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Terrorismo doméstico o solo libre expresión

El terrorismo doméstico es una forma de terrorismo en el que las víctimas "dentro de un país son blanco de un perpetrador o perpetradores con la misma ciudadanía" que las víctimas.

DEFINICIÓN DE TERROR:

El terror es una sensación de miedo muy intensa. El miedo se define como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario; cuando este supera los controles cerebrales y el sujeto no puede pensar de forma racional, aparece el terror.

El terror puede generar sudoración fría, la parálisis del cuerpo y, en los casos más extremos, el fallecimiento por paro cardíaco.

Así como cuidan los monumentos, así deberían de cuidar a las mujeres. Esta era una de las consignas en la marcha del pasado 25 de noviembre. Tiene un cierto toque de razón. Pero si lo vemos en la realidad, las autoridades tampoco supieron cuidar, ni el patrimonio público ni el privado. Hagamos una analogía de esto. Las manifestaciones exigen ni una más y ni una menos. Y es correcto y justo.

Entonces, ¿por qué las mismas manifestaciones toleran que se infiltren supuestas anarquistas y violentas a su marcha que insisto es válida y justa?

Porque las organizadoras deben indicar a las demás que están marchando que cuando suceda una acción violenta o de desorden, pedir que paren a estas violentas y no solo decir que se deslindan y que estas no pertenecen a su marcha.

¿Por qué el no actuar en consecuencia de este tipo de violencia? Es precisamente contra lo que están luchando, ¿o no?

Bueno pues. Vamos por la analogía; escribieron. Así como cuidad los monumentos. Así deberían de cuidar a las mujeres. Entonces, como las autoridades son incapaces de cuidar y dar resultados de orden en una marcha que se supone que era pacífica, ¿cómo se le puede pedir a estas mismas autoridades que cuiden y protejan a las mujeres?

Que no se dan cuenta que estas mismas autoridades toleran violaciones a los derechos humanos y son omisas a cualquier agresión a la ciudadanía. Aunque salgan todos los días a decir lo contrario. Un discurso no mata a la realidad.

¿Cuánto nos cuesta cada marcha “pacífica”? ¿Cuánto se gasta el gobierno central o de cualquier otra ciudad que sufra este tipo de ataques en volver a limpiar y restaurar todos los daños? Y la incoherencia de una de las anarquistas que manifestó: qué importan los daños, los pagan de nuestros impuestos. Y desde cuándo los demás ciudadanos autorizamos a estas mujeres que dispongan de los recursos de impuestos de todos. Porque estos impuestos son de todos. Como decía el comercial. De costa a costa y de frontera a frontera.

La secretaria de gobierno de la CDMX dice que violencia genera violencia. Y le pregunto. Señora ¿quién está provocando esta violencia? ¿La autoridad o las auto llamadas anarquistas? Y poner el orden público. Señora no es ni represión ni autoritarismo. Es solapar el libertinaje. Y esta idea la comparte tanto su jefa Claudia Sheinbaum como la señora Ernestina Godoy, procuradora de la CDMX.

Según cifras oficiales asistieron alrededor de 3,000 personas y pudieron más. 40 o 50 de ellas para hacer destrozos, ¿y el resto? No hizo nada, ¿eso es lo correcto?

Esto ya dejó de ser actos vandálicos para convertirse en un tipo se terrorismo doméstico.

Y las autoridades con la bandera de no reprensión y libertad de expresión. Dejan que hagan violencia e infundan terror a los demás ciudadanos. Total al gobierno no le cuesta ni un centavo estos actos.

Ni en el Código Penal de la Ciudad de México, ni en el Código Civil de la Ciudad de México, ni en la Ley de Cultura Cívica encontramos ninguna referencia sobre este asunto como delito. Donde encontramos algo es en el Código Penal Federal.

Esto quiere decir que el delito de terrorismo se clasifica como un delito federal.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

CAPÍTULO VI

Terrorismo

Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella,

para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a este para que tome una determinación.

II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad, cuando además:

I. El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público;

II. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o

III. En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.

Artículo 139 Bis.- Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.

Artículo 139 Ter.- Se aplicará pena de cinco a quince años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero del artículo 139.

CAPÍTULO VI BIS

Del Financiamiento al Terrorismo

Artículo 139 Quáter.- Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este Código, sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que fuere ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los siguientes:

1) Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter;

2) Sabotaje, previsto en el artículo 140;

3) Terrorismo Internacional, previsto en los artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quáter;

4) Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción IX, y 170,

párrafos primero, segundo y tercero, y

5) Robo, previsto en el artículo 368 Quinquies.

