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La vulneración del derecho a la propiedad a través de la extinción de dominio

El pasado 25 de julio la Cámara de Diputados aprobó en sus términos la minuta sobre la Ley Nacional de Extinción de Dominio que le envió el Senado de la República unos días antes. Dicho proyecto de Ley se deriva de la reforma al artículo 22 constitucional, en la cual se amplió el catálogo de delitos en los que cabe la posibilidad de ejercer la acción de extinción de dominio por parte del Estado. Desde esta reforma constitucional se estableció que la extinción de dominio no es en sí misma una acción punitiva respecto a un delito, sino una herramienta para minar la capacidad económica de grupos criminales para seguir delinquiendo o para corromper a las instituciones del Estado.

¿Qué es la extinción de dominio?

La extinción de dominio es la acción por la cual el Estado retira a un particular la posesión de un bien o activo, el cual se considera vinculado a la acción de un delito, o bien, que su adquisición fue producto de un delito, sin que por ello el Estado esté obligado a dar una compensación de ningún tipo. En la doctrina jurídica mexicana, el proceso judicial para lograr la extinción de dominio se considera independiente de la acción penal contra el dueño del bien producto de algún delito.

Esto ocurre ya que, como se mencionó anteriormente, la extinción de dominio no forma parte de la acción de castigo contra un presunto delincuente, como sí lo sería el estar en prisión, sino que su propósito es por una parte resolver acerca de si un bien se adquirió de manera lícita, y por otra, disminuir la capacidad de estos presuntos delincuentes para usar dichos activos como medios para corromper a funcionarios o instituciones.

Asimismo, cuando se introdujo la figura de extinción de dominio se buscó establecer un régimen de excepción en el combate a la delincuencia organizada, con el objetivo de contar con herramientas especiales para combatir a este tipo de delincuencia a través de la afectación a su patrimonio.

La nueva Ley de Extinción de Dominio y sus riesgos

La nueva Ley de Extinción de Dominio, recientemente aprobada por el Congreso, viene a sustituir a la todavía vigente Ley Federal de Extinción de Dominio. Dicha actualización viene a partir de un mandato establecido en los artículos transitorios del Decreto de reforma constitucional publicado el 14 de marzo de este año.

Ahora bien, esta nueva Ley contiene diversas disposiciones que suponen una vulneración a la certidumbre jurídica respecto al derecho a la propiedad. Entre estas disposiciones se pueden enumerar las siguientes:

  • Revierte la carga de la prueba sobre el acusado. En lugar de que el Estado demuestre que un bien fue adquirido de manera ilícita, es ahora la persona acusada quien tiene que demostrar dicha procedencia lícita ante un juez para evitar que se le aplique la extinción de dominio.
     
  • Siendo un proceso judicial paralelo al juicio penal, es posible una sentencia que dicte la extinción de dominio antes de que termine el proceso penal, de manera que aún cuando una persona no haya sido encontrada culpable de manera definitiva del delito que se le acusa, puede verse privada de sus bienes, y no sólo eso, sino que éstos podrán ser enajenados, léase vendidos o subastados, y si el proceso penal termina en sentencia absolutoria, la persona no podrá recuperar esos bienes incautados por el Estado. Sólo tendrá derecho a una indemnización.
     
  • Aunque se comenta que quien no tenga vínculos con actos delictivos no tiene de qué preocuparse, lo cierto es que esta premisa aplicaba cuando la extinción de dominio se limitaba al narcotráfico, pero con la reforma constitucional del 14 de marzo, se amplía la acción a 11 hechos delictivos que, traducidos en los delitos contemplados en el Código Penal Federal y otros ordenamientos, suponen hasta 245 delitos por los cuales la autoridad puede solicitar retirar la propiedad de activos a un acusado.
     
  • En el decreto de la nueva Ley de Extinción de Dominio se incluye una reforma a la LOAPF para establecer la figura de Gabinete Social de la Presidencia, que podrá decidir discrecionalmente el destino de los bienes asegurados, así como de las ganancias que dejen las enajenaciones de los mismos, esto es, a programas sociales y otras políticas públicas acordes al PND. Esto puede generar una situación en la que el gobierno utilice el producto de la enajenación de estos bienes para financiar programas o proyectos que antes que solucionar un problema social, tendrá como objetivo generar clientelas políticas para fines electorales.
     

La necesidad de adecuar la nueva Ley de Extinción de Dominio

Las inconsistencias en todo el proyecto de esta nueva Ley de Extinción de Dominio generan una gran incertidumbre sobre el respeto al derecho a la propiedad, así como del abuso y uso electoral de los recursos que se logren por la enajenación de los bienes incautados por medio de esta figura.

Ante ello, han surgido voces, tanto de legisladores de la oposición, especialmente la diputada Martha Tagle, como también desde la academia, para señalar los peligros que pueden presentarse una vez que entre en vigor esta nueva Ley de Extinción de Dominio. En razón de ello, también han señalado la necesidad de corregir esta situación una vez que se publique la Ley.

