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delincuencia organizada

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¿Quién debe pedir perdón?

¿Debe pedirle perdón a los mexicanos el presidente Enrique Peña Nieto por todo lo que está pasando en el país?

¿Cómo presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos debe ofrecernos una disculpa por la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que se han apoderado de gran parte de México?

¿Nos debe una disculpa el jefe del Poder Ejecutivo por el estancamiento económico que ha causado su política fiscal?

¿Y por los fallidos sistemas educativo y de procuración de justicia?

¿Y por los supuestos conflictos de interés que han manchado la imagen de su familia?

¿Y por una lista interminable de fracasos que tienen postrada a la Nación?

Muchos están exigiendo precisamente esto: que por medio de un mensaje que se difunda por todos los medios de comunicación el presidente Peña Nieto nos pida perdón por la mala situación en que se encuentra el país.

Es indudable que como presidente de la república es responsable de mucho de lo que pasa en México, pero no de todo.

Para bien del país, desde el sexenio de Ernesto Zedillo empezó a diluirse el poder metaconstitucional que sin límites habían ejercido los presidentes mexicanos. Poder que les permitía manejar a su antojo los poderes Legislativo y Judicial, meter las manos en un multimillonario fondo secreto del cual nunca tuvieron que rendir cuentas, remover a gobernadores según les conviniera, manipular a los sindicatos de empresas paraestatales, públicas y privadas, darle órdenes al gobernador del Banco de México, endeudar excesivamente al país, inventar políticas económicas irracionales, despilfarrar recursos públicos en planes y programas inútiles, llevar al país hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia donde se les ocurriera, tolerar y muchas veces lucrar de las actividades de narcotraficantes y otros delincuentes organizados, ordenar la represión violenta de disidentes, cometer crímenes de Estado y, por si lo anterior no fuera suficiente, enriquecerse ilícitamente.

Y así como cada presidente en turno usó y abusó de ese poder metaconstitucional, también abusaron de su poder gobernadores, presidentes municipales, legisladores, jueces, magistrados y ministros, y funcionarios de todos los niveles de gobierno.

El poder metaconstitucional de los presidentes murió cuando empezó el sexenio de Vicente Fox pero lo que no se acabó fueron los errores, malas decisiones, despilfarros, negocios, corruptelas y abusos del poder que siguieron y siguen cometiendo un gran número de funcionarios. Lo peor es que muchos de ellos, quién sabe cuántos, no conformes con lo que de por sí se embolsan ilegalmente, se han aliado de alguna manera u otra con narcotraficantes y otros delincuentes.

En resumen. No sólo el presidente de la república es responsable de lo que pasa en el país. Son responsables todos y cada uno de sus antecesores en el cargo. Son responsables todos y cada uno de los gobernadores y quienes los antecedieron en sus gubernaturas. Son responsables todos ellos por no haberle puesto un alto a la corrupción e impunidad que se volvió parte del sistema político mexicano. Son responsables todos y cada uno de aquellos funcionarios que hayan extorsionado a alguien por el motivo que sea o que, aprovechándose de sus cargos y sus influencias, hayan favorecido a familiares, amigos y socios con contratos y negocios que no merecían.

Y al final de cuentas somos responsables la mayoría de los mexicanos porque de alguna manera u otra toleramos o aceptamos que la situación llegara hasta donde ha llegado. Mientras nuestra economía personal y familiar no resultara muy afectada no nos quejamos. Mientras recibiéramos algo del sistema nos callamos. Mientras el grupo social, económico o político al cual perteneciéramos obtuviera alguna prebenda nos dimos por satisfechos.

Casi todos somos responsables y si de pedir perdón se trata, casi todos tenemos que pedirlo. Los unos a los otros.

Desafortunadamente, ofrecer disculpas no servirá para nada si no se empiezan a hacer, desde ahora, los cambios que tiendan a eliminar los abusos del poder y la corrupción e impunidad que han llevado a México al deplorable estado en que se encuentra.

Los ciudadanos debemos exigir esos cambios y los poderosos deben realizarlos porque, si insisten en mantener las cosas como están, todos saldremos perdiendo mucho.

