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La noche triste de la elite gobernante en Iguala

Iguala mostró a propios y extraños la decadencia del sistema político, centrado en la corrupción y la violación de la legalidad (impunidad), donde es una pieza crucial el contubernio entre políticos y mercaderes de lo lícito y lo ilícito. También revela el fracaso del modelo de negocios mexicano, cuyo leitmotiv es la depredación de la naturaleza y la pauperización de la gente. Nadie de la elite gobernante (políticos y empresarios) sale bien librado de esta crisis sistémica. Es su noche triste porque se colapsa su modo de vida y de operar. Para adelante la disyuntiva es una profunda reforma política, económica y social o el riesgo de implosión que, si lo vemos a la luz de la historia, el escenario puede ser un creciente desorden general, que es la antesala de movimientos populistas autoritarios, ya sea de izquierda o derecha.

¿Por qué es terminal la crisis que estalló en Guerrero? Porque acabó con el crédito público de políticos y partidos, como revela la agresión a un tótem de la izquierda (Cárdenas) y el escándalo que rodea al otro caudillo (AMLO). En las marchas, el grito y los carteles de fuera a todos es una señal de la distancia entre la gente y los políticos. A los partidos se les ve como cómplices o subordinados de las mafias, corruptos e ineptos: el PRI ya no puede presumir que sí sabe gobernar; el PAN no tiene cara para enarbolar la bandera de la moral pública y la legalidad, y el PRD extravió sus credenciales de defensor de las causas populares: los hechos demuestran que vende su alma al diablo con tal de ampliar sus parcelas de poder. Los niveles de gobierno también están rebasados: gobernadores y munícipes sólo figuran en la nómina.

El gobierno federal igualmente sale muy lastimado: si no lo quería ver, ahora es claro que la política contra el crimen y las drogas, herencia de Calderón, es un fracaso: ha generado más violencia y criminalidad; los cuerpos de inteligencia están rebasados; la PGR y Segob son cómplices por omisión, pues conocían los hechos en Iguala; las desapariciones, primero, y el subsecuente vandalismo demuelen la imagen global de México: los órganos de inteligencia extranjeros están preocupados por la creciente amenaza de un Estado fallido en la trastienda de la mayor potencia del mundo; la caída de los precios del petróleo puede frenar la inversión extranjera en energía. En suma, la elite política está contra la pared. En otras crisis, como la zapatista en 1994, reaccionó bien. Ojalá que en esta ocasión impere su instinto de sobrevivencia e impulse profundos cambios institucionales y legales, cuyos ejes sean el combate a la corrupción, la impunidad y la injusticia.

Fecha: 
Jueves, 30 de Octubre 2014 - 17:30
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Desaparecidos y Extraviados

El 21 de agosto pasado, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, informó en conferencia de prensa que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “recibió con corte al 30 de noviembre de 2012, un total de 26,121 registros de personas no localizadas… Derivado de la actualización acordada con las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas, dicha cifra se llegó a incrementar hasta 29,707 personas no localizadas. Como resultado de las acciones realizadas por las entidades federativas para la localización de personas y depuración de registros en el marco de la política integral antes mencionada, al 31 de julio de 2014 se reporta que se han localizado 17,175 personas de esa lista, de las cuales 16,274 se encontraron con vida y continúan las acciones de búsqueda de 12,532 personas”.

Al referirse a los desaparecidos durante la administración peñista, Benítez dijo que “por lo que se refiere a los registros ingresados a partir del 1 de diciembre de 2012 con corte al 31 de julio de 2014, las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas han reportado a esa fecha, la localización de 13,444 personas, de las cuales 12,821 se localizaron con vida, es decir el 95 por ciento. Por tanto, se continúa trabajando para localizar a 9 mil 790 personas”.

