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A Resultados…

Lunes, 04 de Marzo 2019 - 13:25

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Manuel Torres Rivera

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En labores de auditoría, de depuración de cuentas, de revisión de estados financieros, sea para dictamen o aprobación de consejos de administración, las empresas, los especialistas en materia contable, suelen referirse a las malas decisiones, las decisiones que tal vez no competen a la empresa misma o que competen pero que su incidencia no refleja la razonabilidad de las cifras en los estados financieros, determinan cancelaciones cargando sus efectos a los resultados de la empresa, esto es, a las utilidades o pérdidas. El término que con frecuencia expresa la falta de solvencia, la falta de recuperación de una cuenta u operación es simplemente: a resultados. Cercenar cifras en afán de situar a la empresa en su fase más cierta, más veraz, es no solamente cumplir con metas de certidumbre en la producción de información, es dejar saber a terceros de la confiabilidad de los números que ampara la operación de la empresa. De esa base confiable, se deriva una cauda de beneficios de operación libre de ataduras en la tarea impositiva, en las de reparto de utilidades, de cumplimiento de normas en cuanto a medio ambiente, desecho de tóxicos, de beneficios a la fuerza laboral, capacitación, promociones, y un sinnúmero de situaciones de carácter propositivo en materia regional.

La vigilancia de las empresas reúne control interno y una serie de circunstancias en manuales de operación, de condiciones de trabajo y una disciplina que asimila códigos de ética de su entorno, de su propia competencia y de sus intentos de penetración de mercado en otras latitudes. En suma, la empresa es ejemplo de empeño si consideramos su grado de especialización, su análisis de ventajas comparativas y su riesgo al convertir capital fijo en procesos productivos enmarcados en estricta competencia.

El gobierno no siempre hace su tarea en la misma forma y bajo las mismas circunstancias de una empresa. Por principio, la actividad gubernamental no presume riesgos en su entorno, sobre todo cuando se trata de programas ligados al servicio de comunidades. Los gobiernos resuelven demanda social basada en la premura o en la presión del contrato social como sustento de origen. La obra pública presume de planeación de plazo y en muchas veces es el corto plazo el que define la actuación de los gobiernos. La definición de instituciones ha equilibrado la demanda social en buena parte y la infraestructura desde la óptica de gobiernos eficientes ha solventado y facilitado funciones de desarrollo. El acceso a foros internacionales y la experiencia de otros países ha servido a naciones en vías de desarrollo para asimilar proyectos probados y eficientes. Así ha sido en los proyectos de gran dimensión y conexión con el exterior, como aeropuertos, puertos marítimos, vías ferroviarias y construcción de carreteras y puentes. La adopción de modelos diferentes a los probados se convierte en muestra de una soberbia incontestable como es nuestro caso con esta transición que durará cinco años más y una fracción de otro año. Al parecer, los proyectos de plazo que hasta ahora ha interrumpido con presunta cancelación que nunca se dará, está provocando un efecto retardatario en los proyectos de nación, de una economía situada en los primeros lugares del planeta, ignorando una trayectoria de décadas. La transición se irá, de eso no existe duda, se irá sin muchas metas cumplidas por los plazos que no dan certeza, pero los efectos del desastre económico y del lastre en el servicio de la deuda que desde ahora nos hereda, es efecto irreversible, es daño patrimonial a la nación, en un origen cifrado en las malas decisiones de un equipo de inexpertos que especulan con juegos antagónicos al progreso: en energía, en infraestructura aeroportuaria, en un proyecto turístico destructor de lo más preciado que tenemos, la reserva intocable desde los inicios de la tierra, y la otra herencia, la social, con grupos amparados desde el poder para trastocar la paz social, maestros que no imparten clases, pero que cobran sus prebendas otorgadas en el voto tóxico que recibió el gobierno y que les permite distorsionar la economía en vías férreas con dos millones de pequeños sin clases. Esa no es paz social, ese no es el mensaje que esperamos de un grupo en el poder que confunde la dimensión totalitaria con voces autorizadas y que invalida la razón de los que sobran en su espectro, los que piensan, no diferente, los que piensan. Vamos bien, dice un presidente que no escucha más allá de su propia voz, así lo expresó en Sonora, así lo expresa en la única voz matutina que resuena todo el día, así lo expresa por cuenta de un equipo que lo contempla como única voz de mando. Algo inunda la razón de estos días, algo aturde lo estrictamente profesional de una calificación que desde el exterior reprueba a esta transición, esta administración, y en respuesta alude a estas calificadoras con una frase resolutiva que suena a frase sacada de una novela de coraje familiar que enfrenta un mal menor, para otra vez redondear ese pronunciamiento profético: vamos bien, todo se resolverá. En la gasolina se buscará un ajuste, se llama subsidio, en las estancias infantiles, el dinero irá directo a la madre, para reclutar un voto de agradecimiento, en los refugios que amparan violencia extrema, se encontrará el mecanismo de amparo, se llama todo esto, prefiero mecanismos de ahorro para mis imposiciones, que el dispendio por programa.

Los programas gubernamentales cuestan, todos sin excepción, los programáticos, los sujetos a presupuesto son controlables, los que se otorgan sin padrón ni mesura, un día toparán con una muralla infranqueable que se llama insolvencia, y un día no muy lejano se juntarán con los compromisos de deuda que no teníamos antes de los tres meses de esta transición. Entonces veremos, entonces podremos evaluar lo que cargaremos a resultados, pero no será como en las empresas, no será materia de operación, será materia de responsabilidad de gobierno. A resultados…cien días por principio.



Número 26 - Febrero 2019
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