Si bien esto puede ser la solución, hay que recordar que el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto de la Ley de Extinción de Dominio establece que hasta un año después de la entrada en vigor de esta norma se emitirá una convocatoria pública por parte de la FGR para revisar este marco jurídico, de ahí que sea poco probable que, en al menos este tiempo tanto el gobierno como MORENA en el Congreso esté dispuesto a modificar esta nueva Ley de Extinción de Dominio, y mucho menos, el artículo 22 constitucional.

Fecha: 
Martes, 06 de Agosto 2019 - 13:00
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Fecha B: 
Martes, 06 de Agosto 2019 - 15:15
Fecha C: 
Miércoles, 07 de Agosto 2019 - 04:15
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Un Argumento Moral contra la Guerra contra las Drogas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió ayer un amparo a cuatro mexicanos para que siembren mariguana para consumo personal, sin incluir su comercio, suministro o distribución. El proyecto aprobado por cuatro de los cinco ministros que integran la Primera Sala señala, entre otras cosas, que los argumentos contra el consumo de la mariguana “no pueden considerarse como razones válidas para intervenir el derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

Al respecto, los días 11, 12 y 13 de noviembre del año pasado transcribí en este espacio el artículo intitulado Un Argumento Moral contra la Guerra de las Drogas, escrito por Julian Savulescu y Bennett Foddy y publicado semanas antes en el blog Practical Ethics de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Savulescu es el fundador y director del Centro Uehiro para la Ética Práctica en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y antes fue el editor del Journal of Medical Ethics, una de las revistas más influyentes en lo que a la ética médica y aplicada se refiere. Foddy es un investigador en el Jesus College de la Universidad de Oxford, especializado en bioética, ética médica y neuroética.

Esto fue lo que transcribí durante esos tres días:

“El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso ha argumentado que la guerra contra las drogas ha fracasado y que la mariguana debería despenalizarse globalmente. Escribió en 2009 que el enfoque de línea dura ha traído consecuencias ‘desastrosas’ para América Latina.

“Después de haber regresado de Río, uno debe aceptar la opinión de Cardoso. Uno de nosotros estaba quedándose con un eminente profesor de filosofía. Estábamos regresando a su casa con su hija de 11 años de edad cuando nuestro camino fue bloqueado por policías con ametralladoras. Estaban cazando a un narcotraficante en la favela local — este camino era la única vía de escape y se preparaban para un posible altercado.

“Cardoso destaca el fracaso práctico del enfoque de cero tolerancia. Un enfoque de cero tolerancia hacia un crimen como el consumo de drogas siempre fracasará, de la misma manera en que siempre fracasará un enfoque de cero tolerancia hacia el alcohol, la prostitución, o el uso de drogas en el deporte. Paradójicamente, lo peor que uno podría hacer a los barones de la droga en Río de Janeiro no es librar una guerra contra ellos, sino despenalizar la cocaína y la mariguana. Estarían fuera del negocio en un solo día. La oferta de ambas drogas podría supervisarse, controlarse y regularse, - el daño a los usuarios y terceros involucraos se reduciría significativamente.

“El argumento para legalizar las drogas ha sido expuesto con frecuencia, más recientemente por Cardoso y por el Ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Bob Carr, quien esta semana fue uno de los signatarios de un informe que declara que ha fracasado la guerra contra las drogas. El argumento es presentado casi siempre en términos de las cargas que nos ha impuesto la guerra contra las drogas en términos de delincuencia y salud pública. Y es cierto que estas cosas nos dan buenas razones para abandonar la guerra de Nixon contra las drogas.

“Pero rara vez escuchamos un argumento moral en favor de la liberalización de las leyes que rigen el consumo de las drogas. Esto es un error. Aunque los expertos nos han dicho una y otra vez que las cosas estarían mejor sin la guerra contra las drogas, los políticos han ignorado esta asesoría experta porque los votantes no quieren que se suavicen leyes antidrogas. Y los votantes quieren esto no porque piensan que saben más que los expertos, sino porque tienen objeciones morales al uso de las drogas. Hay un debate moral oculto detrás de la guerra contra las drogas que parece que nunca podemos hacer público.

“Las primeras prohibiciones contra las drogas tenían una justificación moral, en lugar de una razón práctica. Comenzó con la prohibición estadounidense al consumo del opio, la cual fue motivada principalmente por una objeción moral a que la gente blanca fumara en los fumaderos administrados por chinos. Esto comenzó un movimiento a favor de la prohibición en Estados Unidos. En 1913, la mariguana, que era consumida casi exclusivamente por inmigrantes mexicanos e indios, fue prohibida por primera vez por el estado de California.

“Hoy, las nuevas drogas se añaden a la larga lista de sustancias ilegales porque son calificadas como adictivas, no porque sean perjudiciales. La Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos (Controlled Substances Act) ordena que un medicamento sea prohibido si tiene ‘un alto potencial de abuso’ y ‘puede conducir a una severa dependencia psíquica o física’. La droga no tiene que ser perjudicial en cualquier otro sentido. Según estadísticas del gobierno de Estados Unidos, el paracetamol (acetaminofeno) está involucrado en casi cinco veces más visitas a la salas de emergencia que la MDMA (también conocida como M, cristal o éxtasis), y aún así se vende libremente en los supermercados del mundo.

