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delincuencia organizada

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¿Por qué los mataron?

Mucho se ha dicho y escrito sobre los violentos sucesos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio, y en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre.

Con base en la información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR) sabemos que en Tlatlaya tres soldados mataron a 22 criminales. De acuerdo al procurador general, Jesús Murillo Karam, 14 perdieron la vida durante la balacera y ocho fueron asesinados con sus propias armas después de rendirse. También sabemos que el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, mintió el 17 de julio al asegurar que sus investigaciones mostraban que cada uno de los 22 perdió la vida al enfrentarse a los militares.

Sabemos que en Iguala una veintena de policías municipales mató a seis personas y secuestró a 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. También, que cerca de Iguala se han encontrado varias tumbas clandestinas de donde se han rescatado 28 cadáveres que aún no han sido identificados. Sabemos que el presidente municipal perredista de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y el jefe de la policía municipal de Iguala están prófugos después de que el gobernador perredista de Guerrero, el expriísta Ángel Aguirre Rivero, no hizo nada para prevenir su fuga apenas se supo de que aparentemente estaban involucrados en los asesinatos y secuestros.

Lo que no sabemos es por qué mataron a los 21 en Tlatlaya, ni por qué los policías municipales de Iguala dispararon en contra de los autobuses en donde iban los estudiantes de Ayotzinapa y los jóvenes jugadores del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo. Tampoco sabemos por qué los policías, aparentemente apoyados por miembros de la banda criminal Guerreros Unidos, se llevaron a los 43 normalistas. Asimismo ignoramos porque el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Procuraduría General de Justicia de Guerrero no actuaron contra Abarca y sus cómplices hace meses, cuando se enteraron de que estaban involucrados con la delincuencia organizada.

En lo que al caso Tlatlaya se refiere, personas que están enteradas del asunto me dicen que los soldados mataron a los 22 para vengar a militares y policías que han muerto al ser emboscados por criminales o al enfrentarse a alguna de las distintas bandas de la delincuencia organizada que operan en los municipios de Tlatlaya, Luvianos, Amatepec y Tejupilco, en la Tierra Caliente mexiquense. Lo que nadie me ha podido o querido decir es si los militares actuaron por su cuenta o acatando órdenes superiores.

La pregunta de por qué agredieron a balazos a los normalistas y por qué secuestraron a 47 de ellos sigue sin respuesta. La única explicación lógica es que tal vez algunos de los estudiantes estaban de alguna manera afectando las actividades criminales y los negocios de los Guerreros Unidos, del prófugo José Luis Abarca, su esposa y de quién sabe cuántos otros funcionarios involucrados con esta y otras bandas criminales.

La investigación de ambos casos está en manos de la PGR y del ministerio público federal y supuestamente permitirá que, tarde o temprano, se conozca la verdad, caiga quien caiga.

Foto: http://media.proceso.com.mx/

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Fecha: 
Martes, 14 de Octubre 2014 - 12:00
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Se buscan candidatas y candidatos de buena reputación

El viernes 3 de octubre publiqué en este mismo espacio el tema denominado “A revisión los candidatos y candidatas de dudosa procedencia”. El tema de fondo es el mecanismo por el cual los partidos políticos utilizan para elegir en una primera etapa a sus precandidatos para luego designarles como sus candidatos a cargos de elección popular, y por tanto, que los mecanismos sean eficaces para postular candidatas y candidatos confiables, esto es sin tener vínculos con la delincuencia organizada.

El 7 de octubre comenzó el proceso electoral de 2014-2015,  y comentaba en el citado tema, que a los legisladores les preocupa que no se filtre a los procesos electorales candidatas y candidatos a cargos de elección popular que provengan de actividades del narcotráfico.

