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No más retrospección de la economía

Lunes, 01 de Junio 2020 - 12:10

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Manuel Torres Rivera

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Los índices del retroceso económico se desbordan. La muestra del primer trimestre del 2020, sin pandemia, arroja una caída de 2.4 % del Producto de la nación. Con el efecto del Covid-19 la tendencia situaría una tasa negativa del 10% para el año. Este escenario deja fuera de comparación cerca de 40 trimestres de una economía en crecimiento. Las comparaciones dejan de ser numéricas ante el irremediable daño a la economía provocado por la administración actual. 

Si continuamos con premisas falsas en materia de recuperación, ésta nunca llegará y el retraso puede resultar generacional. Las premisas redundan en un juego interminable de distracción de recursos públicos que pretende construir un dinamismo inexistente. Las transferencias reales de riqueza alguna vez estudiaron las adquisiciones de importación para derivar la importancia de los valores agregados. El principio se sustenta válido para cualquier movimiento no generador de valor adicional. El recurso público es un simple efecto de acumulación de retribución de consumo y renta de la actividad productiva.

El impuesto sobre un valor agregado o de consumo es en realidad sobre una producción terminada; los agregados de valor ya están descontados en la fórmula retributiva, de modo que es un impuesto sobre diferentes etapas de una sola actividad: consumo. Aquí entraría una trama compleja de los costos. La renta es o debería siempre ser vista como un impuesto acumulado al progreso de la nación. Si la utilidad gravable proviene de las empresas la respuesta al efecto de la retribución se explica sola y la acumulación como efecto multiplicador de bonanza económica añade al producto como suma de bienes y servicios. 

Partiendo de la base de creación de producto, otra vez, bienes y servicios y el efecto lo suma y contabiliza la nación, entonces podemos desprender la parte activa del gobierno en la retribución captada por la actividad productiva. Veamos esta fase como una compensación que otorgamos al gobierno al haber creado las condiciones de inversión, estructuras jurídicas y las facilidades carreteras, portuarias y demás obra necesaria para agilizar el desplazamiento de la cadena de producción.

Si esto se estima como riqueza, entonces su definición radica en las bases de su creación y no en su recaudación. Esto es muy importante porque define el ámbito del gasto público y su función. Si la actividad económica orienta sus esfuerzos a la exportación, necesitamos infraestructura que facilite carga, traslado eficiente, tal vez grúas de pórtico, entre otras necesidades. Podemos identificar con este supuesto que los gobiernos atienden necesidades de infraestructura de acuerdo a la demanda de las empresas. Esta premisa es válida desde el más elemental servicio como pavimentación hasta el más complejo como la energía.

Si de la riqueza de la nación dispone el gobierno, sin demanda, entonces disloca el principio fundamental de equilibrio en todo mercado. El gobierno debe estar abierto a la oferta de servicios y facilidades para acompasar el ritmo de la inversión, pero esto no debe convertir a ningún gobierno en oferente. Trabajar del lado de la oferta no le corresponde al gobierno. La oferta monetaria es una forma antagónica de lograr un estímulo de mercado de consumo. No olvidemos que la distribución de esta riqueza nacional es producto de la recaudación y, como se apuntó en el párrafo anterior, entonces desafía su creación, la creación del recurso.

La conceptualización de bienestar en la que insiste esta transición de gobierno, no deja de ser un aliento en la conformación de políticas públicas, pero implementar una política de distribución significa trabajar en paralelo la creación de un producto, cuantificar su efecto recaudatorio y activar desde esa perspectiva aspectos relevantes del contrato social. Trabajar a la inversa es forzar un gasto público desordenado que eventualmente responderá con recursos inciertos o con el recurso de endeudamiento. 

Lo anterior es exactamente uno de los puntos relevantes del fracaso económico de esta tercera transición que hoy gobierna. La oferta monetaria que no es más que dádiva se implementó desde una base de simple recuento de adhesión o de simple estimación de  potencial de recepción por edad, ubicación estratégica y repercusión de captura de voluntades. La apuesta al efecto multiplicador resolvió el modelo de inicio, al menos en su planteamiento. La operatividad quedó en muestras de ineficiencia y en demanda supletoria de necesidades no amparadas de origen.

El modelo, aunado a una sucesión de interrupciones de orden presupuestal y programático, denominado austeridad, desbocó la operatividad del Estado y lo mostró ineficiente y retardatario en la cobertura social. El afán de mostrar un cambio en la percepción del gasto público desde la capa a cubrir, provocó un retraso en el orden y padrón de beneficiarios. La marcha demostró la precariedad de planeación y con el tiempo se abandonaron estructuras de protección con otro afán: terminar con la intermediación.

Al parecer se probaba una base cero que nutriría programas con mayor y mejor comunicación con la dádiva gubernamental. La cancelación ha sido costosa y tortuosa. Reanudar esquemas probados con fórmulas alternas y con menor capacidad administrativa y logística, ha contribuido al colapso de sectores enteros como salud y el campo, por citar dos ejemplos. La desconcentración de actividades gubernamentales no se llevó a cabo y la comunicación y expedición de asuntos de gobierno se ha interrumpido por la simple ausencia de transporte, entre otras, al haberse ignorado las dimensiones de esta nación.

El descuido de asuntos relacionados con el exterior ha repercutido en dolorosas interpretaciones y calificaciones. La prensa internacional ha desbocado a su antojo una interpretación libre de actos de gobierno, toda vez que los canales de comunicación han sido interrumpidos desde la presidencia. El presidente no viaja y no ha provocado capacidad de respuesta. México se encuentra a merced de la noticia esquiva, de la interpretación frágil, de la nota pletórica de verdades o de juicios de contundencia; un gobierno pasmado disimula el arrostro y la injuria y lo plasma en la escena del descrédito que confunde la alerta con amenaza. El lenguaje del mundo en este entorno no se entiende.

Las cifras no alentarán planes de futuro, no alentarán planes de inversión; tal parece que la administración logrará su objetivo: borrar toda huella, la del progreso, para diluir en la retrospectiva del pasado un episodio de fracaso. 

 


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