“Así que la principal razón para que drogas como el alcohol y la cafeína sean legales, mientras que la cocaína y la MDMA no lo son, es que éstas últimas son calificadas como ‘adictivas’. Es cierto que la adicción perjudica al adicto, pero la autodestrucción no justifica la prohibición de una substancia. Como célebremente lo expuso [John Stuart] Mill, la única razón legítima para interferir con la libertad de una persona es cuando ésta pone en riesgo a los demás. Y mientras que algunas veces se argumenta que el ‘problema de las drogas’ nos perjudica a todos, la mayoría de los daños en realidad se originan directamente del enfoque de cero tolerancia – el prohibir las drogas daña a otros cuando son robados, golpeados o asesinados por aquellos que controlan el mercado negro de las drogas.

“Las personas de una mentalidad liberal a veces argumentan que las adicciones exigen la interferencia estatal porque vuelven incompetente al adicto, incapaz de tomar una decisión autónoma sobre consumir drogas o no. El adicto se vuelve como un niño que necesita la protección parental, o en este caso, la protección del Estado. Así, la ‘adicción’ se convierte en un concepto moral, no en una forma de daño. Es una condición que nos despoja de nuestro estatus moral.

“En varios artículos hemos sostenido que es falso ver así a la adicción. Las personas que consumen drogas no sufren de una enfermedad y no necesariamente experimentan alguna caída patológica de su fuerza de voluntad. Al consumir drogas pueden ser imprudentes o irracionales pero, a fin de cuentas, todos lo somos cotidianamente cuando consumimos comida que nos perjudica, participamos en deportes riesgosos, fumamos, bebemos alcohol o apostamos.

“Los adictos pueden darle un mayor valor al placer, o a la excitación, o al escapar de la realidad, pero sus adicciones no son muy diferentes a los deseos que todos sentimos por realizar actividades placenteras. Las personas se vuelven ‘adictas’ al juego, a los videojuegos, al Internet, al ejercicio, al sexo, a las zanahorias, al azúcar y al agua. Estas sustancias o actividades no ‘secuestran’ el cerebro — proporcionan placer utilizando los mismos circuitos cerebrales que las drogas. Cada actividad placentera es ‘adictiva’.

“La discusión pública sobre las drogas incluye los temas de la libertad, la salud y delincuencia, pero rara vez incluye el valor que tiene el placer. No tenemos que ser hedonistas para creer que el placer es uno de los bienes importantes en la vida de una persona. Una sociedad liberal debería ser neutral con respecto a los placeres que puede buscar la gente; no debería forzar a la gente a aceptar obligatoriamente una concepción particular de los placeres ‘buenos’ y ‘malos’.

“Pero más importante aún, si cada comportamiento placentero puede ser adictivo no puede haber razón alguna para suponer que los placeres que otorga el consumo de drogas son menos importantes que los placeres que proporcionan el vino y la buena comida, el alpinismo y el futbol, o navegar por la Internet. Cada una de estas cosas es placentera y, por tanto, cada uno es adictivo y cada uno puede ser perjudicial si se hace en exceso. Pero todos tenemos el derecho de satisfacernos con los placeres que consideramos valiosos, aunque cada uno de estos placeres nos ponga en riesgo de sufrir adicciones o problemas similares a las adicciones como son el alcoholismo, el uso patológico de Internet, la adicción sexual, trastorno alimenticio del atracón y muchas otras.

“El derecho a perseguir el placer justifica la legalización de la drogas, mientras que la adicción y autodestrucción no nos dan buenas razones para prohibirlas. Esa es la esencia de un sólido argumento moral contra la guerra contra las drogas.

“Queda una razón por la cual es posible obstaculizar la libertad y mantener la prohibición al consumo de las drogas. Esta razón es el interés público. Si la sociedad fuera a ser gravemente perjudicada por la liberalización de las leyes en torno a las drogas, ésta podría ser un caso extremo que justificara la prohibición al consumo. Pero nuestra experiencia (ciertamente limitada) sugiere lo contrario: Holanda parece haber reducido su problema de drogas, sin aumentar su tasa de consumo de drogas, mediante la promulgación de leyes relativamente liberales para el consumo de drogas ‘blandas’ como la marihuana. Y como Cardoso argumenta, una prohibición completa parece estar firmemente contra el interés público, manteniendo en el negocio a los barones de la droga y al consumidor y otros en una posición de grave vulnerabilidad.

“En el futuro, quizás nos liberemos de nuestros temores sobre las drogas que proporcionan placer. Podríamos utilizar la ciencia farmacológica moderna para seleccionar o incluso diseñar drogas que nos den el placer o las experiencias que buscamos, drogas que sean baratas y que no representen riesgos graves, agudos o crónicos, a la salud.

“Por el momento, la droga que podemos obtener con la mayor libertad es una de las más adictivas, una que contribuye a generar un comportamiento violento, una que produce daños crónicos a la salud, y el peor síndrome de abstinencia de todas las drogas: el alcohol.

