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diario oficial de la federación

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¡Todos con derecho a tomar agua!

El Miércoles 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al artículo 4 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

Es un derecho fundamental, recientemente incorporado al texto constitucional, que como tal, no se le otorgaba pleno reconocimiento en nuestra Constitución antes del 2012. 

A pesar de que el uso del agua es vital para la subsistencia de la vida, cuya sustancia es formada por la combinación de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida, en pequeña cantidad incolora y verdosa o azulada en grandes masas (Diccionario de la Lengua Española), los legisladores disponían de un plazo de 360 días (a partir del 9 de febrero de 2012) para emitir una Ley General de Aguas. 

Tres años posteriores a la citada modificación constitucional, los diputados del PRD y PAN han presentado en el mes de febrero y marzo de este año, tres iniciativas que expiden la Ley General de Aguas.  

En definitiva, estimado lector, todo parece indicar que a los señores legisladores les resulta menos importante concebir legislar en tiempo y forma la creación de una Ley General del Aguas, que determine a las instituciones los mecanismos para  garantizar a todas las personas el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible

Así que, querido lector, mientras se deciden por la aprobación y vigencia de la referida ley, la crisis mundial del agua, es la guerra del futuro, se nos dice que en el mundo hay más de 1000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Y en México (2014) se menciona por diversas organizaciones no gubernamentales que 9 millones de personas no tenían el servicio de agua entubada y otros 13 millones, la recibían contaminada por falta de saneamiento.   

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Lunes, 09 de Marzo 2015 - 17:30
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La vigencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública

El origen de la Secretaría de la Función Pública data del año de 1982. Los nombres han sido varios para identificarla tal y como actualmente se le nombra.  

De 1982 a 1994 siendo presidentes de la República Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, se le nombró “Secretaría de la Contraloría General de la Federación”. Los secretarios de entonces fueron: Francisco Rojas Gutiérrez  (1983-1987);  Ignacio Pichardo Pagaza (1987-1988); y, María  Elena Vázquez Nava (1988-1994).  

De 1994 a 2000, siendo presidentes de la República Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada, se le denominó “Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo”. Los secretarios de entonces fueron: Norma Samaniego (1994-1995); Arsenio Farell Cubillas (1995-2000);  y, Francisco Barrio Terrazas (2000-2003).  

No obstante, en la presidencia de Vicente Fox es cuando cambia de nombre la “Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo” a “Secretaría de la Función Pública”. El secretario de entonces fue Eduardo Romero Ramos (2003-2006).    

El nombre  de “Secretaría de la Función Pública” subsistió a la fecha, siendo Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Los secretarios de entonces fueron: Germán Martínez Cázares (2006-2007); Salvador Vega Casillas (2007-2011); y, Rafael Morgan Ríos (2011-2012).

Y, con el Presidente Enrique Peña Nieto, el 2 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó, adicionó y  derogó diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y entre ellos, se derogó el nombre de “Secretaría de la Función Pública”, y por ende, la desaparición y transferencia de las atribuciones. 

No obstante, cabe destacar que la publicación del citado Decreto consistió por la creación de un órgano autónomo constitucional en materia de anticorrupción, tal y como fue la pretensión del actual Poder Ejecutivo. De tal suerte, mientras ocurría su aprobación, en el mismo Decreto del 2 de enero de 2013, se estableció que  “…por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en  funciones…”. 

Asimismo, dice el Decreto que: “entre tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones…la Secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición” del mencionado Decreto.

Por lo pronto, estimado lector, desde 2012 el encargado de la “Secretaría de la Función Pública”, fue Juan Olivas Ugalde, y a partir del 3 de enero de 2015 el nuevo secretario es Virgilio Andrade Martínez. 

Así que, querido lector  desde 1982 a 2015 son 33 años y 12 secretarios los responsables de tres secretarías:  “Secretaría de la Contraloría General de la Federación”; “Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo”, y de la “Secretaría de la Función Pública”. Por tanto, cabe preguntar: ¿cuál será el nombre de la cuarta secretaría?

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 04 de Febrero 2015 - 17:00
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Por fin: los juicios orales en materia penal en el DF

A partir de las cero horas del hoy 16 de enero de 2015, en el Distrito Federal entra en vigencia la implementación de los juicios orales en materia penal, según lo previsto en el Decreto publicado en la Gaceta Oficial del DF del 20 de agosto de 2014.   

De tal forma se declara la incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico de la ciudad de México, con base a que el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversos artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecen las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana. 

En la misma reforma constitucional se determina que el sistema penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación correspondiente (Código Nacional de Procedimientos Penales), sin exceder el plazo de ocho años, esto es a partir del día siguiente a la publicación de la referida reforma constitucional, es decir, el 19 de junio de 2008. 

En consecuencia, en el DF se cumple con la disposición constitucional del 2008, al entrar en vigor su implementación, aunque de manera parcial, ya que solamente se aplicará para los delitos culposos y aquellos que se persiguen por querella o acto equivalente de parte ofendida, así como los actos de investigación que requieran autorización previa del Juez de Control, inherentes a estos delitos, pero no para los delitos graves, sobre todo porque  estos últimos tipo de delitos se implementaran para el 2016. 

De esta suerte los delitos culposos y de querella en los que operará el sistema acusatorio son los siguientes.

Los delitos culposos son: homicidio; lesiones; aborto; lesiones por contagio; daños, ejercicio ilegal del servicio público, en las hipótesis siguientes: entre otras la de destruir, alterar o inutilizar información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso; evasión de presos; suministro de medicinas nocivas o inapropiadas; ataques a las vías y a los medios de comunicación; delitos contra el ambiente; y, los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos.

Y, los delitos de querella, entre otros son: lesiones simples; procreación asistida, inseminación artificial y esterilización forzada; peligro de contagio; privación de la libertad con fines sexuales; simulación de secuestro en el siguiente supuesto: cuando sea cometido por un ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por consanguinidad hasta el segundo grado, concubina, concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, y parientes por afinidad hasta el segundo grado; abuso sexual; acoso sexual; estupro; incumplimiento de la obligación alimentaria; violencia familiar; discriminación; amenazas; allanamiento de morada; encubrimiento; intimidación; ejercicio ilegal del propio derecho; fraude; y, violación de correspondencia. 

En fin, estimado lector, el orden jurídico en el DF, será mediante la implementación de los juicios orales en materia penal, con el propósito de que en una primera instancia se logre dar solución de manera inmediata el conflicto planteado ante la autoridad, de las personas afectas, sin tener que llegar a un proceso largo, quizá de años, y por lo general complicados en resolver de manera pronta y expedita.

Así que, querido lector, se dice que el costo de su implementación es de 500 mdp, y todo para agilizar la procuración y administración de justicia. Esperemos que sea así. 

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Viernes, 16 de Enero 2015 - 18:00
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