de ejercer el poder ejecutivo en este país. De ser así, la propuesta es buena, pero también un poco ingenua. Un cambio sustancial en el ejercicio del poder no se hace realidad trasladando la sede presidencial de un inmueble a otro. Pero por algo se comienza.

De cualquier forma, las propuestas me parecen loables y las suscribo. He sido siempre muy crítico del populismo –lo pueden ver en mis artículos, que, por cierto, me han ganado la enemistad de muchos AMLOvers–, pero debo reconocer que estas cuatro propuestas deberían ser adoptadas por los demás candidatos. Voy a explicar por qué.

México arrastra un severo problema desde épocas precolombinas. Yo llamo a esto el Complejo del Tlatoani. Desde los indígenas antes de Colón hasta el día de hoy, la gran mayoría de los mexicanos espera que alguien resuelva los problemas del país: y no sólo los del país, sino también los problemas personales. Somos una nación que siempre está en busca de un caudillo. Esto se refleja en nuestro sistema presidencial, que en su origen fue una copia del sistema estadounidense. Pero fue una copia imperfecta. Los redactores de la constitución de los Estados Unidos establecieron la división de poderes y nunca fue su intención que el poder ejecutivo prevaleciera sobre los otros dos. Al contrario, la gran idea que movió a los creadores de la Constitución americana fue el llamado Rule of Law, que nosotros conocemos como el Estado de Derecho: no el gobierno de los hombres, sino el imperio de la ley. Así lo propuso el insigne John Adams en 1780: “a government of laws, not of men”. El poder ejecutivo sería uno de los tres poderes de la Unión, y su titular, el presidente, sería un funcionario, muy importante, pero nunca un rey ni un dios.

En México la figura del presidente se ha amplificado y ha adquirido un dominio peligroso sobre los demás poderes, lo cual ha provocado crisis económicas y sociales a todo lo largo y ancho de nuestra historia –aunque hay que decir que de Fox a la fecha, el presidente enfrenta mayores pesos y contrapesos–. Siempre que la voluntad del presidente ha sido La Voluntad, México ha tenido sus peores tropiezos.

Cada seis años se renuevan las ilusiones de un México mejor, y todos esperamos que el siguiente presidente sea el bueno, o al menos que salga bueno, o ya de perdida que no salga tan malo como el anterior. La mayoría de los mexicanos espera que, ahora sí, las cosas marchen bien. Y si no marcharon bien, pues ya sabemos a quién culpar. El devenir de nuestra historia no ha dependido del Derecho, sino de las pasiones. Por eso los estadounidenses desearon un gobierno de leyes, no de hombres, porque las personas son volubles, están sujetas a vicios y pasiones, más que a virtudes, cambian de parecer y son susceptibles de corrupción. El desiderátum estadounidense podría resultar ingenuo para nosotros, y eso es terrible: si nos resulta ingenuo es porque nosotros mismos estamos ya irremediablemente corrompidos.

Los Pinos es el símbolo del presidencialismo mexicano: un presidencialismo que se siente omnipotente e infalible. AMLO, emulando a Lázaro Cárdenas –que dejó el Castillo de Chapultepec, por considerarlo ostentoso, y se estableció en el rancho “La Hormiga”, hoy Los Pinos, unos Pinos entonces austeros y casi rurales que nada tienen que ver con la suntuosidad y el fasto de hoy–, propone que la residencia oficial se establezca en otro sitio, y que Los Pinos se convierta en un espacio público para la cultura y las artes. Yo acojo esta moción. No por razones populistas, sino porque al desaparecer Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial –AMLO ha dicho que prescindirá de sus servicios–, el poder ejecutivo será despojado de ese ropaje omnipotente, de ese hálito de grandeza que no merece, de esa pompa fastuosa que tanto choca con la austeridad y sobriedad que necesariamente debe distinguir a todo régimen republicano. Quizá AMLO no quiera desaparecer Los Pinos para aterrizar y humanizar, por decirlo así, al poder ejecutivo, menos aún si, como pienso, AMLO promueve el culto a su persona; pero, independientemente de los motivos, creo que el resultado sería conveniente.

