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De 1787 - Se firma la Constitución estadounidense


Se firma en Filadelfia, EE.UU., el texto de la Constitución estadounidense por George Washington, Benjamín Franklin, William Jackson y otros 36 constituyentes más. El texto firmado comienza con el famoso preámbulo "We, the people..." (Nosotros, el pueblo...) dando paso a los siete artículos de que se compone. La Constitución entrará en vigor al año siguiente, tras ser ratificada por todos los estados federados. 

La Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema de los Estados Unidos de América. La Constitución tiene un lugar central en el derecho y la cultura política estadounidense. La Constitución de los Estados Unidos es la constitución federal más antigua que se encuentra en vigor actualmente en el mundo.

Una copia original del documento se puede encontrar en los Archivos Nacionales en Washington D. C.

Fecha: 
Jueves, 17 de Septiembre 2015 - 09:40

Efemérides:

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Los delitos contra niñas, niños y adolescentes

En Cámara de Senadores se discute en audiencias públicas la iniciativa preferente de Ley que envió el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado primero septiembre. El Decreto del presidente expide una nueva ley denominada “Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, y reforma otra ley vigente denominada “Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil”. La discusión gira principalmente porque si la nueva ley es de carácter asistencial y/o realmente es una ley  que protege la integridad de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. 

Estimo que la ley dispone de un mejor perfil protector de derechos humanos más que asistencial. Protege y sanciona el derecho a la intimidad; un derecho fundamental de todo ser humano.

El interés superior de la niñez es un principio reconocido en el artículo 4 constitucional cuyo propósito es proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por consiguiente, el objeto de la nueva ley es el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos a la no discriminación, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; a la participación interculturalidad; a la corresponsabilidad de los miembros de la familia, sociedad y las autoridades, y la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales.   

Ante la violación a los derechos de los menores, por ejemplo, la ley establece conductas tipificadas como delito. Por lo menos la nueva ley sanciona dos tipos de conductas.

Una de ellas es la pena de dos a cuatro años de prisión y de quince a cuarenta mil días multa al editor o empleado de un medio de comunicación que cuente con concesión para prestar el servicio de radiodifusión, o medios impresos y que publique, difunda o transmita el nombre, imágenes, voz o información de niñas, niños o adolescentes sin tener previamente la autorización por escrito de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

Además, la pena puede aumentar al doble para el directivo, gerente o persona habilitada para tal efecto, que autorice la publicación, difusión o transmisión del nombre, imágenes, voz o datos personales de las niñas, niños o adolescentes. 

Y, la otra conducta sanciona con la misma pena del párrafo anterior al servidor público que intervenga en procedimientos administrativos o judiciales en que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, que por razón de sus funciones tenga acceso a la información de éstos, y realice la divulgación, difusión o transmisión del nombre, imágenes, voz o datos personales de las niñas, niños o adolescentes. 

Estimado lector, las mencionadas conductas son sancionadas con pena privativa de la libertad. El   derecho a la intimidad, a la honra y reputación de las niñas, niños o adolescentes de nuestro país, es un derecho fundamental de todas las personas. Y, ende, se protege la dignidad del ser humano.

Así que, querido lector, el marco jurídico a la protección de los derechos del menor es inmenso, tratados internacionales y leyes, pero, pero, pero ¿cuántos son los niños, niñas y adolescentes vulnerados en su dignidad como ser humano…?...    

Fecha: 
Jueves, 11 de Septiembre 2014 - 18:00
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A tomar decisiones todos

El 15 de septiembre es la fecha limite para que los partidos políticos entreguen al Congreso de la Unión, por lo menos 1 millón 600 mil 761 firmas de ciudadanos, con el objeto de garantizar el inicio del proceso de una consulta popular. La consulta popular es un derecho de los ciudadanos reconocidos desde el mes de agosto de 2012 en el artículo 35 constitucional y reglamentado desde el mes marzo de 2014 en la Ley Federal de Consulta Popular. En otras palabras, es la forma de democracia participativa de los ciudadanos en la toma decisiones políticas del gobierno en turno.

Los temas de la consulta popular tienen que ser de trascendencia nacional, y la autoridad competente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar que tema es de trascendencia nacional.

La ley de consulta popular establece lo que se entiende por trascendencia nacional, es decir, se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos que repercutan en la mayor parte del territorio nacional y que impacten en una parte significativa de la población.