Y, a razón de dicha problemática, se dice que el presidente y coordinadores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados han formulado diversas propuestas para otorgar la idoneidad del perfil de una candidata o candidato. Por ejemplo, para  el PRD la intervención de instancias de inteligencia, entre otras el Cisen, y/o inclusive que se incluya en la nueva Fiscalía General de la República, una instancia de delitos electorales para que se le entregue una lista de candidatas y candidatos y que sean revisados los que tienen antecedentes; para el PRI, es una obligación de todos los partidos de analizar e investigar cuadros que presentan a la población, buscando que sean votados; para el PAN, que hay que tener cuidado con los sistemas de inteligencia, porque para eso también existen las instancias judiciales correspondientes. Imposible que un ciudadano pueda investigar por sí mismo y sacar sus conclusiones.    

Pues, bien, el tema persiste, y ahora más, pues también nos dicen que en esta semana el PRD en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa de ley con el propósito de crear una Fiscalía Especializada para la Investigación de Datos Personales de Candidatos a Cargos de Elección Popular y Funcionarios del Servicio Público Federal, Estatal y Municipal, como parte de la estructura de la PGR, y para que sea la encargada de investigar a candidatas y candidatos a diversos cargos de elección popular de quienes se sospeche de vínculos con el crimen organizado.

En definitiva, como bien lo señalé en mi escrito del 3 de octubre que los legisladores tienen una tarea pendiente, que sin duda, también se les olvido elaborar e incluir en las recientes leyes electorales con establecer mecanismos idóneos para seleccionar candidatas y candidatos idóneos  a los cargos de elección popular.  

En síntesis, se aprecia un lío, es decir, utilizar los sistemas de inteligencia y/o que la nueva fiscalía encargada exclusivamente de la persecución de los delitos, además con la creación dentro de su estructura, tenga una fiscalía que investigue los antecedentes de las candidatas y candidatos para el proceso electoral 2014-2015, sobre todo, porque no es posible por el momento reformar las leyes electorales, y aunque se conseguirá por los legisladores hacer los cambios legales en el periodo ordinario (sept-dic 2014), sería imposible, entre otras razones, la de aplicar los procedimientos a los candidatas y candidatos, ya que el pasado 7 de octubre el proceso electoral emprendió camino rumbo al 7 de junio del próximo año, por tanto, imposible su aplicación, y por tanto, sería para el año 2018.

Estimado lector, por lo menos los tres partidos principales el PRI, el PRD y el PAN, disponen en sus estatutos reglas especificas para saber los antecedentes calificados de buena reputación de sus candidatas y candidatos.

Así, qué, estimado lector, por lo pronto están vigentes las reglas del proceso electoral del 2014-2015, y con ellas tienen que participar los partidos políticos.

Al tiempo, tiempo...

Fecha: 
Lunes, 13 de Octubre 2014 - 18:00
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Iguala, un caso más de violencia e impunidad

Nuevamente el estado de Guerrero, en específico la Ciudad de Iguala, se ha convertido en el foco de atención no sólo de autoridades, sino de la sociedad nacional e internacional, quienes exigen se esclarezca el ataque a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa por parte de autoridades federales y municipales, cuando intentaban regresar a su escuela tras un boteo que realizaron en el centro de la ciudad donde recababan fondos para su tradicional marcha del 2 de octubre, derivado de estos hechos, el viernes 26 de septiembre perdieron lamentablemente la vida 6 personas, 17 resultaron heridos gravemente, y aproximadamente 43 personas más se encuentran desaparecidas, muchos de ellos sin estar involucrados en los hechos, y siendo víctimas de las circunstancias, como el caso de los futbolistas del club “El Avispón”.

Un municipio donde mucho pasa y nada se sabe, ese en el que la máxima autoridad José Luis Abarca Velázquez tiene supuestos nexos con la delincuencia organizada, ligándose a su familia política con el cartel de Arturo Beltrán Leyva, promovía a su esposa como próxima presidenta municipal, contaba con denuncias en su contra por homicidio y de quien poco se sabe cómo obtuvo sus riquezas, decidió simplemente no enterarse de lo sucedido porque se encontraba en un baile festejando el segundo informe de labores de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa al frente del DIF, presentando poco después licencia al cargo de alcalde para evadir sus responsabilidades y huir.

