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Eduardo Medina Mora

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Fox, Calderón, Macedo y siete exprocuradores les deben una explicación a los mexicanos

El ascenso de Genaro García Luna fue meteórico después de trabajar durante 10 años (1989-1999) en la agencia de espionaje que fue el CISEN, en donde ocupó cargos segundones.

En 1999 pasó a formar parte de la recién creada Policía Federal Preventiva (PFP), en donde fue titular de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención bajo las órdenes del comisionado general de la PFP, Facundo Rosas Rosas, personaje que años después fue el secretario de Seguridad Pública de Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, cargo al que se vio obligado a renunciar después de que varios de sus subordinados resultaron involucrados en el robo de combustibles y vehículos y la venta de protección a bandas delincuenciales.

En diciembre de 2000, al iniciarse el gobierno de Vicente Fox, el recién nombrado procurador general de la república, Rafael Macedo de la Concha, designó a García Luna Director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal.

El 1 de noviembre de 2001, Vicente Fox expidió el decreto que creó a la Agencia Federal de Investigación (AFI), la cual quedó bajo el mando de García Luna.

Durante el sexenio de Fox la AFI fue la policía más importante del país y García Luna el policía más poderoso. En esos seis años también aumentó el poder de los cárteles de la droga.

Pese a que fracasó al combatir a la delincuencia organizada, el 1 de diciembre de 2006 Felipe Calderón lo nombró Secretario de Seguridad Pública y lo convirtió en uno de los hombres más poderosos e influyentes del país.

Su designación fue inexplicable porque como director de la AFI se vio envuelto en diversos escándalos. Fue acusado de enriquecerse en el cargo y hasta de recibir dinero de algunos narcotraficantes. Como era de esperarse, ningún a de las denuncias en su contra prosperó.

A concluir el gobierno de Calderón, García Luna se fue a Miami y durante siete años vivió ahí sin que nadie lo molestara o investigaría el origen de una fortuna que le permitía darse una vida de grandes lujos.

En 2018, sin sospechar que sí era investigado por un fiscal federal neoyorquino, solicitó la ciudadanía estadounidense y aparentemente declaró falsedades a la autoridad ante la cual la gestionaba.

Finalmente, el martes pasado fue arrestado en Texas después de que el fiscal lo acusó de ser narcotraficante desde 2001 a la fecha y perjuro. Ese mismo día dio la casualidad de que se anunciara que en México también se le investigaba y que sus cuentas bancarias habían sido congeladas por las autoridades.

En resumen, todo parece indicar que el encargado de combatir a la delincuencia organizada durante dos sexenios era parte de ella. Eso explicaría en gran medida el auge que tuvo el Cártel de Sinaloa durante ese periodo.

Creo que todos los que de alguna manera impulsaron la carrera de García Luna, especialmente Fox, Calderón y Macedo de la Concha le deben una explicación al pueblo de México.

También deben decirnos porque no investigaron a García Luna los ex titulares de la PGR: Eduardo Medina Mora (2006-09), Arturo Chávez (2009-11), Marisela Morales (2011-12), Jesús Murillo Karam (2012-15), Arely Gómez (2015-16), Raúl Cervantes (2016-17) y Alberto Elías Beltrán (2017-18).

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La 4ta Transformación y Medina Mora

La inédita renuncia en tiempos modernos de un ministro de la Suprema Corte de Justicia es sintomática de un problema jurídico y de conflicto de intereses gigantescos, que tienen como protagonista al siempre polémico Eduardo Medina Mora. La dimisión al cargo, que debería concluir en 2029, se da luego de darse a conocer que podría ser investigado por instancias internacionales, al haber recibido millonarias transferencias en Estados Unidos y Reino Unido, en circunstancias difíciles de justificar. Estas acusaciones no son las más graves ni las más recientes en la vida pública del funcionario público, que en sus encargos federales en materia de seguridad pública, escribió los capítulos más oscuros y represores.