Y reitero es justicia la que deben de dar nuestras autoridades federales y locales. Las manifestaciones y marchas son totalmente válidas y justas. Mi punto es que; no se vale que aprovechen estos cuantos inadaptados sociales y con mucho resentimiento por su vida o tratamiento familiar precario. Hagan destrozos y daños a propiedad pública y a la propiedad privada. Y que la libertad de expresión o de pensamientos, se vuelva libertinaje y que lo solape las autoridades por miedo o por costo político.

Nos vemos en la próxima. Les mando muchos saludos a todos.

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Fecha: 
Jueves, 05 de Diciembre 2019 - 09:00
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Jueves, 05 de Diciembre 2019 - 11:15
Fecha C: 
Viernes, 06 de Diciembre 2019 - 00:15
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Airbnb y sus efectos en el derecho a una vivienda adecuada

Los cambios en los mercados financieros, en la inversión mundial y en el campo inmobiliario han dado lugar a que la vivienda se considere una mercancía, una forma de acumulación de riqueza y no como un derecho fundamental. Ese efecto producido por la excesiva financiarización de la vivienda tiene múltiples impactos en el ejercicio de este derecho social[1].

Aunado a ese contexto, debe apuntarse a los nuevos actores en juego que han enfocado a la vivienda como un negocio que puede resultar sumamente redituable: las plataformas digitales como Airbnb, y su utilización como una forma de “economía colaborativa”.

En un primero momento, los servicios de alojamientos a particulares y turísticos eran utilizados por los usuarios bajo el concepto de “habitualidad”, ya que al tiempo que el propietario habitaba la vivienda, ofrecía al huésped el alquiler de alguna habitación disponible.

Sin embargo, la financiarización de la vivienda ha producido que los propietarios -generalmente personas de clase media- que han invertido en la compra de departamentos prefieran incorporarlos a Airbnb en lugar del mercado regular de alquiler o renta. Ese rompimiento del carácter estrictamente colaborativo se exacerba en tanto existen personas y empresas que se dedican exclusivamente a gestionar sus inmuebles como un negocio.

Al respecto, Leilani Farha, “Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este aspecto” de la ONU ha sostenido que “[l]a proliferación de las inversiones extranjeras y nacionales en propiedades de alquiler a plazo corto, como por ejemplo Airbnb […] ha contribuido al aumento de los precios de la vivienda y los cambios en la composición de los barrios, sin crear una vivienda asequible u otros beneficios para la población local”[2].

Así, las rentas de inmuebles a corto plazo pueden provocar el aumento de los precios del alquiler, favorecer los procesos gentrificación[3] en las colonias o barrios de las ciudades, afectar la calidad de vida de los residentes habituales, alentar las prácticas de subarrendamiento, entre otras.

Ante tal situación, en distintos países se ha debatido sobre las mejores formas de regulación. En Europa, los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Bruselas, París, Cracovia, Viena, Reikiavik y Ámsterdam ha solicitado a la Comisión Europea regulaciones específicas en el marco de la legislación comunitaria, para que entidades como Airbnb estén obligadas a “desvelar la identidad de los propietarios que ofrecen las viviendas y a que compartan sus datos”[4].

De manera especial, en noviembre de 2017 París restringió a 120, el número de días que una persona puede alquilar su casa por año. En ese sentido, la autoridad municipal obligó a los propietarios que utilizan Airbnb a registrarse en la alcaldía para que su número de registro figure en el anuncio colocado en la plataforma, y sea posible la supervisión y verificación del cumplimiento del límite de días permitidos. No obstante lo anterior, recientemente dicha ciudad demandó a Airbnb ante un Tribunal por no haber eliminado de su plataforma los anuncios de alquileres de personas que no han declarado sus propiedades ante el Ayuntamiento.

Por otra parte, el caso más emblemático de regulación a los mercados de renta a corto plazo ha sido la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos, quien sufrió una profunda crisis en la vivienda que provocó que los precios de alquiler ascendieran hasta los 3500 dólares mensuales[5].

Como respuesta a dicha problemática, el Ayuntamiento articuló la “Ley de los 90 días”, normativa que acota las posibilidades de ofertar un alojamiento cuando no se trate de la vivienda habitual del propietario. San Francisco eliminó el hospedaje turístico de viviendas que se alquilan todo el año; asimismo contempló que en los casos en que el dueño no esté presente la renta pueda darse solo en 90 días del año, y previó como el único supuesto en que permite la renta turística los 365 días del año, cuando el propietario estuviera presente en el inmueble.