Debido a ello, la Procuraduría del estado inició sus investigaciones sobre el asunto, -buscando incluso casa por casa a los desaparecidos sin encontrar un sólo indicio-, la cual mediante una llamada anónima acudió a investigar unas fosas clandestinas donde aparentemente se encontraron más de 25 cuerpos calcinados pertenecientes a los normalistas, mientras esto sucedía, el Gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero se encontraba en el IX Consejo Nacional del PRD donde se renovó su dirigencia nacional. Es lamentable para quienes conocemos y amamos al estado de Guerrero, que a las autoridades les interese más un evento político social que atender los problemas que aquejan a sus pobladores.

El fiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco, en conferencia de prensa, informó que la policía municipal actuó en contubernio con la delincuencia organizada, declarando que la orden de detener a los normalistas la dio el director de seguridad pública municipal, Francisco Salgado Valladares.

El gobierno federal tras no contar con los mejores resultados de la Procuraduría estatal, decidió acompañar y asumir las tareas de seguridad pública en el municipio de Iguala mediante la División de Gendarmería de la Policía Federal, teniendo como objetivo principal contribuir a la búsqueda y localización de los estudiantes, decisión anunciada el lunes pasado por el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García.

Sin embargo, no es la primera vez que se recurre a la intervención del ejército, marina y policía federal en estados en los que se ha detectado el crimen organizado; como antecedente tenemos a Tamaulipas, entidad que hasta el día de hoy presenta enfrentamientos entre la delincuencia y la policía; o casos como Nuevo León, Michoacán, Coahuila, Veracruz, Sinaloa, Durango, Chihuahua o Zacatecas donde sus índices delictivos, sobre todo los homicidios, secuestros y extorsiones han ido a la alza en los últimos años.

Estos hechos denotan que existe una deficiencia en la capacitación policial, no se cuenta con una instrucción adecuada sobre el uso de la fuerza y sobre todo, no existe la presunción de inocencia, por lo que aún queda mucho por investigar en esta lamentable situación en la que una vez más se encuentran ligadas las autoridades con el crimen organizado, y que hacen que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones y sus gobernantes.

Fecha: 
Miércoles, 08 de Octubre 2014 - 17:00
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¿Para qué sirve el CISEN?

 

El Articulo 19 de la Ley de Seguridad Nacional señala cuáles son las 11 atribuciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CIEN). Entre éstas destacan las siguientes:

I. Operar tareas de inteligencia como parte del sistema de seguridad nacional que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad y a fortalecer el estado de derecho;

II. Procesar la información que generen sus operaciones, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del país;

III. Preparar estudios de carácter político, económico, social y demás que se relacionen con sus atribuciones, así como aquellos que sean necesarios para alertar sobre los riesgos y amenazas a la seguridad nacional;

V. Proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el estado de derecho;

Si observamos lo que sucede con preocupante regularidad en nuestro país, es obvio que el CISEN no está cumpliendo cabalmente con las tareas que la Ley de Seguridad Nacional le señala en su Artículo 19.

Si no, ¿de qué otra manera puede explicarse que tantos funcionarios estén involucrados con la delincuencia organizada o se presuma que lo están?

Si el CISEN hiciera su tarea eficazmente es más que probable que no estaríamos viendo como con un número cada vez mayor de funcionarios y exfuncionarios y empresarios son acusados de pertenecer o estar vinculados con algún cártel de narcotraficantes u otra organización criminal. Como van las cosas, no nos sorprendamos cuando se relacione con el hampa a algún gobernador en funciones o un empresario importante; alguno de aquellos que se mencionan en los corrillos políticos y empresariales.