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Fecha: 
Viernes, 05 de Diciembre 2014 - 12:00
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Devuélvanos la confianza, presidente

El problema que enfrenta México se llama crisis de confianza. Los tres poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están corrompidos, desacreditados y rebasados. Algo similar ocurre con los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) corroídos por la impunidad, el cohecho y usualmente coludidos con el crimen organizado. También está desfondado el sistema de partidos políticos, que ya no son canal de representación de los ciudadanos: el PRI, como siempre, solapando trapacerías; el PAN, aferrado a los “moches”; el PRD, con sus financieros criminales. A ello se suma una elite empresarial rapaz. Y un agravante más: las políticas del gobierno federal unieron a las clases sociales en un malestar difuso, de origen multicausal. México está roto. El riesgo de ingobernabilidad es creciente. ¿Responde el decálogo del presidente Peña a tamaño mal? No. Su diagnóstico está fuera de foco.

En esta crisis sistémica quizá sólo haya un antídoto contra el riesgo de ingobernabilidad: la calidad y fuerza moral del líder. Ante el desfondamiento de la ley y del orden y de las instituciones es crucial que el presidente recupere la confianza de los ciudadanos si desea encauzar el cambio por la vía pacífica. Removerlo de su cargo, además de ser un factor adicional de inestabilidad, es inviable: el desastre de los partidos no modificará en gran medida la composición de la cámara de diputados en la elección de 2015, pues la estructura clientelar de los programas sociales garantiza la permanencia, con leves variantes, del statu quo. Pero este posible hecho puede alimentar el descontento y desbocar el conflicto. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza? ¿Cómo lograr fuerza moral ante el descrédito del Ejecutivo por posible corrupción y colusión?

Recuperar la confianza y el liderazgo moral implica: donar la casa blanca y ofrecer una disculpa pública. Rendición exhaustiva de cuentas. Transparencia en licitaciones y castigar el conflicto de interés. Acabar con privilegios de políticos: sueldos arbitrarios, seguros, autos, sirvientes, gasto discrecional; prerrogativas que hacen del empleado (el funcionario) amo de su señor, que impide la empatía gobierno-ciudadano y perpetúa la desigualdad (la caída del petróleo obliga a la austeridad). Acotar el fuero. Enjuiciar a políticos corruptos y a los que ensangrentaron al país para abatir la impunidad. Medidas transitorias y de urgencia para atajar el crimen, pero pasada la emergencia fortalecer a estados y municipios, en vez de destruir a la República federal… La desiderata incluye reformas a partidos, al poder Legislativo y al Judicial. Es la vía para liderar el cambio a un régimen de legalidad. Tal paradigma evitará sufrimiento innecesario.

Fecha: 
Jueves, 04 de Diciembre 2014 - 18:00
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México, peor que Egipto, China, Brasil y Zambia

Transparencia Internacional (TI) dio a conocer ayer su Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Las conclusiones del estudio realizado por esta organización basada en Berlín, Alemania, no son optimistas.

Para empezar, TI afirma que el “crecimiento transparente está en riesgo” porque “el secreto corporativo y el lavado de dinero a escala mundial hacen aún más difícil el combate a la corrupción en las economías emergentes”.

México es una economía emergente.

TI señala que “Más de dos tercios de los 175 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción). Dinamarca se sitúa en la primera posición de 2014, con una puntuación de 92, mientras que Corea del Norte y Somalia comparten el último lugar, con apenas 8 puntos”.

Este año México se ubica en el lugar 103 de la lista con apenas 35 puntos, un punto mas que los 34 que recibió en los Índices 2013 y 2012.

Nuestro país resulto peor calificado que otras naciones que tienen fama de ser gobernados por políticos y funcionarios rateros, como son China, Egipto, Zambia, Tailandia, Brasil y otros.

De los países de América latina y el Caribe, solo son más corruptos Ecuador (lugar 110), República Dominicana (115), Guatemala (115), Guyana (124), Honduras (126), Nicaragua (133), Paraguay (150), Haití (161) y Venezuela (161).