Es decir, que al 31 de julio estaban desaparecidas 12,532 personas que se esfumaron durante el sexenio de Felipe Calderón más 9,790 durante el actual gobierno. En total 22,322, más los que se hayan acumulado desde el 1 de agosto, incluyendo entre estos a los 43 normalistas guerrerenses que fueron desaparecidos el 26 de septiembre pasado.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Tamaulipas es el estado que registra el mayor número de desapariciones, 4,875 hasta el 31 de julio pasado o el 22% del total. Le siguen Jalisco, con 2,113 (9.5%); Estado de México, con 1,554 (7%), Distrito Federal, con 1,450 (6.5%); y Coahuila, con 1,332 (6%).

Sin embargo, los números absolutos no indican la realidad que prevalece en cada estado. Para conocer mejor lo que sucede es necesario analizar las tasas de desaparecidos por cada 100,000 habitantes. De acuerdo a esta medición, tenemos que la tasa promedio nacional es de 19.9 desaparecidos y que los estados que rebasan este promedio son: Tamaulipas (149.1), Coahuila (48.5), Sinaloa (46.6), Baja California (39.9), Colima (36.9), Chihuahua (33.1), Jalisco (28.7), Durango (23.5), Guanajuato (22.0), Michoacán (21.9) y Nuevo León (21.1).

El Distrito Federal y el Estado de México reportan un alto número de desaparecidos por ser las entidades más pobladas, pero registran tasas inferiores al promedio: de 16.4 el primero y 10.2 el segundo.

En algunos estados donde claramente se siente la presencia del crimen organizado, la desaparición de personas no representa aún un problema. En Veracruz la tasa es de 6.5, en Morelos de 3.5 y en Nayarit de 1.0.

Alguien dirá que las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no reflejan la realidad y tal vez tengan razón, pero estos son los datos oficiales y por ello los únicos que nos permiten conocer la realidad.

Sea como sea, los números presentan una realidad aterradora. Son datos que suelen verse en países en donde existe una guerra. En Ucrania, por ejemplo, país que vive una guerra civil y una invasión de rusos, el número oficial de desaparecidos es de 375.

Los mexicanos deberíamos protestar y marchar no solo por los 43 desparecidos de Ayotzinapa sino por las más de 23,322 personas que no aparecen por ningún lado. El gobierno de Peña Nieto debe trabajar más arduamente para resolver estos casos.

Foto: desaparecidos-altebrown.blogspot.mx

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Fecha: 
Martes, 28 de Octubre 2014 - 12:00
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Salvador Rogelio Ortega Martínez

En Guerrero sucedió lo mismo que hace cuatro meses en Michoacán: el Congreso local, acatando los acuerdos logrados entre los dirigentes nacionales del PRD y del PRI, designó como gobernador sustituto a Salvador Rogelio Ortega Martínez, un académico que aparentemente será capaz de restablecer cierta paz y cordura en el estado.

Sin embargo, hay una diferencia entre el michoacano Salvador Jara Guerrero y el guerrerense Ortega Martínez. El primero nunca ha militado en un partido político ni había ocupado un cargo gubernamental antes de ser gobernador, mientras que el segundo es de filiación perredista y desempeñó, aunque brevemente, dos cargos públicos. En 2005 colaboró en el gobierno del perredista Zeferino Torreblanca Galindo, primero como Subsecretario de Educación Media Superior y Superior y luego como Coordinador para la Reforma Política en Guerrero.

Como subsecretario, Galindo fue de alguna manera responsable del funcionamiento de la tristemente célebre escuela normal de Ayotzinapa, aunque su permanencia en ese cargo fue demasiado breve para realmente poder alterar la realidad de la misma. Lo mismo puede decirse de su paso en el órgano encargado de realizar una reforma política en su estado.

Fuera de su breve experiencia en el sector público, Ortega Martínez es un académico de carrera.

De 59 años de edad y originario de Taxco, estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), e Historia en la Escuela Normal Superior de la misma UAG. Luego, en la Universidad Complutense de Madrid la maestría en Estudios Iberoamericanos y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociología.

Desde 1976 a la fecha fue maestro e investigador en la UAG y ocupó diversos cargos administrativos dentro de dicha universidad. Hasta ayer era el secretario general de la misma.