Ayer se difundió en diversos medios de comunicación la siguiente nota: “Un informe interno del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) vincula con la delincuencia organizada al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca. Señala que el edil forjó vínculos, a través de sus cuñados y su suegra, con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y se detectaron actividades de lavado de dinero y prestanombres, con lo que se pudo adquirir empresas e inmuebles sobre todo en Iguala, Taxco y otros municipios del norte de Guerrero. El reporte sostiene que con recursos también del cártel se erigió la Plaza Galerías Tamarindos”.

Suponiendo que el contenido de la nota periodística sea real y verdadera, me pregunto por qué el CISEN no denunció desde hace tiempo al hoy prófugo presidente municipal perredista con licencia. Si ya tenía los elementos para denunciarlo ante el ministerio público federal, ¿por qué no lo hizo? De haber actuado cuando tenía que hacerlo, es probable que la policía municipal de Iguala no hubiera asesinado a seis personas y secuestrado y probablemente matado a casi una veintena de estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

¿Para qué sirve el CISEN si tiene en sus manos información que puede prevenir más delitos y muertos y no actúa?

Si tenía información sobre los vínculos de Abarca con la delincuencia es probable que también la tuviera sobre varios presidentes municipales michoacanos que se han reunido con el jefe de los Caballeros Templarios y quién sabe de cuántos funcionarios y empresarios relacionados con grupos criminales.

¿Para qué sirve el CISEN?

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Fecha: 
Miércoles, 08 de Octubre 2014 - 12:00
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Guerrero Fallido

Por medio del buscador Google solicito el número de páginas web que contengan la frase “violencia Guerrero”. En 0.37 segundos obtengo el resultado: 6,340,000.

En seguida ingreso la frase “violencia Yucatán” y en 0.47 segundos obtengo la respuesta: 1,620,000 páginas.

Luego la frase “violencia Estado de México” y en 1.76 segundos se que son 5,440,000 páginas.

Después escribo “violencia Michoacán” y en solo 0.41 aparece el resultado: 6,800,000.

Consulto en INEGI las tasas de homicidios para 2012 y 2013, es decir el número de homicidios cometidos por cada 100,000 habitantes. La tasa promedio para todo el país fue de 22 en 2012 y de 19 en 2013.

En 2013, por estados, Guerrero ocupa el primer lugar, con una tasa de 63, seguido por Chihuahua con 59, Sinaloa con 41 y Tamaulipas con 46. En 2012, el primer lugar lo ocupó Chihuahua con 77, en segundo estuvo Guerrero con 76, en tercero Sinaloa con 48 y en cuarto Tamaulipas con 26.

Yucatán registró una tasa de 2 en ambos años. En el Estado de México y en Michoacán la tasa subió de 18 en 2012 a 20 en 2013.

La Organización Mundial de la Salud señala que una tasa de homicidio superior a 10 significa que existe una epidemia de homicidios en la zona en donde se registre dicha tasa.

De acuerdo a esta definición, hay una epidemia de homicidios en los estados de la República que registran tasas superiores a 10 y son: Baja California (23), Chihuahua (59), Coahuila (27), Colima (32), Distrito Federal (12), Guerrero (63), Jalisco (19), México (20), Michoacán (20), Morelos (33), Nayarit (18), Nuevo León (18), Oaxaca (19), Quintana Roo (11), San Luis Potosí (11), Sinaloa (41), Sonora (23), Tamaulipas (26) y Zacatecas (28).

Ahora bien, hay lugares en donde la tasa de homicidios descendió notablemente entre 2012 y 2013. En Nuevo León, por ejemplo, descendió de 38 a 18, en Tamaulipas de 46 a 26, en Chihuahua de 77 a 59, en Coahuila de 41 a 27, en Durango de 48 a 24. Es decir, que cuando se quiere, se puede. En 2010, la tasa fue de 85 en Sinaloa y hoy es de 41.

Y cuando no se quiere, pues no se puede. En Guerrero la tasa de homicidios en 2010 fue de 45. Al siguiente año, 2011, llegó Ángel Aguirre a la gubernatura y desde entonces las tasa se elevó aún más: a 70 en 2011 y a 76 en 2012 . En 2013 bajó a 63 y como van las cosas podrían aumentar en 2014.