Envidia deben darnos Chile y Uruguay, que con 73 puntos están en el lugar 21, y Bahamas en la posición 24 con 71 puntos. Son los únicos países del ámbito latinoamericano y caribeño en obtener más de 70 puntos de calificación.

Y más envidia aún deben causaron los habitantes de Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Singapur, Holanda, Canadá y Australia, que ocupan en ese orden los 11 primeros lugares en el Índice.

Los resultados que obtiene nuestro país en el Índice 2014 de TI no deben sorprender a nadie. La corrupción de los funcionarios existe en México desde el primer día de su independencia, tal como también existió en la Nueva España.

El problema es que en México nada serio se ha hecho para combatir a los corruptos que aprovechan sus cargos público para enriquecerse ilícitamente. Desde diciembre de 1982, cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia de la republica, hasta ahora, todos los jefes del Ejecutivo han prometido que combatirán la corrupción y nada hicieron para cumplir sus promesas.  En estos 32 años la corrupción de lo funcionarios no disminuyó sino que aumentó y quedó demostrado que priístas, panistas, perredistas y sus respectivos títeres son igualitos, tan corruptos los unos como los otros. 

Alejandro Salas, Director Regional para América de Transparencia Internacional, señala que para generar cambios significativos en los países de nuestra región es necesario, entre otras cosas:

“Poner un alto a la impunidad ante casos de corrupción, dejando de politizar y permitir los sobornos en instituciones policiales y de impartición de justicia.

“Abrir al escrutinio público el financiamiento de la política, para que se sepa quién financia y por qué montos a que candidatos y partidos políticos. Esta medida además ayuda a dificultar la entrada de dinero del crimen organizado en la política e instituciones del estado”.

¿Le harán caso a Salas los que mandan en este país? Lo dudo.

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Fecha: 
Jueves, 04 de Diciembre 2014 - 12:00
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De 1993 - Muere el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria

Pablo Emilio Escobar Gaviria (Rionegro, Antioquia 1 de diciembre de 1949 - Medellín, 2 de diciembre de 1993), fue un narcotraficante colombiano, fundador y líder del Cartel de Medellín, con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana y uno de los personajes más ricos de su época. Fue suplente en la Cámara de Representantes de Colombia para el Congreso de la República de Colombia por el departamento de Antioquia en 1982.

Las autoridades lo vinculan al asesinato de más de 10 000 personas; su principal sicario y brazo derecho, John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, lo vincula por el asesinato de cientos de personas. En medio de la sangrienta guerra que enfrentó contra el Estado desde 1984, su organización fue la responsable de innumerables actos de terrorismo, entre ellos, la colocación de más de 250 bombas y varias decenas de masacres que dejaron un saldo de 1142 civiles muertos, sin contar las miles de víctimas colaterales fruto del fuego cruzado con las autoridades en Antioquia y Medellín. Fue responsable del asesinato de 657 policías entre 1989 y 1993, y de un feroz enfrentamiento con el Cartel de Cali, los paramilitares del Magdalena Medio y finalmente con Los Pepes.

Organizó y financió una extensa red de sicarios y con sus actos terroristas mediante el empleo de coches bomba en las principales ciudades, desestabilizó Colombia y se convirtió en el criminal más buscado del mundo a comienzos de los años 1990. Tras fugarse de la cárcel, en julio de 1992, el gobierno de Colombia destinó unos cuatro mil efectivos e ingentes recursos para conformar el denominado Bloque de búsqueda y recapturarlo. Tras diecisiete meses de intenso rastreo por parte del mencionado bloque, que contaba con el respaldo incondicional de grupos de inteligencia norteamericanos, además de la presunta asistencia del grupo denominado Los Pepes, fue localizado en un barrio de Medellín y abatido en un tiroteo.

Con el comercio de cocaína amasó la fortuna más grande de su país y una de las más grandes del mundo. Apodado «El Patrón», su fortuna estaba estimada entre los 9000 y 15 000 millones de dólares, aunque según varias investigaciones y los reportes de la prensa especializada, el tráfico de drogas le reportó beneficios por 25 000 millones de dólares.

Foto: www.biografiasyvidas.com

Fecha: 
Viernes, 02 de Diciembre 2016 - 09:20

Efemérides:

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¿Nos ocupa y preocupa la inseguridad pública en México?

