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¡Claro que fue el Estado! (lo declara el Estado)

Ha quedado oficialmente confirmado por la PGR: fue el Estado el que desapareció a 43 una noche en Iguala. Eso se infiere cuando el poder máximo del Estado —el gobierno federal— saca una investigación del ámbito criminal y la pasa al de los derechos humanos. Si los particulares vulneran los derechos humanos se les llama delitos, pero si hace lo mismo una autoridad de cualquier nivel se habla de derechos humanos.

En la PGR la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) investigaba los delitos cometidos en Iguala y Cocula el 26 de septiembre de 2014, alcanzó conclusiones, consignó a 111 personas y busca a más. Pero de repente intervino desde allende el Bravo la activísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que había enviado al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), cuya principal aportación ha sido descalificar la casi concluida investigación de la PGR. La CIDH se fue de frente y logró que la PGR sacara el caso de la subprocuraduría investigadora de delitos.

La cosa estuvo así. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ojo con las fechas: en política las casualidades no existen) llegó a México justo en el aniversario de los sucesos de Iguala, y el mismísimo 2 de octubre presentó unas observaciones sobre los derechos humanos en México. Allí dijo literalmente que la PGR “debe adoptar en forma urgente las siguientes medidas fundamentales e indispensables: pasar la responsabilidad de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad…” y otras cosas, todas perentorias para la PGR y poniéndose a las órdenes del GIEI: designar un nuevo fiscal especial, sustituir del todo al equipo que investiga el caso reorientándolo según lo ordenado por el GIEI, y que el GIEI tenga facultades para entrevistar a todo el mundo, incluyendo a militares. Todo bajo el GIEI; es decir, todo bajo la CIDH; es decir, todo bajo Emilio Álvarez Icaza, su secretario ejecutivo.

Dijo con razón doña Isabel Miranda de Wallace: “Si es cierta la afirmación del GIEI, al señalar que el motivo del ataque a los 43 estudiantes tuvo que ver con drogas, estamos ante un delito y no ante un problema de derechos humanos, por lo que el organismo internacional competente sería la Oficina contra la Droga y el Delito perteneciente a la ONU, y no a la CIDH”.

Clarísimo. Pero si la CIDH ordena a la PGR que se vaya a derechos humanos un caso que su propio GIEI identificó como asunto criminal de narcotráfico, lo convierte en asunto político. Habrá en la CIDH un gato encerrado muy pero muy político, ¿o no?

Ni modo. El gobierno federal se hizo chiquito cuando se plegó a la exigencia de sacar todo de la SEIDO. Se rindió a ese individuo de mirada torva y ligas y agendas más que sospechosas llamado Emilio Álvarez Icaza, cuya larga invectiva llena de verdades y medias verdades y plagada de corrección política critica la situación de los derechos humanos en México, incluso mencionando 1968 en Tlatelolco y la “guerra sucia”. Con esos estándares, bien haría dicha comisión en atacar la situación de derechos humanos en Estados Unidos por el asesinato de Martin Luther King en 1968. El caso es que el poder máximo del Estado se arrodilló.

Marcador en la contienda

Estado mexicano y Enrique Peña Nieto: 0 (y menos cero)
Emilio Álvarez Icaza y su CIDH: 1 (y mucho más)

Hay otros problemas. La PGR no deja de decir que la investigación nunca se ha cerrado pero la Ley Orgánica de la PGR no asigna funciones de investigación de delitos a la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Palabra que no entiendo. A menos que Aristóteles estuviera loco, se deducen lógicamente varias cosas:

1. La PGR reconoce que el Estado mexicano efectivamente fue el culpable de ataques gubernamentales a los derechos humanos (no ya delitos) esa noche en Iguala. Y no el Estado de Guerrero sino el federal, pues allí está la PGR.

2. La investigación no se ha cerrado pero le pasan la papa caliente a una subprocuraduría ¡que no investiga! ¿Quién va a investigar ahora? Lo dice la CIDH: un nuevo fiscal a modo del GIEI, luego de “renovar por completo a todos los miembros del equipo que investiga el caso”. Sacar a todos y empezar de cero. Lógico: si en Cocula según el GIEI no pudieron quemar a todos los estudiantes —a pesar de que allí aparecieron restos identificados de dos quemados— toda la investigación de la PGR se va a la basura. Logiquísimo. Punto y sanseacabó.

3. El asunto se pasa al ámbito político. Dice Pablo Hiriart: “Convirtieron una investigación criminal que estaba prácticamente resuelta, en un asunto político transexenal que se va a ir enredando en lugar de destrabarse. ¿Por qué darle largas? Quién sabe. Si ahora hay sectores considerables de la población que no le creen nada a las autoridades, tampoco le van a creer en el futuro.”

Adivina adivinador, y conste que son preguntas: ¿no querrá la CIDH seguir tripulando a la PGR vía sus “expertos” “independientes” para que salga a modo toda investigación sobre Iguala? ¿Y no buscará con todo esto, con el explícito acuerdo de la PGR, seguir propalando la mentira de que el gobierno de Peña (“el Estado”) es el culpable de los sucesos en Iguala? ¿Y con qué objetivos políticos, no de justicia?

