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¡Claro que fue el Estado! (lo declara el Estado)

Ha quedado oficialmente confirmado por la PGR: fue el Estado el que desapareció a 43 una noche en Iguala. Eso se infiere cuando el poder máximo del Estado —el gobierno federal— saca una investigación del ámbito criminal y la pasa al de los derechos humanos. Si los particulares vulneran los derechos humanos se les llama delitos, pero si hace lo mismo una autoridad de cualquier nivel se habla de derechos humanos.

En la PGR la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) investigaba los delitos cometidos en Iguala y Cocula el 26 de septiembre de 2014, alcanzó conclusiones, consignó a 111 personas y busca a más. Pero de repente intervino desde allende el Bravo la activísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que había enviado al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), cuya principal aportación ha sido descalificar la casi concluida investigación de la PGR. La CIDH se fue de frente y logró que la PGR sacara el caso de la subprocuraduría investigadora de delitos.

La cosa estuvo así. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ojo con las fechas: en política las casualidades no existen) llegó a México justo en el aniversario de los sucesos de Iguala, y el mismísimo 2 de octubre presentó unas observaciones sobre los derechos humanos en México. Allí dijo literalmente que la PGR “debe adoptar en forma urgente las siguientes medidas fundamentales e indispensables: pasar la responsabilidad de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad…” y otras cosas, todas perentorias para la PGR y poniéndose a las órdenes del GIEI: designar un nuevo fiscal especial, sustituir del todo al equipo que investiga el caso reorientándolo según lo ordenado por el GIEI, y que el GIEI tenga facultades para entrevistar a todo el mundo, incluyendo a militares. Todo bajo el GIEI; es decir, todo bajo la CIDH; es decir, todo bajo Emilio Álvarez Icaza, su secretario ejecutivo.

Dijo con razón doña Isabel Miranda de Wallace: “Si es cierta la afirmación del GIEI, al señalar que el motivo del ataque a los 43 estudiantes tuvo que ver con drogas, estamos ante un delito y no ante un problema de derechos humanos, por lo que el organismo internacional competente sería la Oficina contra la Droga y el Delito perteneciente a la ONU, y no a la CIDH”.

Clarísimo. Pero si la CIDH ordena a la PGR que se vaya a derechos humanos un caso que su propio GIEI identificó como asunto criminal de narcotráfico, lo convierte en asunto político. Habrá en la CIDH un gato encerrado muy pero muy político, ¿o no?

Ni modo. El gobierno federal se hizo chiquito cuando se plegó a la exigencia de sacar todo de la SEIDO. Se rindió a ese individuo de mirada torva y ligas y agendas más que sospechosas llamado Emilio Álvarez Icaza, cuya larga invectiva llena de verdades y medias verdades y plagada de corrección política critica la situación de los derechos humanos en México, incluso mencionando 1968 en Tlatelolco y la “guerra sucia”. Con esos estándares, bien haría dicha comisión en atacar la situación de derechos humanos en Estados Unidos por el asesinato de Martin Luther King en 1968. El caso es que el poder máximo del Estado se arrodilló.

Marcador en la contienda

Estado mexicano y Enrique Peña Nieto: 0 (y menos cero)
Emilio Álvarez Icaza y su CIDH: 1 (y mucho más)

Hay otros problemas. La PGR no deja de decir que la investigación nunca se ha cerrado pero la Ley Orgánica de la PGR no asigna funciones de investigación de delitos a la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Palabra que no entiendo. A menos que Aristóteles estuviera loco, se deducen lógicamente varias cosas:

1. La PGR reconoce que el Estado mexicano efectivamente fue el culpable de ataques gubernamentales a los derechos humanos (no ya delitos) esa noche en Iguala. Y no el Estado de Guerrero sino el federal, pues allí está la PGR.

2. La investigación no se ha cerrado pero le pasan la papa caliente a una subprocuraduría ¡que no investiga! ¿Quién va a investigar ahora? Lo dice la CIDH: un nuevo fiscal a modo del GIEI, luego de “renovar por completo a todos los miembros del equipo que investiga el caso”. Sacar a todos y empezar de cero. Lógico: si en Cocula según el GIEI no pudieron quemar a todos los estudiantes —a pesar de que allí aparecieron restos identificados de dos quemados— toda la investigación de la PGR se va a la basura. Logiquísimo. Punto y sanseacabó.

3. El asunto se pasa al ámbito político. Dice Pablo Hiriart: “Convirtieron una investigación criminal que estaba prácticamente resuelta, en un asunto político transexenal que se va a ir enredando en lugar de destrabarse. ¿Por qué darle largas? Quién sabe. Si ahora hay sectores considerables de la población que no le creen nada a las autoridades, tampoco le van a creer en el futuro.”