Lo primero que deberá hacer como gobernador es aclarar lo que ocurrió en Iguala el 26 de septiembre pasado y determinar que le pasó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa que ese día fueron secuestrados por policías municipales de Iguala y Cocula. En su primer discurso como jefe del Ejecutivo guerrerense dijo: “Nos empeñemos en la búsqueda de los muchachos y le pediremos al presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto que nos ayude, que Guerrero necesita en este momento de todos los recursos de las instituciones del Estado mexicano”. 

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¡Y ya!”, exclamó Ortega ante los diputados locales, a pesar de que la idea que prevalece entre quienes investigan el caso es que ninguno de los 43 sigue con vida después de más de un mes de haber sido secuestrados y entregados a sicarios de la banda Guerreros Unidos.

Algo que también deberá hacer cuanto antes es meter orden en Guerrero utilizando, como él mismo lo dijo, “todos los recursos de las instituciones del Estado mexicano”. La destrucción, el pillaje y el saqueo que hemos visto en los últimos días no pueden continuar y quienes destruyan propiedades públicas y privadas deben responder por sus acciones.

Por si lo anterior fuera poco, el nuevo gobernador guerrerense también deberá empezar a actuar contra la corrupción que virtualmente ha liquidado a Guerrero.

El tiempo dirá si Rogelio Ortega Martínez fue una buena elección para suceder en el cargo al inepto y corrupto Ángel Aguirre.

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Lunes, 27 de Octubre 2014 - 12:00
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Iguala: ¿cómo? ¿quiénes? ¿cuántos? ¿dónde? ¿por qué?

En lo que al caso Iguala se refiere existe mucha confusión en la mayoría de las personas con quienes he hablado desde el 27 de septiembre. Por eso es bueno revisar lo que ayer dijo al respecto el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Esto es lo más relevante de lo que informó en conferencia de prensa:

1. “… lo acontecido el 26 de septiembre en Iguala constituyó una represión violenta por parte de las policías de Iguala y Cocula, dirigidos por el grupo delincuencial que ya está muy señalado [Guerreros Unidos], con la intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento de celebración que el alcalde y su esposa estaban realizando esa noche en Iguala, con motivo del informe de la segunda.

2. “… se tiene acreditado el modo de operar y los móviles del grupo delictivo de las policías y funcionarios de Iguala y Cocula; se tiene acreditado el aval de acción dado por Sidronio Casarrubias [líder de Guerreros Unidos capturado el 18 de octubre] a los elementos; se tiene acreditado el lugar donde los detenidos fueron entregados a este grupo delincuencial; se tiene plenamente identificados y acreditados a los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada....

3. “Se tiene detenido al líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, que se encuentra ya recluido en el CEFERESO número 1 del Altiplano; se solicitaron las órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, la señora Pineda Villa y el Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, en su calidad de probables responsables como autores intelectuales de los hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre, independientemente de la consignación que se les ha hecho por el homicidio de Arturo Hernández Cardona en mayo de 2013.

4. “Hoy ya se tienen identificados, por lo menos a tres de los integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos, que recibieron a los retenidos por los policías de Cocula e Iguala, y asimismo, conocemos el camino por el cual fueron internados a un paraje.

5. “La detención de estos criminales es determinante para el propósito fundamental de esta investigación, dar con el paradero de los estudiantes no localizados.

6. “Con las investigaciones realizadas se tienen detenidas y consignadas a 52 personas entre policías locales, funcionarios municipales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, de quien incluso se capturó a su líder máximo”.

Con base en lo dado a conocer ayer por Murillo Karam, me pregunto:

1. ¿Los estudiantes de Ayotzinapa fueron reprimidos en venganza porque en julio de 2013 agredieron el palacio municipal de Iguala?

2. ¿Fueron agredidos porque los Guerreros Unidos creyeron que eran miembros de la banda de Los Rojos?

3. ¿Fueron agredidos porque algunos o todos los normalistas que fueron a Iguala en cuatro autobuses que secuestraron, hiriendo antes al chofer de uno de ellos, tenían algún tipo de vínculo con Los Rojos?