El tema de la inseguridad pública en México, es el problema que nos ocupa y preocupa, al parecer a todos, y resulta vital su pronta solución. De tal suerte debemos participar y ser sensatos para saber lo que deseamos con armonía para la sociedad en la que cohabitamos: ¿será por un Estado de Derecho sólido? Tenemos leyes que nos señalan como conducirse en la sociedad, pero al parecer, no son suficientes, pues aún no se terminan otras por crear. 

Los legisladores y los partidos políticos son los encargados de la creación de las leyes, son los responsables en procesar las iniciativas de ley, y por ahora tendrán que afrontar las propuestas anunciadas la semana pasada por el Presidente Enrique Peña.  

Sin embargo, cabe preguntar ¿cuáles son las propuestas y compromisos de los partidos políticos para combatir los tantos problemas de incertidumbre en la seguridad pública que acogen a la sociedad? 

Por lo pronto, el PRI quiere un México con seguridad, justicia y paz, como tal lo expresa en el documento que da a conocer para respaldar las 10 medidas anunciadas por el Presidente Enrique Peña Nieto.  

El documento se estructura con cuatro temas: Sociedad Segura; Inclusión Social; Prosperidad para todos; y, contribución para que los jóvenes no sólo sean objeto de atención, sino sujetos en acción, conforme a una completa política de Estado. 

Para sustentar la propuesta de Sociedad Segura, cabe destacar dos puntos de cinco que incluyen en su documento –y que por razones de espacio sólo atenderemos dicha propuesta-.

El de ser intransigentes al prevenir y controlar que desde la representación política, no se defraude la confianza de los ciudadanos: con brindar a precandidatos y candidatos de la delincuencia organizada y el uso de recursos de procedencia ilícita; valorar el prestigio y la solvencia moral de los candidatos, considerando la opinión de la comunidad; y, evaluar el desempeño de los legisladores y de los servidores públicos que surgen del PRI.   

Y, el otro punto es el de ampliar la difusión de los derechos de los ciudadanos incluyendo los beneficios de las reformas transformadoras.   

Son propuestas ambiciosas, no me lo imagino, no obstante estimado lector, el compromiso es con la aplicación de la ley. Los dirigentes y legisladores de los partidos políticos tienen la imperiosa tarea de que la sociedad crea en ellos, pero, pero, pero: ¿cuál es la receta?  

La confianza de los ciudadanos es fundamental para creer en el prestigio de los partidos políticos, sus dirigentes, legisladores y autoridades que forman gobierno del partido político triunfador del resultado de las elecciones, empero, la ley permanece vigente, y la que falta por hacer es obligación de los legisladores, y para que regrese quizá la confianza de los ciudadanos, pues que pronto la confeccionen y se aplique.  

Así que, querido lector, por último, cabe preguntar: ¿cuál es el tipo de confianza que requiere la sociedad para solucionar el desmerecimiento que le tiene a los partidos, dirigentes y legisladores? 

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Lunes, 01 de Diciembre 2014 - 18:00
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Mis cuatro propuestas

El presidente Enrique Peña Nieto presentó el jueves pasado sus 10 medidas “para fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia”, mismas que comenté en este espacio un día después.

Me toca ahora a mi presentar cuatro propuestas para reducir la corrupción de funcionarios públicos y el número de delincuentes peligrosos y mejorar la calidad de nuestras policías y personal carcelario. Solo cuatro por razones de espacio.

1. Hacer obligatoria la difusión pública de las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos federales, estatales y municipales así como las de los dirigentes de sindicato de trabajadores al servicios del Estado o de empresas y organismos públicos autónomos. Así, quienes por medio de nuestros impuestos les pagamos sus sueldos conoceremos cuál es y como se desarrolla su situación patrimonial con el paso de los años.