Por su parte el PRI, el PRD, el PAN y MORENA, son las instituciones políticas con disposición en llevar a cabo temas de consulta popular mediante la realización de preguntas.

El PRI, propone como pregunta la siguiente: ¿estás de acuerdo que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?

El PAN propone como pregunta la siguiente: ¿estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por la Coneval?

El PRD propone como pregunta la siguiente: ¿está de acuerdo en que se mantenga el decreto de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo y energía eléctrica publicado el 20 de diciembre de 2013?

MORENA propone como pregunta la siguiente: ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?

Pues, bien, al menos dicen los dirigentes de los partidos políticos que ya lograron reunir las firmas: el PAN con dos millones; El PRD con 4 millones; MORENA con 2 dos millones 700 mil. Y, el PRI, al menos hasta el 10 de septiembre, aún no se sabía el número de firmas conseguidas.

El primer paso del proceso en formalizar una consulta popular se cumple al conseguir el número determinado de firmas de los ciudadanos. Sin embargo, el proceso para que sea en su totalidad efectiva la consulta popular el 7 de junio de 2015, es largo, pues aún es necesario que el INE, verifique la autenticidad de todas firmas y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale la constitucionalidad de la pregunta.

Estimado lector, “SI” y “No” son las respuestas de las preguntas a la consulta popular. No obstante, cabe preguntar: ¿para qué llegar hasta el 7 de junio a responderlas? ¿Usted, cree que el número de firmas conseguidas refleja una respuesta afirmativa o negativa en dichas preguntas?

Pues, por el momento, el proceso de temas de consulta popular se ha iniciado. Cuestionamientos que llevan tintes políticos o preguntas que realmente son para modificar las leyes en beneficio de la sociedad.

Por tanto, me parece que las preguntas son con tendencia a reformar el texto constitucional, entonces, de ser así, la figura de la consulta popular no aplica. Para tal efecto, es necesario otra figura de participación democrática, esto es, la figura jurídica del referéndum constitucional; figura no reglamentada en el orden jurídico mexicano.

Así que, querido lector, tome sus buenas decisiones. Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 10 de Septiembre 2014 - 17:30
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La Industria del Juego. ¿A qué le estamos apostando?

Al parecer los gobiernos anteriores no quisieron considerar a toda la actividad derivada del "Juego con Apuesta" como una Industria, que cuando está bien regulada, vigilada y autorizada ciertamente lo es, pues genera muchos empleos, impuestos, derechos y aprovechamientos; además de diversión y esparcimiento para quién guste de asistir a los centros de apuesta. Los estados modernos la consideran como una industria importante.

La autorización de "Casinos" fue considerado por muchos años como un tabú en nuestro país y por ello desde 1947 la Ley vigente nunca se reformó, pues así con harta discrecionalidad en su aplicación se permitió el enriquecimiento indiscriminado a los pocos permisionarios elegidos. Claro, las condiciones estipuladas en los mismos se cambiaban fácilmente con un simple acuerdo entre la autoridad y a la conveniencia del interesado y no se creó una verdadera Industria del Juego con Apuesta.

En la Ley vigente se prohíben los juegos de azar y a la letra dice:

"ARTÍCULO 1o- Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta Ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas".

"ARTÍCULO 2o- Sólo podrán permitirse":

I.- El juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes;

II.- Los sorteos.

Los juegos no señalados se considerarán como prohibidos para los efectos de esta Ley.

No fue hasta el sexenio de Vicente Fox, siendo Secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda (que buscaba la Presidencia de la República y tenía que procurarse recursos económicos y lealtades para su campaña) los llamados casinos se fueron permitieron, en forma discrecional —sin la expedición de una nueva Ley— a pesar que hubo muchas iniciativas de los distintos grupos parlamentarios que se quedaron en la congeladora legislativa.

Basados en el Reglamento que se expidió en tiempos de Santiago Creel en 2004 y ahora, modificado por un decreto presidencial de 2013, se autorizó lo que está prohibido en la Ley. En fin, son hechos consumados. La Ley quedó como letra muerta a pesar de que algunos diputados promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra del dicho reglamento. Luego se desistieron o pactaron para expedir una nueva ley. Estamos en ese proceso...

