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¡Por la desaparición de Poderes del Estado de Guerrero!

Los senadores del Partido Acción Nacional proclaman por ejercer la facultad de declarar la desaparición de los poderes en el Estado de Guerrero, en particular, justifican su petición con el objetivo de otorgar solución a los recientes acontecimientos de Ayotzinapa. Es complejo implementar la facultad de los senadores para declarar la desaparición de poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo en un Estado de la República Mexicana. En otras palabras con desaparecer los poderes, cabe preguntar ¿en realidad es la solución a la crisis de inestabilidad social y política por la que atraviesa un Estado o es una acción con tintes electorales?

La fracción V del artículo 76 constitucional otorga como facultad exclusiva a los senadores  la de declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, el nombramiento de un Gobernador provisional. Y, por su parte, en la Ley Reglamentaria (29.dic.1978) de la citada fracción y artículo, establece que corresponde exclusivamente a la Cámara de Senadores determinar que se ha configurado la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado y hacer la declaratoria de que debe nombrarse un Gobernador provisional. Y, para tal efecto, la misma ley dice que es necesario que se formule al Senado la petición de desaparición de poderes de un Estado, es decir que los senadores conozcan las causas por la cuales se formula la petición. 

¿Quiénes están facultados para formular la petición? La respuesta lo determina la ley reglamentaria, es decir, son los senadores, diputados federales o por ciudadanos de la entidad.

¿Cómo se configura la desaparición de poderes de un Estado?

La respuesta lo prescribe la ley reglamentaria, es decir, procede la desaparición de poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: quebrantaren los principios del régimen federal; abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; prorrogaren su permanencia en sus cargos después de concluido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares; y promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas a una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación y con municipios libres.

En síntesis, el tema de la desaparición de poderes de un Estado, a pesar de ser una facultad  exclusiva  de los senadores, por lo pronto, y después de su reglamentación en1978, no ha sido implementada en los Estados de la República.

Anteriormente, se comenta por los estudiosos de la materia, que por lo menos desde 1918 a 1975, son 62 casos los que se han presentado para solicitar la desaparición de poderes, y que solamente entre 4 y 6 casos se procedió a declarar la desaparición del poderes, logrando nombrar al Gobernador provisional. Además, dicen que ya se había intentado emplear la facultad por diversas causas, entre otras, por ejemplo, desde 1918 a 1975, porque el Gobernador y Congreso del Estado se revelaron contra el gobierno federal, porque el Gobernador se levantaba en armas contra el gobierno federal, o porque el Gobernador había infringido leyes federales.    

Estimado, lector, cabe destacar que la realidad es otra, por tanto, es mejor identificar a fondo los problemas del Estado de Guerrero, que no han sido solventados por sus gobernantes durante años. La dignidad de la persona es un derecho humano, y no se debe vulnerar por ninguna circunstancia, y cuando desafortunadamente ocurre lo contrario, entonces es fundamental de manera inmediata restituirlo con los  mecanismos legales que se determinan para una adecuada protección a los derechos humanos.  

Así, qué, querido lector, por el momento, parece ser que es inapropiado sustentar un procedimiento que no ha sido del todo eficaz en la historia del país.

Al tiempo, tiempo… 

Fecha: 
Miércoles, 15 de Octubre 2014 - 17:30
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A revisión los candidatos y candidatas de dudosa procedencia

A unos días que inicie el proceso electoral del 2014-2015 (7 de octubre) a los legisladores les preocupa que no se filtre a los procesos electorales candidatos y candidatas a cargos de elección popular que provengan de actividades del narcotráfico.

En el mes de mayo se publicaron tres leyes en materia electoral, que por lo visto en su contenido no prevén mecanismos legales para reglamentar requisitos de revisión e investigación absoluta de la existencia de una persona cuyo propósito sea participar como candidato y/o candidata a un cargo del elección popular, a través de la selección y designación de un partido político o de su registro a una candidatura independiente.

Por lo visto es un problema que ahora tendrá que darse una solución rápida, pues el proceso electoral inicia el próximo martes.

A razón de dicha problemática, se dice que el presidente y coordinadores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados proponen las siguientes soluciones.

Para el legislador Silvano Aureoles, se dice, que sería que para designar a los candidatos de un partido se debería solicitar la intervención de las instancias de inteligencia, por ejemplo, entre otras, el Cisen, la Secretaría de la Defensa Nacional, con el interés que ellas emitan la opinión de la idoneidad del perfil de un candidato o candidata.

Por su parte el legislador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, destaca que “todos los partidos políticos están obligados a hacer un análisis e investigación de los cuadros que presentan a la población, buscando que sean votados”.