2. En caso de que un funcionario extorsione o intente extorsionar a una persona y dicho delito se pueda comprobar, deberán ser sancionados tanto el funcionario corrupto como la institución en donde trabaja con una multa equivalente a 10 veces el monto que éste pretendía obtener ilícitamente. La institución multada también deberá pagarle a la víctima de la extorsión o intento de extorsión un monto equivalente a 10 veces la cantidad que se le pretendía extorsionar. El funcionario que sea declarado culpable de extorsión o intento de extorsión, además de ser cesado de su trabajo sin derecho a recibir algún tipo de indemnización, deberá ser penalizado con un alto número de horas de trabajo comunitario para que así beneficie a la comunidad. Estas medidas promoverán que las víctimas de una extorsión o intento de extorsión se animen a denunciar a los funcionarios corruptos y que estos la piensen dos veces antes de sugerir, solicitar o exigir una mordida.

3. Para evitar la generación de nuevos y más peligrosos delincuentes dentro de las cárceles, que hoy son verdaderas universidades del crimen: los reos más violentos y peligrosos deben mantenerse separados de aquellos que han cometido delitos menos graves, igualmente los que ingresan a la cárcel por primera vez de los criminales veteranos. Asimismo deben ser liberados aquellos presos que no representen un peligro real para la sociedad o que después de estar encarcelados durante años aún no han sido sentenciados por fallas en el sistema de impartición de justicia. Nada de lo anterior funcionará si las instalaciones carcelarias no se modernizan y el personal que en ellas trabaja no se profesionaliza de acuerdo a los estándares que rigen en los países con sistemas carcelarios eficientes. A las cárceles hay que meterles dinero, pero en serio.

4. Para garantizar la profesionalización de los policías estatales y federales, así como de quienes trabajan en las cárceles del país, deben diseñarse un plan de estudios comparable con las de las mejores fuerzas policíacas del mundo, elevarse los requisitos educativos, psicológico y físicos que deben cumplir quienes aspiren a ser aceptados en una academia de policía, y dedicarse los recursos económicos y materiales necesarios para que los agentes de la policía y sus familias pertenezcan a la clase media media de este país y desarrollen su trabajo con el apoyo de los equipos y tecnología idóneos.

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Fecha: 
Lunes, 01 de Diciembre 2014 - 12:00
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Las tres primeras acciones para combatir la inseguridad, corrupción e impunidad

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció las 10 acciones para combatir la inseguridad y fortalecer la seguridad de los ciudadanos y la plenitud del Estado de Derecho. Las tres primeras acciones requieren de una reforma constitucional: 

1. Ley contra la infiltración del crimen organizado en los municipios. Es una iniciativa para que ante los indicios del crimen organizado se procedería a la desaparición de los integrantes de los ayuntamientos;

2. La reforma al sistema de competencias penales, para redefinir las competencias de cada autoridad en combate del delito, sobre todo por el mismo sistema complejo actual; y,

3. La creación de la policía estatal única, para pasar de 1,800 policías municipales débiles a 32 corporaciones de  seguridad estatal que sean más profesionales y eficaces, y para lograrlo es necesario el equipamiento de tecnologías, capacitación, uniformes y el presupuesto para ejercer su institucionalización.    

En las tres primeras acciones es necesario reformar la Constitución con la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores del Congreso de la Unión y de la mayoría de los legislaturas estatales. Es una reforma que por los tiempos legislativos tendrá que suceder a partir del siguiente periodo ordinario del  Congreso de la Unión, esto es el mes de febrero del próximo año.

Así es, no obstante, le convendría a todos nosotros que los legisladores diputados y senadores procuraran dar tramite inmediato a dichas propuestas, una vez que las remita el Ejecutivo al Legislativo. 

Para tal efecto, los legisladores federales tendrán que trabajar en periodo extraordinario, en la segunda  quincena del mes de diciembre y quizá en el mes de enero de 2015.  Y, las legislaturas locales tendrían que hacerlo de la misma manera, para que las reformas constitucionales entre en vigor a partir del próximo mes de febrero. 

Estimado, lector, es verdad que a todos nos urge combatir la inseguridad, corrupción e impunidad, pero ahora, les corresponde al legislador cumplir de manera pronta, expedita eficaz y eficiente, realizar los cambios constitucionales. 