A nadie se le ocurrirá distinguir entre el Estado de Guerrero y el federal, menos que nadie a los ayotzinapapás que creen que a sus hijos los desapareció y asesinó el gobierno de Peña (o hasta mantiene secuestrados incluso a los dos muertos, si piden que los 43 aparezcan vivos), todo azuzado por una brutal campaña de mentiras inclementemente propaladas al estilo Goebbels. Hoy la CIDH toma la batuta del coro acusador y pone de rodillas al gobierno federal al obligar a la PGR a balacearse sus pies cuando atiende cosas tan “urgentes, “fundamentales e indispensables”. Si el gobierno peñista quería quedar bien con alguien o hacer buenas relaciones públicas se habrá equivocado del todo. Esta gente toma el pie cuando se le da la mano.

In extremis, habrá que exonerar a las autoridades municipales y a la estatal, liberar a Abarca, a su esposa y a los demás, y dejar en paz a las bandas criminales Los Rojos y Guerreros Unidos (no los menciona el larguísimo informe de la CIDH). Y luego, para ser congruentes, proponer a Emilio Álvarez Icaza como presidente de México en 2024, suponiendo sin conceder que López Obrador no se eternice después de su sexenio.

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Fecha: 
Lunes, 26 de Octubre 2015 - 17:30
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Castigo a chivos expiatorios por la fuga del “Chapo”

Si usamos la lógica de las autoridades federales, en palabras del Secretario de Gobernación, la planeación y ejecución de la fuga del “Chapo” Guzmán fue perfecta, capaz de vulnerar todo el sistema de vigilancia del penal de máxima seguridad del Altiplano.

Bajo esa consideración, la suposición de la existencia de complicidad por parte del personal de custodia del penal, sin negarla pareciera entonces ser secundaria porque en todo caso, según sus propios argumentos, no fue determinante.

En los videos que se han presentado a la opinión pública se desprende que los custodios y los responsables del monitoreo de las cámaras de vigilancia, no aportan mucha ayuda en el momento preciso de la evasión.

No hay un instante, según esas imágenes, en que los responsables directos en sitio hubieran cometido omisiones o colaborado de manera fehaciente. En el método utilizado, su eventual participación resulta intrascendente, salvo un detalle: el tiempo que transcurrió entre que “El Chapo” ingresa al área denominada “Punto Ciego” de la regadera de su celda y deja de ser visible para las cámaras y se detona la alarma.

En la explicación -que se entiende como una justificación-, el proceso de la evasión se presenta como una obra maestra de ingeniera e inteligencia; sin embargo, eso no sirve para omitir las deficiencias que favorecieron la escapatoria.

Como ejemplo de ello, se establece que en la planeación los secuaces del “Chapo” tuvieron que contar con la información precisa y privilegiada para lograr su objetivo.

Se presume que tuvieron acceso a los planos de las instalaciones en los que, evidentemente, se señalan los sistemas de sensores, monitoreo y alarmas, distancias y alturas.

Sólo así pudo ser posible la edificación del túnel que burló todas las normas de seguridad; esa información es clasificada y tuvo que obtenerse con mucha anticipación, considerando el tiempo que demandó la construcción del citado túnel, la tecnología requerida y la precisión para llegar directamente hasta la celda sin activar ninguna alarma.

Eso sólo se puede obtener al nivel del más alto rango, esos detalles son protegidos celosamente, de tal suerte que el mecanismo de corrupción que favoreció la escapatoria por fuerza apunta a una jerarquía mucho mayor.

Las respuestas no van a encontrarse en los interrogatorios a los custodios o los administrativos del penal, más bien habría que indagar entre los muy pocos funcionarios que tienen acceso a ese tipo de documentación.

Pero claro, eso significaría tener que investigar y en su momento acusar a figuras relevantes del gobierno, lo cual además de reconocer la infiltración del crimen organizado en esas instancias, es también aceptar la enorme debilidad del sistema.

La coyuntura entonces supone un desacierto, porque si los estándares de seguridad del perímetro básico del penal aparentemente eran inviolables, el gobierno no fue capaz de ampliarlos, de prever la alternativa que finalmente se utilizó.

Más aún sabiendo que “El Chapo” contaba con los recursos suficientes en todo sentido para poder llevar a cabo lo que fuera necesario y que lo iba a intentar a toda costa, lo que evidencia es que al menos hubo exceso de confianza.

Eso en el mejor de los casos, porque es evidente que “El Chapo” sí contó con colaboración, y de la mejor calidad, porque quedó demostrado que para establecer los tiempos y la ruta de escape necesariamente recibió la mejor de las asesorías posibles y esa tuvo que provenir del más alto nivel al interior del sistema de seguridad, no sólo del personal de vigilancia y administrativo adscrito al penal.

Desde esta óptica, tanto los interrogatorios a los empleados de vigilancia, como los ceses de funcionarios de mediano rango, parecieran ser una cortina de humo, una suerte de expiación.

Una respuesta oficial de inmediatez previsible para distraer la atención y hacer parecer que se impone algo de justicia, en la que seguramente los castigados son sólo chivos expiatorios, no los verdaderos responsables.

Pero como el hilo siempre se rompe por lo más delgado, mantener una línea de investigación que a todas luces no va a llevar a la verdad, es simplemente justificar una incapacidad que pone en situación vergonzosa al gobierno federal.

Hablando de responsabilidades, las cabezas que tendrían que rodar en tanto se esclarecen y concluyen resultados, deberían ser las de los titulares de las dependencias encargadas.

Pero eso supondría, además del conflicto que implica la crisis de credibilidad que tiene que enfrentar el régimen, modificar severamente su agenda política, porque no se trata de establecer que el encargado de la política en materia de seguridad haya tenido una participación directa en la fuga, pero eso no limita que es el principal responsable por definición.

Fecha: 
Martes, 21 de Julio 2015 - 18:00
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