4. ¿Por qué después de ser agredidos y capturados por policías de Iguala y Cocula se decidió secuestrar a los estudiantes? ¿Quién decidió secuestrarlos, Sidronio Casarrubias o el presidente municipal Abarca o su esposa?

5. ¿De qué manera fueron llevados los 43 estudiantes a la zona de Pueblo Viejo para ser entregados ahí a los Guerreros Unidos? ¿Cuántos policías participaron en la operación? ¿Caben 43 personas en la caja de la camioneta de redilas? ¿Cuántas patrullas se utilizaron, además de la camioneta para transportar a los estudiantes secuestrados y sus secuestradores?

6. Si ya tienen al líder de los Guerreros Unidos, quien supuestamente fue el autor material del secuestro ordenado por él o Abarca o su esposa, ¿por qué no aparecen los 43 normalistas? ¿Es que los tres miembros de Guerreros Unidos que los recibieron en Pueblo Viejo no le reportaron a su jefe, Sidronio Casarrubias, a dónde los llevaron y qué hicieron con ellos? ¿Es que ninguno de los 52 detenidos sabe qué paso con ellos?

Foto: www.ejecentral.com.mx

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Jueves, 23 de Octubre 2014 - 12:00
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Los narcos mexicanos, ¿peores que el ISIL?

Tristemente, en México nos hemos acostumbrado a la violencia, a la muerte y a la impunidad. Los delitos que antes nos escandalizaban y aterrorizaban ya no nos causan la menor sorpresa porque se han vuelto eventos cotidianos. Que en un día se cometan 30, 40 o 50 homicidios ya no nos espanta y somos espectadores pasivos de lo que ocurre en muchos lugares del país. Lo peor de todo es que no vemos para cuando la fuerza del Estado se impondrá sobre la fuerza de los delincuentes organizados.

Un artículo que leí ayer en el sitio de la agencia árabe de noticias Al Jazeera, basada en el emirato árabe de Catar, me hizo regresar abruptamente a la horrible realidad a que ya me había acostumbrado junto con decenas de millones de mexicanos.

Escrito por Musa al-Gharbi (@Musa_alGharbi), maestro en del Departamento de Gobierno y Servicio Público de la Universidad de Arizona, e intitulado “Los cárteles de la droga mexicanos son peores que el ISIL”, el artículo asevera que el fanático y fundamentalista Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL por sus siglas en inglés) que se ha apoderado de una extensa zona de Irak y Siria representa para Estados Unidos un peligro menor que el de los cárteles mexicanos del narco.

Se puede estar de acuerdo o no con el punto de vista de al-Gharbi, pero los números que anota en su análisis son para darle miedo a cualquiera. Por ejemplo:

“Naciones Unidas calcula que desde que los soldados de ISIL invadieron Irak, en 2014, casi 9,000 civiles han muerto y 17,386 han sido heridos. Pero en 2013 los cárteles de la droga mataron a más de 16,000 personas solo en México, y a otros 60,000 entre 2006 y 2012, una tasa de un homicidio cada media hora durante los últimos siete años”.

“Mientras que los militantes islámicos han matado a un puñado de periodistas, los cárteles han asesinado a unos 57 desde 2006 por reportar sobre los cárteles criminales o exhibir la complicidad del gobierno con los criminales”,

“El ISIL decapitó a dos estadounidenses este verano… además, un Marine murió combatiendo a este grupo. En contraste, los cárteles mataron a 293 estadounidenses entre 2007 y 2010 y han atacado consulados de Estados Unidos repetidamente. Es indudable que las decapitaciones por ISIL son escandalosas pero los cárteles torturaron, desmembraron y luego cocinaron a un estadounidense que capturaron…”.