La idea de Los Pinos al principio no fue mala. Fue una sede digna, austera y sobria, por lo menos bajo los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho. Pero luego llegó Miguel Alemán, que encabezó una verdadera cleptocracia, y esa modesta casa le pareció insuficiente. Los Pinos empezó a convertirse en La Ciudad Prohibida que es hoy. Ha albergado a algunos de los personajes más vilipendiados de nuestra historia, y a sus familias: Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas… y hoy alberga al titular del ejecutivo con el más bajo nivel de aprobación de la historia reciente: Enrique Peña Nieto. En sus estancias, salas y salones se han tomado algunas de las peores decisiones políticas y económicas. En las entrañas de Los Pinos se tomó la decisión de asesinar a los estudiantes en Tlatelolco y de llevar a cabo la Masacre de Corpus Christi; en las entrañas de Los Pinos se decidió nacionalizar la banca y defender al peso como un perro; en las entrañas de Los Pinos un presidente se quedó pasmado mientras la Ciudad de México y sus habitantes se mantuvieron en pie durante el más devastador terremoto; en las entrañas de Los Pinos se tomó la decisión de tirar el sistema para que no venciera un candidato opositor; en las entrañas de Los Pinos –sí, en las entrañas de Los Pinos– alguien no sintió simpatía por un candidato oficial a la presidencia; en las entrañas de Los Pinos el hermano de un presidente realizó toda clase de tropelías y planeó toda clase de maldades; en las entrañas de Los Pinos, siempre en las entrañas, siempre en Los Pinos. Ahí surgió la idea de que una mujer saliera molesta a reconvenir a los mexicanos porque éstos se habían cuestionado el origen de una casa color blanco en el barrio de Las Lomas, tan cerca de Los Pinos. Ahí se decidió una guerra que ha costado ya cientos de miles de vidas y un número desconocido de desaparecidos; ahí se bebió alcohol, y quizá alguna sustancia dura; ahí hubo sexo, amor y decepción; ahí muchos lloraron y otros más rieron. Si las paredes de Los Pinos hablaran…

Un país no es su presidente. El presidente no es la esperanza de un bien anhelado, ni la causa única de todos los males. El presidente es un funcionario, importante, sí; pero no es el único funcionario importante… ni siquiera es el funcionario más importante. Si los mexicanos esperan un mesías, les va a salir el tiro por la culata. Un verdadero mesías no quiere ser presidente, su reino no está en este mundo, sino en el espíritu. En la medida en que muchos mexicanos endiosan al presidente y esperan que él solucione todos los problemas y traiga justicia, libertad y bienestar; en la medida en que muchos mexicanos lo satanizan y vilipendian cuando ven sus expectativas defraudadas; en esa medida los mexicanos se comportan como macehualtin y tlamemes –que es la otra cara del Complejo del Caudillo–. Dicho sea con todo respeto a los antiguos mexicas, pero así era su jerarquía: el Tlatoani era el Tlatoani, el macehual el macehual, el tlameme el tlameme, per secula seculorum.

Que el presidente salga de Los Pinos, que se desprenda del Estado Mayor Presidencial –que la gente común y humilde percibe como la Guardia Pretoriana de Calígula, Cómodo o Heliogábalo (aunque no sepan quienes fueron estos emperadores romanos, lo cierto es que perciben al Estado Mayor como algo siniestro y malvado)–, que viaje en aviones comerciales y que esté más cerca de los mexicanos –si uno da un pasito de más hacia Los Pinos salen los soldados con armas largas, repito, como si fuera La Ciudad Prohibida hace seiscientos años–; todo ello privará al ejecutivo federal de esa parafernalia ostentosa y chocante, tan fastidiosa y molesta para millones de mexicanos, y tan contraria a lo que debe ser una verdadera república.