Así, qué, querido lector por un México en Paz, es el mensaje de todos los ciudadanos, es el mensaje de todos los mexicanos, por la dignidad de todos, deseamos Paz, mediante un Estado de Derecho eficiente y eficaz.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Jueves, 27 de Noviembre 2014 - 18:00
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Diagnóstico de la crisis de los poderes públicos

 

El presidente Enrique Peña proferirá hoy un discurso en el que expondrá la ruta a seguir para enfrentar la crisis que asuela a los poderes públicos en México, y amenaza con provocar una espiral de ingobernabilidad. El diagnóstico que la elite política haya hecho de la circunstancia mexicana es vital para medir el alcance y la efectividad del remedio. Al parecer el tema central será la violencia. Puede ser un buen indicio si se entiende que la violencia tiene muchas caras: la del gobierno por no cumplir ni hacer cumplir la ley, o sea, la impunidad; la violencia política o desigualdad ante la ley; la violencia económica, que se revela como desigualdad y marginación; la violencia de la corrupción o uso privado de los bienes públicos, que mina el erario y a la competitividad; la violencia a los derechos del individuo o guerra contra las drogas, etc.

Estas manifestaciones de la violencia tienen en jaque a partidos y poderes públicos: el posible conflicto de interés entre el presidente y empresarios causó una crisis de confianza que socava su legitimidad. Los miles de asesinatos y desaparecidos devastan al poder judicial, y cierra este círculo la respuesta de la Suprema Corte al referendo, vía consulta popular, sobre salarios mínimos y energía: esta figura jurídica nació muerta, ya que cualquier ley tiene implicaciones económicas. Si el ciudadano no puede incidir sobre el destino de su dinero (los impuestos) se anula el sistema representativo. Así, la Corte da la espalda a la democracia. Por su lado, el legislativo no equilibra al ejecutivo. La corrupción e impunidad, que corroe a los partidos, obstruye a este canal como medio para encausar el conflicto social. Y estados y municipios están colapsados. Las violencias liquidaron a la estructura institucional.

Reconstruir a las instituciones es tarea de mediano plazo. En lo inmediato, es crucial incidir en el sistema de rendición de cuentas, que implica pedir perdón, un desagravio simbólico y tal vez una amnistía y, a partir de ahora, combatir con firmeza la corrupción, el tráfico de influencias, el abuso del poder y la malversación del dinero de cada uno de nosotros. Sugiero esto porque quizá no haya políticos sin mancha. Para preservar los derechos individuales debe sustituirse la guerra a las drogas por la prevención de las adicciones: es condición sine qua non para sanear a las policías. Contra la violencia económica hay que subir salarios, depurar programas sociales (origen del clientelismo), establecer una política industrial que reconstruya las cadenas productivas, brinde crédito, desarrolle la ciencia y dé fin a la colusión políticos-empresarios. Por último, hay que fijar plazos y metas. Es el último tren de las elites.

Fecha: 
Jueves, 27 de Noviembre 2014 - 17:30
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Antes de los 43, ¿31?

Cuando aún no sabemos quién le dijo a lo 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa que se fueran a Iguala el 26 de septiembre pasado, cuando todavía no hay quien nos diga para qué fueron a esa ciudad a sabiendas de que no serían bienvenidos, cuando parte del país está agitado por quienes buscan aprovecharse políticamente de la desaparición y seguro asesinato de esos jóvenes, nos enteramos ayer, gracias a un reportaje realizado por la cadena de televisión francesa France 24, que el pasado 17 de julio fueron secuestrados 31 adolescentes que salían de la escuela secundaria Justo Sierra de Cocula, Guerrero, el mismo municipio cuyos policías auxiliaron a los policías municipales de Iguala a secuestrar a los normalistas.

En el breve reportaje, de solo 1:47 minutos de duración, se asegura que nadie en Cocula se ha atrevido a denunciar el secuestro de los 31 estudiantes porque los delincuentes, que iban vestidos con uniformes azul marino, amenazaron de muerte a quienes se atrevieran a hacerlo. Sin embargo, me cuesta trabajo aceptar que cada uno de los aproximadamente 4,500 habitantes del municipio, incluidos los padres de los desaparecidos, decidieran quedarse callados, a menos de que en ese lugar impere un reino de terror absoluto.

