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Las reuniones de Carmen Aristegui y MVS

El día 9 de marzo de 2015, durante la transmisión en vivo del noticiero Noticias MVS, primera emisión Carmen Aristegui anunció públicamente que MVS Radio lanzaría en nuestro país la plataforma denominada “MÉXICOLEAKS”. El 10 de marzo de 2015, MVS Radio aclaró mediante un comunicado que no se oponía a la plataforma de “MEXICOLEAKS”, pero puso de manifiesto que se le había comprometido públicamente sin su consentimiento.

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La noche del 15 de marzo 2015, MVS informó que dio por terminada su relación laboral con la periodista Carmen Aristegui, luego de que ésta exigiera la reinstalación de dos colaboradores despedidos por uso indebido del nombre de la compañía. Ese día con la intervención de un Corredor Público, un Notario Público y una empresa de mensajería, se dejó en la puerta del domicilio particular de Carmen Aristegui una nota en la que MVS Radio le notificaba la terminación del contrato.

El 31 de marzo de 2015, MVS Radio promovió una demanda por la vía mercantil ante el Juez de Distrito Décimo Cuarto de lo Civil, por uso indebido de propiedad intelectual e industrial; derechos de autor, uso de recursos sin autorización y comprometer a MVS, ya que dentro de la página denominada Aristegui Noticias, se incorporaron videos que forman parte del contenido del programa Noticias MVS primera emisión.

Ante esto, el pasado 9 de abril, Carmen Aristegui promovió demanda de amparo ante el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal ,Fernando Silva García ,en el que solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que se permitiera el acceso de ella a las instalaciones de MVS Radio para que continuara las transmisiones del noticiero denominado Noticias MVS Primera Emisión que venía transmitiendo de lunes a viernes de las seis a las diez horas y que este trabajo periodístico se pudiera realizar en pleno ejercicio de su derecho a la libertad de expresión sin imposición alguna y particularmente que no tuviera que observar los lineamientos que MVS le exigía.

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El Juez de Distrito Octavo Administrativo le concede primero la suspensión provisional y posteriormente definitiva dando inicio a las pláticas conciliatorias ordenadas por el juez.

Hubo dos reuniones:

  • La primera reunión fue el 18 de mayo de 2015. Alrededor de las 11 de la mañana y en compañía de dos abogados, de acuerdo a Reforma, Carmen Aristegui ingresó a las instalaciones para reunirse con un representante de la empresa. El abogado Xavier Cortina dio a conocer que durante el primer encuentro, que duró alrededor de una hora con 40 minutos, se acordó realizar una segunda reunión el 21 de mayo.
  • La segunda reunión fue el 21 de mayo de 2015. Como informó Reforma, esta reunión duró más de dos horas. El mediador del conflicto, José Woldenberg, hizo varias propuestas. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo, por lo que la solución se encuentra en el poder judicial.

Hay que recordar que el espacio radiofónico de Carmen Aristegui había dado cobertura meses atrás a casos de repercusión nacional e internacional como la compra de una casa de Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, conocido como la “Casa Blanca” y el asesinato de civiles en Tlatlaya.

Su noticiario, MVS Noticias Primera Edición en la frecuencia 102.5 del FM, era uno de los de mayor audiencia de noticias de la mañana. Por ello, el hecho de que Aristegui dejara de trabajar en ese espacio es calificado por algunas voces como negativo a la libertad de expresión y al periodismo crítico. Muchos presumen la intervención gubernamental en este hecho. Tal vez ocurrió o tal vez no. Hasta la fecha no hay una sola prueba contundente de que así hubiese ocurrido. Pero este asunto en principio laboral, ha tenido repercusiones jurídicas y mediáticas tanto en el ámbito de los medios de comunicación como en el de las redes sociales.  

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Fecha: 
Jueves, 04 de Junio 2015 - 18:30
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¿Y para cuando el nuevo sistema procesal acusatorio?