AMLO es muy hábil y hace que sus seguidores perciban a los presidentes del PriAnato como personas frívolas, indolentes y malvadas que viven en medio del lujo y la opulencia, como grandes pachás, mientras el pueblo mexicano, bueno y noble (ni bueno ni noble, diría yo, con todo respeto al pueblo), se desangra y padece la pobreza más inmoral. Que Los Pinos se convierta en un gran espacio público para la cultura y las artes y que haya en sus jardines una placa que revele al paseante el oscuro pasado de ese lugar… no es una mala idea.

Muchos dirán que trasladar la sede del ejecutivo federal a Palacio Nacional es inviable, porque está en pleno zócalo, y que sería muy problemático, por el tráfico y las manifestaciones. No lo creo. La Casa Blanca está en el centro de Washington, la Casa Rosada en el centro de Buenos Aires, 10 Downing Street en el centro de Londres, el Palais de l’Elysee está en el centro de París y el Palazzo Chigi en pleno centro de Roma. Ninguna de estas residencias oficiales –no solo residencias, sino sedes de gobierno– tiene las 60 hectáreas de Los Pinos. Otros dirán que lo único que quiere AMLO es dormir en la mismísima habitación que en su momento ocupó Benito Juárez. Seamos serios. Otros más dirán que acondicionar Palacio Nacional es incosteable… Pero para que Los Pinos y el Estado Mayor desaparezcan, primero Andrés Manuel López Obrador debe ganar la elección. ¿Qué tal que otro de los candidatos gane y entonces Los Pinos siga siendo la fortaleza-búnker-Ciudad-Prohibida que casi siempre ha sido?

Gane quien gane, yo creo que esta propuesta relativa a Los Pinos debería ser tomada seriamente en cuenta. No importa quién sea el presidente ni quiénes sean los altos funcionarios de la Unión, el ejercicio del poder no consiste en ejercer la voluntad personal ni en estar por encima de todos los demás; no consiste en usar helicópteros de la nación para ir a un campo de golf ni en tener guardaespaldas que protejan a los hijos de los funcionarios aún fuera del país, aún si van de weekend a Las Vegas; tampoco consiste en beneficiar a empresarios a cambio de dineros o inmuebles en Las Lomas, las colinas de los perros o Miami; no consiste en enriquecerse ni en ser reverenciado por el inferior jerárquico; no consiste en que la mano sea besada. El ejercicio del poder público es algo totalmente distinto: consiste en aplicar la ley. El ejercicio del poder público es la facultad de los funcionarios para aplicar la normatividad, abstracta e impersonal, a situaciones concretas, sea en el ámbito jurisdiccional, legislativo o administrativo. El poder público no es esa fuerza burda y chabacana que muchos creen, ni un poder de facto que permite a quienes lo ejercen comportarse como si fuesen Les Rois du Monde. Es un poder de iure, acotado, limitado, orientado al bien común. Ejercerlo de otro modo es tergiversarlo y actuar como el más ruin esbirro.

Sacar al presidente de Los Pinos y desmantelar al Estado Mayor no es la panacea de los graves problemas de nuestra nación; sí creo que tales medidas inhibirían la peligrosa tentación de los presidentes de sentirse todopoderosos. Ciertamente, estas medidas ayudarían a los presidentes a entender que el poder ejecutivo es solo uno más de los poderes de la Unión. Decir Adiós a Los Pinos significa decir adiós a ese presidencialismo que tanto daño ha causado.

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Fecha: 
Martes, 03 de Abril 2018 - 15:00
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Fecha B: 
Martes, 03 de Abril 2018 - 17:15
Fecha C: 
Miércoles, 04 de Abril 2018 - 06:15
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La fe de Peña Nieto en el crecimiento económico

La treceava Cumbre de Negocios se lleva a cabo lejos de Patricia (el huracán) y las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es ese otro México, el de los grandes hombres de negocios y los altos funcionarios. Este año resulta interesante la reunión por dos razones: el adverso entorno internacional y los resultados de un año de las reformas del actual gobierno federal.