Adivina adivinador, y conste que son preguntas: ¿no querrá la CIDH seguir tripulando a la PGR vía sus “expertos” “independientes” para que salga a modo toda investigación sobre Iguala? ¿Y no buscará con todo esto, con el explícito acuerdo de la PGR, seguir propalando la mentira de que el gobierno de Peña (“el Estado”) es el culpable de los sucesos en Iguala? ¿Y con qué objetivos políticos, no de justicia?

A nadie se le ocurrirá distinguir entre el Estado de Guerrero y el federal, menos que nadie a los ayotzinapapás que creen que a sus hijos los desapareció y asesinó el gobierno de Peña (o hasta mantiene secuestrados incluso a los dos muertos, si piden que los 43 aparezcan vivos), todo azuzado por una brutal campaña de mentiras inclementemente propaladas al estilo Goebbels. Hoy la CIDH toma la batuta del coro acusador y pone de rodillas al gobierno federal al obligar a la PGR a balacearse sus pies cuando atiende cosas tan “urgentes, “fundamentales e indispensables”. Si el gobierno peñista quería quedar bien con alguien o hacer buenas relaciones públicas se habrá equivocado del todo. Esta gente toma el pie cuando se le da la mano.

In extremis, habrá que exonerar a las autoridades municipales y a la estatal, liberar a Abarca, a su esposa y a los demás, y dejar en paz a las bandas criminales Los Rojos y Guerreros Unidos (no los menciona el larguísimo informe de la CIDH). Y luego, para ser congruentes, proponer a Emilio Álvarez Icaza como presidente de México en 2024, suponiendo sin conceder que López Obrador no se eternice después de su sexenio.

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Fecha: 
Lunes, 26 de Octubre 2015 - 17:30
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Yo no fui ¡fue Teté! (Fue el Estado)

Los muchos crímenes cometidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 tomaron por sorpresa al establishment de izquierda. Por unos días no supieron qué hacer ni qué decir: el gobierno municipal de Iguala era de izquierda, su policía obedecía a un presidente municipal de izquierda, y el gobierno estatal también era de izquierda. En esos primeros días los “intelectuales” y comentócratas de izquierda se quedaron pasmados, confusos, paralizados.

Luego de los crímenes del 26 de septiembre, el día 30 alabó Julio Hernández en La Jornada el Día del Maíz; el 2 de octubre culpó a la autoridad municipal de Iguala pero ya el 7 criticó a Peña. El 1º de octubre Sergio Aguayo escribió sobre Tlatlaya y Tlatelolco, no sobre Ayotzinapa. El 2 de octubre Lorenzo Meyer tampoco mencionó Iguala: pidió no olvidar Tlatelolco. El 3 de octubre Juan Villoro narró una anécdota de Acapulco. Carmen Aristegui escribió sobre el Poli el 3 de octubre y puso la palabra Ayotzinapa sin decir nada, al lado de Tlatlaya. René Delgado el 4 de octubre tocó de soslayo el tema. Denise Dresser (que recientemente se solazó en la tv con evidente placer y visible deleite cuando uno de los expertos de la CIDH contradecía el informe de la PGR de Murillo) el 6 de octubre se lanzó contra el Ejército y Tlatlaya; nada de Iguala.

Clamoroso silencio inicial de los izquierdos que igual de clamorosamente reprochan la inicial inacción federal ante un caso de jurisdicción local. Sólo hasta dos semanas después empezaron a criticar a las autoridades (federales). #FueelEstado apareció en Twitter el 21 de octubre de 2014, casi al mes.

Gerardo de la Concha criticó tempraneramente ese silencio. Mencionó a Sergio Aguayo, Elena Poniatowska, Pago Ignacio Taibo, Javier Sicilia, David Huerta en “Iguala: el Tlatelolco de la izquierda” (La Razón, 5 de octubre de 2014): “Si hacemos un ejercicio de imaginación pensemos que las autoridades responsables de Guerrero e Iguala hubieran sido priistas, entonces el tema no habría sido callado por los que menciono en este texto y, además, toda la legión cultural de izquierda ‘alzaría su voz’ y la indignación, convertida en un clamor, estaría desbordada y, por supuesto, sería justo.”

Lo que les pareció justo semanas después, ya metabolizado el suceso y tras una tan copiosa como sospechosa andanada en redes sociales, fue la frase salvífica “Fue el Estado”. No han dejado de criticar y marchar desde que a alguien se le ocurrió culpar al gobierno federal; muy amigos de la verdad, claro. El mismo de la Concha escribió el 2 de noviembre: “Del silencio pasaron al ruido, con tal de no hacer ninguna autocrítica y de mantener así el status quo en el que medran.”