Ayer el Presidente de la República Enrique Peña Nieto inauguró el Séptimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, y en particular sobresalió el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 

El sistema procesal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años a partir del día siguiente de la publicación de la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, la cual instituye las bases para regular dicho sistema y aplica diversas modificaciones al sistema penitenciario y de seguridad pública. Por tanto, en todo el territorio nacional tendrá que entrar en plena vigencia a más tardar en junio de 2016. 

En tal contexto con el propósito de contribuir a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, recién publiqué cinco libros denominados “Análisis jurídico-operativo del sistema penal acusatorio en México a nivel Federal”, con el fin de analizar el funcionamiento de las distintas figuras procesales que serán introducidas en el nuevo sistema.

El primer tomo se centra en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en él se abordan las generalidades del sistema acusatorio como naturaleza jurídica, la operación de los criterios de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la suspensión del proceso y el procedimiento abreviado. 

El segundo tomo, además de definir la justicia alternativa, refiere en qué medidas procesales puede ser utilizada ésta. Analiza su figura jurídica y establece la forma en que funciona el procedimiento restaurativo, según lo ordena el Dictamen aprobado de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias en Materia Penal.

El tercer tomo explora la operatividad de las mediadas cautelares tal y como habrán de ser empleadas en el sistema acusatorio y observar la procedencia de las figuras contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución de Medias Cautelares y Obligaciones Procesales, la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 

El cuarto tomo analiza la judicialización del sistema penitenciario, además de centrarse en el análisis de las distintas formas de libertad preliberacional.

El quinto y último tomo aborda las figuras ya analizadas y las observa a la luz de una muestra de delitos de alto impacto del fuero común en once entidades federativas del país.

En definitiva es una obra para todo público, así como para ellegislador, para ellos en especial, ya que por ahora resulta importante tener en sus manos este tipo de estudios para construir las respectivas leyes que aún faltan para reglamentar adecuadamente dicho sistema. 

La obra la pueden obtener en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). 

Fecha: 
Jueves, 21 de Mayo 2015 - 18:30
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Le conceden la suspensión definitiva a Carmen Aristegui.

De acuerdo al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, Fernando Silva García, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del DF, concedió ayer martes 12 de Mayo del 2015, la suspensión definitiva del amparo a la periodista Carmen Aristegui, quien busca su restitución en el noticiero Primera Emisión de MVS-Radio.

“Único.- Se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa para los efectos precisados en la presente resolución”, dice la notificación que el Juez Silva García hizo.

Sin embargo, no precisó los alcances de dicha suspensión definitiva del amparo indirecto 672/2015. Se espera que sea en el transcurso de los próximos días cuando se conozcan los alcances. 

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Hay que recordar que la noche del pasado 15 de marzo MVS informó que dio por terminada su relación laboral con la periodista Carmen Aristegui, luego de que ésta exigiera la reinstalación de dos colaboradores despedidos por uso indebido del nombre de la compañía. Los colaboradores son Daniel Lizárraga e Irving Huerta. Ellos recibieron esa sanción por decir que MVS respaldaba la plataforma Mexicoleaks, impulsada por algunos medios y organizaciones civiles para denunciar casos de corrupción. La empresa negó haber dado su aval. Para MVS, esto constituyó un abuso de confianza.

Carmen Aristegui presentó a través de sus abogados el pasado 10 de abril el amparo indirecto 672/2015 ante el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Fernando Silva García, en el que solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que se permitiera el acceso de ella a las instalaciones de MVS Radio para que continuara las transmisiones del noticiero denominado Noticias MVS Primera Emisión que venía transmitiendo de lunes a viernes, de las seis a las diez horas, y que este trabajo periodístico se pudiera realizar en pleno ejercicio de su derecho a la libertad de expresión sin imposición alguna y particularmente que no tuviera que observar los lineamientos que MVS le exigía.