“Los narcos han infiltrado a por lo menos 3,000 ciudades de Estados Unidos y están reclutando para sus organizaciones a muchos estadounidenses, incluyendo a soldados y oficiales de las fuerzas del orden … Ahora controlan más del 80% del tráfico ilícito de drogas en Estados Unidos y sus principales agentes están presentes en virtualmente todas las áreas metropolitanas. No hay evaluaciones serias que indiquen que el ISIL pueda lograr un nivel de penetración similar en Estados Unidos”.

El artículo se refiere así al caso de Iguala: “En septiembre, con la aparente ayuda de policías locales, los cárteles secuestraron y asesinaron a 43 estudiantes de una escuela normal cerca del pueblo de Iguala como respuesta a protestas estudiantiles. Una búsqueda en la zona ha descubierto numerosas tumbas masivas que contienen los cuerpos mutilados y quemados hasta hacerlos irreconocibles, pero no se ha confirmado que algunos de los restos sean de los estudiantes”.

Personalmente creo que ISIL representa un mayor peligro para Estados Unidos por diversas razones que no enumeraré en este espacio. Pero me queda claro que los niveles de violencia en México han alcanzado niveles peligrosos que pueden poner en riesgo la estabilidad de todo el país.

El gobierno de Enrique Peña nieto está obligado a actuar con inteligencia y decisión contra la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Si no lo hace, todas sus reformas podrían no aterrizar nunca.

El artículo de Al Jazeera puede leerse en http://america.aljazeera.com/opinions/2014/10/isil-vs-mexican-drugcartelsunitedstatesislamophobia.html

Foto: oswaldo

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Miércoles, 22 de Octubre 2014 - 12:00
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¿De qué y por qué nos sorprendemos?

Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala son los municipios guerrerenses que desde el pasado fin de semana no tienen policías. El domingo, los policías municipales fueron desarmados por soldados y policías federales. También fueron obligados entregar sus armas los directores y subdirectores de seguridad pública de cada uno de esos municipios. Lo mismo ocurrió en el muy turístico municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal.

En total 13 municipios, 12 de Guerrero y uno del Estado de México, cuyos habitantes y sus bienes son ahora protegidos por el Ejército y la Policía Federal.

El Comisionado Nacional de seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, informó que en la investigación de los seis asesinatos y 43 secuestros perpetrados en Iguala el 26 de septiembre se han descubierto situaciones irregulares en algunas policías municipales de las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero, así como en el de Ixtapan de la Sal.

La semana pasada sucedió lo mismo en los municipios de Iguala y Cocula, también en Guerrero.

Lo que estamos viendo en el estado que sigue gobernando Ángel Aguirre gracias al apoyo incondicional que está recibiendo del PRD, es similar a lo que hemos atestiguado en decenas de municipios de otros estados, como son Michoacán, Tamaulipas o Veracruz.

Ante lo que está ocurriendo nadie puede sorprenderse. Desde siempre han sido corruptas las corporaciones policíacas mexicanas, sean federales, estatales o municipales. La historia nos demuestra que los agentes policíacos de todos los niveles generalmente han sido individuos de poca o nula integridad.

Los gobernantes de este país les fallaron a nuestros ancestros y nos han fallado a nosotros al permitir la existencia de corporaciones policíacas como las que están siendo intervenidas por las fuerzas armadas y la Policía Federal. Presidentes de la república, gobernadores, jefes de gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales no solamente toleraron sino que promovieron a policías corruptos.

¿Quién puede olvidar que el jefe de la policía del Distrito Federal durante la presidencia de José López Portillo fue su amigo, un criminal y asesino llamado Arturo Durazo? ¿Quién puede ignorar que los gobernadores y presidentes municipales desde tiempo inmemorial han utilizado a los policías estatales y municipales como sus guardias personales y fuentes de fabulosos ingresos ilícitos?

Lo que ha sucedido en cada uno de los municipios intervenidos por la Policía Federal, el Ejército o la Marina sucede en muchos municipios más, algunos de ellos en el Estado de México y dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Por razones políticas sus policías y directores de Seguridad Pública no han sido desarmados, removidos y, si procede, consignados ante un juez. El caso de Ecatepec es el mejor ejemplo de un gobierno municipal totalmente rebasado por la delincuencia.