Ahora los llamados casinos operan a su máxima expresión y en mi opinión, las personas que asisten a los casinos son esquilmados en esos centros de apuesta. ¿Por qué? porque no existe la vigilancia y controles suficientes. Por ejemplo, nadie sabe cuánto retienen las máquinas tragamonedas ni cuál es la retención (take out) en los sistemas parimutuales del moribundo Hipódromo de las Américas, base para que el público asistente sepa a qué le tira o cómo tira su dinero en sus apuestas.

Como representantes del sector hípico, en marzo pasado fuimos invitados, por la Comisión Especial formada en la Cámara de Diputados, a exponer nuestra realidad. En esencia, exhibimos nuestra pésima situación, denunciamos y también propusimos. No sabemos hasta donde llegaron nuestras propuestas y lo que sí ganamos, es que Marcela González Salas no nos volviera a recibir como es su obligación, como funcionaria gubernamental. La ponencia presentada se puede leer en la siguiente liga:

www.purasangre.com.mx/PonenciaForoDiputados25032014.pdf

Así las cosas, la Nueva Ley de Juegos y Sorteos y sus leyes secundarias o reglamentos que la rijan deben considerar —en su esencia— un principio de igualdad y equidad para todos los sectores que integran la "Industria del Juego con Apuesta", sean casinos, palenques, sorteos o carreras de caballos.

La Lotería Nacional y los Pronósticos Deportivos se cuecen aparte pues ya tienen una regulación específica. Importante será la regulación de juegos permitidos por internet que ya ofrecen algunas permisionarias en la actualidad.

Todas estas actividades tienen sus problemas específicos y deben tratarse de forma distinta, pues unas "canibalizan a otras" si no se conocen a fondo sus problemas y se deja que ello suceda en la Ley por aprobarse. Ya señalamos en nuestra colaboración anterior, ¡No es lo mismo conectar una máquina tragamonedas a la corriente eléctrica que criar un caballo Pura Sangre de carreras! Y nuestra prioridad es que no desaparezcan si la nueva Ley no la apoya de manera contundente y definitiva.

Ahora se anuncia la creación de un organismo autónomo, de manera similar a lo que propusimos en nuestra ponencia y surgen muchas preguntas.

¿Será necesario que intervengan en el nuevo Instituto cinco (5) secretarías de estado y la ratificación de un Consejo Consultivo como el que nunca funcionó? ¿Realmente es necesario?

¿Qué no es posible crear un organismo autónomo, con todas las de la ley, independiente de la estructura burocrática del gobierno e integrada por verdaderos especialistas y con mecanismos de rendición de cuentas para garantizar su transparencia?

¿Qué no basta la experiencia del pasado reciente en donde Santiago Creel o Fernando Gutiérrez Barrios, por nombrar sólo dos funcionarios de alto nivel, aprovecharon su influencia y la laxitud de la Ley para beneficiarse ellos mismos o a sus amigos y socios?

¿Qué el Estado Mexicano no puede copiar los modelos exitosos que se han desarrollado en otros países y dejar que esta Industria del juego avance para tener un país moderno en este rubro? En especial a la Industria Hípica de Carreras de Caballos a la cual la han rescatado ante tanta competencia de otras modalidades de juego.

En la ponencia propusimos:

"Se propone la creación de la Comisión Nacional del Juego que deberá ser formada por funcionarios profesionales, íntegros y completamente autónomos de las empresas permisionarias, y que sus miembros sean avalados y certificados por la Cámara de Diputados, como se ha logrado en otros organismos similares"

"La Comisión Nacional regularía todas las actividades relacionadas del juego con apuesta"

"Dentro de ella se propone la creación de una nueva “Comisión Nacional de Carreras de Caballos y de Galgos”, para que el Estado Mexicano recupere la rectoría de esta importante actividad".

"Por su especialización, la Comisión Nacional de Carreras de Caballos, trataría los asuntos relacionados con la industria hípica, es decir, con funciones de promover, regular y vigilar esta actividad y también propusimos ampliamente sus posibles funciones".

Para rescatar la Industria hípica planteamos en la multimencionada ponencia cómo y porqué se debe apoyar nuestra actividad y sobre todo cómo desarrollar su enorme potencial".

En las siguientes ligas están las Leyes de Argentina y Panamá que han logrado rescatar sus industrias hípicas. Vale la pena revisarlas.

www.purasangre.com.mx/Imagenes/LeydelTurfArgentina.pdf

www.purasangre.com.mx/Imagenes/Ley71Panama6sept2011.pdf

Señores legisladores, tal vez está nueva Ley no sea estructural pero vale la pena formularla bien para que México avance en la transformación y modernización que dice impulsar el presidente Enrique Peña Nieto, ¡Ya no queremos más de lo mismo!

