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Rosi Orozco, Presidenta de la Comisión Unidos vs. la Trata

 Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos vs la Trata, comenta la gravedad de este delito en nuestro país.

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Fecha: 
Martes, 28 de Julio 2015 - 21:00
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Rosi Orozco, Presidenta de la Comisión Unidos vs. la Trata

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Korenfeld (1)

Todo empezó el 27 de marzo pasado cuando Ignacio Vizcaíno Tapia, un vecino del fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, tomó unas fotografías que luego publicó en su cuenta de Facebook. En ellas se ve a un hombre, una mujer y tres niños bajar de una camioneta para abordar un helicóptero que lleva varios minutos esperándolos en un lugar del fraccionamiento. También se ve que varias maletas son bajadas de la camioneta y subidas a la aeronave.

Las fotografías se hicieron virales en pocas horas y se supo que el helicóptero está al servicio de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y que quienes aparecen en las fotos son el director general del organismo, David Korenfeld y su familia.

Cuatro días después, el 31 de marzo, la Coordinación General de Comunicación y Cultura del Agua de la propia CONAGUA informó que los familiares de Korenfeld “lo acompañaban al aeropuerto de la Ciudad de México para que él asistiese a un tema de índole médico”.

Ante lo anunciado por la CONAGUA muchos nos preguntamos si era realmente necesario que Korenfeld usara un helicóptero para ir a ver a su médico. Es más, nos preguntamos si las maletas que se subieron al helicóptero significaba que su familia lo iba a acompañar durante su estancia en algún hospital.

Un día después, el 1 de abril, a las 15:05 horas, el mismo Korenfeld, por medio de un mensaje de su cuenta de Twitter (@David_Korenfeld) confirmó la información que un día antes difundió la CONAGUA y escribió: “Tal y como se informó, el estado de salud de mi rodilla y cadera se han ido agravando y requiero tratamiento médico”. Ese tuit venía acompañado por una fotografía de su nada atractiva rodilla enfundada en una férula.

Instantes después de ese tuit mandó otro que decía: “Cometí un error inexcusable al utilizar un helicóptero de Conagua para transportarme al AICM. Ofrezco por ello una disculpa pública”.

Y, a las 15:06, otro tuit en donde anotaba: “He procedido a cubrir el costo por la utilización del helicóptero, mediante depósito a la Tesorería de la Federación”.

En lo que los tuits de Korenfeld se refiere, cabe hacerse las siguientes preguntas:

1. ¿Cometió un error inexcusable o el uso del helicóptero era o es una práctica habitual del funcionario? De acuerdo a los vecinos de Bosque Real, el helicóptero aterrizaba con frecuencia en su fraccionamiento, causando la molestia de los habitantes de la zona. Es decir, no fue un error inexcusable el que cometió solo ese día Korenfeld, sino uno que cometió muchas veces. Por ello, Korenfeld mintió en ese tuit.

2. ¿Cuánto pagó por el uso del helicóptero ese día? De acuerdo a los que saben, la hora de vuelo de un helicóptero como el que ese día usó Korenfeld cuesta entre tres y cuatro mil dólares. ¿Cuánto pagó por ese día? ¿Cuánto debería pagar por todas las veces que lo usó para fines personales o para no molestarse en ir a su oficina por tierra?

El escándalo surgido en torno al uso familiar del helicóptero de CONAGUA se hizo más grande cuando días después se supo que el 27 de marzo Korenfeld no iba rumbo al hospital sino a un destino mucho más agradable y exclusivo.

De este asunto seguiré escribiendo mañana.

Foto: 24 horas

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Fecha: 
Lunes, 06 de Abril 2015 - 12:00
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¿El temor y la intimidación son actos que atentan contra las instituciones democráticas?

El proceso electoral del 2014-2015 continúa mediante la organización de las elecciones federales y locales. Y, conforme avanza la organización se nos dice –en diversos medios de comunicación- que el Instituto Nacional Electoral (INE) organiza un plan alterno en Oaxaca ante la amenaza de la disidencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en cerrar las escuelas donde se instalaran las mesas de casilla para la votación del próximo 7 de junio. 