Por todo esto, nadie tiene por qué ni de qué sorprenderse de lo que ocurre en los municipios de este país.

Foto: www.fox.com

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Martes, 21 de Octubre 2014 - 12:00
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Cambió la percepción del país

Para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto las cosas iban muy bien hasta que hace un mes empezaron a ir mal.

El 17 de septiembre cambió el ambiente de optimismo y la percepción de la realidad nacional dio un giro.

Ese día la revista Esquire Latinoamérica publicó un articulo titulado “Exclusiva: Testigo revela ejecuciones en el Estado de México - Una testigo dice a Esquire que el ejército ejecutó a 21 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México”.

Desde entonces han ocurrido sucesos que han derrumbado la imagen de paz y tranquilidad que el gobierno federal tan cuidadosamente construyó desde 1l de diciembre de 2012, cuando decidió minimizar las noticias relacionadas con la delincuencia organizada y maximizar las que tenían que ver con el Pacto por México y las reformas que los tres principales partidos políticos acordaron discutir y aprobar en el Congreso.

En solo un mes los mexicanos nos enteramos que hay un municipio mexiquense llamado Tlatlaya en donde bandas criminales operan con virtual impunidad y que a una veintena de supuestos delincuentes se les acabó la vida cuando el 30 de junio pasado tres soldados los mataron a sangre fría dentro de una bodega en la comunidad rural de San Pedro Limón.

Nueve días después, el 26 de septiembre, el caos y la corrupción que imperan en Guerrero salieron a flote después de que la policía municipal de Iguala matara a seis personas, entre ellos a tres estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y secuestrara a 43 normalistas.

Hoy, la opinión pública nacional e internacional sabe que el ex presidente municipal perredista de Iguala, su esposa y su jefe de la policía, todos ellos prófugos, aparentemente estaban asociados a una banda criminal llamada Guerreros Unidos; que la policía del municipio trabajaba para los delincuentes; que otro presidente municipal, el priísta de Cocula y su jefe de policía fueron arrestados por sus posibles nexos con los Guerreros Unidos y la participación de algunos policías de este municipio en el secuestro de los normalistas.

Hoy se sabe que mandos de la Secretaría de la Defensa y funcionarios del gobierno del Estado de México pretendieron encubrir la masacre de Tlatlaya; que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Guerrero no actuaron contra Abarca y sus cómplices a pesar de que tenían en sus poder información sólida que mostraba los vínculos que tenían con la delincuencia organizada.

Para complicar el asunto, durante la búsqueda de los 43 secuestrados se encontraron 28 cadáveres en tumbas clandestinas cerca de Iguala. Cadáveres de personas que hasta el momento no han sido identificadas pero que la PGR ya descartó sean la de los normalistas.

Tlatlaya e Iguala perjudicaron la imagen del gobierno federal y la del Estado de México y empeoraron la que se tenía de Guerrero.

Aquí solo me he referido a eventos que a los mexicanos nos regresaron a la realidad del México violento y dominado en muchos lugares por la delincuencia organizada, al México de la corrupción ilimitada y de la impunidad casi absoluta.

Si todo lo anterior no fuera suficiente, están la huelga del Politécnico, las bajas en los precios del petróleo y otras materias primas que México exporta, el ébola…

Foto: http://planoinformativo.com/

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Viernes, 17 de Octubre 2014 - 12:00
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Partidos Políticos sin acuerdo pero con dinero

La clase política está preocupada por la filtración de la delincuencia organizada a las precampañas y campañas de los partidos políticos y de aspirantes a candidatos independientes. Son diez los partidos con registro ante el INE, quienes tienen el derecho a registrar candidatos a cargos de elección popular, además todos los ciudadanos que expresen sus aspiraciones a integrarse como candidatos independientes. Por una parte, al interior de los partidos tendrán la obligación de verificar los antecedentes personales de quienes anhelen participar por una precandidatura y candidatura. Y, por otra parte, el INE tendrá que hacer lo propio con los aspirantes a una candidatura independiente.  