Para el legislador del PAN, José Isabel Trejo Reyes, al menos lo que trata de decir, resulta, que hay que tener cuidado (con los sistemas de inteligencia), “…porque para eso también existen las instancias judiciales correspondientes. Imposible que un ciudadano pueda investigar por sí mismo y sacar sus conclusiones”.

Y, para el legislador del PRD Miguel Alonso Raya, según se dice, que se incluya en la nueva Fiscalía General de la República, una instancia de delitos electorales para que se le entregue una lista de candidatos y candidatas y que sean revisados los que tienen antecedentes.

Pues, bien, el problema de revisar los antecedentes personales de candidatos y candidatas, es decir,  saber que son personas de buena reputación en la sociedad y que no se encuentran involucrados con personas que se dedican al narcotráfico, es un problema al parecer que los legisladores no contemplaron en las leyes con mecanismos para revisar su proceder, y por tanto, al ser vinculados con actividades del narcotráfico, incluir la conducta como sanción penal, sobre todo, que la actual ley de delitos electorales no la menciona.

La ley de delitos electorales solamente señala que se “impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

Por tanto, se aprecia un lío, utilizar los sistemas de inteligencia y/o que la nueva fiscalía encargada de la persecución de los delitos investigue los antecedentes de los candidatos.

Estimado lector, sin duda, los legisladores tienen una tarea pendiente, que sin duda, también se les olvido elaborar e incluir en las recientes leyes electorales establecer mecanismos idóneos para seleccionar candidatos y candidatas independientes y de partido idóneos, y que no estén vinculados con la delincuencia organizada.

Así, qué, querido lector, quizá los partidos y el INE implementen por su cuenta la utilización de algún mecanismo idóneo para constatar la confiabilidad de las personas que buscan un cargo de elección popular para las próximas elecciones. 

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Viernes, 03 de Octubre 2014 - 18:00
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¿Cómo garantizar pensiones dignas para los trabajadores?

En el Senado de la República se lleva a cabo el “Foro Desafíos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro” (comunicado de prensa 1.oct.14).

Es un tema importante, para todos los trabajadores que con sus aportaciones económicas que han efectuado durante su plenitud laboral, logren al retirarse tener una pensión con dignidad y con una calidad de vida digna.

Los expertos del mencionado Foro señalan cuáles son los problemas de los sistemas del ahorro.

Son condiciones precarias de la clase trabajadora en retiro al recibir en promedio dos mil 700 pesos mensuales. Es necesario que se activen todas las 51 millones de cuentas registradas, pues actualmente en el Sistema de Ahorro para el Retiro (Afores), solamente se encuentran activas menos de 20 millones de cuentas. Las instituciones que se encargan de otorgar seguridad social tienen problemas financieros. Las causas son por el bajo crecimiento económico, inestabilidad y desempleo laboral, la informalidad laboral, así como el derrumbe del precio-valor de los salarios generales y por la pasividad y menores tasas del ahorro individual.  

Son 17 años del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y aún enfrenta problemas para conceder a los trabajadores una pensión digna. Las solución, consiste, al menos es lo que se dice por el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Carlos Ramírez Fuentes, que se requiere, un nuevo modelo de traspasos que permita facilitar el cambio de cuentas de los trabajadores entre las instituciones financieras; las comisiones de las Afores deben establecerse únicamente sobre el desempeño de las inversiones; y, flexibilizar el régimen de inversión para canalizar recursos a procesos de mayor rendimiento; así como también incrementar la edad de retiro.

Estimado lector, también nos comentan que el Senado ya dispone de la iniciativa de la ley en la que se expide y modifican distintos ordenamientos en materia de seguridad social (la nueva ley es la de la Pensión Universal, y las leyes que se modifican son: la del Seguro Social, la de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo). Por tanto, son ordenamientos jurídicos de pronta aprobación por el legislador.

Además, nos dicen los especialistas del Foro, que con las iniciativas de ley se tiene como reto el de ofrecer una pensión adecuada a los trabajadores; dar viabilidad financiera al nuevo régimen de pensiones; acotar presiones fiscales; corregir situaciones de inequidad y regresividad del anterior régimen de pensiones; y por ende, fomentar la formalización del mercado laboral. 

Asimismo, determinan que es fundamental superar los rezagos del reemplazo en los pagos a pensionados, sobre todo, porque al momento de la jubilación los trabajadores perciben el 37 por ciento de su salario original a diferencia de lo que ocurre en promedio con los otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es del 45.3 por ciento. 

Y, por último, aluden los expertos, que se requiere aumentar las aportaciones de los trabajadores para los fondos de retiro. En México es de sólo 10 por ciento, ya que el patrón contribuye en promedio con el 80 por ciento y el gobierno con el 20 por ciento. En naciones como Chile, el ahorro por parte de los trabajadores alcanza hasta 100 por ciento. 