El 13 de Abril del 2015, el juez Fernando Silva García le concedió la suspensión provisional. El artículo 5, fracción segunda, párrafo segundo de la Ley de Amparo, establece lo siguiente “Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.” El juzgador federal determinó que “existían datos objetivos para la procedencia de la demanda de amparo, toda vez que si bien los actos reclamados son actos de particulares, lo cierto es que se dan en un contexto de derecho público; asimismo, se advierte un acto unilateral de terminación del contrato de la quejosa respecto a un tema de relevancia pública” y además por medio de la suspensión provisional se obliga a una conciliación forzosa.

El argumento es que se pactó por las partes que cualquier diferendo que pudiera existir entre la periodista y MVS Radio con relación a la Dirección Editorial y/o conducción de los Servicios sería dirimido entre las partes a través de un arbitraje particular de buena voluntad, en las que se designó como árbitros a Javier Corral Jurado y a José Woldenberg Karakowsky.

El 20 de abril de 2015, MVS Radio presentó recurso de queja en contra de la suspensión provisional. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal en atención a la queja 129/2015 revocó la suspensión provisional que el Juez Fernando Silva García concedió a la periodista Carmen Aristegui, y que obligaba a Grupo MVS a sostener una reunión con su ex colaboradora con fines de conciliación. Así fue aprobada por unanimidad de votos de los Magistrados Oscar Fernando Hernández Bautista (Presidente), María Guadalupe Saucedo Zavala (Ponente) y Ma. Gabriela Rolón Montaño, con salvedades del Magistrado Presidente en el tema relativo a que el Juez de Distrito varió los efectos respecto de los cuales la quejosa solicitó la suspensión provisional otorgada.

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Jueves, 14 de Mayo 2015 - 18:30
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El Mito de la Intimidad en la Red

Morelia, 29 de abril 2015.- La Intimidad no existe en Internet, o mejor nuestra expectativa de ejercicio de un derecho a la Intimidad en la red es un nado muerto . Las nuevas estructuras de interacción de las sociedades contemporáneas han aumentado la capacidad de las personas para conectarse y colaborar con terceros más allá de su ubicación física inmediata. También han aumentado las posibilidades de ruptura de la seguridad de nuestros datos personales y de violaciones a nuestro derecho a la intimidad en Internet. En particular, las redes sociales, nos han colocado en el centro de  una “casa de cristal” abierta a todos los “voyeurs” globales. Somos “visibles” en todo momento, pero , y, en esta paradoja reside el peligro para nuestras libertades y derechos, raramente podemos ver o  controlar a quién nos vigila.

Estos cambios son a menudo considerados, tal como lo propuso Castells , como un cambio en la democratización de las relaciones sociales y políticas de los espacios territoriales relativamente cerradas de los estados-nación para abrir, las relaciones en red que atraviesan el globo entero y, transforman lo universal en una “aldea global”. 

Otros, como Morozov , apuntan  para la emergencia de contornos de un nuevo espacio- hiperconectado, transfronterizo , cibervigilado, difuso- con nuevas formas de represión  individual y colectiva, cuya columna vertebral es Internet, y que potencian las capacidades de los estados totalitarios, de los regímenes autocráticos para  avanzar para estructuras orwellianas. Sea como sea, estamos entrando en la Telepolis[i], de que habla Javier Echeverría.

Esta interpretación en “blanco y negro” sin embargo, oculta una imagen mucho más ambivalente. Es verdad que muchas redes basadas en la comunicación en Internet son relativamente abiertas, a pesar de los diversos niveles de la censura estatal y la creciente prominencia de paywalls para acceso a los contenidos. Pero, en su opuesto, muchas de las redes globales y transnacionales, que van desde agencias gubernamentales, grupos empresariales multinacionales, proveedores de servicios en red a las organizaciones cibercriminales,son tan cerradas y jerárquicas como los estados territoriales, si no más.