De las cinco mil 228 casillas aprobadas por las Juntas Distritales Ejecutivas, mil 183 son las casillas que se instalarán en escuelas públicas y privadas. Lugar, al parecer controlado por la sección magisterial.

Sin embargo, aunque el INE disponga con reubicar las casillas, es decir, que ante tal amenaza ubique nuevos domicilios para instalar las casillas en lugar de los planteles escolares, y con ello se pretenda otorgar solución a la amenaza, es posible que no sea suficiente, pues resulta que no solo se pretende instalar casillas  en las escuelas, también se colocaran casillas en domicilios particulares, en oficinas y en lugares públicos. 

En otras palabras, con todo y cambio de domicilio en la instalación de las casillas, parece indicar que la CNTE prosiguiera impulsando la idea y muy probablemente la practica en llevar a cabo el bloqueo de la realización de los próximos  comicios. 

¿Será posible que la CNTE logre su objetivo? ¿Será posible que otros sectores de la sociedad impidan la instalación de las casillas?

Mientras la amenaza se cumple, esperemos que no sea así, en materia de delitos electorales la Ley General refiere que “se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión  de seis meses a tres años a quien: “Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla”.

Además, estimado lector, determina la ley de delitos electorales que: “Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad”. Asimismo, con independencia de las conductas que correspondan por la comisión de otros delitos.

Así que, querido lector, la actitud de quienes pretenden boicotear la realización de las próximas elecciones, es una actitud que atenta contra el funcionamiento de las instituciones democráticas, y por ende, transgrede el derecho al sufragio y voto de los mexicanos.  

Fecha: 
Martes, 24 de Marzo 2015 - 17:00
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¡Me bloquearon mi celular en el reclusorio!

Los internos de los reclusorios y de establecimientos de internamiento para menores están preocupados, ya que no pueden hacer llamadas telefónicas.

En efecto, sin duda, ellos podrían alegar que dicha prohibición es contraria a lo estipulado en la Constitución para lograr su reinserción social, ya que ahora, por ley, les reprime efectuar llamadas telefónicas para extorsionar, y por el contrario, en dado caso que las hagan, se tendrá conocimiento de su llamada por medio de un informe semestral.

Si bien es cierto que la Constitución señala que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”, también es cierto que el disponer de un aparato de teléfono para comunicarse por vía telefónica al exterior de la correccional donde se encuentra, no es un derecho que dispongan y menos para que realicen llamadas y extorsionen a su interlocutor. 

En efecto, los legisladores en la Cámara de Diputados aprobaron reformar el artículo 31 de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el propósito “de establecer que las autoridades responsables de la operación de los equipos, y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, entreguen un informe semestral sobre su uso a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, con el objetivo de inhibir las extorsiones”.

Así, se dice que dicha reforma plantea “que este informe esté en concordancia con lo establecido en el artículo 190, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual establece la cancelación o anulación de manera permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social y establecimientos de internamiento para menores”.

En tal contexto, se alude que en este año 5 mil 416 ciudadanos han sido víctimas del delito de extorsión. El delito de extorsión, estipula el Código Penal Federal, se castiga con la pena privativa de la libertad de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa. La conducta por la que se aplica la referida pena, “es al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

Por consiguiente, se tendrá que rendir el informe semestral y que efectivamente sean bloqueadas las señales de los celulares. El delito de extorsión es asociado con otras conductas delictivas, por ejemplo con el delito el secuestro. La extorsión es un delito de alto impacto, y por ende, los datos del Inegi, en el 2012, se reportaron 5 millones 994, 034 casos de extorsión.  

Estimado lector, en alguna ocasión recibimos cualquier llamada de extorsión. El delincuente llama a tu teléfono y pone una voz diciéndote “abuelita, papá, mamá, tío, tía, ayúdame”. Por ayudar a tu supuesto pariente sobresaltas, es brutal, no sabes que hacer. En fin, es una problemática común que imperiosamente se tiene que erradicar.

Así que, querido lector, esperemos, que pronto entre en vigencia la referida reforma legal, y de tal forma el delito de extorsión no sea una realidad.