La dimisión del político revela el entramado conjunto de corruptelas, omisiones y complicidades tendientes a perpetuar la impunidad en casos emblemáticos del país, realizados desde las más altas esferas del poder político. Incluso el exministro tuvo el descaro de no declarar sus bienes patrimoniales a lo largo de cuatro sexenios, a pesar de haber sido un funcionario público en varias administraciones.

A paso lento pero seguro la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ve beneficiada por investigaciones internacionales, tendientes a descubrir y probar los enormes conflictos de interés, las componendas económicas del grupo de poder priísta y panista que se benefició de realizar mil triquiñuelas, desde el amparo del poder.

Se dice, se comenta y se rumora que luego de las acusaciones del presidente AMLO en contra del exministro, José Ramón Cossío Díaz, por presuntamente asesorar a quienes promueven amparos contra el Aeropuerto de Santa Lucía, esté se deslindó de tales hechos, pero “señaló” a uno de sus excolegas de estar operando golpes bajos contra el actual régimen.

El ejemplo perfecto de los intentos de los expresidentes Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto por tratar de cubrir a los operadores que desde las cañerías realizaban el trabajo sucio, es el caso del ahora defenestrado Medina Mora.

Sobre él se dice pesan acusaciones de actuar al margen de la jurisprudencia y de sus colegas ministros, en la negativa a congelar cuantiosos recursos económicos en cuentas presuntamente relacionadas con actos ilícitos, en prejuicio del erario. De proceder el cumulo de irregularidades e ilegalidades que se tienen documentadas contra el exministro e improvisado diplomático, podrían llevarlo a ser el primer actor de alto nivel jerárquico del poder judicial en ser encarcelado.

El negro historial de Medina Mora registra casos emblemáticos como el denominado “Michoacanazo” donde una decena de munícipes fueron acusados sin pruebas, de estar coludidos en el narcotráfico y el crimen organizado, durante el inicio de la delirante guerra contra el narco del irracional presidente Calderón. Así como el caso insignia de violación a los derechos humanos en Atenco, donde las mujeres detenidas fueron vejadas sexualmente, violadas y encarceladas en el operativo desaseado que culminó las protestas por la negativa a la construcción del aeropuerto en Texcoco.

Las vejaciones y violaciones contra las mujeres detenidas fueron minimizadas por todas las instancias de justicia mexicanas y solamente cuando 11 mujeres agraviadas acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lograron obtener una resolución donde se condena el actuar de las fuerzas del orden implicadas y a las autoridades que siempre menospreciaron a las víctimas encarceladas.

Como se recordará el exprocurador de la República en los tiempos del sangriento sexenio de Calderón se vio involucrado en acusaciones de corrupción y de protección al crimen organizado. Tiempo después, descobijado por el poder político panista se le dio cabida en embajadas estratégicas de Reino Unido y Estados Unidos, donde nunca cumplió el perfil profesional diplomático requerido para tan difícil labor en las relaciones exteriores mexicanas. Como embajador de México en Inglaterra el único momento destacado que se le recuerda, es el haber sido blanco de las críticas faranduleras, en un popular programa de reseñas de automóviles.

Envuelto en el nacionalismo ramplón, pretendió buscar una disculpa pública de la producción del programa realizado por la BBC de Londres. Después sin pena ni gloria en su encargo diplomático en Estados Unidos, fue repatriado por el gobierno de Enrique Peña para cuidarle las espaldas desde la Suprema Corte de Justicia en un cargo, que para variar, no cumplía con los mínimos requisitos y donde los mismos ministros cuestionaban su designación, pero que al final se terminó imponiendo gracias a los acuerdos cupulares, tan comunes en la vida pública del también exdirector del CISEN y exsecretario de seguridad pública foxista.

La actual Fiscalía General de la República no ha informado si existen investigaciones por transferencias bancarias u otros casos en contra del exministro en desgracia. Su renuncia permite una recomposición de la Suprema Corte de Justicia, donde sale un ministro que no debió serlo por su formación insuficiente. El senado aceptará sin mayores imprevistos su renuncia como ministro de la Corte y aprobará sin mayores problemas la terna que envíe el presidente AMLO, para sustituirlo.