A esto, hay que sumar, que las redes funcionales o redes de información nuevas, a menudo crean nuevos límites, y nuevos tipos de discriminación, nuevas periferias, en que la participación depende del nivel educativo, de las credenciales sociales, del acceso a la tecnología y del control más amplio de los recursos materiales y culturales.

En consecuencia, la opacidad de las redes funcionales y las brechas digitales, anudadas a las estructuras securitarias de los estados en la era de la seguridad global, han dejado al individuo en una posición potencialmente débil en que el ejercicio de sus derechos fundamentales puede estar en recesión. El nivel que presenta los riesgos más evidentes para el ejercicio efectivo de derechos y libertades  en la S.I.C. es el de la conjunción de la  masificación de datos con las posibilidades de geolocalización y de producción de biopolíticas de seguridad por los estados.

En este medioambiente securitario, nuestra última barrera de defensa del derecho a la intimidad y a la protección de datos en la red- la constitucionalización del principio de autodeterminación informática- se derrumba frente al carácter difuso de la soberanía en la sociedad de la información y al problema de la definición de las jurisdicciones y de los órganos de tutela de nuestros derechos fundamentales en Internet que son deficitarios para contrarrestar las posibilidades tecnológicas del cibertotalitarismo.. Es altura, por lo tanto, de pensar en un encuadramiento normativo y en órganos de tutela supranacionales.

El cambio de paradigma en este campo es urgente. Hemos entrado, por un lado,  en una era de masificación de la recolección y almacenamiento de datos, conocida por los expertos como “Big Data” [ii]o sea en la revolución de los datos masivos . Por otro lado, en la era del cloud computing, en que toda la información se encuentra en manos de servidores controlados por proveedores multinacionales,  ubicados físicamente en territorios que salen fuera del control jurisdiccional de nuestros tribunales. Es un universo (universos) en que el individuo está sumergido en un océano de información y, a su vez, es la fuente primera de datos.

Datos ya no son analizados (ni pensados) como algo estático cuya utilidad deja de existir cuando la función para la cual fueron recabados, almacenados y tratados se realiza. Tal como lo afirman Mayer-Schönbergen y Cukier[iii]: “Los datos se convirtieron en una materia prima [...]. Los datos pueden reutilizarse inteligentemente para convertirse en un manantial de innovación y servicios nuevos. Los datos pueden revelar secretos a quienes tengan la humildad, el deseo y las herramientas de escuchar”.

En esta nueva etapa tecnológica, los algoritmos de búsqueda permiten acceder y agregar datos personales dispersos que de esta manera facilitan- a buscadores, gobiernos, agencias de inteligencia, empresas-  un perfil de la persona afectada, cosa difícilmente realizable sin ellas, al menos no sin abonar unos costes muy elevados.

También permiten poder conocer las actividades realizadas al navegar por Internet, saber si se visita una página u otra o si se compra determinado producto, o cuáles son nuestras preferencias políticas y nuestro círculo de relaciones sociales, laborales y familiares. Todo eso sin que la persona afectada tenga conocimiento de ello y sin dejar, prácticamente, ningún rastro o huella de esta vigilancia continua.

En este contexto , el individuo no puede realizar ningún control sobre esos datos ni sobre el uso primario o derivado que de ellos se realiza.Para contrarrestar los riesgos inherentes  a esta ausencia de control sobre las esferas de la intimidad y de la privacidad en la red, deben establecerse algunos nuevos principios generales[iv] si se desea que los ciber-ciudadanos  estén mejor protegidos y tengan un control funcional sobre su entorno .

O sea, tenemos que ir más allá del ejercicio de los derechos ARCO y del acotado ámbito de tutela del IFAI y, construir una nueva panoplia de instrumentos de control de nuestra información y de defensa jurídica de nuestros datos personales que pasa por la implementación de nuevos principios  y de nuevas reglas.

Ahora bien, en la era del Big Data y de la NSA, ese control “funcional” no es posible sin el ejercicio del derecho al olvido (tipificado en base a los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea[v]) y, de  la aplicación del principio de encriptación y anonimato reversible .