Es evidente que se cometen muchos homicidios en gran parte del país, pero en Guerrero las cosas han llegado a niveles terribles. Si fuera un país independiente ocuparía el segundo lugar en la lista de países según su tasas de homicidios después de Honduras, que con una tasa de 90 está en el primer lugar.

Honduras es un país fallido. Guerrero es un estado fallido.

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Martes, 07 de Octubre 2014 - 12:00
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A revisión los candidatos y candidatas de dudosa procedencia

A unos días que inicie el proceso electoral del 2014-2015 (7 de octubre) a los legisladores les preocupa que no se filtre a los procesos electorales candidatos y candidatas a cargos de elección popular que provengan de actividades del narcotráfico.

En el mes de mayo se publicaron tres leyes en materia electoral, que por lo visto en su contenido no prevén mecanismos legales para reglamentar requisitos de revisión e investigación absoluta de la existencia de una persona cuyo propósito sea participar como candidato y/o candidata a un cargo del elección popular, a través de la selección y designación de un partido político o de su registro a una candidatura independiente.

Por lo visto es un problema que ahora tendrá que darse una solución rápida, pues el proceso electoral inicia el próximo martes.

A razón de dicha problemática, se dice que el presidente y coordinadores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados proponen las siguientes soluciones.

Para el legislador Silvano Aureoles, se dice, que sería que para designar a los candidatos de un partido se debería solicitar la intervención de las instancias de inteligencia, por ejemplo, entre otras, el Cisen, la Secretaría de la Defensa Nacional, con el interés que ellas emitan la opinión de la idoneidad del perfil de un candidato o candidata.

Por su parte el legislador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, destaca que “todos los partidos políticos están obligados a hacer un análisis e investigación de los cuadros que presentan a la población, buscando que sean votados”.

Para el legislador del PAN, José Isabel Trejo Reyes, al menos lo que trata de decir, resulta, que hay que tener cuidado (con los sistemas de inteligencia), “…porque para eso también existen las instancias judiciales correspondientes. Imposible que un ciudadano pueda investigar por sí mismo y sacar sus conclusiones”.

Y, para el legislador del PRD Miguel Alonso Raya, según se dice, que se incluya en la nueva Fiscalía General de la República, una instancia de delitos electorales para que se le entregue una lista de candidatos y candidatas y que sean revisados los que tienen antecedentes.

Pues, bien, el problema de revisar los antecedentes personales de candidatos y candidatas, es decir,  saber que son personas de buena reputación en la sociedad y que no se encuentran involucrados con personas que se dedican al narcotráfico, es un problema al parecer que los legisladores no contemplaron en las leyes con mecanismos para revisar su proceder, y por tanto, al ser vinculados con actividades del narcotráfico, incluir la conducta como sanción penal, sobre todo, que la actual ley de delitos electorales no la menciona.

La ley de delitos electorales solamente señala que se “impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

Por tanto, se aprecia un lío, utilizar los sistemas de inteligencia y/o que la nueva fiscalía encargada de la persecución de los delitos investigue los antecedentes de los candidatos.

Estimado lector, sin duda, los legisladores tienen una tarea pendiente, que sin duda, también se les olvido elaborar e incluir en las recientes leyes electorales establecer mecanismos idóneos para seleccionar candidatos y candidatas independientes y de partido idóneos, y que no estén vinculados con la delincuencia organizada.

Así, qué, querido lector, quizá los partidos y el INE implementen por su cuenta la utilización de algún mecanismo idóneo para constatar la confiabilidad de las personas que buscan un cargo de elección popular para las próximas elecciones. 

Al tiempo, tiempo…

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Viernes, 03 de Octubre 2014 - 18:00
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En Entrevista: José Reveles, Periodista

El experto en asuntos de delincuencia organizada, José Reveles, nos explica que significa la captura del narco Héctor Beltrán Leyva.