Así, qué, querido lector, no se cuál sea su condición laboral, pero, pero, pero,  le pregunto: ¿Cuáles son sus ahorros para el retiro? 

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Jueves, 02 de Octubre 2014 - 17:30
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El derecho a la educación en el IPN

El artículo tercero de la Constitución establece que todo tiene individuo tiene derecho a recibir educación. Por ende, el Estado, es decir, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y Municipios, impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Además, el artículo tercero constitucional determina que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El derecho a la educación es uno de los principios constitucionales, que al menos, hasta donde se entiende solicitan los alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Se dice que ayer con la movilización de miles de estudiantes, le entregaron al Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, el documento de demandas que piden la solución a los problemas internos del IPN, y para que el gobierno les brinde una mejor calidad en la educación.

¿Cuáles son las demandas de los estudiantes del IPN?

Entre otras peticiones, se ha dicho, que es necesario se derogue el reglamento interno; que los elementos de la policía bancaria e industrial salgan de las instalaciones del IPN; que debe de existir la representación equitativa de estudiantes, docentes y trabajadores de cada una de las escuelas centros y unidades que integran el IPN; que debe de concederse el aumento al presupuesto federal al IPN y sectores educativos públicos y de investigación científica con un monto equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB); que debe de eliminarse las pensiones vitalicias de exdirectores del IPN; que es ineludible cancelar los planes de estudio que tecnifiquen la educación superior (que los alumnos no se les registren sus estudios a nivel técnico sino a nivel licenciatura); que se den a conocer todas las formas de injerencia del sector privado en el IPN, pues con ello se estará en condiciones de percatarse que la técnica está al servicio de la patria y no la técnica al servicio de los intereses privados; que los grupos de porros no se queden en el IPN; y que se efectué la destitución de la actual directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante. 

Sin duda, las demandas también exigen, sobre todo, que los estudiantes que participan en el movimiento, se les otorgue por parte de la autoridad, la garantía de que no habrá represalias legales, administrativas o académicas.

En definitiva, así son las demandas de los estudiantes del IPN. Los problemas por la calidad a la educación que exigen los estudiantes del IPN, son problemas que las autoridades competentes deben de solucionar de manera rápida, con el compromiso de otorgar una mejor calidad en la educación, garantizando la libertad de creencias, es decir, una educación laica; y una educación basada en los resultados del progreso científico, que combata la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; una educación que sea democrática como sistema de vida para mejorar lo económico, lo social y cultural del pueblo; siendo nacional, para atender la comprensión de nuestros problemas, económicos, políticos y sociales; y que favorezca con mejorar la convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Y, por tanto, estimado lector, y de verdad, se lo digo, que la educación sea de calidad, con base al mejoramiento constante y al máximo logro académico de los estudiantes del IPN.

Así, que, querido lector, el IPN  es una institución pública  de investigación y educación que fue instituida en 1936 durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río, y es una de las instituciones con predominante reconocimiento académico a nivel internacional, por consecuencia, esperemos que las demandas de los estudiantes del IPN, sean respetadas y cumplidas por las autoridades competentes, claro siempre y cuando, sean las que establece la Constitución; por la educación con calidad, una educación con respeto a la dignidad de la persona.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 01 de Octubre 2014 - 18:30
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¿Cataluña será un Estado independiente de España?

En España se está llevando a cabo una importante disputa política y legal, porque el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña Artur Mas, emplazó a través de la firma del decreto de convocatoria de referéndum independentista, a las personas mayores de 16 años que tengan condición política catalana, a los residentes en la Unión Europea y en terceros Estados con uno y tres años de residencia, para que ejerzan su derecho al voto en expresar su voluntad en que la Comunidad Autónoma declare su independencia del resto de las demás comunidades autónomas, y por ende de España. 

La convocatoria del referéndum es para el próximo 9 de noviembre sustentada por la reciente publicación del 26 de septiembre de la Ley 19/2014 de consultas populares no referendarias y otras formas de participación. Y, las preguntas son dos. La primera es: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?". Y, la segunda es: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?".

El sentido por realizar dos preguntas versa para que en caso de que el ciudadano vote por la primera por un “SI” entonces, se debería de decidir sobre la independencia mediante la respuesta de una segunda pregunta.

Por lo pronto, el debate político y jurídico no es precisamente por el derecho de los ciudadanos de España a participar en consultas populares o en todo caso por la creación de la ley de consultas, por el contrario, la polémica es porqué se someta a decisión de los ciudadanos un consulta popular para saber por mayoría de votos si procede que Cataluña se convierta en un Estado independiente de España.  

Sin embargo, el problema en el fondo del asunto es que la Comunidad Autonómica Cataluña no puede separarse de las otras 18 comunidades autónomas de España, que son parte del territorio español como bien lo declara la Constitución de España de 1978. 