Por un lado, ejerciendo el “derecho al olvido”, el individuo debe tener  la posibilidad de  defender  su derecho “funcional” a la protección de datos en Internet contra la capacidad tecnológica de procesamiento de datos mediante un motor de búsqueda. Si, tal  puede tener implicaciones de privacidad más importantes para un individuo, también podríamos argumentar que la eliminación de los datos de un motor de búsqueda en lugar de una página web también toma en cuenta la necesidad de proteger la libertad de expresión , ya que impide el acceso fácil a los datos para un mayor número de individuos, pero no elimina la información del soporte original .

Por otro lado, el derecho del  ciber ciudadano al anonimato debe ser establecido en oposición a intereses mayores de Estado, el cual podría imponer restricciones si fuesen necesarias “para proteger la seguridad nacional, defensa, seguridad pública, [y para] la prevención, investigación, detección y persecución de delitos”, siempre y cuando para tal exista un fundamento normativo reforzado por un mandato judicial.

Lograr un equilibrio entre la monitorización legítima de delitos y el derecho a una la Protección funcional  de Datos personales no es solamente aconsejable o deseable. En la actual encrucijada, es la diferencia entre vivir en un mundo a la “1984” o mantener y fortalecer las libertades y derechos individuales propias de las sociedades democráticas.

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[ii]    “Big Data” es una expresión anglosajona que hace referencia a los sistemas que manipulan enormes cantidades de datos. Podría traducirse al castellano como “datificación masiva”, pero la mayoría de los autores usa el término inglés.

[iii]  MAYER-SCHÖNBERGEN y CUKIER, Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think. Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

[iv]  Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) , Guide to information security, consultado en : http://www.oaic.gov.au/images/documents/privacy/privacy-guides/informati...

[v]   DA CUNHA LOPES, T. : Análisis de los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-131/12 [. Revista Internacional de Ciencias Jurídicas  (RICJ). 21 de mayo 2014,  Consultado en : http://revistainternacionalcienciasjuridicas.org/article/las-nuevas-fron...., 2014

Fecha: 
Miércoles, 29 de Abril 2015 - 19:00
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¿El temor y la intimidación son actos que atentan contra las instituciones democráticas?

El proceso electoral del 2014-2015 continúa mediante la organización de las elecciones federales y locales. Y, conforme avanza la organización se nos dice –en diversos medios de comunicación- que el Instituto Nacional Electoral (INE) organiza un plan alterno en Oaxaca ante la amenaza de la disidencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en cerrar las escuelas donde se instalaran las mesas de casilla para la votación del próximo 7 de junio. 

De las cinco mil 228 casillas aprobadas por las Juntas Distritales Ejecutivas, mil 183 son las casillas que se instalarán en escuelas públicas y privadas. Lugar, al parecer controlado por la sección magisterial.

Sin embargo, aunque el INE disponga con reubicar las casillas, es decir, que ante tal amenaza ubique nuevos domicilios para instalar las casillas en lugar de los planteles escolares, y con ello se pretenda otorgar solución a la amenaza, es posible que no sea suficiente, pues resulta que no solo se pretende instalar casillas  en las escuelas, también se colocaran casillas en domicilios particulares, en oficinas y en lugares públicos. 

En otras palabras, con todo y cambio de domicilio en la instalación de las casillas, parece indicar que la CNTE prosiguiera impulsando la idea y muy probablemente la practica en llevar a cabo el bloqueo de la realización de los próximos  comicios. 

¿Será posible que la CNTE logre su objetivo? ¿Será posible que otros sectores de la sociedad impidan la instalación de las casillas?

Mientras la amenaza se cumple, esperemos que no sea así, en materia de delitos electorales la Ley General refiere que “se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión  de seis meses a tres años a quien: “Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla”.

Además, estimado lector, determina la ley de delitos electorales que: “Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad”. Asimismo, con independencia de las conductas que correspondan por la comisión de otros delitos.