De acuerdo a France 24, “el silencio colectivo de los coculenses se debe en parte a los que parece ser otro caso de complicidad criminal entre las fuerzas policíacas locales y los cárteles de la droga que operan con impunidad en la región. A pesar de que los secuestradores estaban usando máscaras, se llevaron a los estudiantes de secundaria en vehículos de la policía que ni se molestaron en camuflar”.

¿Puede una organización criminal callarle la boca a los miles de habitantes de una población durante poco más de cuatro años? Tal vez, aunque me cueste trabajo creerlo.

El caso denunciado por France 24, en el supuesto de que sea cierto, corrobora que la delincuencia está apoderada de Guerrero y que ésta comete sus delitos con absoluta impunidad, coludida con funcionarios municipales, estatales y tal vez federales.

También nos permite suponer dos cosas más: 1) que el gobierno federal o el de Guerrero o ambos no estaban enterados del caso, lo que indicaría que los tan cacareados servicios de inteligencia del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal y otras dependencias encargadas de la seguridad pública no sirven para mucho, o 2) que tanto las autoridades federales como las guerrerenses sí estaban enteradas del caso y optaron por ocultarnos lo sucedido.

Hasta anoche ningún funcionario federal o de Guerrero había informado o comentado algo sobre los 31 adolescentes presuntamente secuestrados hace exactamente 134 días. Considerando la gravedad de asunto, es imperdonable tal silencio. Peor aún, no había quien contestara el teléfono de la dirección de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República, lo que demuestra la gran ineptitud del responsable de esa oficina.

¿Fueron 31 antes de los 43? Si sí, qué tragedia.

El reportaje de France 24 puede verse en www.france24.com/en/20141126-video-new-kidnapping-case-cocula-mexico-france24-exclusive-missing-students.

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Fecha: 
Jueves, 27 de Noviembre 2014 - 12:00
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¡Por su honor y conducta intachable! Examen para los aspirantes, precandidatos y candidatos del PRI

El Consejo Político Nacional a través de la Secretaría Técnica del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió el Acuerdo por el que se establecen medidas para blindar al partido, a sus aspirantes, precandidatos y candidatos en contra de la delincuencia organizada y del uso de recursos de procedencia ilícita en los procesos electorales federales y locales del 2014-2015.  

Los requisitos para los militantes que aspiren a participar en los procesos internos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular tendrán que cumplir con suscribir una carta compromiso. En ella asumirán autorizar al PRI para que se les investigue en relación con su situación patrimonial y/o fiscal,  así como por su entorno social (relaciones personales), y por su actuación como servidor público, tomando en cuenta el tipo de responsabilidades penales o administrativas en las que haya incurrido.

Asimismo, los aspirantes tendrán que autorizar el someterse a todas las pruebas necesarias, ya que el propósito consiste en saber y comprobar la autenticidad de lo manifestado, y saber y comprobar que no tengan actos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita ni con la delincuencia organizada ni que sean adictos al consumo de estupefacientes.

Los diez partidos políticos nacionales que van a participar en dicho proceso, indiscutiblemente necesitan implementar mecanismos internos para prevenir que sus aspirantes, precandidatos, candidatos y dirigentes partidistas no tengan vínculos con la delincuencia organizada ni que utilicen usos de recursos de procedencia ilícita ni que sean adictos al consumo de estupefacientes.  

Estimado lector, ahora bien, cabe preguntar: ¿Cuántos aspirantes, precandidatos y candidatos y dirigentes aprobarán los exámenes? ¿Cómo van implementar los sistemas de evaluación y quiénes serán los encargados de aplicar los exámenes?

Así, qué, querido lector, la legalidad y transparencia es la base para que aspirantes, precandidatos y candidatos de todos los partidos y candidatos independientes se les otorgue confianza y certidumbre por los ciudadanos, y así sean buenos representantes populares, siempre y cuando aprueben que cumplen con los principios de honestidad, probidad, lealtad, veracidad y transparencia, por tanto serán confiables, por su honor y conducta intachable.

Al tiempo, tiempo...

Fecha: 
Miércoles, 26 de Noviembre 2014 - 18:30
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