A lo largo de las intervenciones trasuntaron una serie de temas. Uno de ellos fue la ausencia de un pleno Estado de Derecho como uno de los factores que impide una mejor atracción de las inversiones. Esto, junto con la inseguridad, se combina y gravita negativamente sobre la vida social y económica de nuestro país. El tema del crecimiento fue otro muy comentado. Un empresario de plano dijo: “Menos de 4% es insuficiente para México, lo demás es pretexto”. Para otros, la cosa no es así. La representante del FMI en nuestro país, Dora Iakova, señaló: “Es mejor que el promedio de la OCDE y el más alto de los grandes países de América Latina”. Tal vez las palabras más lapidarias sobre el tema fueron las de Paul Krugman, quien de plano se dijo sorprendido de que, pese a las reformas, México haya crecido tan poco. Llamó a no creer que las reformas harán milagros en nuestra economía. Videgaray y Peña deben haber encajado el golpe.

El tema de la innovación y la vinculación entre ciencia y tecnología con empresa también fue abordado. Manuel Herrera, presidente de la CONCAMIN, subrayó la necesidad de vincularlos. Tal vez la intervención más dura en este sentido fue la del presidente Peña, quien dijo que sólo el 25% de la inversión en ciencia y tecnología viene del sector privado, mientras que en otros países el porcentaje es hasta del 60 o 70%.

En su intervención, el presidente Peña reconoció que no se han alcanzado los niveles de crecimiento económico esperados y, de nuevo, culpó al entorno global. De acuerdo, es cierto lo que señala el mandatario, pero sólo hasta cierto punto. En primer lugar, esta salida ya está trillada, hace aparecer a su gobierno y al país como si estuviera en manos de otros, de personajes con los que no se puede hacer nada, simplemente sentarse a esperar a que las cosas mejoren. Es decir, parece apostarse a la fe o a la buena suerte. Por lo pronto, la Cumbre de Negocios ha dejado tres temas en los que pensar: la necesidad de un Estado de Derecho tangible, la indispensable vinculación entre ciencia y tecnología con la empresa y a no dejar en otras manos nuestra mejoría económica.

Por supuesto, un tema que no aparece en los resúmenes de los diarios es el de la necesidad de mejorar, urgentemente, el salario y la capacitación de los trabajadores. Sin mercado interno, no hay paraíso. 

Fecha: 
Martes, 27 de Octubre 2015 - 18:30
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Oficialmente muertos

Como se había adelantado en este espacio hace un par de días, la PGR declaró que los 43 estudiantes desaparecidos están oficialmente muertos. Fueron asesinados por un grupo de Guerreros Unidos y cremados en el basurero de Cocula. Esta es la versión oficial basada en el hecho de que los nuevos testimonios apuntan a fortalecer la versión que diera el procurador Murillo Karam en noviembre pasado.

Con un timing impresionante, se conjuntaron varios hechos que apuntan a varios cambios en el manejo del tema Ayotzinapa. Un día después de la pacífica marcha del 26 de enero, los diarios estimaron que había reunido entre 5 y 15 mil personas, cuando era evidente que eran muchos más. De cualquier forma, la marcha mostró que el movimiento ha perdido fuerza y se ha convertido en vehículo para otras causas. Era hora de actuar.

El mismo 26, un desplegado de la Iniciativa Privada exigía que se impusiera el Estado de Derecho. Al otro día, el poderoso empresario Lorenzo Servitje pedía el apoyo de los empresarios al presidente Peña Nieto en su momento de “mayor debilidad.” Varios días antes, plumas importantes, como la de Héctor Aguilar Camín, señalaban la necesidad de dar por cerrado el caso con base en las pruebas encontradas. El mismo gobernador de Guerrero, Ortega Martínez, pedía que el gobierno dijera la verdad, “por dura que fuera”.

Previo a la conferencia de prensa del procurador Murillo Karam, en donde anunció la versión oficial de lo sucedido en Iguala, el presidente de la República indicó que el país debía seguir adelante, a pesar del dolor de la pérdida. Al mismo tiempo, en una de las casetas más tomadas de la Autopista del Sol, la Policía Federal impedía, por fin, que un grupo de “jóvenes encapuchados” se hiciera de ella.