En contraste con el avance en algunas directrices surgidas en Europa y Estados Unidos, en América Latina los esfuerzos han sido insuficientes.  Por ejemplo, la Ciudad de México a través de un acuerdo convino con Airbnb cobrar un 3% por impuesto de alojamiento. Sin embargo, estas regulaciones son sumamente débiles y están focalizadas en aspectos puramente fiscales, sin plantearse en las consecuencias que puede tener si se mira a la vivienda desde un enfoque de derechos humanos.

En definitiva, las formas de economía colaborativa como Airbnb y sus efectos en el derecho a una vivienda adecuada constituyen una temática contemporánea que debe ser debatida, restando muchas aristas por analizar. Si bien, las regulaciones no van a garantizar la eliminación de la especulación inmobiliaria, la disminución en los precios de renta o solucionar los problemas más complejos sobre la protección y garantía del derecho a una vivienda adecuada, si resulta necesario explorar soluciones a estas problemáticas que van modificando paulatinamente algunas formas de nuestra vida en comunidad.


[1] Para mayor detalle de dichos efectos, puede verse: Diaz, Alejandro. “Los vacíos en la protección del derecho a una vivienda adecuada”, Revista Nexos, 28 de febrero de 2018. Disponible en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=7736

[2] Cfr. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este aspecto, presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 18 de enero de 2017, párr. 28.

[3] Es un proceso de “elitización” mediante el cual la población de una colonia o barrio popular es progresivamente desplazada por otra de mayor poder adquisitivo.

Fecha: 
Lunes, 28 de Mayo 2018 - 15:30
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Lunes, 28 de Mayo 2018 - 17:45
Fecha C: 
Martes, 29 de Mayo 2018 - 06:45
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¡Claro que fue el Estado! (lo declara el Estado)

Ha quedado oficialmente confirmado por la PGR: fue el Estado el que desapareció a 43 una noche en Iguala. Eso se infiere cuando el poder máximo del Estado —el gobierno federal— saca una investigación del ámbito criminal y la pasa al de los derechos humanos. Si los particulares vulneran los derechos humanos se les llama delitos, pero si hace lo mismo una autoridad de cualquier nivel se habla de derechos humanos.

En la PGR la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) investigaba los delitos cometidos en Iguala y Cocula el 26 de septiembre de 2014, alcanzó conclusiones, consignó a 111 personas y busca a más. Pero de repente intervino desde allende el Bravo la activísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que había enviado al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), cuya principal aportación ha sido descalificar la casi concluida investigación de la PGR. La CIDH se fue de frente y logró que la PGR sacara el caso de la subprocuraduría investigadora de delitos.

La cosa estuvo así. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ojo con las fechas: en política las casualidades no existen) llegó a México justo en el aniversario de los sucesos de Iguala, y el mismísimo 2 de octubre presentó unas observaciones sobre los derechos humanos en México. Allí dijo literalmente que la PGR “debe adoptar en forma urgente las siguientes medidas fundamentales e indispensables: pasar la responsabilidad de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad…” y otras cosas, todas perentorias para la PGR y poniéndose a las órdenes del GIEI: designar un nuevo fiscal especial, sustituir del todo al equipo que investiga el caso reorientándolo según lo ordenado por el GIEI, y que el GIEI tenga facultades para entrevistar a todo el mundo, incluyendo a militares. Todo bajo el GIEI; es decir, todo bajo la CIDH; es decir, todo bajo Emilio Álvarez Icaza, su secretario ejecutivo.

Dijo con razón doña Isabel Miranda de Wallace: “Si es cierta la afirmación del GIEI, al señalar que el motivo del ataque a los 43 estudiantes tuvo que ver con drogas, estamos ante un delito y no ante un problema de derechos humanos, por lo que el organismo internacional competente sería la Oficina contra la Droga y el Delito perteneciente a la ONU, y no a la CIDH”.

Clarísimo. Pero si la CIDH ordena a la PGR que se vaya a derechos humanos un caso que su propio GIEI identificó como asunto criminal de narcotráfico, lo convierte en asunto político. Habrá en la CIDH un gato encerrado muy pero muy político, ¿o no?