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Jueves, 02 de Octubre 2014 - 20:00
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En Entrevista: José Reveles, Periodista

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Mi programa:

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La captura del narco Beltrán Leyva, 49 años del grupo Mocedades y funcionarios incompetentes

El experto en asuntos de delincuencia organizada, José Reveles, nos explica que significa la captura del narco Héctor Beltrán Leyva. En el estudio la fundadora de Mocedades, Izaskun Uranga, habla sobre los 49 años de vida del grupo y qué podemos esperar del concierto que junto con el Trío Los Panchos, ofrecerá Mocedades mañana 3 de octubre a las 21 horas en el Teatro Metropolitan de la CDMX. En el estudio Mariana Campos y Bernardino Esparza, comentan conmigo sobre los funcionarios incompetentes, la rendición de cuentas y la revisión de leyes que afectan el sistema de ahorro para el retiro. Luis G y G nos presenta el nuevo smartphone de Blackberry. Desde San Antonio, TX, la doctora Josefina Ruiz-Healy nos explica que riesgo corremos de contraer el virus del ébola.

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Jueves, 02 de Octubre 2014 - 19:30
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Mi programa:

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Ángel Aguirre Rivero, funesto

El 13 de octubre de 1997, en el periódico electrónico ¡Buenos Días! Fax/Internet, escribí lo siguiente: “Irresponsable. Desidioso. Valemadrista. Sólo así puede describirse la conducta asumida por el gobierno de Guerrero que encabeza el cacique Ángel Heladio Aguirre Rivero, antes de la llegada de Pauline. Si este sujeto, que llegó al poder por obra y gracia de la salida de Rubén Figueroa y no por ningún mérito propio, hubiera dedicado la misma atención a Pauline que la que dedica a organizar sus fiestas y francachelas, hoy no habría cientos de guerrerenses muertos. Habría muertos, indudablemente, pero no tantos. El próximo año, cuando Aguirre Rivero esté celebrando su cumpleaños con 2 mil invitados, o el de su hija, con 1,500, como lo hizo hace tiempo, ¿se acordará de los paisanos que por su culpa perdieron lo más valioso que poseían: su vida?”.

El 31 de enero de 2011 escribí aquí en torno a las elecciones locales efectuadas un día antes en Guerrero. Concluí mi columna escribiendo que “no importaba quien ganara la elección guerrerense en vista de que todos los candidatos fueron paridos por el PRI y el sistema político mexicano. Dentro de su ADN político está el hacer las cosas como las hicieron sus predecesores: mal y sin importarles realmente la realidad y el futuro de millones de pobres y miserables que ayer, nuevamente, acudieron a las urnas para votar por aquél que más les prometió o más regalos les dio. Por eso no importa quien sea el próximo gobernador de Guerrero. Bajo su gobierno las cosas no cambiarán”.

Un día después, el 1 de febrero de 2011, al referirme nuevamente a las elecciones guerrerenses y a Ángel Aguirre Rivero, el candidato ganador de la gubernatura, anoté que “Finalmente, perdieron los guerrerenses porque su próximo gobernador actuará igual que todos los que antes gobernaron a ese miserable y violento estado. Y perdimos todos los mexicanos, porque esta muestra de democracia a la mexicana sólo demostró, una vez más, que generalmente ganan elecciones los más tramposos, marranos y adinerados”.

Desde ese 1 de febrero no volví a escribir sobre Aguirre Rivero, uno de los personajes más funestos de la política mexicana. Lo anterior no significa que no me haya referido a él varias veces en mis programas de radio y TV. He comentado sus problemas con la bebida o su cada vez más grave ludopatía. Lo critiqué cuando dijo que en Guerrero nunca habría policías de calidad como en Suiza. Después de que el huracán Ingrid causó graves daños en Guerrero, el 15 de septiembre del año pasado, lo acusé de no hacer nada para prevenir a los guerrerenses sobre la tragedia que se cernía sobre ellos y le recordé al público que la misma desidia e irresponsabilidad demostró cuando Paulina destrozó a Acapulco en octubre de 1997, cuando era gobernador interino priísta. No he dejado de mencionar como la delincuencia sigue asolando a los guerrerenses ante la mirada complaciente de su gobernador.