A menos que creamos que todo esto es una serie de coincidencias, es claro que el gobierno federal preparó todo en caso de confirmar que la marcha mostraba signos de debilidad. Y todo esto se hizo antes del arranque de las campañas, con muchos meses por venir de spots, discursos de candidatos y debates en el Congreso. Se apuesta a que el peso de las campañas y las discusiones en el escenario público ocupen la atención del país. No es una mala suposición, hay bases para suponer que hay un cierto hartazgo de los excesos de los aliados de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa.

Como era de esperarse, los padres de familia y sus aliados han rechazado la decisión de la PGR y aseguran que llevarán el caso a instancias internacionales. La pregunta es si el resto del país, sociedad civil y clase política, consideran cerrado el caso. Ya veremos. 

Fecha: 
Jueves, 29 de Enero 2015 - 17:00
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Las tres primeras acciones para combatir la inseguridad, corrupción e impunidad

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció las 10 acciones para combatir la inseguridad y fortalecer la seguridad de los ciudadanos y la plenitud del Estado de Derecho. Las tres primeras acciones requieren de una reforma constitucional: 

1. Ley contra la infiltración del crimen organizado en los municipios. Es una iniciativa para que ante los indicios del crimen organizado se procedería a la desaparición de los integrantes de los ayuntamientos;

2. La reforma al sistema de competencias penales, para redefinir las competencias de cada autoridad en combate del delito, sobre todo por el mismo sistema complejo actual; y,

3. La creación de la policía estatal única, para pasar de 1,800 policías municipales débiles a 32 corporaciones de  seguridad estatal que sean más profesionales y eficaces, y para lograrlo es necesario el equipamiento de tecnologías, capacitación, uniformes y el presupuesto para ejercer su institucionalización.    

En las tres primeras acciones es necesario reformar la Constitución con la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores del Congreso de la Unión y de la mayoría de los legislaturas estatales. Es una reforma que por los tiempos legislativos tendrá que suceder a partir del siguiente periodo ordinario del  Congreso de la Unión, esto es el mes de febrero del próximo año.

Así es, no obstante, le convendría a todos nosotros que los legisladores diputados y senadores procuraran dar tramite inmediato a dichas propuestas, una vez que las remita el Ejecutivo al Legislativo. 

Para tal efecto, los legisladores federales tendrán que trabajar en periodo extraordinario, en la segunda  quincena del mes de diciembre y quizá en el mes de enero de 2015.  Y, las legislaturas locales tendrían que hacerlo de la misma manera, para que las reformas constitucionales entre en vigor a partir del próximo mes de febrero. 

Estimado, lector, es verdad que a todos nos urge combatir la inseguridad, corrupción e impunidad, pero ahora, les corresponde al legislador cumplir de manera pronta, expedita eficaz y eficiente, realizar los cambios constitucionales. 

Así, qué, querido lector por un México en Paz, es el mensaje de todos los ciudadanos, es el mensaje de todos los mexicanos, por la dignidad de todos, deseamos Paz, mediante un Estado de Derecho eficiente y eficaz.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Jueves, 27 de Noviembre 2014 - 18:00
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¿Qué le parece? ¡Una nueva Secretaría de la Administración de la Justicia!

En esta semana se comenta que el Presidente de la República Enrique Peña Nieto presentará un nuevo Plan del Estado Derecho, un Plan de Justicia. ¿En qué consiste el nuevo Plan de Justicia?  

Se dice que tratará temas relacionados con la creación de un mando único de policías en el país y con ello el fortalecimiento de los 2,457 municipios, sobre todo para refrendar la certeza institucional del acceso a la justicia y para otorgar de manera adecuada seguridad pública, y por tanto la correcta protección de los derechos humanos.    

En virtud del establecimiento de políticas públicas el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) del Gobierno de la República tiene como objetivo general llevar a México a su máximo potencial, entre otros aspectos destaca de “…convertir a México en una Sociedad de Derechos…" “…es necesario propiciar una sociedad donde los derechos establecidos en la Constitución pasen a la práctica”.    