El problema para ambos casos es precisamente la manera de implementar mecanismos de control de confianza y asegurar que les entreguen a los dirigentes  partidistas y consejeros del INE, resultados confiables y de prestigio y de buenas conductas de los postulantes ante la sociedad. 

Los actores políticos en estos días realizan propuestas distintas para evitar la filtración de personas de malas costumbres a sus partidos. Las propuestas, entre otras, y de las más recientes, son que se apliquen exámenes antidoping, que se solicite la carta de antecedentes penales y que presenten su declaración patrimonial. Además, cabe mencionar que surgirán otras tantas propuestas de tres dirigentes partidistas. 

En efecto, se nos dice que los presidentes del PAN, Ricardo Anaya, del PRI, César Camacho y del PRD, Carlos Navarrete, se reunirán para fijar las base de un blindaje electoral. En otras palabras, y lo mejor de la reunión, será la creación de un acuerdo político entre los tres partidos, a fin de evitar que los malos se introduzcan a sus filas partidistas.

Sin embargo, es prudente preguntar: ¿y dónde están los demás partidos políticos? ¿usted los conoce? ¿cuáles son sus propuestas de blindaje electoral?

Son diez partidos políticos con registro nacional, son diez partidos políticos que reciben recursos públicos para participar en vida democrática del país, y, y, y, ¿dónde están?

En el escenario de la vida política únicamente vemos y escuchamos en todas partes, radio, televisión, internet, etc., a tres partidos, mencionado, debatiendo y formulando propuestas, esto es, al PRI, al PAN y al PRD, y, y, y, ¿dónde están el PVEM, el MC, el PT, NA, y los tres nuevos partidos, Morena, Encuentro Social y el Partido Humanista. A parecer se encuentran ocultos, poco conocemos y sabemos de sus actos y planteamientos políticos, su actividad es pública, y no se asoman por la ventana, para contribuir con ideas, con propuestas, con debate, en temas de trascendencia nacional, tal como es el problema de la filtración de la delincuencia organizada a las precampañas y campañas partidistas.

Estimado, lector, me parece, que los partidos políticos son entidades de interés público y de no intereses privados y personales.      

Así, qué, querido lector, si usted tiene conocimiento de los siete dirigentes de los otros partidos, por favor comuníqueles que los busca la sociedad.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Jueves, 16 de Octubre 2014 - 17:30
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El ébola en un país en las circunstancias de México

El Antiguo Testamento relata que el faraón soñó a siete hermosas vacas gordas que eran devoradas por siete horribles vacas flacas; se despertó, y al volverse a dormir soñó que siete bellas espigas eran engullidas por otras siete espigas quemadas por el viento del oriente. Se inquietó y preguntó a los magos de Egipto y ninguno supo responder. Pero llegó a sus oídos que un hebreo llamado José podría interpretar sus sueños. Lo mandó llamar y José le dijo que Dios reveló al faraón lo que iba a hacer: las tierras de Egipto tendrían siete años de enorme abundancia y después padecerían siete años de hambrunas. Y le sugirió poner al mando del imperio a un hombre sabio y entendido para que quintara las cosechas en los años de abundancia y guardara esos frutos para los siete años de penuria. Así se hizo y Egipto no padeció hambre.

Esta historia, que posiblemente registra el primer ciclo económico, muestra que cuando el hombre toma provisiones es factible afrontar los más peliagudos retos. En el futuro inmediato, México quizá se enfrente al mayor desafío de su historia moderna, que tal vez podría inclinar peligrosamente la balanza hacia el caos social y económico. Me refiero a una eventual epidemia de ébola. Este virus parece estar fuera de control: los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos esperan que hacia enero de 2015 haya hasta 1.4 millones de personas contagiadas en África. Además, la letalidad del virus es de 70% de los infectados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) añade que los países no están preparados para enfrentar epidemias, como se apreció en la crisis de influenza AH1N1, y se constata en el caso del ébola. En consecuencia, no es remota una pandemia. Por ello es crucial prevenir.