Ni modo. El gobierno federal se hizo chiquito cuando se plegó a la exigencia de sacar todo de la SEIDO. Se rindió a ese individuo de mirada torva y ligas y agendas más que sospechosas llamado Emilio Álvarez Icaza, cuya larga invectiva llena de verdades y medias verdades y plagada de corrección política critica la situación de los derechos humanos en México, incluso mencionando 1968 en Tlatelolco y la “guerra sucia”. Con esos estándares, bien haría dicha comisión en atacar la situación de derechos humanos en Estados Unidos por el asesinato de Martin Luther King en 1968. El caso es que el poder máximo del Estado se arrodilló.

Marcador en la contienda

Estado mexicano y Enrique Peña Nieto: 0 (y menos cero)
Emilio Álvarez Icaza y su CIDH: 1 (y mucho más)

Hay otros problemas. La PGR no deja de decir que la investigación nunca se ha cerrado pero la Ley Orgánica de la PGR no asigna funciones de investigación de delitos a la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Palabra que no entiendo. A menos que Aristóteles estuviera loco, se deducen lógicamente varias cosas:

1. La PGR reconoce que el Estado mexicano efectivamente fue el culpable de ataques gubernamentales a los derechos humanos (no ya delitos) esa noche en Iguala. Y no el Estado de Guerrero sino el federal, pues allí está la PGR.

2. La investigación no se ha cerrado pero le pasan la papa caliente a una subprocuraduría ¡que no investiga! ¿Quién va a investigar ahora? Lo dice la CIDH: un nuevo fiscal a modo del GIEI, luego de “renovar por completo a todos los miembros del equipo que investiga el caso”. Sacar a todos y empezar de cero. Lógico: si en Cocula según el GIEI no pudieron quemar a todos los estudiantes —a pesar de que allí aparecieron restos identificados de dos quemados— toda la investigación de la PGR se va a la basura. Logiquísimo. Punto y sanseacabó.

3. El asunto se pasa al ámbito político. Dice Pablo Hiriart: “Convirtieron una investigación criminal que estaba prácticamente resuelta, en un asunto político transexenal que se va a ir enredando en lugar de destrabarse. ¿Por qué darle largas? Quién sabe. Si ahora hay sectores considerables de la población que no le creen nada a las autoridades, tampoco le van a creer en el futuro.”

Adivina adivinador, y conste que son preguntas: ¿no querrá la CIDH seguir tripulando a la PGR vía sus “expertos” “independientes” para que salga a modo toda investigación sobre Iguala? ¿Y no buscará con todo esto, con el explícito acuerdo de la PGR, seguir propalando la mentira de que el gobierno de Peña (“el Estado”) es el culpable de los sucesos en Iguala? ¿Y con qué objetivos políticos, no de justicia?

A nadie se le ocurrirá distinguir entre el Estado de Guerrero y el federal, menos que nadie a los ayotzinapapás que creen que a sus hijos los desapareció y asesinó el gobierno de Peña (o hasta mantiene secuestrados incluso a los dos muertos, si piden que los 43 aparezcan vivos), todo azuzado por una brutal campaña de mentiras inclementemente propaladas al estilo Goebbels. Hoy la CIDH toma la batuta del coro acusador y pone de rodillas al gobierno federal al obligar a la PGR a balacearse sus pies cuando atiende cosas tan “urgentes, “fundamentales e indispensables”. Si el gobierno peñista quería quedar bien con alguien o hacer buenas relaciones públicas se habrá equivocado del todo. Esta gente toma el pie cuando se le da la mano.

In extremis, habrá que exonerar a las autoridades municipales y a la estatal, liberar a Abarca, a su esposa y a los demás, y dejar en paz a las bandas criminales Los Rojos y Guerreros Unidos (no los menciona el larguísimo informe de la CIDH). Y luego, para ser congruentes, proponer a Emilio Álvarez Icaza como presidente de México en 2024, suponiendo sin conceder que López Obrador no se eternice después de su sexenio.

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Fecha: 
Lunes, 26 de Octubre 2015 - 17:30
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La grave crisis de derechos humanos y la reticencia estatal

En el año 2014 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (Juan Méndez) visitó México con la invitación del Gobierno mexicano. En las Conclusiones Preliminares1 de dicha visita el Relator observó que en el país “persiste una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos”. La respuesta del Estado mexicano fue dura, el ex subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, calificó al Relator como “muy irresponsable, poco ético”.

Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. La CIDH observó la situación de derechos humanos en el país. Se entrevistó con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, y se reunió con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.

En las Observaciones Preliminares que elaboró la CIDH, constató en el terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, afirmando que ésta se encuentra “caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros”.