Al tiempo, tiempo...

Fecha: 
Miércoles, 10 de Diciembre 2014 - 17:00
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Navarrete nos da su versión de la renuncia de Cardenas, la devaluación del peso y la violencia contra las mujeres

El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, nos da su versión de la renuncia de Cuauhtémoc Cardenas a ese partido. Confirma que no habrá alianza PAN-PRD en Sonora. Nuestro economista en jefe, Antonio Castro Quiroz, nos explica el por qué de la devaluación del peso y qué puede pasarle a nuestra debilitada moneda durante las próximas semanas. En el estudio me acompañan Kenia López Rabadán y Álvaro Rattinger y comentamos sobre la salida de Cárdenas del PRD; la violencia contra las mujeres; y como la Suprema Corte de Estados Unidos analiza si es delito o no lanzar amenazas por redes sociales. Tere Vale y yo discutimos sobre la herencia política y el futuro de Cárdenas y la izquierda mexicana.

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Fecha: 
Miércoles, 26 de Noviembre 2014 - 19:30
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¿Quiere usted ser Candidato Independiente?

Coexisten dos caminos para aspirar a el cargo de elección popular a diputado federal en el 2015. Uno reside en que un partido político lo registre como su candidato, una vez obtenido el triunfo en la precandidatura interna. Y, el otro es la candidatura  independiente, esto es sin tener que pasar por el proceso de precampaña interna en un partido político. Por eso son candidaturas independientes, candidaturas sin partido.

Para ambas candidaturas es fundamental, como bien se sabe, utilizar recursos económicos. Al respecto nos dicen, que el Instituto Nacional Electoral (INE), fijará como tope de gastos de precampaña en precandidato de partido, la cantidad de 224 mil 074.72 pesos. Asimismo, que las precampañas iniciarán el 10 de enero para concluir, a más tardar, el 18 de febrero de 2015.   

Por un lado el INE determina los topes de gasto de campaña para los precandidatos en las elecciones internas de los diez partidos registrados actualmente. Sin embargo, aún no lo hace para los topes de gastos de campaña de las candidaturas independientes. Para tal efecto, primero  se requiere que el INE elabore y emita la convocatoria dirigida a los ciudadanos en postularse como Candidato Independiente. Por ley, en la convocatoria tendrá que establecer los cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los formatos para ello.

El problema por el momento no es  determinar el tope de gastos de campaña, por el contrario, uno de los problemas en lo particular es cómo prevenir la filtración de los recursos de procedencia ilícita en los actos de precampaña de los precandidatos en las elecciones internas de los partidos y en los aspirantes a candidatos independientes, y sobre todo, porque los aspirantes a  candidatos independientes se financiarán con recursos privados en sus actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, siempre y cuando, dice la ley electoral, que esos recursos sean de “origen licito”.

Ahora bien, la ley prevé mecanismos de fiscalización para el manejo del dinero en ambos procesos. Por ejemplo, para los aspirantes de candidaturas independientes tendrán que designar a la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición de informes correspondientes, así como proporcionar a la autoridad electoral los datos de identificación de la cuenta bancaria que utiliza para el manejo de los recursos de su candidatura, y los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano.

La ley además, nos dice que el INE establecerá convenios de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la unidad administrativa competente en materia de inteligencia financiera, para prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos que realicen los organismos o dependencias de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios durante cualquier proceso electoral.

Y, para tales efectos, la SHCP deberá informar al INE de las operaciones financieras que involucren disposiciones en efectivo y que de conformidad con las leyes y disposiciones de carácter general que en materia de prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, se consideren relevantes o inusuales.

Así, por tanto, por su parte la ley en materia de delitos electorales señala que se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por encargo de otra persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. No obstante, la citada pena se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

Estimado lector, al parecer los mecanismos legales para descubrir  los recursos de procedencia ilícita en las precampañas de los partidos que inician en el mes de enero próximo están regulados, pero, pero, pero; ¿cómo se podrán fiscalizar los recursos privados utilizados por los aspirantes de candidaturas independientes cuando no sean reportados en las cuentas bancarias? La respuesta es un tanto complicada, porque el problema es acreditar la conducta, es decir, al momento de cometer el ilícito.              