Fecha: 
Miércoles, 10 de Septiembre 2014 - 17:00
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Una vez al año no hace daño

Es necesario que el Presidente de la República acuda al recinto parlamentario para informar del estado que guarda la administración de su gobierno, es decir, una vez al año. Los tiempos políticos que vive el país son distintos, la manifestación y pluralidad de las ideas son libertades de todos los mexicanos y los actores políticos que integran los partidos políticos y cámaras de diputados y senadores.

El actual Presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, se pronunció porque sea revisado el formato para que el Jefe del Ejecutivo rinda su informe presidencial de cada año de su mandato constitucional de seis años. 

El formato y la obligación constitucional de rendir el informe presidencial son dos aspectos distintos.

El primero es la forma en que deberá entregarse el documento del informe. Esto es el protocolo al momento de recibir el documento del informe. Una comitiva de legisladores que acompañe al portador del documento a recibirlo en la entrada del recinto parlamentario y su portador emita ante dicha comitiva un breve discurso de agradecimiento a los legisladores y resumen del contenido del mismo informe. En esta parte los actores políticos no requieren de un debate legislativo donde sus bancadas parlamentarias se pongan de acuerdo para aprobar o no aprobar el protocolo, ya que el acto por si mismo no genera intereses políticos.

El segundo es la forma en la que el Presidente de la República acuda con los legisladores a presentar su informe de gobierno. Para ello, deberá reformarse el texto constitucional, pues, para su aprobación se requieren las dos terceras partes de los legisladores presentes en el Congreso de la Unión y de la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados.

En este tenor, el artículo 69 constitucional ha sido modificado por cuatro ocasiones desde el año de 1923 a 2014. 

En 1923, se estableció que a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarde la administración pública del país.

En 1986, se estableció que a la apertura de sesiones ordinarias del Primer Periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarde la administración pública del país.

En 2008, se estableció que a la apertura de sesiones ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso el Presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarde la administración pública del país.

En el 2014, se estableció que cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información   mediante pregunta por escrito.

En definitiva, este primero de septiembre el Presidente de la República no tuvo la oportunidad, de asistir, presentar y debatir las políticas públicas de su administración de gobierno con los legisladores.

Y, para hacerlo, solo falta que se pongan de acuerdo las diversas fuerzas políticas parlamentarias para cambiar el texto constitucional, para que el presidente pueda acudir el próximo primero de septiembre de 2015.

Estimado, lector, no se que pueda ocurrir con que el Presidente de la República, asista, presente y debata cada seis años frente a los legisladores el estado que guarda su administración. Eso, si, mucho ojo, no estoy pidiendo que asista y diga un discurso de horas y horas, como lo hacían los anteriores presidentes, solo pido un Debate de la Nación, a la altura de las democracias consolidadas.

Una vez al año no hace daño, o no lo cree así querido lector…

Fecha: 
Miércoles, 03 de Septiembre 2014 - 17:00
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"Tu futuro"

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año de 2013, reporto que en México son 29.3 millones de niños y niñas adolescentes que realizan una actividad económica. Ellos son el futuro  del país, dicen las autoridades. No obstante, resulta saber si todos ellos tiene plenamente reconocidos sus  derechos para que puedan ejercer libremente un pleno desarrollo económico, social y/o cultural en México.

El Presidente Enrique Peña Nieto envío a los legisladores una iniciativa de ley denominada “Ley General para la protección de los Niños, Niñas y Adolescentes”.

En dicha ley se pretende otorgar plenamente la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. Se sanciona la omisión ante lo que es ya un fenómeno social el bullying, y con privación de la libertad a quién fomente la cultura de la violencia, lesione el derecho a la privacidad del menor y por ende, cometa apología del delito.

Entre otros aspectos la iniciativa de ley, se dice que, se pretende crear una Procuraduría Federal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes y un Sistema Nacional de Protección.