Ahora bien, imaginemos un escenario de crisis sanitaria en las circunstancias políticas que vive México: las mafias han tomado el poder en varias regiones del país; padecemos asesinatos multitudinarios y la seguridad se colapsa; campean impunidad, corrupción e ineptitud; se tiende a hacer justicia por mano propia porque no hay ley ni orden. Es decir, las instituciones se desmoronan, al tiempo que la elite política es aquejada por el descrédito y el cinismo. Si agregamos la frágil economía, más la histeria y la xenofobia creciente en Estados Unidos, que podría paralizar los flujos de personas y de mercancías, estaríamos en serio peligro. De esta manera, la combinación de crisis sociopolítica y epidemia puede ser de pronóstico reservado para la estabilidad social y la paz pública. Por tanto, urge abatir a la impunidad y la corrupción, así como tomar todas las providencias necesarias para evitar una epidemia.

Fecha: 
Jueves, 16 de Octubre 2014 - 17:00
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Desconocidos que afectan a México

José Alfonso Montalvo Martínez, Sandra Leticia Robledo Magaña, Anuar González Hemadi, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, José Guadalupe Hernández Torres, Félix Dávalos Dávalos y Rosalía Isabel Moreno Ruíz. Estos nombres son desconocidos para la mayoría de los mexicanos pero sus decisiones afectan la vida de todos nosotros.

José Alfonso Montalvo Martínez es Coordinador de Jueces del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.

Sandra Leticia Robledo Magaña es Jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.

Anuar González Hemadi es Juez Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz en Tuxpan.

Antonia Herlinda Velasco Villavicencio es la magistrada del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en el Distrito Federal.

José Guadalupe Hernández Torres, Félix Dávalos Dávalos y Rosalía Isabel Moreno Ruíz son Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Zapopan, Jalisco. Hernández Torres es el Presidente del Tribunal.

José Alfonso Montalvo Martínez es quien el miércoles pasado otorgó un amparo a la prófuga María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del también prófugo presidente municipal con licencia de Iguala, José Luis Abarca, a fin de evitar cualquier orden de aprehensión, detención, búsqueda, localización e incluso arraigo.

Sandra Leticia Robledo Magaña es quien el 6 de octubre suspendió provisionalmente cualquier orden de presentación, localización o acto que pretenda privar de la libertad al mencionado José Luis Abarca. Esta suspensión provisional deberá confirmarse mañana en una audiencia incidental y de manera definitiva el 23 de octubre en una audiencia constitucional.

Anuar González Hemadi otorgó el 9 de octubre un amparo a la periodista y directora del Instituto Municipal de la Mujer en el ayuntamiento panista de Boca del Río, María Josefina Gamboa, que elimina las agravantes de manejar con temeridad y en estado de ebriedad. Gamboa iba manejando su coche en estado de ebriedad y atropelló y mató a una persona. Si se siguiera el proceso sería únicamente por un homicidio culposo.

Antonia Herlinda Velasco Villavicencio concedió un amparo, el 5 de junio pasado, a Elba Esther Gordillo, exlíder vitalicia del SNTE, que cancela el proceso penal que enfrenta por defraudación fiscal.

José Guadalupe Hernández Torres, Félix Dávalos Dávalos y Rosalía Isabel Moreno Ruíz emitieron, el 8 de agosto de 2013, seis órdenes de libertad a favor del narcotraficante Rafael Caro Quintero y sobreseyeron las acusaciones que había en su contra por el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y de otras y tres personas, en 1985, y sólo fue hallado culpable de siembra, cultivo, cosecha, posesión y tráfico de mariguana. El 6 de noviembre de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo concedido a Rafael Caro Quintero. El capo sigue libre y no localizado.

Estos son solo algunos jueces y magistrados que, sin que el público los conozca, toman decisiones que afectan al país al propiciar, en muchos casos, la impunidad y proteger y liberar a hampones que son más culpables que el pecado.

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Jueves, 16 de Octubre 2014 - 12:00
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