De nuevo, el Estado mexicano se mostró reticente ante esta realidad y a través del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación afirmó que lo dicho por la CIDH les parecía un “exceso” y un “despropósito”.

Asimismo,  los días 4 al 7 de octubre del 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, visitó México, concluyendo que existe un panorama desolador sobre la situación de derechos humanos en que viven millones de personas en México. Puso de relieve la brecha que existe entre la avanzada normativa y la situación real que viven los mexicanos en materia de derechos humanos.

En este punto,  debe quedar claro que existe un consenso internacional sobre la grave crisis de derechos humanos que vive México, sin embargo subsiste una intolerancia abierta por parte del Estado Mexicano a la crítica. Las autoridades mexicanas tienen una manifiesta incapacidad de reconocer la situación de los derechos en el país.

Ante tal indolencia estatal hoy más que nunca, debe recordarse que en la esencia de un estado constitucional debe operar un cambio decisivo en la relación entre la política y el derecho. La sujeción de la producción del derecho en su totalidad está sujeta a límites y vínculos establecidos por el derecho mismo. Los derechos humanos operarían entonces, precisamente, como límites y vínculos impuestos a cualquier clase de poderes, públicos o privados.

La sociedad civil, la academia, y la ciudadanía en general deben generar sistemáticamente canales de contestación ante la intolerancia del Estado. Los derechos humanos, más que nunca son la clave de bóveda que guie y controle al poder, pues al fin y al cabo, bien decía Luigi Ferrajoli –reconocido filósofo del derecho-  “resultan falsas las ilusiones sobre la existencia de poderes buenos que den cumplimiento espontáneo a los derechos”. El poder público en México, no es la excepción.

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[1] Disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/Approved-FinalConclusionesPrelimin...

Fecha: 
Jueves, 22 de Octubre 2015 - 17:00
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Lo cortés no quita lo valiente

“La educación y la cortesía abren todas las puertas”, Thomas Carlyle (Historiador, pensador y ensayista inglés)

En el marco de los derechos humanos y la no discriminación resulta difícil abordar ciertos temas pues se corre el riesgo de ser calificado como autoritario o retrógrado; en ese sentido, hablar de principios, valores, normas de conducta social o protocolos puede parecer un acto discriminatorio, aunque en el fondo esa no sea la intención. Anticipadamente, me disculpo si alguien se siente agredido u ofendido por la presente entrega, ya que justo la finalidad es hacer un acto de conciencia.

Todo lo anterior sale a cuento porque cada día es más frecuente encontrarse con situaciones que, cuando yo era niña, fueron inaceptables y ameritaban una fuerte llamada de atención por parte de los adultos. Me refiero a cuestiones relacionadas con expresiones como: “Gracias, Buen día, Por favor, Me permite, Con permiso, Disculpe, etc.”, las cuales eran enseñadas como frases de cortesía y que hoy han desaparecido del vocabulario de más de uno. Mi memoria me dice que todo empezó cuando paulatinamente el “usted” se borró de la comunicación bajo el argumento de crear un vínculo más cercano con el interlocutor y de eliminar la diferencia de clases o niveles en un contexto laboral, lo cual, de pronto también alcanzó otros ámbitos como el educativo, el familiar y, no digamos, el comercial. Fue entonces que, desde mi punto de vista, de paso nos llevamos el respeto y los buenos modales por delante.

De esta forma, una cosa llevó a la otra y al desparecer la cortesía verbal la cortesía en el trato también sufrió alteraciones y la omitimos como en automático, por lo que tampoco es extraño que, por ejemplo, en el transporte público los pasajeros se traten a empujones o que en pleno eje vial un auto cambie de carril o dé vuelta sin encender las intermitentes (o al menos saque la mano como se hacía antaño) y nadie se atreva a ofrecer una disculpa. Pero el asunto no para ahí, porque dichas conductas han dado como resultado la falta de autoridad moral y por ende, la indiferencia. Es decir, como no pasa nada si no saludamos, si no pedimos permiso, si no agradecemos o si no nos disculpamos, pues entonces: ¡Qué viva el caos!

Aunado a lo anterior, la globalización y el trato igualitario han originado que cada vez más personas, de todos los estratos sociales, tengan acceso a ciertos productos y servicios de consumo; lo que llamo adquirir una marca y aquí es donde el asunto se vuelve espinoso porque para mí, así como lo cortés no quita lo valiente, la marca no quita lo vulgar (entendiendo por vulgar, lo popular e impropio de personas cultas o educadas, según el Diccionario de la Real Academia Española) y digo que se vuelve espinoso porque habrá quien opine que el ser culto o educado no tiene que ver con el estrato social, lo cual es cierto; sin embargo, en cuestión de cortesía los cultos y educados también salen raspados porque, incluso, pueden ser los más prepotentes al sentirse respaldados por la esfera social a la que pertenecen, por contar con un título u ocupar un alto puesto en el entramado social.