“Ha llegado el momento de adoptar un enfoque racional hacia las drogas”.

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Fecha: 
Jueves, 05 de Noviembre 2015 - 12:00
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Controlar internet

 

Cada cierto tiempo salen propuestas de supervisión, control y supervisión de Internet y las redes sociales. Prácticamente todas ellas provienen de políticos ligados a partidos políticos en el gobierno de corte autoritario. Todas fracasan en regímenes democráticos, pero los políticos que les provoca sensibilidad la libertad del mundo digital siguen insistiendo.

Ahora le toco a México. El senador por el estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, presentó la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos. Entre las consideraciones de su iniciativa, destacan los siguientes argumentos que describen sus intenciones y preocupaciones:

“Las nuevas tecnologías y la creciente demanda de Internet resultan un campo fértil para la delincuencia, que ha encontrado nuevas formas para consumar delitos a través de medios electrónicos y tecnológicos, los cuales son aprovechados para afectar a la ciudadanía, las empresas y el gobierno…

Esto obliga a transformar también nuestro marco jurídico ya que a través de estos medios se realizan conductas humanas que tienen efectos en el mundo real, y afectan la esfera jurídica de las personas…

El incremento de los incidentes va en estricta relación con el incremento del numero de usuarios de Internet, redes sociales y medios informáticos”.

Y remata el senador Fayad para argumentar la necesidad y urgencia de esta nueva ley: actualmente 41% de los países a nivel mundial sí cuentan con legislación contra el cibercrimen.

Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos

Entre los artículos más destacados de la propuesta de ley federal están:

  • Los delitos previstos se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la federación.
  • La prevención se efectuará a través de la vigilancia de la seguridad y los derechos de las personas en la red pública de Internet y de la promoción de las denuncias.
  • La unidad especializada de la Policía Federal realizará investigación para la prevención de los delitos contenidos en la ley por lo que podrá supervisar las acciones necesarias para la investigación de los delitos electrónicos cometidos, requeridas por la autoridad competente; y gestionar la cooperación con empresas proveedoras del servicio de Internet para suspender sitios, páginas electrónicas y cualquier contenido que atenten contra la seguridad pública.
  • Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, colaborarán en la investigación de los delitos informáticos, por lo que deberán proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran las autoridades federales competentes para la investigación de los delitos informáticos.
  • Los proveedores de servicios y toda aquella institución privada que mantenga infraestructura informática para la proveeduría de servicios de telecomunicaciones y de aplicaciones en Internet, deberán conservar los datos de trafico de origen y destino de la comunicación o cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la investigación.
  • A quien acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente.
  • A quien, sin la autorización correspondiente, revele, difunda o ceda, en todo o en parte, información privada referente a imágenes, audio, video o la información sensible de usuarios, se le impondrán de seis a doce años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos días de salario mínimo vigente.
  • A quien publique, replique, comercialice, almacene o distribuya sitios web apócrifos en el territorio nacional o cualquier otro lugar fuera de él, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de 100 a 150 días de salario mínimo vigente.

Conclusión

Una iniciativa de ley controvertida, que por un lado promueve la necesidad de evitar el uso nocivo de Internet, que es una intención legítima y necesaria, pero lo hace limitando la libertad existente en el mundo digital y le otorga indebidamente facultades al gobierno federal para investigar, controlar y sancionar todo aquello que crea que atenta contra los intereses de terceros, donde los políticos son lo más sensibles.

Esta propuesta está condenada al fracaso. Más valdría promover el buen uso de los medios digitales a través de una gran campaña nacional de alfabetización digital y de su uso productivo. Lo negativo, con las buenas prácticas y la mejora de la cultura digital, se irá resolviendo. Nadie puede creer que el gobierno tenga la capacidad y la neutralidad en este caso, como tampoco lo ha sido en otros, de ser la mejor opción para vigilar y sancionar los excesos.

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Fecha: 
Martes, 03 de Noviembre 2015 - 16:00
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Del ciberacoso y las inicitivas de ley para castigar los ciberdelitos...

 