Algunos ilusos quisiéramos que atendieran a los hechos sin el prejuicio ideológico- geométrico de sólo acusar un crimen si lo comete el enemigo, como ordena el infinito catálogo de la corrección política. Quisiera que quien pide justicia y marcha exigiendo que aparezcan vivos los 43 (incluyendo a los dos demostradamente asesinados y quemados) pidiera investigar en serio al director de esa escuela y al intocable Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué puso de candidato a Abarca si conocía sus antecedentes?

Hablando del Peje, la frase “Fue el Estado” es ocurrencia de un genio, y lo digo sin ironía. Es deliberadamente equívoca, la menos eficaz posible para identificar a un criminal pero la más eficaz posible para culpar a un enemigo común muy paladeable que encarna todo lo odioso —el PRI, el sistema político, Televisa, la corrupción, el “fraude electoral”, la oligarquía, la “burguesía”— y se personifica en el político más impopular: Enrique Peña Nieto.

El Estado son los tres poderes, las instituciones, el territorio, la Nación, pero al oír “fue el Estado” nadie piensa en Abarca, el Estado de Guerrero, el estado de cosas o el estado de ebriedad sino en el gobierno federal. Es genial una frase pegajosa que echa la culpa a un muy, pero muy conveniente adversario unánime, al punto de exhibir la foto de Peña junto a la de Díaz Ordaz. Resulta lógico, si fue el Estado.

Los que claman por justicia no están viendo a cuando menos 111 presos, entre ellos Abarca y su esposa y los meros meros de los Guerreros Unidos; sólo será justiciera su justicia si encarcelan a Peña. Y no alabo su hasta hoy lamentable manejo de esta crisis. El gobierno federal se ha balaceado las extremidades inferiores y se ha puesto de pechito ante las calumnias e infundios de sus mucho más astutos adversarios. No soy amigo de Peña pero más amigo soy de la verdad.

Dos sucesos muy diferentes (Tlatelolco e Iguala) le parecen iguales al que piensa poco y grita mucho. Desde el Colegio de México (!!!) Sergio Aguayo asocia un crimen ejecutado por el gobierno de México hace 47 años, a un ataque de bandas rivales por controlar la heroína. Sólo mala leche o llana estupidez permiten un salto cuántico de tal calado, que resulta obvio: fue el Estado, léase Peña.

Mientras tanto, la izquierda y sus “intelectuales”, su prensa, su comentocracia y sus masas exigen que aparezcan con vida los 43, incluso los dos demostradamente asesinados. No hablan de Gonzalo Rivas, empleado de una gasolinería de Chilpancingo, quemado vivo por los ayotzinapos el 12 de diciembre de 2011 cuando incendiaron la gasolinería donde trabajaba. Ese homicidio, el incendio y los robos de camiones no son delito porque no hay que criminalizar la protesta social. Y como no hay ayotzinapos delincuentes, fue el Estado.

Sólo un negocio tan jugoso como el narcotráfico produce criminales capaces de despellejar vivo a un normalista tras sacarle los ojos, matar a mansalva, quemar gente y esparcir sus cenizas. Eso demuestra que fue el Estado.

Los que cayeron bajo las fuerzas federales (Policía Federal y Ejército) están vivos pero los victimados por la policía de Abarca y por sus socios están muertos. Lógico: fue el Estado.

El abogado de los ayotzinapapás Vidulfo Rosales dice que el Cochiloco, que les ordenó ir a Iguala, no era criminal infiltrado sino estudiante ejemplar, comisionado de Orden y Disciplina (!!!) y de conseguir 25 camiones (sólo se habían robado 10 ese día). Sidronio Casarrubias, capo de los Guerreros Unidos, dijo “Los hicimos polvo y los echamos al agua, nunca los van a encontrar” luego de que la esposa de Abarca ordenó “dar un escarmiento” a los normalistas. Y López Astudillo (de ese mismo cartel criminal) los secuestró, asesinó e incendió. Indudable: fue el Estado.

Los ayotzinapapás pidieron al presidente “comprometerse a estar de lado de la verdad y no de la mentira” lo cual está muy bien pero en su punto 6 le exigen “cesar los intentos de criminalización de los normalistas”. Siempre se supo de bandas criminales y tráfico de heroína y si buscan la verdad habrá que averiguar esa línea, digo yo, pero “no hay que criminalizar la protesta social”. Y con toda verdad, acusan, fue el Estado.