Para tal efecto, en el PND se determinan cinco metas nacionales: un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global. Asimismo, contempla como estrategias las siguientes: democratizar la productividad, un gobierno cercano y moderno, y perspectiva de género. En este contexto se implementa el Plan Nacional de Desarrollo.   

Ahora bien, todo resulta trascendental para el desarrollo de plan de gobierno, sin duda, pero también resulta que para su plena eficiencia y eficacia como política pública alcance las metas deseadas en distancias cortas.  

En el mismo PND en el rubro de “México en paz” se traza como meta que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población, cuya meta busca, fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos humanos, la erradicación de la violencia de género, el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello orientado a la consolidación de una democracia plena. 

Asimismo, la meta del PND subraya “que responde a un nivel de inseguridad que atenta contra la tranquilidad de los mexicanos y que, en ocasiones, ha incrementado los costos de producción de las empresas e inhibido la inversión de largo plazo”. 

De tal suerte, continúa exponiendo el PND, “que la prioridad, en términos de seguridad pública, será abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del delito y la transformación institucional de las fuerzas de seguridad. En este sentido, se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia, asíì como construir policías profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo de reinserción social de los delincuentes”.

Así es estimado lector, pronto estaremos al tanto de saber los lineamientos para el fortalecimiento institucional para la pronta eficiencia y eficacia de la justicia.  Quizá sea necesario implementar una “Secretaría de la Administración de Justicia”, mediante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF). 

En otras palabras otorgar a la CJEF el rango de Secretaría, además de las atribuciones que efectúa actualmente CJEF, tales como la de revisar y validar los decretos y otros instrumentos jurídicos que se someten a consideración del Presidente para su promulgación, así como someter las iniciativas de ley que se presentan a los diputados y senadores para su discusión y aprobación, también cabe la posibilidad que con la nueva Secretaría se le conceda como atribución especifica la planeación del programa de gobierno en administración de justicia. 

La creación de la “Secretaría de la Administración de Justicia”, tendría que ser moderna y con avances tecnológicos para que los programas y planes de gobierno de administración de justicia muestren de manera pronto y expedita resultados eficientes y eficaces.

Así que, querido lector, es mejor no especular en la toma decisiones para el Plan de Justicia, que se dice que anunciará en esta semana el Presidente de la República, y mejor nos esperamos al anuncio oficial. ¿Qué le parece?

Al tiempo, tiempo…    

Fecha: 
Martes, 25 de Noviembre 2014 - 18:00
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“Fue el Estado” ¿Cuál?

La consigna más usual a propósito de Ayotzinapa es culpar a Peña = el gobierno federal = “el Estado”). Solución: que el presidente renuncie.

1. Peña. Según nuestra tradición el presidente es el único actor y ejecutor y el pueblo se acostumbra a que él (para bien y para mal) hace todo, sabe todo y lo puede todo. El carruaje de don Porfirio rodaba siempre a la misma hora ante un reloj cuyas campanadas sonaban puntuales a su paso (en la torre del campanario había un disciplinado empleado ajustando el reloj). “¿Qué hora es?” “La que usted ordene, señor presidente.”

2. El Estado. ¿Quién es “el Estado”? Los legisladores de “izquierda” que constituyen uno de los tres poderes del Estado acusan “fue el Estado” el criminal en Iguala. Al atacar a un ente que no entienden qué es, se autoculpabilizan y dejan clara su estatura moral e intelectual.

Mi abuela platicaba que en Yucatán en tiempos de la persecución religiosa un señor muy devoto se dedicaba a atacar al clero. Le preguntaron por qué. Contestó que como católico quería mucho a la Iglesia y a los padrecitos, pero don Clero era muy malo. Hoy se ataca a don Estado.

3. Tan infames como los asesinos son los que lucran políticamente de la tragedia y no critican a los gobiernos perredistas de Guerrero ni de Iguala. El gobierno federal es el asesino, como si Enrique Peña Nieto hubiera ordenado secuestrar y asesinar a más de 43.