De acuerdo a datos publicados en 2013 por la Asociación Mexicana de Internet (AMPICI) en nuestro país existen alrededor de 45.1 millones de cibernautas y de ellos 15 millones tienen menos de 18 años de edad (entre 6 y 17 años), estos niños y jóvenes pasan un promedio de 5 horas frente a la computadora y otros dispositivos similares como tabletas o teléfonos inteligentes. Hay que destacar que la interacción con otros a través de las redes sociales es la actividad que más los ocupa al navegar. Más cifras: según el reporte 2015 de seguridad en hogares, Norton Online Family, los niños de México son cada vez más propensos a ser victimas del ciberacoso. Los datos de esta investigación nos dicen que en los últimos cinco años el 81% de los niños entre 12 y 17 años han declarado haber tenido alguna experiencia de acoso en la red. El 61% reporto haber sufrido una experiencia “muy mala” en internet que incluía la intimidación o chantaje por medio de imágenes de contenido sexual. Este mismo reporte señala que solo el 5% de los padres conocen qué páginas visitan frecuentemente sus hijos y si son o han sido sujetos de agresiones. Además, este fenómeno es escasamente reportado ante las autoridades y por lo tanto existe una cifra negra importante de delitos de este tipo no denunciados. Gustavo Caballero, Coordinador de la Unidad de Investigación Cibernética de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) reporta que de 2009 a la fecha la dependencia a su cargo ha recibido un número escandalosamente bajo de denuncias de ciberbullying o sexting, por ejemplo: durante 2014 solo recibió ¡una denuncia por pornografía infantil!. Y lo peor: este tipo de delitos no se encuentran tipificados aún en el Código Penal de nuestro país. Esto quiere simplemente decir que hasta el día de hoy el Estado tiene nula capacidad para limitar o castigar conductas en redes sociales que generen riesgos para niños, niñas y adolescentes. Por todo esto se debe plantear la actualización, en materia penal, procesal y de atención a víctimas de este tipo de delitos. Creo que todos estaríamos de acuerdo con ello, sin embargo las cosas siempre son más complejas de lo que parecen. Ahí les va: el senador del PRI Omar Fayad, Presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, presentó en octubre de 2015, una iniciativa al Congreso para combatir los ciberdelitos que incluye una legislación específica sobre este tipo de abusos contra niños y adolescentes que se calcula han causado pérdidas por más de 3 mil millones de dólares anualmente a empresas y particulares, por no hablar de lo verdaderamente importante: los daños emocionales y psicológicos muchas veces irreversibles de las víctimas. Pero… gran polémica se ha desatado con la llamada Ley Fayad para prevenir y sancionar delitos informáticos ya que supuestamente esta regulación pone en peligro la “libertad de expresión” y el “derecho humano a la información de los ciudadanos”. Desde luego en redes sociales esta propuesta ha sido duramente criticada y algunos legisladores de otros partidos políticos se han pronunciado contra ella. Como psicóloga debo decir que los daños emocionales que el ciberacoso y el sexting (fotos y videos de desnudos o actividad sexual de compañeros, que se suben a la red) ocasionan en los chavitos repercusiones muy graves y en México como en otros países del mundo se han dado incluso suicidios por la humillación a la que fueron sometidos estos niños por otros en internet. Por otra parte como periodista he estado, estoy y estaré por la absoluta libertad de expresión, pero… nos enfrentamos a una situación muy difícil de resolver en bien de los niños. Creo que la iniciativa del senador Fayad debe ser discutida, seguramente refraseada y discutida por expertos, pero en definitiva me parece un muy buen intento por abordar un tema de la mayor importancia ya que afecta ni más ni menos que a nuestros hijos. Yo lo felicito y creo no debemos quitar el dedo del renglón… Y mejor, la recomendación de la semana: soy fan de los restaurantes de cocina mexicana “El Bajío” en distintos puntos de la ciudad de México, pero acabo de quedar gratamente sorprendida por la remodelación de la sucursal Polanco en Alejandro Dumas 7. La terraza en el segundo piso quedó realmente estupenda, con jardín interior y toda la cosa y por su excelente ventilación se puede fumar y al mismo tiempo no padecer las inclemencias del loco tiempo de nuestra ciudad. Y bueno, de la comida ¿qué les digo?, las grandiosas enmoladas de siempre, los frijolitos refritos, el excelso guacamole, las tortillas hechas a mano y mil delicias más de nuestra asombrosa y variada cocina. En fin, vayan, se la van a pasar y a comer muy bien. Y hasta aquí hoy, y muchos besitos a los niños, especialmente a la preciosa hija de mi querida amiga Wendy que acaba de llegar a este mundo. Bienvenida. Más besitos que de costumbre y bye.

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Martes, 03 de Noviembre 2015 - 17:00
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Columnas:

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¿Saqueos?

Varios de los nuevos jefes delegacionales del Distrito Federal han denunciado que los perredistas que entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre los antecedieron en el puesto saquearon los bienes muebles e inmuebles propiedad de los gobiernos delegacionales que ahora están bajo su responsabilidad.

Las acusaciones más graves son las que desde hace meses ha hecho Ricardo Monreal, el ex gobernador perredista de Zacatecas y flamante delegado moreno de Cuauhtémoc.

A fines de julio pasado, representantes del entonces delegado electo Monreal presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) una denuncia de hechos en contra de quien fuera jefe delegacional perredista, Alejandro Fernández, y varios miembros de su equipo, por la presunta destrucción de documentos del archivo delegacional que fueron encontrados después de haber sido tirados a la basura.

Entre lo que el equipo de Monreal supuestamente recuperó de la basura había documentos relacionados a varias áreas de la delegación, entre ellas el archivo histórico, nóminas, inventarios, remisión de mercancías, control vehicular, reportes jurídicos y de gobierno, registros de mercados y padrones de ambulantes. La denuncia estaba sustentada en 50 pruebas reconstruidas, entre ellas, los fragmentos que encontraron la basura y tres bolsas que con 58,682 fragmentos de documentos públicos destruidos.