Y es que claro, claro, hay que encontrar la verdad verdadera y hacer justicia ora si que bien expedita y rete pronta y por eso que inmediatamente renuncie Peña y buscar la verdad a secas, claro que sí, cómo no, pero sin criminalizar a nadie ni investigar nexos con el narco porque oiga usted, no hay que ser, es que resulta de que fue el Estado y esa es la única verdad porque pos así fue ¿o qué no? y respeten a la normal de Ayotzinapa y no investiguen a su director ni a los muchachos, a los chicos, a los esforzados estudiantes que no son criminales aunque incendien gasolinerías y se roben camiones porque querían ser mentores de generaciones de guerrilleros y es de que como te venía diciendo no, hombre, no hay que ser, porque sabes que hay que ser adultos y no, yo no fui, ¡fue Teté! oséase, ¡fue el Estado!

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Fecha: 
Lunes, 05 de Octubre 2015 - 17:00
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México: los ricos, más ricos; los pobres, más pobres

Se ha dicho, con razón, que una de las causas de que México sea una nación sin respeto al Estado de Derecho es la desigualdad social y económica. Otras causas serían la impunidad y la corrupción existentes. Más allá de la necesidad de “domar” a la especie, como bromeó el presidente Peña Nieto, combatir las causas de la desigualdad aparece como la tarea número uno en el país. Conste que se habla de desigualdad, no de pobreza.

La desigualdad no se combate con políticas asistencialistas, como ha quedado demostrado en los más de 20 años de aplicarlas. Cuando el salario se estancó en el país, a finales de los años setenta, el Estado empezó a aumentar su vocación asistencialista para subsanar lo que la iniciativa privada no concedía. El resultado está a la vista: la concentración de la riqueza es mayor que nunca y pese a los miles de millones de pesos destinados al combate a la pobreza existen 53.3 millones de personas en esa situación, según el informe “Desigualdad extrema en México”, elaborado por el doctor Gerardo Esquivel, académico del Colegio de México y la UNAM.

Esta construcción social-económica, que favorece la desigualdad, no ha sido modificada en lo esencial durante los últimos 30 años. En esta construcción, el poder político se ha adaptado y apoya la reproducción del modelo, de acuerdo a las conclusiones del citado estudio. Está claro que en el panorama de los ocho partidos existentes, ninguno tiene como objetivo revertir el proceso que ha permitido la desigualdad. Ni el PRD ni MORENA, supuestamente de izquierda, tienen claro esto. Ambas organizaciones comparten genes priistas e izquierdistas, pero dominan los rasgos corporativos y populistas que heredaron de su progenitor tricolor por encima de la necesidad del cambio en la distribución de la riqueza, a la que aspiraba la vieja tesis comunista.

El informe del Dr. Esquivel, presentado por Oxfam México, trae datos llamativos, de esos que atraen a los medios. Por ejemplo, señala que en el año 2002 la riqueza de cuatro mexicanos (Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego) representaba el 2 por ciento del PIB; para 2014 ese porcentaje subió a 9 puntos porcentuales. Esto significa que el magro crecimiento del PIB en esos años (2002-2014), menor al 2% anual, ha dispuesto mecanismos de concentración de la riqueza que ha permitido a estos cuatro personajes multiplicar su riqueza por cinco. El doctor Esquivel señala que en lugar de continuar por la senda asistencialista, el Estado debe concentrarse en “una política social basada en los derechos: a la alimentación, a la educación, a la salud, etcétera.”

El problema central es: ¿cómo desmontar la construcción social-económica y jurídica que ha permitido esto?

Fecha: 
Jueves, 25 de Junio 2015 - 17:30
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¿Qué está en juego en el pleito de taxistas con Uber?

La empresa Uber –que mediante una aplicación tecnológica enlaza la oferta con la demanda de transporte individual y brinda similar servicio que el de los sitios de taxis– revoluciona un segmento del transporte público: sacude al gremio de taxistas y a las funciones reguladoras del gobierno y a su vez limita sus ingresos; asesta un golpe letal al sistema de organización clientelar y a un esquema de negocios corruptor. Pero de igual manera es una competencia desleal para los taxistas que deben pagar placas, licencia y revista e instalar taxímetros. Los taxistas de Uber se libran de toda esta monserga, que es fuente de corruptelas. A cambio, pagan un impuesto federal y ningún gravamen local. También deben contar con un seguro de cobertura amplia en caso de accidente. Uber certifica a los choferes de acuerdo con la calificación que le dan los usuarios, pero no tiene ninguna responsabilidad civil ni administrativa.