Asimismo, se crea el catálogo de derechos: a la vida, de prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a la protección contra todas las formas de venta, trata de personas, explotación, abuso, abandono o crueldad; a la protección de la salud y a la seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación, al descanso y esparcimiento, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura y a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Ahora bien, sin duda la iniciativa de ley antes referida, es la consecuencia legal que en México no se le otorga la debida protección de los derechos del menor. Es decir, pareciera decir que no es importante que la Constitución señale que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Además, que los niños y niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral. A ello, se une la “Convención sobre los Derechos del Niño” de 1990, donde los Estados partes se comprometen a asegurar al  niño la protección y el cuidado  que sean necesarios para su bienestar.

Y, también se une la “Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, publicada el 29 de mayo de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, la cual establece que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, en lo físico, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Los derechos determinados en la ley son: a la prioridad, a la vida, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico, a la integridad, libertad, contra el maltrato y abuso sexual, identidad, a vivir en familia, a la salud, a la educación, al descanso y al juego, a la libertad de pensamiento, y, a la cultura propia, a participar.  

En definitiva, estimado lector, la Constitución y las leyes vigentes otorgan una adecuada protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. La Constitución dispone como principio el interés superior de la niñez, y subraya literalmente a los niños y niñas, pero no refiere a los adolescentes. Es posible, entonces que el legislador modifique el texto constitucional con el propósito de armonizarlo con la iniciativa del presidente.

No cabe duda que por leyes no paramos, la duda persiste al momento de observar en las calles a los menores pidiendo limosna, o, de los casos de abuso sexual a menores, o, de menores que comenten delitos, y un sin número de situaciones sociales, económicas y culturales que perjudican la integridad de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Estimado lector, el problema es de la aplicación de la ley y también el problema radica en la ausencia de valores, en la educación y en la cultura de los mayores: padres, autoridades, y/o profesores. Ante tales escenarios, entonces, ahora el problema es saber cuál es el futuro de la sociedad en México…

Fecha: 
Martes, 02 de Septiembre 2014 - 17:15
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El PRI y el PVEM unidos por una Agenda Legislativa

El primero de septiembre inicia el periodo ordinario de sesiones de los diputados y senadores y el siete de octubre inicia el proceso electoral del 2015. Por su parte los partidos políticos proyectan acciones políticas con base a sus estrategias de partido. Por un lado programan los temas de consulta popular; la reforma energética, el aumento del salario mínimo y la disminución de legisladores plurinominales. Y, por otro lado preparan los temas de la agenda legislativa.

La participación del ciudadano en la consulta popular es cada tres años, justo el día de la jornada electoral. Y, la participación de los legisladores en integrar una agenda legislativa en común con las bancadas partidistas, es cada vez que inicia un periodo ordinario, es decir, dos veces al año.

La participación del ciudadano, es por tanto, una democracia representativa a través de la representación del legislador y una democracia participativa con la toma decisiones políticas del gobierno, ya sea mediante la consulta popular y/o con la propuesta de iniciar leyes.

Pero, ahora, nos resulta importante destacar la democracia representativa, a través de la unión del PRI con el PVEM en los temas de la Agenda Legislativa.

El PRI y el PVEM van unidos en la Cámara de los Diputados para presentar iniciativas de ley. Los temas en común son los siguientes:

Crecimiento del Productivo Interno Bruto.

Generar empleos de calidad,

Elevar la competitividad nacional

Fortalecimiento del campo

Fortalecimiento de los salarios y el ingreso de los trabajadores.

Paquete económico de 2015. Una Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos

Recursos suficientes y oportunos para las entidades federativas.

Justicia. La Ley de la Fiscalía General de la República: eficacia de la procuración autónoma de justicia; autonomía del Ministerio Público; garantías en la prevención de delitos electorales; una fiscalía anticorrupción; la Ley de Medios Alternativos de Justicia; prohibición de prácticas de cobranza extrajudicial; llamadas intimidatorias a los hogares; protección de datos personales; fortalecer los derechos humanos; reforma del sistema de justicia para adolescentes; y una ley para prevenir y combatir la trata de personas; armonizar las leyes de Equilibrio Ecológico, Forestal, de Manejo de Residuos y General del Cambio Climático; una Ley de Transición Energética para preparar al país en el uso de energías alternativas y renovables a los combustibles fósiles.

Seguridad social. Una Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval); reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Infonavit.

Reproducción humana asistida. Una ley general para la atención y protección a personas con trastornos del espectro autista.

Desarrollo social. Una iniciativa de ley de Aguas Nacionales; una Ley Federal de Juegos y Sorteos; una reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea.