De esta forma, no es grato que al salir de un estacionamiento otro auto se cierre al camino haciendo un alto en la caseta de cobro, quedando mal parado y que eso lo obligue a bajarse del auto para entregar el boleto, sin tomarse la molestia de voltear si quiera para ofrecer una disculpa o agradecer que le “cediste el paso”. Tampoco es lindo saludar a la cajera de un banco o a la taquillera del metro o al taxista y que no te respondan el saludo. Es inaceptable, que los maestros en la escuela se dirijan a los niños con malas palabras o con gritos. Imperdonable que los vendedores de una tienda departamental o el mesero que atiende tu mesa no se dignen a darte un trato como el cliente que eres. De vergüenza es que en un cine las personas platiquen o hagan ruido con sus bolsas de dulces y palomitas.

Todas estas acciones, que hemos ido aceptando porque las vemos como normales, no son más que una falta de educación y de respeto a uno mismo y a los demás, por más que vistamos de Chanel, viajemos en Audi, comamos en Bellini, visitemos las salas VIP de los cines o estudiemos en el Tecnológico de Monterrey.

Mi pregunta es: ¿Los derechos humanos y la equidad permiten que se violente el orden y la paz social y que el respeto en las relaciones humanas o los buenos modales en los recintos culturales, religiosos o de entretenimiento se pasen por alto?

Creo que estamos perdiendo la dimensión de las cosas y, lo más importante: el equilibrio, porque en aras de no violar los derechos humanos de los demás ya no tenemos la capacidad de señalar como inapropiadas ciertas actitudes y, menos aún, sancionarlas. Pero, del otro lado, estamos faltando a cuestiones esenciales de respeto y educación que buscan una mejor convivencia social. Se los dejo de tarea.

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Fecha: 
Martes, 20 de Octubre 2015 - 16:00
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La crueldad animal y los derechos

A propósito de los animados debates contemporáneos sobre si los animales deberían tener derechos, el pasado 21 de agosto del año en curso, con 16 votos a favor y 5 en contra, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó el dictamen que prohíbe las corridas de toros.

En mi opinión, existen muy buenas razones que justifican dicha prohibición. Si compartimos la idea que los animales son "alguien" y no "algo" por lo tanto compartiríamos los principios morales fundamentales y en este sentido un elemental derecho: el de ser tratados con respeto.

La crueldad con la que son tratados los animales en las corridas de toros erosiona ese principio; el debate al fin y cabo tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos como sociedad de construir un debate moral razonado, y articular criterios que promuevan la idea del "bien común" como virtud cívica.

Los animales se encuentran conscientes de lo que sucede en el mundo que los rodea y tiene una importancia para sí, en este sentido, los animales no solo están en el mundo per sé, sino cada uno tiene experiencias de vida que pueden ser mejores o peores.

La idea en torno a los  los derechos de los animales y su relación con los derechos humanos,  no pretende sugerir que vale para uno (animales) y para otro (humanos) lo mismo en todos los sentidos posibles1, sin embargo, lo que si se intenta sostener es que los animales y los seres humanos comparten derechos morales básicos.

En esta línea, los seres humanos tienen una responsabilidad ética con los animales, que se sustenta en una de serie valores intrínsecos, a saber, el bienestar, respeto, libertad e igualdad. 

La justificación de los derechos de los animales, no se encuentra en la respuesta a las preguntas: ¿pueden hablar? o ¿pueden pensar?, sino a la pregunta ¿pueden sufrir? Esa capacidad de sufrir es compartida por  humanos y animales.

Por tanto, corresponde a los seres humanos respetar la vida en todas sus formas. Este respeto debe expresarse tanto para la unidad como para diversidad de todos seres vivientes y para la dignidad de todos los animales2.

En suma,  el reconocimiento de los derechos que los animales tienen y la responsabilidad moral de la humanidad que dicha cuestión conlleva, nos  remite necesariamente a la construcción de discursos éticos razonados que por un lado constituyen un elemento básico de la virtud cívica comunitaria y por otro un avance civilizatorio de gran importancia.