De acuerdo a los asesores legales del ahora delegado, en la denuncia podrían estar tipificados por lo menos diez delitos perpetrados por Fernández y otros ex funcionarios delegacionales.

Han transcurrido poco más de dos meses desde que se presentara la denuncia arriba detallada y el ministerio público del DF aún no ha dado a conocer algún resultado de sus pesquisas.

Hace unos días Monreal nuevamente denunció a los perredistas que entre 2012 y 2015 gobernaron la Cuauhtémoc. Dijo que la ex jefa delegacional interina, Jimena Martín del Campo y su equipo saquearon el patrimonio mueble e inmueble de la delegación. Acusó a su antecesora de llevarse hasta los botes de basura. De ser cierto lo anterior, Martín del Campo pudiera terminar en la cárcel, junto con Alejandro Fernández, quien el 7 de junio pasado perdió la elección para diputado local después de ser postulado por el PRD.

Falta ahora que Monreal presente las denuncias correspondientes contra Fernández y Martín del Campo, no solo ante la PGJDF sino ante la Contraloría General del Distrito Federal; que las denuncias estén bien sustentadas; y que tanto el MP como los investigadores de la CGDF hagan su trabajo. Mientras todo esto no suceda, solo nos quedará preguntarnos si en realidad los perredistas saquearon la delegación Cuauhtémoc o si las denuncias del nuevo delegado solo se hicieron con propósitos políticos.

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Jueves, 08 de Octubre 2015 - 12:00
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¡No pasa nada!

 

Se dice, con distintos matices y propósitos, casi todos de manera crítica, que “en México, no pasa nada, hasta que pasa”. La expresión con todos comprendida es desafortunada desde su literalidad, pues en México cotidianamente pasan cosas de trascendencia para todos, y no obstante ello, la expresión primera se podría complementar con una segunda parte: “En México no pasa nada hasta que pasa; y cuando pasa, no pasa nada”.

En nuestro país, solemos estirar la liga hasta reventarla y hay sectores o actores políticos que practican, como deporte, el estiramiento de liga: el Partido Verde con un desacato continuado a la ley; López Obrador con un discurso engañoso, usufructuado por él mismo; la CNTE con acciones desbordadas de todo orden constitucional y legal.

Como ciudadanos nos debe indignar la agresión física a la que llegaron algunos maestros de la Coordinadora, al rapar a colegas, aunque de otra corriente magisterial, que buscan una posibilidad de ascender a través de la evaluación docente que se establece en la mal llamada “Reforma Educativa”.

Lo grave del asunto es que lo ocurrido en Chiapas no es un evento aislado, sino una práctica continuada que va escalando en animosidad y agresividad: en Michoacán, hace unos días, se tomó por asalto la sede de la Secretaría de Educación en el Estado, destruyendo cuanto a su paso se atravesaba; en Julio de 2012, maestros de la CNTE agredieron a alumnos que estaban haciendo la Prueba Enlace, en la secundaria 128 de Morelia, además de otras acciones agresiva diseminadas en el territorio nacional.

Cada día los actores sociales y laborales (sindicatos), transformados en actores políticos, amenazan con “tomar acciones radicales” si no se consiguen o se les conceden soluciones a demandas, muchas de ellas injustificadas.

Cuando se escarba un poco, sólo un poco, afloran las verdaderas motivaciones de las “protestas”, paros, bloqueos, etc. La organización Mexicanos Primero denunció el lunes pasado en la PGR, con demanda de investigación, al líder de la Sección 22 de la CNTE, en Oaxaca, Rubén Núñez Gines, demandando que se le investigue por cobrar, de manera ilegal, un sueldo no devengado en el aula, con dos plazas.

Se ha tratado de desvirtuar la verdadera naturaleza del conflicto, bajo la premisa de que es solamente un acto de libertad de expresión y manifestación, sin embargo, parte de sus acciones en muchos casos han trasgredido esa barrera y pasan a constituirse en delitos como daño en las cosas y agresiones físicas a personas, éste último, delito que se persigue de oficio.

Aunque es trascendente saber el origen de estas prácticas que dañan el estado de derecho y, en el caso de la CNTE, el proceso educativo de miles de infantes (sin olvidar las acciones que puedan constituir delitos del orden penal), es más valioso que la sociedad vea que hay reacciones apegadas a derecho que tengan como finalidad terminar con los abusos de los integrantes de la CNTE y de otros actores.

Es necesario, insisto, que veamos que hay una respuesta clara y contundente de la autoridad, no sólo educativa, sino de la procuración de justicia y de la de gobernación. Sí pasan cosas en México. Los hechos generalmente afloran y la demanda es que haya consecuencias apegadas a derecho, cuando sean hechos constitutivos de delitos.

Fecha: 
Sábado, 11 de Julio 2015 - 10:00
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Mismos problemas, nuevas soluciones

A pesar de que está en el interés de la población en general que las prisiones mexicanas reinserten a los delincuentes a la sociedad, al momento de hablar de recursos destinados a esta tarea, muchos no están de acuerdo en invertir más en quienes purgan una condena. Frente a esta problemática, los Bonos de Impacto Social (BIS) representan una solución innovadora para financiar, tanto programas de prevención terciaria, como de otros ámbitos.