Ciencia. Una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología; y, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Ahora bien, las propuestas, sin duda son relevantes para lo priistas y ecologistas, ellos en su conjunto integran 241 diputados, 213 del PRI y 28 del PVEM, y para aprobación de todas sus propuestas es necesaria la unión de otras fuerzas políticas tanto en las cámaras de diputados y de senadores.

La primera se integra por el número de diputados de partido siguientes: el PRI 213; el PVEM 28; el PAN 114; el PRD 101; el MC 20; el PT 14 y el PNA 10. Y, la segunda se integra por el número de senadores siguientes: el PRI 54; el PAN 38; el PRD 22; el PT 5; el PVEM 9; el MV 1; y el PNA 1.

Estimado lector, en ambas cámaras se requiere la mayoría de votos para que procedan las propuestas del PRI y del PVEM.

Usted, realice su combinación, para saber cuáles son los partidos políticos que le darán el apoyo legislativo al PRI y al PVEM. Así como también proponga iniciativas de ley con otros temas que sean de su interés y en beneficio de la población y no de unos solos cuantos beneficiados.

Usted diga que quiere para el país…

Fecha: 
Jueves, 28 de Agosto 2014 - 18:00
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"El Arraigo. Argumentos para su derogación constitucional"

Para mañana jueves 28 de agosto los partidos políticos y sus grupos parlamentarios integrados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores darán a conocer los temas de sus agendas legislativas que tendrán que discutir a partir del próximo lunes en el periodo ordinario legislativo; y, espero que incluyan uno de los temas pendientes a modificar en el orden jurídico de México, es decir, el tema del "Arraigo".

En mi reciente obra "El Arraigo. Argumentos para su derogación constitucional", publicada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe-Agosto-2014), sostengo que la figura jurídica del arraigo ha sido el centro de una discusión acerca de su constitucionalidad. Renombrados juristas y estudiosos del tema son categóricos al afirmar que esta figura es inconstitucional. A su vez, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado su preocupación por la existencia del arraigo, entre otras razones, por permitir a la autoridad judicial a mantener privados de su libertad a individuos sin una acusación formal.

En mi libro doy a conocer los elementos jurídicos que demuestran que esa figura jurídica viola derechos fundamentales como el de presunción de inocencia y el de libertad personal, consagrados en el texto constitucional. Por ello, es sabido la urgencia de derogar el arraigo de la Constitución porque se trata de “un instrumento jurídico no legitimado”, cuyo empleo es uno de los nefandos resultados de la tristemente célebre Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996.

Así, considero que la postura planteada en mi libro debe ser estudiada y analizada por los legisladores, para hacer del sistema de justicia penal uno que dé certeza y seguridad al ciudadano ante los actos del Leviatán estatal. Ojalá así sea en beneficio de nuestro país o, mejor dicho, más nos vale que así sea.

En efecto, estimado lector, más no vale que así sea, y por tanto, en lo que el legislador se decide a eliminar la figura el Arraigo en el orden jurídico mexicano, le invito a Usted a que consulte mi libro "El Arraigo. Argumentos para su derogación constitucional", y si acaso no lo es útil para convencerlo de la necesidad de eliminar la figura del  arraigo, por lo menos, entonces, que le sea útil para conciliar su mente en un agradable cerrar de ojos y dormitar con su lectura.

Querido lector, Usted, puede adquirir la obra en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ubicado en la calle de Magisterio Nacional No.113, en el Centro de la Delegación Tlalpan. 

Fecha: 
Miércoles, 27 de Agosto 2014 - 17:00
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¿Urge: una reforma política para el DF?

Una de las reformas pendientes por concretar en el Estado mexicano es la “reforma política del DF”. En el senado de la República se han presentado diversos proyectos de iniciativas de ley con el objeto de concretar el cambio político-administrativo del DF para que tenga las mismas atribuciones que tienen los demás estados de la República.

El actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera les solicita a los senadores en la V Reunión Plenaria del PRD en el Senado, concretar la reforma política del Distrito Federal: “… estamos a tiempo ya de poder iniciar una discusión respecto de la reforma política de la Ciudad de México con todos los actores políticos”. 

Por lo pronto Miguel Ángel Mancera encontró respuesta inmediata en la misma reunión plenaria del PRD, con el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, al comentarle que el grupo parlamentario del PRI respaldará la reforma política del DF.    