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1 Por ejemplo, no podría sustentarse que los animales pueden tener el derecho a la libertad de expresión, o derechos culturales, como acceso al arte, la música. Mucho menos pensar que los pollos tengan derecho a votar, etcétera.

2 “El espíritu de la Declaración Universal de las Derechos Animales” Juan Ramón Blanco Aristín, Madrid, 2012. 

Fecha: 
Miércoles, 26 de Agosto 2015 - 18:30
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CNDH emite recomendación a Nuevo León por dejar a hombre 2 años más en prisión

El gobernador de NL @RodrigoMedina dejó que esto ocurriera mientras él se hacía rico y desgobernaba.

http://www.24-horas.mx/cndh-emite-recomendacion-a-nuevo-leon-por-dejar-a-hombre-2-anos-mas-en-prision/
 

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Jueves, 13 de Agosto 2015 - 15:00
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La de Ocho:

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Se dice matar

Fue una más de las genialidades del gobierno de Felipe Calderón para hacernos creer que la guerra contra la delincuencia organizada no era tan violenta como todos sabíamos que lo era. De un día para otro la palabra matar fue substituida por abatir, y por todas las que de ella se derivan, en los comunicados de prensa emitidos por las dependencias encargadas de combatir a narcotraficantes, secuestradores, traficantes de personas, extorsionadores y demás criminales organizados en cárteles, bandas o pandillas. En sus discursos, los funcionarios empezaron a decir que tantos delincuentes habían sido abatidos -no muertos- después de enfrentarse a las fuerzas del orden.   

Lo peor del caso es que la trampa verbal fue imitada por la mayoría de los periodistas de todos los medios de comunicación. Por arte de magia, en México se acabaron los criminales muertos para ser substituidos por los abatidos.

Después de leer por primera vez el uso incorrecto de la palabra abatir y de todas las que de ella se derivan critiqué a los comunicadores del calderonato y los acuse de querer manipular al público utilizando un término que no describe en toda su magnitud y violencia el acto de matar a una persona. También me lamenté que la mayoría de los profesionales de la comunicación se sumaran al juego verbal diseñado desde Los Pinos.

Desafortunadamente, el mal uso del término ha continuado durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, creándole esto un serio problema a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) después de que el 2 de julio pasado el Centro Pro de Derechos Humanos presentara su informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir. En dicho informe se incluye copia de las órdenes giradas al teniente que iba al frente de los soldados involucrados en esta supuesta ejecución extrajudicial en donde se lee que “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario”.

La SEDENA ha negado que al teniente se le hubiera ordenado matar a alguien. Es más, en la misma copia de las órdenes que hizo pública el Centro Pro también se lee que “Las operaciones deben realizarse con estricto respeto a los derechos humanos, evitando cateos sin orden de la autoridad judicial, así como el traslado de detenidos al interior de instalaciones militares”.

Sin embargo queda ahí anotada la palabra abatir, que desde hace unos años para el gobierno es sinónimo de matar.

Una nueva prueba de que para las autoridades de nuestro país la palabra abatir es igual a matar la aportó ayer el Grupo de Coordinación Tamaulipas, el cual mediante un comunicado de prensa informó que “elementos de Fuerza Tamaulipas fueron agredidos por civiles armados en el municipio de Río Bravo, cuando realizaban reconocimientos terrestres. Al repeler el ataque, abatieron a nueve de los delincuentes, que aún están sin identificar… Los policías estatales repelieron el ataque y abatieron a nueve de los delincuentes, ocho de los cuales quedaron sin vida en diferentes puntos del referido ejido, mientras un noveno fue encontrado muerto en el interior de uno de los vehículos”.

¿Abatieron? Se dice mataron.

¿Abatir? Se dice matar.

¿Dudas sobre el significado de abatir? Ve a http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=mzPqJvd7kDXX2aMdwshW

Foto: regeneracion.mx

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Fecha: 
Lunes, 27 de Julio 2015 - 12:00
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Chapomanía

La fuga del Chapo Guzmán de la cárcel de alta seguridad capturó la imaginación nacional y mundial. Aquí y allá se mofan del ridículo que hizo el gobierno de Enrique Peña y se pone de manifiesto el descrédito de México, que tendrá costos. En el ámbito interno un escenario posible es que puede complicarse, a medida que fenece el sexenio, la gobernanza. En el campo internacional es factible un deterioro de las relaciones con Estados Unidos por bloquear la extradición del capo; asimismo, existe el riesgo de que pocos gobiernos tomen en serio al régimen mexicano: el efecto Chapo puede acarrear una especie de aislamiento diplomático (¿y económico?) del país. A este penoso suceso le antecede la crisis de credibilidad por el conflicto de interés de las casas del presidente y de algunos funcionarios de su primer círculo. También le precede la crisis de derechos humanos en Tlatlaya e Iguala.