Es decir, las regulaciones que en el pasado pusieron por delante el interés gremial y no el común, fueron rebasadas: seguridad y calidad del servicio del pasajero la brindan los afiliados a Uber, y la tecnología (un algoritmo e internet) regula demanda y oferta: es innecesario que el taxi recorra la ciudad en pos de pasaje. Es un caso paradigmático de desplazamiento del Estado por el mercado: eficiencia, menores costos y contaminación, aunque no siempre es así. Pero el usuario del servicio que hasta aquí gana, tiene una desventaja: si un conductor lo asalta y se da a la fuga o lo secuestra, la única sanción es que Uber le dará de baja. Está desprotegido como en el sistema tradicional de taxis. Ergo, cabe preguntar: ¿cuáles son los estándares de control de la empresa y cómo se certifican? Es decir, ¿quién norma y evalúa al autorregulado?

¿Qué está en juego? En primer lugar cabe decir que el mercado es un mecanismo crucial para la innovación: derriba barreras y controles en desuso. El Estado va a la zaga y puede obstruir o coadyuvar a tal “destrucción creativa”. Su función es velar por el interés común, que no siempre coincide con el interés particular. Así que normas y regulaciones deben cubrir aquellos huecos que deja el mercado y acortar a gremios y monopolios. ¿Qué responsabilidades y límites debería tener Uber con el usuario si fracasan sus controles? ¿Cuál es la relación con los choferes? ¿Empleados o socios de la empresa? Si son empleados, ¿cuáles son sus obligaciones? Si son socios, ¿cómo reparten pérdidas y ganancias? ¿Cómo debe tributar? Este es el ámbito del Estado. Su papel es normar los intereses privados (empresas y gremios) a favor del bien común. La crisis es una oportunidad para alinear los intereses en pro del ciudadano.

Fecha: 
Jueves, 28 de Mayo 2015 - 17:30
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De la captura del Estado por intereses privados

 

¿Por qué se desacreditaron las políticas de bienestar social y cómo se favoreció la gran transformación conservadora que logró poner el Estado al servicio, ya no del interés general, sino de un puñado de empresas multinacionales, y en particular del sector financiero? ¿Qué fue lo que ocurrió? A estas preguntas responde puntualmente Fernando Escalante en un notable ensayo publicado este mes en la revista Nexos, que tituló Breve historia del neoliberalismo. El trabajo, que forma parte de un libro en prensa que publicará el Colegio de México, es también un mentís a la teoría de la conspiración, que habla de un complot en contra de los intereses de las mayorías. El generoso Estado de bienestar, que prodigó seguridad social a las masas, es un producto histórico, parece sugerir el autor. Es efecto tanto de la gran crisis de los años 30, como de la Guerra Mundial y el surgimiento de la URSS.

Los fenómenos que destruyeron a ese Estado con vocación social son múltiples, y van desde la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, hasta una gran transformación cultural en el ámbito de la izquierda, que repudia a las burocracias y a los aparatos de control estatal y olvida la igualdad. En el plano económico favorecen este cambio el estancamiento, altos desempleo e inflación en las economías industrializadas, frente al aparente éxito de la extinta Unión Soviética, la crisis del dólar que desde 1971 dejó de ser convertible en oro, el encarecimiento de las materias primas, particularmente el petróleo, la fuerte alza de las tasas de interés en Estados Unidos en los años ochenta, los movimientos guerrilleros y el estallido de la deuda externa en los países subdesarrollados, del que México fue un protagonista.

Argumenta Escalante: “En ese clima de inestabilidad: protestas, huelgas, recesión económica, violencia, terrorismo, transcurren los años setenta…”. Y añade: “Sencillamente, el modelo dejó de funcionar. La reacción no fue producto de una elaboración conceptual… sino del pragmatismo más pedestre…”. En tal contexto, el fin del consenso keynesiano, surge el programa neoliberal. Pero su éxito es inexplicable sin el ánimo radical de la época, donde descuella el papel de la izquierda y del anarquismo, su “denuncia del Estado, de las burocracias, de la regulación, y en defensa de la libertad…”. Cuando se lee la obra de Iván Illich, de clara inclinación de izquierda, parece que se sigue a Hayek, de clara inclinación conservadora, sostiene el autor. Esa convergencia ideológica y su presunta fe libertaria fortalecen y salvaguarda de la crítica al neoliberalismo. Así se captura al Estado a favor del interés particular.

Fecha: 
Jueves, 14 de Mayo 2015 - 17:00
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¡Francisco sigue causando revuelo!

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Miércoles, 13 de Mayo 2015 - 11:00
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La de Ocho:

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¿Quién es Hillary Clinton?