Pues, entonces, ya viene la reforma política del DF. En el senado de la República los priistas están de acuerdo y los perredistas también. Ahora, bien, en que consiste la reforma política del DF. 

Las últimas dos reformas para el DF, son del año de 1996 y 1998. La primera reforma otorga a los ciudadanos de la capital, votar de manera directa y por primera vez en el año de 1997 a su Jefe de Gobierno, sobre todo,  porque anterior a dicha reforma, el Presidente de la República nominaba al Regente de la Ciudad de México. Con esta primera reforma surge como triunfador de los comicios el candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. La  segunda reforma otorga a los ciudadanos de la capital votar de manera directa y por primera vez en el año de 2000, por los Jefes de las Delegaciones Políticas.

En tal contexto han sido las últimas reformas políticas del DF, por ende, el PRD en el senado impulsa una nueva reforma política para el DF. Por lo menos son dos los proyectos de iniciativa de ley que proponen reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución, es decir, un proyecto propone modificar 54 artículos y el otro proyecto propone modificar 3 artículos.  

Los temas principales consisten en mantener la condición de la Ciudad de México como Capital de la República y sede de los poderes de la Unión, y, transformar la naturaleza jurídica de la Ciudad de México para que se le reconozca como una entidad federativa con condiciones similares a los demás estados de la República.

Así como cambiar el nombre de “Distrito Federal” por el de “Ciudad de México”, y  reemplazar el actual “Estatuto de Gobierno” por una “Constitución Política de la Ciudad de México”, en la que se establecerán los derechos y obligaciones de los ciudadanos y la estructura gubernamental mediante poderes locales facultados para ejercer el gobierno de la Ciudad de México. La Constitución será creada de manera autónoma, esto es sin la intervención de los diputados y senadores federales, y únicamente con la injerencia de los legisladores de la Ciudad de México, y promulgada y publicada por el Jefe de Gobierno.

Estimado lector, el 10 de febrero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución en materia político-electoral, y ahora corresponde llevar a discusión, debate, y/o aprobación otra reforma política para el Estado Mexicano, pero, pero, hoy le toca al Distrito Federal.

En esta semana los partidos políticos y los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de los Senadores, se encuentran realizando sus reuniones plenarias, con el propósito de fijar los temas de su Agenda Legislativa en el próximo periodo ordinario de sesiones, ya que inicia el lunes 1 de septiembre, por tanto, es de suponerse que uno de los temas que veremos en la Agenda Legislativa, es el de la “Reforma política del DF”.

El problema no es el que los partidos y legisladores incluyan el tema de la citada reforma en sus agendas legislativas, más bien, el problema surge, precisamente, en los consensos de los grupos parlamentarios. ¿Cuáles serán las condiciones políticas de los grupos parlamentarios para llegar el consenso y cambiar el texto constitucional en materia de reforma política del DF?

En definitiva, querido lector, Usted cree que con la aprobación de la reforma política del Distrito Federal, traerá como consecuencia una mejor organización política y administrativa del Gobierno, y por ende, una mejor calidad de vida para la protección a los derechos de los ciudadanos de la metrópoli: educación, salud, trabajo, cultura, seguridad pública, etc., e inclusive recubrir los hoyos de la calle con material de calidad o un piso de calidad para transitar con debida protección en sus derechos,  como en las ciudades de primer mundo.

Usted, tiene la última decisión: ¿Quiere o no quiere una reforma política-administrativa para el DF?...

Fecha: 
Martes, 26 de Agosto 2014 - 17:30
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¡Los 584 días de reformas constitucionales!

Desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 7 de julio son 584 días del gobierno del Presidente Enrique Peña  Nieto. Durante este período se han modificado 66 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 136 que la integran.

En México cada cambio de gobierno propone y lleva a cabo reformas al texto constitucional. Con 19 presidentes de la República  desde el año de 1917 hasta el 7 de julio de 2014,  se han modificado 618 artículos constitucionales. 