Así que, querido lector, la actitud de quienes pretenden boicotear la realización de las próximas elecciones, es una actitud que atenta contra el funcionamiento de las instituciones democráticas, y por ende, transgrede el derecho al sufragio y voto de los mexicanos.  

Fecha: 
Martes, 24 de Marzo 2015 - 17:00
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La exposición "Darwin" en Cuernavaca. El creciente tabaquismo en el mundo. Recomendaciones para el fin de semana

Esta tarde me visita la secretaria general del Club  de Periodistas de México, Celeste Sáenz de Miera, para denunciar que ha sido amenazada por diversas personas y grupos que ha acusado de corrupción y abuso de confianza. Desde Cuernavaca, la secretaria de Turismo de Morelos, Cristina Faesler, nos invita a la exposición "Darwin" que hoy se inauguró en la capital morelense. En el estudio me acompañan Tere Vale y Bernardino Esparza y platicamos del creciente tabaquismo en el mundo y sus efectos nocivos, del derecho de cualquier empresa o patrón de despedir a cualquiera de sus empleados, y de los delitos electorales. Mónica Belén y Natalia Cabarga recomiendan a dónde ir este fin de semana.

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Fecha: 
Viernes, 20 de Marzo 2015 - 19:00
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Por fin: los juicios orales en materia penal en el DF

A partir de las cero horas del hoy 16 de enero de 2015, en el Distrito Federal entra en vigencia la implementación de los juicios orales en materia penal, según lo previsto en el Decreto publicado en la Gaceta Oficial del DF del 20 de agosto de 2014.   

De tal forma se declara la incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico de la ciudad de México, con base a que el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversos artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecen las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana. 

En la misma reforma constitucional se determina que el sistema penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación correspondiente (Código Nacional de Procedimientos Penales), sin exceder el plazo de ocho años, esto es a partir del día siguiente a la publicación de la referida reforma constitucional, es decir, el 19 de junio de 2008. 

En consecuencia, en el DF se cumple con la disposición constitucional del 2008, al entrar en vigor su implementación, aunque de manera parcial, ya que solamente se aplicará para los delitos culposos y aquellos que se persiguen por querella o acto equivalente de parte ofendida, así como los actos de investigación que requieran autorización previa del Juez de Control, inherentes a estos delitos, pero no para los delitos graves, sobre todo porque  estos últimos tipo de delitos se implementaran para el 2016. 

De esta suerte los delitos culposos y de querella en los que operará el sistema acusatorio son los siguientes.

Los delitos culposos son: homicidio; lesiones; aborto; lesiones por contagio; daños, ejercicio ilegal del servicio público, en las hipótesis siguientes: entre otras la de destruir, alterar o inutilizar información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso; evasión de presos; suministro de medicinas nocivas o inapropiadas; ataques a las vías y a los medios de comunicación; delitos contra el ambiente; y, los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos.

Y, los delitos de querella, entre otros son: lesiones simples; procreación asistida, inseminación artificial y esterilización forzada; peligro de contagio; privación de la libertad con fines sexuales; simulación de secuestro en el siguiente supuesto: cuando sea cometido por un ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por consanguinidad hasta el segundo grado, concubina, concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, y parientes por afinidad hasta el segundo grado; abuso sexual; acoso sexual; estupro; incumplimiento de la obligación alimentaria; violencia familiar; discriminación; amenazas; allanamiento de morada; encubrimiento; intimidación; ejercicio ilegal del propio derecho; fraude; y, violación de correspondencia. 

En fin, estimado lector, el orden jurídico en el DF, será mediante la implementación de los juicios orales en materia penal, con el propósito de que en una primera instancia se logre dar solución de manera inmediata el conflicto planteado ante la autoridad, de las personas afectas, sin tener que llegar a un proceso largo, quizá de años, y por lo general complicados en resolver de manera pronta y expedita.