Así, qué, querido candidato, Usted disculpe, mejor dicho, lector, ya iniciaron los actos preparatorios de la jornada electoral del 2015, con establecer los topes de gastos de las precampañas internas de los partidos para elegir a sus candidatos, pero, pero, pero no se preocupe, si Usted quiere ser Candidato Independiente, es mejor utilizar recursos lícitos, pero también no se preocupe, pues aún no se publica la convocatoria para realizar los actos de los aspirantes a candidatos independientes, será porque, también nos dicen, que el INE aún no dispone de la plataforma tecnológica que se encargará del nuevo sistema de contabilidad en línea de la fiscalización de las precampañas y campañas.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Martes, 14 de Octubre 2014 - 19:00
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A revisión los candidatos y candidatas de dudosa procedencia

A unos días que inicie el proceso electoral del 2014-2015 (7 de octubre) a los legisladores les preocupa que no se filtre a los procesos electorales candidatos y candidatas a cargos de elección popular que provengan de actividades del narcotráfico.

En el mes de mayo se publicaron tres leyes en materia electoral, que por lo visto en su contenido no prevén mecanismos legales para reglamentar requisitos de revisión e investigación absoluta de la existencia de una persona cuyo propósito sea participar como candidato y/o candidata a un cargo del elección popular, a través de la selección y designación de un partido político o de su registro a una candidatura independiente.

Por lo visto es un problema que ahora tendrá que darse una solución rápida, pues el proceso electoral inicia el próximo martes.

A razón de dicha problemática, se dice que el presidente y coordinadores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados proponen las siguientes soluciones.

Para el legislador Silvano Aureoles, se dice, que sería que para designar a los candidatos de un partido se debería solicitar la intervención de las instancias de inteligencia, por ejemplo, entre otras, el Cisen, la Secretaría de la Defensa Nacional, con el interés que ellas emitan la opinión de la idoneidad del perfil de un candidato o candidata.

Por su parte el legislador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, destaca que “todos los partidos políticos están obligados a hacer un análisis e investigación de los cuadros que presentan a la población, buscando que sean votados”.

Para el legislador del PAN, José Isabel Trejo Reyes, al menos lo que trata de decir, resulta, que hay que tener cuidado (con los sistemas de inteligencia), “…porque para eso también existen las instancias judiciales correspondientes. Imposible que un ciudadano pueda investigar por sí mismo y sacar sus conclusiones”.

Y, para el legislador del PRD Miguel Alonso Raya, según se dice, que se incluya en la nueva Fiscalía General de la República, una instancia de delitos electorales para que se le entregue una lista de candidatos y candidatas y que sean revisados los que tienen antecedentes.

Pues, bien, el problema de revisar los antecedentes personales de candidatos y candidatas, es decir,  saber que son personas de buena reputación en la sociedad y que no se encuentran involucrados con personas que se dedican al narcotráfico, es un problema al parecer que los legisladores no contemplaron en las leyes con mecanismos para revisar su proceder, y por tanto, al ser vinculados con actividades del narcotráfico, incluir la conducta como sanción penal, sobre todo, que la actual ley de delitos electorales no la menciona.

La ley de delitos electorales solamente señala que se “impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

Por tanto, se aprecia un lío, utilizar los sistemas de inteligencia y/o que la nueva fiscalía encargada de la persecución de los delitos investigue los antecedentes de los candidatos.

Estimado lector, sin duda, los legisladores tienen una tarea pendiente, que sin duda, también se les olvido elaborar e incluir en las recientes leyes electorales establecer mecanismos idóneos para seleccionar candidatos y candidatas independientes y de partido idóneos, y que no estén vinculados con la delincuencia organizada.

Así, qué, querido lector, quizá los partidos y el INE implementen por su cuenta la utilización de algún mecanismo idóneo para constatar la confiabilidad de las personas que buscan un cargo de elección popular para las próximas elecciones. 

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Viernes, 03 de Octubre 2014 - 18:00
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