Fría, calculadora, ambiciosa, diabólicamente inteligente, así ha sido calificada muchas veces, Hillary Rodham…todavía Clinton. Muchos años han pasado desde que publicó su autobiografía, Living History en 2003 (¿la leyeron?) y coincido con la mayoría de estos calificativos. Si, en efecto es fría, ¿cómo no serlo para poder sobrevivir con elegancia y dignidad a todos los enormes obstáculos y desafíos que se han presentado en su vida?. También es ambiciosa, evidentemente una jovencita entonces republicana y conservadora de una familia típica de Chicago, que llega a ser lo que ella es y ha sido y será, tiene que ser decididamente tenaz y muy pero muy ambiciosa para conseguirlo. Y llego a tales conclusiones no por lo que dice literalmente ese texto, sino más bien por lo que no nos dice y especialmente por lo que ha sucedido hace unos cuantos días: su destape como aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

¿Qué es Hillary? por encima de todo un animal político, activa primera dama, senadora por Nueva York, Secretaria de Estado, y dos veces aspirante a la candidatura presidencial, su proyecto profesional ha rebasado con mucho su vida privada, nada es más importante que el poder y lo quiere al precio que sea. Hillary me cae muy bien por todo lo anterior pero sobretodo por que jamás (en las condiciones más propicias o adversas) ha dejado de brillar con luz propia. Su encanto personal, su apabullante inteligencia y su gran mundanidad la hacen una mujer atractiva, sólida e interesante. Pocas mujeres han podido llevar con el decoro, gracia y estoicismo que ella mostró los tremendos cuernos que Clinton le puso ante los ojos atónitos del mundo. ¿Cómo olvidar el escándalo Lewinsky?... Como la llamaron en esos tiempos en la televisión estadounidense: “la princesa de hielo”, fue capaz de sacar ventaja de tal desaguisado, ¡y vaya que lo hizo! Reconozcamos que esta destacada abogada se ha enfrentado a grandes desafíos y ha ganado siempre. Tan solo recordemos como ganó la senaduría por Nueva York. Tenia todo en contra, su marido aún era Presidente, era considerada por los sectores más conservadores como excesivamente cargada hacia la izquierda y jamás una primera dama había osado brincar activamente a la política. Ya en el Senado tampoco la tuvo fácil, la esperaban con prejuicios y malas caras, pero su infatigable inteligencia hizo que poco a poco y a base de trabajo y perseverancia las cosas cambiaran para ella. Se integró en los comités de Educación, Salud, Trabajo y Pensiones y decidida a meterse en la boca del lobo logro penetrar hasta en la Comisión de las Fuerzas Armadas, espacio prácticamente reservado a los machos, que no tuvieron más remedio que rendirse ante su talento. Su olfato político la llevo a retirarse y apoyar a Barack Obama cuando se dio cuenta de que él sería el triunfador en la contienda presidencial de 2009 y logró así una posición de relevancia estratégica, como su segunda de abordo, en su gabinete. En resumen, que Hillary es mi favorita…una gran mujer que, eso sí, necesita antes de la campaña un cambio de look y un buen corte de pelo. ¡Nadie es perfecto!...Seguiremos con el tema. La recomendación de la semana: por favor vayan a La Memela Nuclear, en el local D de Dr. José María Barragán 580 en la Narvarte. Es el mejor lugar si quieren regalarse con una memelas trascendentales. Las hay con quesillo, con carne, de chorizo o de longaniza, son grasientas y engordosas pero créanme valen mucho la pena. Si de plano quieren comerse una bomba de sabor, pídanlas con queso Oaxaca extra y mucha salsa y huevo. En fin…ahí les dejo esta peligrosa información. Y hasta la próxima, muchos besitos a los niños.

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Fecha: 
Lunes, 20 de Abril 2015 - 17:00
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Columnas:

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De 1845 - Estados Unidos anexiona a Texas como estado esclavista

Un día como hoy, en el año 1845, Estados Unidos incluía a Texas como su estado número 28. Desde su independencia en 1820 hasta el año 1836, México había sido el propietario legítimo de este territorio. Ese año, la gran cantidad de inmigrantes estadounidenses que allí habitaban (y que habían introducido esclavos negros de manera ilegal) se alzaron en armas y proclamaron unilateralmente una república independiente. Esto desembocó en una guerra contra México, que terminó perdiendo el territorio. La república de Texas eligió como presidente a Sam Houston, quien ocupó el cargo desde 1836 a 1838, y luego desde 1841 a 1844. En 1845, a partir de la incorporación de Texas como estado esclavista a Estados Unidos, este país y México entraron en guerra. Como consecuencia, México perdió gran parte de sus territorios al norte de Río Grande, como la Alta California. El ex presidente Samuel Houston pasó a convertirse en gobernador del estado, y en 1861 se opuso fervientemente a la incorporación de Texas a los Estados Confederados de América. A partir de la década de 1930, el descubrimiento de petróleo en el territorio provocó un auge económico en Texas, y el estado ganó más valor para el gobierno estadounidense.