¿Qué son los bonos de impacto social y cómo funcionan?

Los bonos de impacto social[1] son contratos de colaboración público-privada (por lo general involucran a un gobierno, inversionistas y organizaciones o empresas que proveen algún servicio social). A pesar de que no existe un modelo único de funcionamiento de estos bonos, la relación entre estos actores generalmente se da de la siguiente manera:

  • Los gobiernos identifican los problemas sociales más urgentes y establecen un contrato con un organismo que fungirá como intermediario.
  • El contrato establece los detalles de la inversión, los objetivos del programa social, los indicadores y los montos que otorgará el gobierno, entre otros.
  • El intermediario se encarga de buscar inversionistas que aporten recursos para llevar a cabo un programa.
  • Organizaciones o empresas sociales que cuentan con experiencia en el problema que se atenderá o que son parte de un programa exitoso, reciben el financiamiento otorgado por los inversionistas para llevar a cabo el programa.
  • Un evaluador externo valora el cumplimiento de los objetivos del programa y resuelve las disputas que surjan.
  • Si los objetivos se cumplen, los inversionistas reciben del gobierno los pagos acordados en el contrato (la inversión inicial más un rendimiento).[2]

La estructura puede resultar compleja, pero los BIS tienen beneficios como:

  • Los gobiernos transfieren los riesgos de éxito del programa a los inversionistas, ya que el pago está condicionado al cumplimiento de objetivos preestablecidos.
  • Favorece que el diseño de los proyectos se haga en base a resultados, pues los gobiernos pagan por los resultados, no por las actividades o productos.
  • Aun cuando el gobierno deba reembolsar y pagar a los inversionistas, el éxito del programa le permitirá ahorrar los costos en los que incurriría a largo plazo de no haber afrontado el problema.
  • Los programas incorporan capital y conocimiento técnico del sector privado.
  • Los inversionistas pueden obtener retorno de sus inversiones a la par de contribuir a un bien público.[3]

Una idea innovadora para las prisiones

El primer Bono de Impacto Social fue lanzado en la prisión de Peterborough en el Reino Unido en el año 2010, justamente con el objetivo de prevenir la reincidencia delictiva de quienes son liberados:

captura_de_pantalla_2015-05-26_15.15.53.pngFuente: Elaboración propia en base a http://data.gov.uk/sib_knowledge_box/ministry-justice-offenders-released-peterborough-prison

El proyecto resulta rentable, dado que, en caso de cumplirse el objetivo, el pago que el gobierno realizaría a los inversionistas sería menor al costo que conlleva mantener a un individuo en la cárcel (£40,000 de inicio + £40,000 cada año en prisión). QinetiQ y la Universidad de Leicester han fungido como evaluadores externos del programa, y han encontrado que, aun cuando la reincidencia se ha reducido en 8.4% en la primera fase, no es suficiente para pagar a los inversionistas. Sin embargo, el programa termina hasta 2016, por lo cual es posible que sea exitoso.[4]

Un modelo replicable

Proyectos similares se han implementado en prisiones de Nueva York y Massachusetts, también orientados a disminuir la reincidencia, con la participación de donatarias como Bloomberg y Rockefeller foundation.

Los BIS también se han replicado en otro tipo de programas orientados a la juventud en desventaja, desarrollo infantil, personas sin hogar y desempleo de migrantes, principalmente en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Israel, Canadá, Holanda, Bélgica y Alemania.[5]

Incluso, existe una adaptación para países menos desarrollados, los Bonos de Impacto en el Desarrollo, cuya diferencia radica en que no sólo los gobiernos pueden realizar pagos por los resultados a los inversionistas, sino también otros donantes (agencias de desarrollo, organismos internacionales, otros gobiernos, etc.).[6]

Y en México… ¿cuándo?

Todavía no se desarrollan programas bajo el modelo de Bono de Impacto Social, pero existen dos proyectos con características similares, desarrollados por Instiglio, y que podrían sentar las bases para que dicho esquema se implemente en México. A diferencia de un BIS, estos proyectos no contemplan la figura del inversionista privado.

  • El DIF de Chiapas ha acordado pagar a Escalera, una ONG de educación de alto rendimiento, un monto por cada año adicional de matrícula por estudiante apoyado de preparatoria. Esto debido a que en México, cada año de educación adicional incrementa el ingreso del estudiante en 12% durante el resto de su vida.[7]
  • En otro proyecto que se encuentra en etapa de diseño, el IMSS pagará a proveedores de servicios de salud (ganadores de la licitación) según la calidad del cuidado de pacientes de Diabetes tipo 2, medido a través de indicadores relacionados al progreso de éstos. Esto evitará a las familias y al gobierno incurrir en los altos costos que conlleva dicha enfermedad a largo plazo.[8]

Conclusiones

Las restricciones presupuestarias impulsan ideas innovadoras, como los Bonos de Impacto Social, para tratar los problemas que aquejan a la sociedad. Éstos esquemas no sólo reducen los gastos del gobierno, sino que pueden ser más exitosos en lograr sus objetivos, al incorporar prácticas de gestión del sector privado, la experiencia de organizaciones que trabajan en el campo al que se dirige el proyecto y un enfoque basado en los resultados, no en las actividades.