Así que, querido lector, se dice que el costo de su implementación es de 500 mdp, y todo para agilizar la procuración y administración de justicia. Esperemos que sea así. 

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Viernes, 16 de Enero 2015 - 18:00
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De una aventura represora más del Bombardero de Polanco

Alrededor de 20 millones de mexicanos somos fumadores, este es un dato duro y de este grupo formo parte. La renovada pretensión de algunos funcionarios fundamentalistas y que obedecen más a su bolsillo que al bien de la comunidad hace que de unos días para acá nos topemos, los polanquenses que fumamos, con una nueva arbitrariedad por parte del conocido “Bombardero de Polanco” en contra de los que vivimos en uno de los barrios (ahora) más desastrosos de nuestra gran ciudad. Desde hace varios años acudo a Playcity de Antara como muchos cientos de adultos jugadores que pasamos parte de nuestro tiempo libre en este divertimento, hasta donde entiendo lícito. Quiero hacer énfasis en que a este lugar solo pueden entrar mayores de edad y que tal establecimiento siguiendo el reglamento correspondiente y desde que se inauguró cuenta con espacios específicos para fumadores perfectamente separados de las áreas de no fumar. Hace un par de días, intempestivamente y sin previo aviso se presentaron “inspectores” de la Delegación Miguel Hidalgo, para clausurar el área de fumar de este Casino sin que mediara una explicación justificada para tomar tal medida. Acción que resulta no solo absurda, sino discriminatoria para una gran parte de la población, ya que atenta contra las garantías individuales y contra el derecho de las personas adultas, en pleno uso de sus facultades mentales, de decidir si quieren fumar o no fumar, mientras no perjudiquen a nadie y se cumpla con la Ley de Protección a los No fumadores que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados, a menos de que las zonas para fumadores se separen físicamente y no ocupen más del 30% del espacio total, cosa que sucede totalmente en Playcity Antara. Seguramente de pronto, y por una inspiración divina el Sr. Romo decidió que tenia que actuar contra este establecimiento y contra todos los que acudimos ahí entre otras cosas para fumar una sustancia (cigarrillos) que hasta donde entiendo no esta prohibida (todavía) en la ciudad de México y es de consumo legal para los adultos que así lo hemos decidido. ¿De qué se trata?

Los fumadores no queremos lastimar a nadie, ni mucho menos afectar la salud de los no fumadores, o de jóvenes o niños. Luchamos porque se respeten los espacios a los que tenemos derecho, así sea en meras “islas” o ghettos para que, al acudir a restaurantes, hoteles, cafés, bares, cantinas, salas de fiesta, y desde luego sitios de entretenimiento para adultos como los casinos, nos sea permitido fumar sin afectar a terceros.

Muchos habitantes de la Ciudad de México y especialmente de Polanco nunca imaginamos que funcionarios de una supuesta izquierda respetuosa y libertaria nos tratarían como menores de edad, y nos impedirían el ejercicio del libre albedrío y que intentarían, como están haciéndolo, oficializar la discriminación.
¿Por qué el Delegado de Miguel Hidalgo se ha arrogado la limitación de las libertades de los ciudadanos?. Parecieran decir “yo sé lo que te conviene y lo que no, y yo digo que lo que no te conviene está prohibido”, no obstante que la venta y el consumo de tabaco, repito, hasta el día de hoy es legal. La separación física que existe en Playcity Antara esta apegada a la ley y la medida resulta por lo tanto totalmente fascistoide. Es una elección libre de las personas adultas que ahí acudimos el entrar al espacio de fumadores o no. ¿O ahora resulta que Fray Víctor Romo es más papista que el papa?

Cuando en una democracia joven, como la nuestra, los representantes políticos toman decisiones autoritarias y propias de papás represores, como si todos fuéramos sus hijos menores de edad, y sin consultar a los posibles afectados, es decir, a sus gobernados, es de temer que, en poco tiempo, más libertades serán restringidas y menos cerca estaremos de la democracia madura a la que aspiramos.