Por todo lo anterior no deben sorprender a nadie los hechos violentos que han ocurrido durante los últimos días en Guerrero. Personas aparentemente asesinadas por policías de Iguala, un municipio gobernado por un perredista que parece estar relacionado familiarmente con capos de la delincuencia, jóvenes deportistas agredidos a balazos, decenas de desaparecidos.

“No importa quien sea el próximo gobernador de Guerrero. Bajo su gobierno las cosas no cambiarán”. Lo escribí en enero de 2011. Lástima que no me haya equivocado.

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Martes, 30 de Septiembre 2014 - 12:00
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La Gendarmería, ¿una policía más? ¿funcionará?

Hoy arranca la Gendarmería Nacional. 5,000 gendarmes cuya edad promedio es de 29 años se integrarán a la Policía Federal. Su misión: combatir a la delincuencia en aquellos lugares en donde las actividades criminales afecten los ciclos económicos de diversos sectores productivos como el agrícola, el ganadero, el minero o el industrial. La efectividad de lo que será la séptima división de la Policía Federal se verá en los precios finales de los productos que adquirimos los consumidores, los cuales se encarecen desmedidamente por el costo que significa la delincuencia.

Los 5,000 nuevos gendarmes nacionales fueron seleccionados de entre 130,000 hombres y mujeres que presentaron su solicitud. Esto significa que tuvieron que pasar por un estricto proceso diseñado para disminuir las probabilidades de que entre ellos haya individuos con antecedentes penales o delincuentes en potencia. Ninguno de ellos ha sido policía o militar y su entrenamiento para ser gendarme duró un año. De entrada ganarán 14,000 pesos mensuales y gozarán de un fácil acceso a créditos hipotecarios, servicios médicos de calidad y seguro de vida que en caso de fallecimiento dejen en una cómoda situación económica a sus familias.

Junto con las demás divisiones de la Policía Federal (Seguridad regional, Fuerzas Federales de Apoyo, Investigación, Investigación Antidrogas, Inteligencia y Policía Científica), la Gendarmería deberá trabajar para reducir los elevados índices delincuenciales que desde hace años ha afectado la vida de todos los mexicanos.

Son 326 individuos quienes estarán al mando de los 5,000. De acuerdo a la información disponible, todos ellos son policías con un promedio de 6 años de experiencia  y de probada y comprobada honestidad. Para su nueva responsabilidad fueron capacitados por expertos de Colombia, Francia, Italia y España. Su edad promedio es de 36 años, 78% de ellos tiene estudios de licenciatura o postgrado y 13% son mujeres.

La Gendarmería Nacional parece ser, por lo menos en papel, una policía diferente a las que hasta la fecha he conocido en México. La información disponible permite suponer que ha sido diseñada y creada con una óptica diferente a la que prevaleció desde 1821 y permitió la existencia de corporaciones policíacas francamente criminales que, lejos de darle seguridad a los mexicanos, los ha atemorizado, extorsionado, robado y muchas veces asesinado.

La fuerza policíaca que hoy inicia sus actividades seguramente será percibida con desconfianza por la mayoría de los mexicanos que hemos sido víctimas de los abusos, prepotencia y actos criminales de quienes pertenecen a las incontables corporaciones que hoy existen, como son las policías municipales, estatales, federales, bancarias, industriales, auxiliares y privadas.

¿Funcionará la nueva Gendarmería Nacional? No deberá pasar mucho tiempo para que podamos conocer sus logros o fracasos.

Deseo sinceramente que funcione, por el bien de mi persona y del país.

Foto: Contextos Digital

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Viernes, 22 de Agosto 2014 - 12:00