A tan delicados asuntos se le suma el descrédito de los poderes Legislativo y Judicial, ambos lastrados por la corrupción y el uso arbitrario y patrimonial del poder y de los recursos públicos en beneficio de sus camarillas. El mismo derrotero siguen los partidos políticos, que representan más bien a sus familias y pandillas. El distintivo de la clase política es la impunidad y la corrupción. El divorcio entre el pueblo y sus representantes es patente. El resultado es que México está al arbitrio del más fuerte, lo que genera más desigualdad. Si las instituciones están rebasadas por disfuncionales y, por tanto, están capturadas por los políticos y la gran empresa, si por ende el gobierno es incompetente, y si la ley está al servicio de las elites, entonces estamos ante una crisis de legitimidad política de las clases gobernantes. ¿Sigue la guerra civil?

Hay que evitar este posible escenario catastrofista. Es hora que el gobierno de Peña muestre que entiende que sí entiende. Ello implica un golpe de timón para cumplir y hacer cumplir la ley, para combatir a la impunidad –mediante la rendición de cuentas– y a la corrupción, llevando a los tribunales a los presuntos corruptos. También involucra un cambio de personas y en las políticas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. La seguridad debe centrarse en combatir a los delitos que más dañan y humillan a los mexicanos (secuestro, extorsión, asesinatos, etc.), y la estrategia contra el narcotráfico requiere sacar al ejército de ese infierno y replantear la política punitiva contra las drogas ilícitas ante Estados Unidos, pues esta inútil lucha nos arrastra a la guerra civil, que dañaría la seguridad del poderoso vecino norteño. Es lamentable lo que pasó, pero es atroz persistir en lo que nos lastima.

Fecha: 
Jueves, 16 de Julio 2015 - 17:00
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No entiendo

El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo ayer que Joaquín “El Chapo” Guzmán era el recluso más vigilado dentro de la cárcel federal de alta seguridad ubicada en Almoloya, Estado de México. Sin embargo, explicó que por cuestiones de derechos humanos, no era vigilado en el baño, lugar desde donde se fugó. En pocas palabras, para proteger la modestia de uno de los criminales más peligrosos y sanguinarios del mundo, alguna autoridad, tal vez la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ordenó en algún momento a que no hubiera videovigilancia en los baños que usan los inquilinos de esa prisión y quién sabe cuántas otras más. Ese baño protegido de las miradas de los carceleros es el “punto ciego” desde donde se escapó el jefe del Cártel de Sinaloa.

La verdad es que no entiendo como, para proteger un supuesto derecho a la privacidad de un delincuente, una institución del Estado mexicano decidió poner en riesgo el derecho a la vida de cientos o miles de personas que seguramente morirán cuando empiece la balacera entre los sicarios del Chapo y los de las organizaciones delincuenciales enfrentadas a su cártel. Y no solo perderán la vida estos violentos; también la perderán los inocentes que tengan la mala suerte de estar en medio del fuego cruzado durante los enfrentamientos entre bandas rivales. Hombres, mujeres y niños inocentes morirán por una decisión estúpida de alguna autoridad.

Osorio Chong también aceptó que el Chapo sólo pudo escaparse teniendo como cómplices a empleados y funcionarios de la cárcel de Almoloya. Y esto tampoco lo entiendo en vista de que el gobierno nos ha presumido con insistencia que el personal que trabaja en las áreas de seguridad está constantemente sujeto a los tan cacareados “controles de confianza”, controles que aparentemente fallaron rotundamente en esta cárcel de alta seguridad.

Finalmente, no entiendo cómo las autoridades creen que podrán atrapar nuevamente al Chapo Guzmán. Se tardaron 13 años para aprehenderlo después de que se escapó en 2001 de otra cárcel dizque de alta seguridad. ¿Qué les hace pensar que esta vez será diferente si en casi dos años no han podido localizar al prófugo fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien indebidamente fue liberado el 9 de agosto de 2013 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco?

No cabe duda, en lo que a la fuga del Chapo se refiere, hay mucho que no entiendo y creo que nunca entenderé.

Foto: pijamasurf.com

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Martes, 14 de Julio 2015 - 12:00
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