Fecha: 
Viernes, 29 de Diciembre 2017 - 09:20

Efemérides:

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La discapacidad: un problema físico y social

El día de mañana conmemoramos el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, establecido por la ONU para impulsar una sociedad más inclusiva.[1] Este año resulta de especial interés analizar las estrategias para atender la discapacidad, especialmente por las críticas que recientemente se le han hecho al Teletón, el cual, por cierto, también se lleva a cabo este fin de semana.

La discapacidad es un problema complejo

La discapacidad implica una deficiencia física o mental y puede ser consecuencia de un defecto corporal, una limitación intelectual o un trastorno que impide o limita a un individuo para realizar ciertas actividades. Las tipos más comunes de discapacidad limitan la habilidad de:

  • Caminar/moverse
  • Poner atención y aprender
  • Ver
  • Comunicarse
  • Escuchar
  • Mantener relaciones sociales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 1,000 millones de personas (15% de la población mundial) tienen algún tipo de discapacidad. 80% de los discapacitados vive en países en vías de desarrollo.[2]

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Fuente: Elaboración propia en base al World Report on Disability. Pág. 297

Discapacidad en México

De acuerdo al INEGI,[3] en México hay 5 millones 740 mil personas con alguna discapacidad, de las cuales:

  • Casi la mitad (48%) son mayores de 60 años y sólo el 9% son menores de 15 años.
  • El 16% tiene la discapacidad desde el nacimiento y 39% la adquirió como resultado de una enfermedad, 23% por la edad avanzada y 15% por un accidente.

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Fuente: Elaboración propia en base a INEGI.

Discapacidad, desarrollo y derechos humanos[4]

Las personas con discapacidad tienen más riesgo de caer en pobreza debido a la falta de oportunidades laborales, dificultad para realizar actividades, movilidad limitada, discriminación, entre otros.

Además, las personas con discapacidad se enfrentan a violaciones de sus derechos humanos, pues generalmente experimentan:

  • Desigualdad. Por ejemplo, falta de oportunidades laborales, educativas y de participación política.
  • Violaciones a su dignidad. Por ejemplo, cuando sufren violencia, abusos y prejuicios.[5]
  • Poca autonomía. Por ejemplo, cuando son internados en instituciones en contra de su voluntad o cuando no existe infraestructura para que hagan uso del transporte o de edificios públicos.

Discapacitados por el cuerpo y por la sociedad

Además de enfrentar su padecimiento, las personas con discapacidad afrontan barreras económicas y sociales. Al eliminarse estas barreras, las personas con discapacidad pueden participar activamente en sus comunidades y ser productivas.[6] Ante ello, varios países (incluido México) han firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, en la que los Estados firmantes se comprometen a asegurar y promover que las personas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades.

Personas con derechos, no sujetos de caridad

Hace algunas semanas, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU emitió un informe sobre el progreso de México en la adopción de medidas para cumplir con la Convención. Entre otras cosas, en el informe se enfatiza la necesidad de hacer una distinción entre el carácter privado de campañas como Teletón y las obligaciones que tiene el Estado para rehabilitar a las personas con discapacidad. Adicionalmente, el informe señala que Teletón contribuye a perpetuar la percepción de las personas con discapacidad como sujetos de caridad, en vez de poseedores de derechos.

Ante ello, Fernando Landeros, Presidente de la Fundación Teletón descalificó al organismo internacional por no haber solicitado información al Teletón antes de emitir el informe y ha comentado que posiblemente este será un año duro para el Teletón debido a la polarización social.

Conclusiones

La discapacidad, además de ser un problema físico, es un problema económico y social, pues el entorno y los estereotipos pueden contribuir a su desarrollo y a la desigualdad de oportunidades de quienes la padecen. Por ello, es necesario cambiar el paradigma que entiende la discapacidad como un problema que debe ser atendido por las instituciones de salud, a uno en que también los responsables de la educación, el trabajo, el acceso a servicios y la justicia deben atender a esta minoría.

El gobierno mexicano tiene la obligación de establecer las condiciones que permitan la igualdad de las personas con discapacidad, así como de atender a quienes la padecen. Sin embargo, es importante que la atención esté orientada a empoderar a las personas con discapacidad y a eliminar las barreras que no les permiten gozar de sus derechos.

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[1] http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/background.shtml

[2] http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/background.shtml

[3] Consultar tablas en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21702

[4] http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf?ua=1 págs 9 y 10

[5] Cabe señalar que las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la violencia.