No arremeten contra el perredista gobernador dimitente, ni el jefe de la policía prófugo, ni el presidente municipal aliado a una banda criminal en pugna. No culpan a las gavillas homicidas ni les importa que hayan encarcelado a ese alcalde, o que lo hayan cobijado en Ixtapalapa contratistas que ayudaron a instalar el plantón en Reforma. No mencionan que López Obrador definió con sumo cuidado y aprobó a sus candidatos en una de las entidades federativas que más votos le ha dado; no dicen que le previnieron de los antecedentes del alcalde de Iguala: de todas maneras lo puso como candidato.

4. Lo anterior no importa: ¡fuera Peña! Y que se vaya antes del 1º de diciembre, porque si hay ausencia definitiva del presidente antes de dos años es obligatorio convocar a nuevas elecciones (art. 84). Eso le viene muy a modo al Peje para alcanzar legalmente su obsesión por el poder. Si quisiera asaltarlo luego de esa fecha tendrá que mandar al diablo las instituciones y de pasada la ya quebrantadísima paz social.

5. El presidente recibe durante cinco horas a los padres de los desaparecidos y nada bueno puede decirles. Resultado: “no aceptaremos otra cosa: ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos!”.

6. Como no aparecen vivos, la PGR no sirve y Peña tiene la culpa. Murillo Karam presentó un estrujante informe, acaso tan brutal y explícito porque tras esa reunión con los padres tuvo que demostrar que no había indicios de vida: los asesinos quemaron casi profesionalmente los cadáveres. No importa que haya hoy 74 detenidos o haya muerto un policía federal. Lo único informable es que Murillo estaba cansado.

7. Ante esta catástrofe ni el presidente ni su secretario de Gobernación han mostrado ya no digamos grandeza, sino decisión y valor. Impunes pandillas de encapuchados queman autobuses y hasta la puerta del Palacio Nacional, por no hablar de carreteras y aeropuertos cerrados. Toda policía está paralizada, medrosa y con instrucciones de negociar la ley y dejarse humillar (y herir) por los delincuentes.

Por una vez estaré de acuerdo con Zedillo: lo que más nos falta es estado de derecho. Agrego que sin leyes no hay sociedad civilizada y libre; las leyes no sirven sin policía; y no hay policía sin cárceles. Pero los impunes critican la impunidad (no la de ellos: la del “Estado”). ¡Y que se vaya Peña!

8. ¿Es éste un “crimen de estado”? En todo caso, de varios gobernantes del estado de Guerrero y de sus municipios, no del Estado con mayúscula.

Hay que decirlo con claridad y sin exageraciones. Es la mayor crisis política que haya vivido México desde fines de los años veinte, cuando con su persecución religiosa, Plutarco Elías Calles perpetró una guerra contra el pueblo. Esta es una lucha insurreccional que el gobierno federal no parece saber combatir, muy manifiesta en la parálisis de unas autoridades federales, estatales y municipales incapaces de aplicar la ley y hacer el ridículo contra la franca delincuencia en que incurre la “protesta social”.

Hay intereses claros en exigir que renuncie el presidente y culparlo de lo que no hizo. Como Peña no renunciará, para que el Peje asalte el poder que tan enfermizamente pretende sólo quedará la vía que ya demasiados ejercen impunemente y atizan con manifiesto éxito: la violencia.

De nuevo: estado de derecho. Para eso hace falta valor. Mano estricta. Gobierno y policía que apliquen la ley: toda la ley. Y sobre todo, justicia. Es indispensable poner tras las rejas a los que llevan mucho tiempo moviendo libre e impunemente a bandas criminales, narcoguerrillas, gobernadores y presidentes municipales aliados a ellos, políticos y partidos cómplices; bandas violentas que a bordo de camiones robados proclaman acciones pacíficas e incendian lo que no es suyo. Pero a los obligados a aplicar la ley se les aflojan las corvas y se limitan a exhortar (uf) al “diálogo”.

Ante todo: hay que señalar nombres de gente importante. Las autoridades conocen a los alfiles, caballos y torres que manejan libremente a peones que bajo cualquier razón o pretexto bloquean, desaparecen y asesinan a su gusto, y que primero queman camiones, luego palacios municipales y luego incendiarán al país. Mientras tanto, los encargados de aplicar la ley e impedir la creciente violencia ilegítima abjuran de la violencia legítima, ordenan dejarse lastimar a la policía, y siguen invitando a los energúmenos a dialogar.