A Medina Mora no se le recuerdan proyectos de casos emblemáticos que haya impulsado, sus intervenciones rayan en lo intrascendentes en no pocos casos jurídicos de gran envergadura. Es el símbolo del conflicto de intereses, acostumbrado a ser el fontanero de las cloacas del sistema político de los partidos tradicionales, derrotados estrepitosamente el pasado primero de julio. Su caída es tan inesperada como lo es su herencia maldita en contra de las causas populares, será recordado como el mercenario al cual acudieron, sin pudor alguno, los políticos de más alto nivel para asegurar la impunidad en sus muy particulares conflictos de intereses.

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Martes, 08 de Octubre 2019 - 10:35
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La respuesta de Medina Mora

La respuesta de Medina Mora

No soy fan de Eduardo Medina Mora, quien es Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el 10 de marzo de 2015.

Y no lo soy porque creo que su desempeño en los cargos públicos que ocupó antes de llegar a la SCJN dejó mucho que desear.

De 2000 a 2005 fue director general del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y de 2005 a 2006 fue secretario de Seguridad Pública. En su primer cargo dirigió las acciones de espionaje –muchas de ellas ilegales– que el gobierno federal realizó en torno a quién sabe cuántos mexicanos. Peor aún, no supo advertirnos a los mexicanos sobre la fuerza que en esos años estaba adquiriendo la delincuencia organizada. En su segundo cargo no pudo enfrentar el creciente problema del narcotráfico y la incapacidad del gobierno permitió que el poder del narcotráfico se mudara de Colombia a México.

De diciembre de 2006 a septiembre de 2009 fue procurador general de la República. Su paso por la PGR se recuerda por haber tratado de impedir, infructuosamente, que en 2007 la SCJN declarara la inconstitucionalidad de la ley que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para despenalizar el aborto.

Medina Mora luego ingresó al servicio diplomático como embajador en el Reino Unido, cargo que desempeñó de 2009 a 2013. Aquí lo único que hizo fue defender el honor patrio después de que en un popular programa televisivo un comentarista describiera a la comida mexicana como “vómito refrito”. Por la patriotera actitud que asumió, medio mundo se rio de él.

De enero de 2013 a marzo de 2015 fue embajador en Estados Unidos desempeñándose, como la mayoría de quienes han ocupado ese cargo, sin pena ni gloria. Abandonó la embajada cuando fue ratificado como ministro de la SCJN. Para tal efecto, Enrique Peña Nieto no se molestó en designar al sucesor del ministro Sergio Valls, fallecido a finales de 2014, sino hasta septiembre de 2015, con Medina Mora.

De acuerdo con los muchos abogados con quienes he hablado sobre él, como ministro de la SCJN aparentemente está realizando una muy buena labor y merece el respeto de la mayoría de sus colegas.

A pesar de que no soy su fan, en esta columna y en mis programas de radio y TV me abstuve de comentar las notas periodísticas que aparecieron los días 5 y 6 de junio pasados en el diario defeño El Universal, donde se le acusaba de realizar, entre 2016 y 2018, 32 transferencias a cuentas bancarias por más de “103 millones de pesos”.

Y me abstuve porque, a mi juicio, la acusación carecía de un sólido sustento.

Aparentemente no me equivoqué porque ayer Medina Mora hizo pública una carta que le envió a todos los ministros, magistrados, jueces y consejeros del Poder Judicial federal en donde refuta, con lujo de detalles, las notas de El Universal y, peor aún, denuncia al diario de no “publicar los documentos fidedignos que prueban sus dichos, así como el de verificar la autenticidad de los mismos (…) el diario no verificó la autenticidad de los documentos que refiere, ni intentó contactarme para contrastar la información”. También anota que contactó personalmente “a los más altos directivos del diario” para solicitarles lo anterior y que no recibió respuesta”.

Habrá que ver qué respuesta le dará El Universal, si es que tiene alguna.

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