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[1] En inglés también son conocidos como pay-for-success bonds.

[2] http://harvardmagazine.com/2013/07/social-impact-bonds

[3] http://www.ampres.com.mx/pdf_2014/07Bonosdeimpactosocial_AlbertoBucardo.pdf

[4] http://www.thirdsector.co.uk/peterborough-prison-social-impact-bond-pilo...

[5]https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=967a27dc69da2df3&id=documents&re... y http://data.gov.uk/sib_knowledge_box/map

[6] http://www.cgdev.org/sites/default/files/Development%20Impact%20Bonds%20...

[7] http://www.instiglio.org/es/juventud-en-mexico/

[8] http://www.instiglio.org/es/diabetes-en-mexico/

Fecha: 
Martes, 26 de Mayo 2015 - 17:30
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¡Maldita impunidad!

De los 59 países incluidos en el Índice de Impunidad Global elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) solo hay uno en donde haya más casos de impunidad que en México y es Filipinas, otro país que seguramente aprendió mucho del asunto durante los 377 años (1521-1898) en que fue una colonia española.

Ocupar el nada honroso lugar 58 de 59 posibles no debe sorprendernos. Después de todo, la impunidad con que actúan la mayoría de los delincuentes en nuestro país está más que comprobado.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 realizada por el INEGI, en 2013 se cometieron aproximadamente 33.1 millones de delitos de los cuales solo 6.2% merecieron el inicio de una averiguación previa por parte de algún ministerio público federal o estatal. O sea, 31 millones de delitos ni siquiera merecieron ser investigados. Es obvio que los delincuentes que los cometieron no recibieron su castigo.

Lo peor del caso es que la mayoría de las víctimas, sabedoras de que de nada sirve denunciar el delito, se abstienen de hacerlo. De acuerdo a la misma ENVIPE 2014, nueve de cada 10 delitos no son denunciados por las víctimas por razones que van desde el miedo a represalias hasta la desconfianza en las autoridades.

Peor aún, de cada 100 casos denunciados solo se inició averiguación de 70, quedando impunes 30 probables delitos.

Ante toda la evidencia que señala la pésima situación, lo único que hacen nuestros gobernantes es aprobar leyes que seguramente serán ignoradas de la misma manera que lo fueron las que supuestamente no sirvieron para remediar el problema.

Los datos que contiene el Índice de Impunidad Global muestran claramente que el problema no se resolverá con nueva legislación sino invirtiendo una gran cantidad de recursos económicos, humanos y materiales para lograr que el país tenga policías muy bien pagados y la cantidad adecuada de juzgadores, por citar algunos aspectos.

Ahora bien, si los recursos son aplicados de la misma manera en que se han aplicado cientos de miles de millones de pesos en el corrupto sector educativo nacional, nada ocurrirá y la impunidad seguirá siendo una maldición que afecta a todos los mexicanos.

¡Maldita impunidad!

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Fecha: 
Viernes, 24 de Abril 2015 - 12:00
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Carmen Aristegui vs. MVS. Delitos electorales. Cuauhtémoc Gutiérrez y las denuncias en su contra

En esta ocasión me acompañan Tere Vale y Bernardino Esparza. Los temas que abordamos esta noche fueron:

  • Carmen Aristegui vs MVS
  • Los Delitos Electorales 
  • Cuauhtémoc Gutiérrez y las denuncias "falsas o reales"


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Fecha: 
Lunes, 23 de Marzo 2015 - 19:00
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Los delitos electorales del servidor público

Al momento de celebrar las elecciones en nuestro país, se  dice que fluye como tema común, la utilización de los recursos públicos por parte del servidor público a favor del partido político que milita, y por ende, de sus candidatos. En otras palabras para la promoción del voto, se utilizan, los bienes materiales y humanos de las dependencias gubernamentales; computadoras, automóviles, programas sociales, empleados y demás menesteres.

Es sin duda, uno de los temas recurrentes en las campañas electorales. A unos días de que formalmente inicien las campañas de los partidos políticos y sus candidatos a diputados federales, cabe destacar que el servidor público que  utilice los recursos públicos, en tal sentido, entonces, tal y como lo describe la Ley General de Delitos Electorales, será sujeto a la imposición de doscientos a cuatrocientos días de multa y con prisión de dos a nueve años de prisión.

Mejor dicho, las conductas sancionadas por la ley corresponden cuando el servidor público, por ejemplo:

Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición; condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Asimismo, estimado lector, dice le Ley de Delitos Electorales que cuando  el servidor público, destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado; proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores; solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o bien, no entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.

En definitiva, querido lector, quizá Usted sea servidor público, y por si acaso es subordinado de su jefe, pues observe y prevenga no caer en algunas o en todas las conductas típicas de los delitos electorales.

Al tiempo, tiempo… 

Fecha: 
Miércoles, 25 de Marzo 2015 - 17:30
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