[6] http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/

 

Fecha: 
Martes, 02 de Diciembre 2014 - 17:30
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España por un Estado Federal

En estos días en España surge el debate por avanzar del Estado autonómico al Estado Federal. Desde luego con reformar el texto constitucional de 1978. El líder del Partido Obrero Socialista Español (PSOE) Pedro Sánchez, en el parlamento español se lo dice al presidente del Gobierno español, líder del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy: “para seguir viviendo en la mejor de las Españas, tenemos que reformar nuestra Constitución, es la hora de abordar esa reforma constitucional, señor Rajoy, le estamos esperando”.

Es probable que el líder del PSOE no logre su cometido con el presidente del Gobierno, ya que el tema del Estado Federal para una España integrada en Comunidades Autónomas, es un tema complejo de llevar a la realidad.

En mi artículo que escribí en el año de 2005 para el “IV Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España”, decía que en el caso español el golpe de Estado propiciado el día 3 de enero de 1874 por el General Pavía, terminó con el intento de establecer la República Federal, propuesta por el entonces presidente de las Cortes Constituyentes (Marques de Albaida) por el cual, dicho interés no llegó a consagrarse en el texto constitucional. Principalmente, por la incertidumbre política del pueblo español en 1873 y 1874.

No obstante, el proyecto de Constitución Federal de 1873, surgió por los partidarios de la República para constituir en España un Estado Federal integrándose en un federalismo y confiriendo la autonomía de sus integrantes. El significado de tal manifestó, era la Unidad de España, restándole la participación estructural, organizacional y funcional a las regiones, y por ende, a su origen, es decir a los reinos independientes.

El federalismo estaba sustentado por un Estado central, compuesto por encima de los Estados miembros con sus propios ordenamientos constitucionales, siempre y cuando no contravinieran las disposiciones de la Ley Fundamental.

Con dicho proyecto se asume uno de los primeros indicios del concepto de lo que hoy son Comunidades Autónomas, distinguiéndoles como Estados.

Pero además, surge la disposición para la delimitación de competencias y facultades entre el Estado Central y los Estados miembros: Estado, Autonomía y competencias, términos para determinar los actuales.

El tema regional en España ha sido uno de los problemas más controvertidos durante su formación histórica. Contrariedad que reincidía en la organización política del Estado, en lo particular, por interrelacionar la unidad nacional con el reconocimiento de singularidades regionales.

El problema se suscitó más cuando los confeccionadores de la Constitución de 1931, no definieron el Nuevo Estado ya sea como unitario o federal, debido a que con dichas expresiones coexistía una crisis de la propia identificación del término.

La definición de Estado se mantuvo con la forma de Estado denominada integral, por tanto, de cierta forma se instituía un federalismo acotado, pero confiriendo ciertas concesiones, a través de un Estatuto de Autonomía política y administrativa a cada región que así lo solicitará.

Sin duda todo esta ausencia de manifestaciones, claras para definiciones estatales, traía consigo actitudes positivas y negativas. Esto provocó, con otros factores sociales, la senda que desembocó con la guerra civil del 1936-1939.

Durante el inicio de la guerra civil (18 de julio de 1936), prácticamente se establecieron dos tipos de Estados: el Estado republicano y el Estado nacional,  predominando al final de la guerra el Estado nacional, durante casi las cuatro décadas que permaneció el régimen del General Francisco Franco, no obstante, por el establecimiento del Estado nacional desaparece la figura de la Comunidad Autónoma con sus propias derivantes, es decir la autonomía y sus competencias.

El régimen constitucional de este período 1939-1975, estuvo sustentado por diversas leyes constitucionales contenidas en un sólo ordenamiento constitucional. Las leyes aportaron una organización jurídica y política de la Nación, a pesar de esa diversidad, la configuración de las Comunidades Autónomas desaparecieron en la aludida época. 

Con la transición del régimen dictatorial al régimen democrático se facilita la refundación del Estado, cediendo con ello la descentralización territorial del poder, culminada con la Constitución de 1978. Es así entonces, que nos referiremos al Estado Autonómico, es decir, con las 17 Comunidades Autónomas del España actual.

Estimado lector, para que España tenga claramente definido qué tipo de Estado es, necesita, por lo menos, tomar en cuenta las características del federalismo. Entre otras, que todo Estado Federal es el integrado por un grupo de estados que sin perder su propia soberanía, se pliegan al interés supremo de la Nación de la que forman parte, como expresión de su propia soberanía;  todo ello es el Pacto Federal

Así, qué, querido lector, para que el líder del PSOE logre su propósito, en principio para reformar las Constitución de España, es necesario el consenso y la mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, es decir, de diputados y senadores. En la Cámara de Diputados el PP dispone de 186 diputados, y el PSOE de 110, mientras que en la Cámara de Senadores el PP dispone de 136 senadores, y el PSOE de 54.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 19 de Noviembre 2014 - 17:30
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