Hace falta talento. Hace falta valor. Hace falta grandeza histórica. Como dijo Thomas Paine durante la guerra de independencia de EEUU: “Estos son los tiempos que ponen a prueba el alma de los hombres.”

Foto: internacional.elpais.com

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Fecha: 
Miércoles, 12 de Noviembre 2014 - 17:00
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El Estado de Derecho contra la corrupción

En suma, comentaba ayer con mi tema “Por la vigencia plena del Estado de Derecho”, que el Estado de Derecho es el imperio y primacía de la ley, por medio de un sistema jerárquico de normas para el pleno establecimiento de la seguridad jurídica. Y, para ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental del país, que asiduamente es reformada por el legislador, como bien se aprecia con las 618 modificaciones desde su creación en 1917 a la fecha.

Pues, bien, con la norma jurídica se combate a la corrupción, al menos esa es una de las propuestas del Partido de Acción Nacional (PAN) que presentó esta semana a través de la iniciativa de ley suscrita por sus diputados y senadores, para  reformar y adicionar y derogar diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción es un tema que les ocupa igualmente a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues en noviembre de 2012 presentaron la iniciativa de ley suscrita por sus senadores para reformar y adicionar nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción se combate con la ley. Por lo visto con las modificaciones al texto constitucional se pretende crear por parte de los legisladores del PAN un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), conformado por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana.

El sistema se coordinará entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad. Un Sistema Nacional de Fiscalización, encargado de coordinar las acciones de los órganos de fiscalización en el país, con el objetivo de generar condiciones que permitan un mayor alcance en sus revisiones; evite duplicidades; permita un intercambio efectivo de información; homologue los criterios de planeación, ejecución y reporte de auditorías; y establezca una serie de deberes para quienes conforman el Sistema.

Además, nos dicen los del PAN, que es necesario crear la figura de la extinción del dominio en el delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Esto es, que los bienes derivados de dicho delito sean tratados acorde al procedimiento de extinción de dominio.

Por su parte en la iniciativa de los legisladores del PRI y PVEM se pretende  crear una Comisión Nacional de Anticorrupción y la reorganización de la estructura de la Administración Pública para determinar en desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

En definitiva, son buenas intenciones de los legisladores. En efecto, no es prudente pensar que entre todos es sabido que los actos de corrupción son muchos, muchos, muchos todos los días y no hacemos nada para evitarlos.

Los legisladores en sus iniciativas manifiestan el porque quieren que se modifique el texto constitucional, entre otras causas de corrupción, muestran la corrupción en México con diversos estudios. Por ejemplo, que en 2010, Transparencia Mexicana reportó e identificó para la conformación del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que al menos 200 millones de actos de corrupción para acceder a 35 trámites y servicios monitoreados. En diez de cada cien ocasiones en que se realizó un trámite o se accedió a un servicio público, los hogares pagaron sobornos.

Por ende, se estima que el costo económico de dicha forma de corrupción rebasó los 32 mil millones de pesos, lo cual representa 165 pesos por cada hogar mexicano que debió pagar por el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como por concesiones y servicios administrados por particulares. 

Estimado lector, la corrupción es un tema de hace muchos años, difícil de combatir, y que las leyes tratan de limitar sus tipos, por ejemplo, el nepotismo, el uso indebido de los recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, el abuso de autoridad, los conflictos de intereses, el favoritismo, el soborno, el amiguísimo, el compadrazgo, el uso político de los recursos públicos, el blanqueo de dinero, el uso discrecional o político electoral de los recursos públicos y/o la ausencia de rendición de cuentas.

Así, qué, querido lector esperemos que los legisladores no tarden otros dos años para crear todo un sistema institucional, que combata de manera eficiente y eficaz la corrupción en nuestro país.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 05 de Noviembre 2014 - 18:30
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