Los propietarios de Casinos, aunque se enojen los conservadores puritanos, también tienen derechos; por lo menos el de dar a escoger a su clientela —libre competencia—. Queremos simple y sencillamente que se cumpla la ley y que haya espacios para fumadores y para no fumadores como es el caso del Casino de Antara. 

Los fumadores somos una minoría relativa, cierto, pero también tenemos derechos. Urge mayor congruencia en nuestra Delegación. Hemos aceptado resignadamente los baches, las obras mal planeadas, la ineficiencia e incapacidad mostradas en las obras de Masaryk, la eterna duración de las mismas, pero todo tiene un límite. Me niego a aceptar la corrupción y la discriminación en nombre de mi…¿salud?. Ya estoy bastante crecidita para el tutelaje.

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Lunes, 29 de Septiembre 2014 - 17:00
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Comentarios sobre el dictamen y anteproyecto de ley de protección de la infancia

Activando la posibilidad de presentar una Iniciativa Preferente para cada periodo de sesiones del Congreso, el Presidente Enrique Peña Nieto envió el 1º de septiembre un anteproyecto de Ley General de Protección de la Infancia.

La iniciativa fue intensamente criticada por los expertos y las organizaciones dedicadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes, por su enfoque asistencialista y vertical, además de incompleto.

Desde hace años, las organizaciones reunidas en la Red para los Derechos de la Infancia en México, en la que también participa Mexicanos Primero han venido trabajando en proponer una “Ley de Altura” es decir, un sistema integral de garantías de los derechos infantiles; en 2013 presentamos 10 por la Infancia.

Las comisiones del Senado retomaron muchas de estas críticas, elementos de iniciativas paralelas y elaboraron un anteproyecto, mucho mejor que la iniciativa que vino de Presidencia, pero que aún requeriría de correcciones.

Algunas consideraciones:

  • Ya incluye normas concretas para que los educadores se hagan responsables de evitar o detener el abuso y acoso en la escuela.
  • Tiene todavía algunas expresiones preocupantes, como multas a los medios por difundir algo “contrario al desarrollo o que haga apología de la violencia”
  • No incluye todavía elementos precisos para combatir la suspensión de servicios educativos y la discriminación en el ejercicio del derecho a aprender.
  • El DIF no tiene capacidades construidas para coordinar el sistema integral, y es preocupante por el papel que ha jugado, a nivel estatal y municipal, de control o de promoción de las esposas de los mandatarios, sin competencia técnica ni fundamento democrático en esa función coordinadora. 

Tres elementos que son cruciales y aún deben incluirse en un sistema integral:

  • Defensorías expertas y autónomas para vocalizar la atención a las violaciones o amenazas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
  • Presupuesto suficiente, transparente y con rendición de cuentas para las tareas de coro.
  • Información disponible y asegurada, desde los sistemas de identificación (actas de nacimiento y demás documentos personales) hasta acceso a los ciudadanos de los presupuestos, agendas y reportes de resultados de los programas.
  • Participación de los mismos niños y niñas en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas que se refieren a ellos, así como a los padres, cuidadores, activistas y expertos del campo.

Se espera que lo que se presente próximamente a voto en el pleno del Senado sea un avance.

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Jueves, 25 de Septiembre 2014 - 18:00
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El costo de la democracia, igualdad de género y la PGR se convierte en fiscalía

El día de hoy conduce Kenia López Rabadán. Con Bernardino Esparza analizan de cuánto es el costo de la democracia. Kenia nos habla de la importancia de la igualdad, más allá de los géneros. En entrevista, en cabina Jesús Lemus nos presenta su libro "Cara de Diablo". El chef de desarrollo culinario de la Hacienda de los Morales, Germán Ortega, nos presenta sus nuevos platillos. Y analizan el que la PGR se convierte en Fiscalía.

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Miércoles, 24 de Septiembre 2014 - 18:30
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