Álvaro Obregón, 8 artículos; Plutarco Elías Calles Campuzano, 18 artículos; Emilio Portes Gil, 2 artículos; Pascual Ortiz Rubio, 4 artículos; Abelardo L. Rodríguez, 22 artículos; Lázaro Cárdenas Del Río, 15 artículos; Manuel Ávila Camacho, 18 artículos; Miguel Alemán Valdés, 20 artículos; Adolfo Ruiz Cortines, 2 artículos; Adolfo López Mateos, 11 artículos; Gustavo Díaz Ordaz, 19 artículos; Luis Echeverría Álvarez, 40 artículos; José López Portillo y Pacheco, 34 artículos; Miguel De La Madrid Hurtado, 66 artículos; Carlos Salinas De Gortari, 55 artículos; Ernesto Zedillo Ponce De León, 77 artículos; Vicente Fox Quesada, 31 artículos; Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 110 artículos; y, por último, con el actual periodo de Enrique Peña Nieto, 66 artículos, al 7 de julio de 2014. 

Así, tenemos, que durante cuatro periodos presidenciales; De la Madrid, Salinas, Zedillo y Calderón, se modificaron un mayor número de artículos 66, 55, 77 y 110, respectivamente. En 24 años, seis años por cada presidente, se han modificado 308 artículos. Y, en el periodo de 584 días, es decir en un año y siete meses, con el actual presidente Peña, se han modificado 66 artículos. 

Ahora bien, son 66 artículos reformados en el periodo que va del actual presidente. El alcance de las reformas a fin organizar a la sociedad e instituciones mexicanas fue y ha sido en diversos aspectos. De tal suerte los temas son los siguientes:

Educación. La educación en nuestro país es sin duda uno de los temas torales a resolver, y con la reforma constitucional se plantea que los profesores de educación, preescolar, primaria, secundaria y media superior, sean evaluados en su desempeño, y como tal sean aptos en sus conocimientos a razón de fomentar una mejor calidad de la educación.

Competitividad. Se incluye la competitividad económica como elemento del desarrollo nacional.

Telecomunicaciones. Se establece  la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órganos públicos autónomos.

Religión. Se  precisa  el concepto de libertad de culto como “libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión”. Además, de restringir actos de culto público con fines políticos.

Condecoraciones. Se faculta al Ejecutivo Federal para autorizar a ciudadanos mexicanos el uso de condecoraciones, servicios, funciones y títulos extranjeros. Asimismo, permite que el Presidente de la República, los senadores y diputados del Congreso de la Unión y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedan aceptar y usar libremente condecoraciones extranjeras.

Facultades de legisladores. Se faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el 5 de marzo del 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, para que expida ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.

Energía. Se permite al Estado llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares. Asimismo, posibilita los contratos con particulares en materia de servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y, es instituido el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Participación ciudadana. Se incorpora el principio de que las constituciones y leyes locales garantizarán que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular.

Transparencia. Se otorga autonomía constitucional al organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Amplía los sujetos obligados. Establece las bases de transparencia para las entidades federativas.

Política-electoral. Se crea  el Instituto Nacional Electoral. Incorpora la reelección consecutiva de senadores y diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos. Dota de autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Modifica la fecha de inicio del cargo de Presidente de la República. Faculta a las Cámaras del Congreso para ratificar a determinados Secretarios de Estado. Crea la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo.

Identidad de la persona. Se incorpora el derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Establece que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento.

Responsabilidad de los funcionarios públicos. Se amplia la responsabilidad a "los integrantes de los ayuntamientos", en la relación de funcionarios públicos que serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Trabajo. Se establece que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años.

Radio y televisión. Se precisa el caso de compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, como parte del sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes.

Estimado lector, observe todos los cambios al texto constitucional en 584 días. Sin duda, son reformas primordiales para la modernización de las instituciones de nuestro país. Con ello, basta para justificar que la Constitución constantemente sea modificada; o, por el contrario, aún no se culmina con la modernización de las instituciones, por tanto, es indispensable continuar modificando la Constitución.

Pero, pero: ¿Cuál es la ganancia institucional y ciudadana al modificar constantemente el texto constitucional y las leyes secundarias?

Usted no se preocupe, en septiembre inicia otro periodo de sesiones legislativas, en el 2015 la Cámara de Diputados tendrá nuevos integrantes, y en el 2018 la Cámara de Senadores, también tendrá nuevos integrantes y un nuevo Presidente de la República, así que continuarán modificando el texto constitucional, sin duda en temas relevantes para la modernización de las instituciones del país, claro, siempre y cuando los actores políticos estén de acuerdo en la modernización, pero y si no lo están, entonces, será que también cambien el texto constitucional; ya veremos, ya veremos…

Fecha: 
Viernes, 22 de Agosto 2014 - 18:00