Para el Jefe del Gobierno español Mariano Rajoy esta claro. No procederá dicha consulta, y para tal efecto ha formalizado presentar ante el Tribunal Constitucional dos recursos de inconstitucionalidad contra el Decreto de Convocatoria y contra la Ley de Consultas. Los argumentos que sostiene, principalmente, son porque ambas disposiciones "atentan gravemente contra la Constitución y contra los derechos de todos los españoles".

Sin entrar al fondo del asunto considero que el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá la razón. La respuesta esta en la misma Constitución de España, al establecer que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  

Por tanto, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

No obstante, la autonomía de las Comunidades Autónomas, municipios y provincias son parte del territorio de español, y solamente gozan de autonomía para su gestión de sus respectivos intereses, tal como es su autogobierno, la creación de sus estatutos, entre otros aspectos en la forma que gobiernan, pero no para la separarse o para ser independiente del resto del territorio Español. 

Estimado lector, por lo pronto, con la interposición de los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno Español, en dado caso que el Tribunal Español los acepte a trámite, se podrá suspender la vigencia de la convocatoria de referéndum independentista y de la ley de consultas, hasta que no resuelva en definitiva el Tribunal Constitucional su constitucionalidad. 

Así, qué, querido lector, los catalanes tendrán que esperar la resolución judicial  del Tribunal Constitucional de España, ya que tiene la facultad de ratificarla o levantar la impugnación del gobierno, en un plazo no superior a cinco meses, y hasta que no sea así, seguramente las declaraciones políticas serán la de todos los días a favor y en contra de la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Lunes, 29 de Septiembre 2014 - 18:00
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Marcela González Salas y Petricioli....¿A qué intereses representa...?

La Constitución Política de nuestro país es muy clara: 

“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República".

"A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Marcela González Salas y Petricioli, directora general de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, aparentemente se le olvidó que existe dicho artículo y está haciendo quedar muy mal a quienes la contrataron para desempeñar el puesto que ahora ocupa, léase al C. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y en última instancia al mismo C. Presidente la República Enrique Peña Nieto, de quién por cierto, durante las reuniones que sostuvimos con ella ha presumido de su amistad. Es su obligación Marcela, respetar el empeño de la palabra y de los juramentos hechos por sus superiores jerárquicos que es cumplir y hacer cumplir con nuestra Carta Magna.

El 30 de enero de 2013, como apoderado de la Asociación que representa una gran parte de los caballistas que ofrecen el espectáculo en el Hipódromo de las Américas le solicité, ejerciendo nuestro legítimo derecho de petición consagrado en la Constitución, que nos recibiera y no fue hasta el 12 de abril que nos recibió.

En dicha reunión le expusimos nuestra problemática, le requerimos mejores condiciones para aliviar nuestra insostenible situación, que en síntesis eran contar con mejores premios para los caballistas y tener una autoridad hípica independiente de la empresa, conforme lo dicta el artículo 47 del Reglamento de la Ley vigente. Marcela se comprometió a poner orden. El documento que se entregó se pueden leer en la siguiente liga:

www.purasangre.com.mx/Imagenes/Solicitud30enero2013red.pdf

A lo largo de muchos meses, sostuvimos platicas con diversos funcionarios de la Dirección de Juegos y Sorteos para enseñarles como funciona y debe funcionar la actividad hípica, pues no había un solo funcionario en esa dependencia que tuviera una mínima idea del funcionamiento de nuestra industria.

En diversas solicitudes y en las presentadas el 8 de octubre de 2013 y el 11 de marzo de 2014 insistimos respetuosamente, en que pusiera orden y Marcela ejerciera sus funciones y de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo segundo del Reglamento de la Ley de Juegos vigente y es su responsabilidad aplicarlo. De dichas peticiones no obtuvimos respuesta. La seguimos esperando. Los documentos presentados se pueden leer en la siguientes ligas:

www.purasangre.com.mx/Escritopresentado8octubre2013red.pdf

www.purasangre.com.mx/SolicitudMarcela11marzo2014red.pdf

Durante la presentación de nuestra Ponencia a la que fuimos invitados en el Foro que organizó la Comisión de Juegos y Sorteos de la H. Cámara de Diputados en marzo de este año que tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, expusimos nuestra situación, Marcela estuvo presente. Leído el escrito que presenté a nombre de la asociación que represento —por su actitud presumo que no le cayó muy bien lo que presentamos— pero se comprometió conmigo a recibirnos a la brevedad posible.

Hoy día no ha tenido el menor interés en recibirnos y resolver nuestra situación y no ha cumplido con su obligación constitucional de atender nuestras peticiones que fundamos debidamente conforme a lo que señala el Reglamento de la Ley.

Al día de hoy, la supuesta autoridad hípica todavía es manipulada por la permisionaria del Hipódromo de las Américas, es decir CIE-CODERE y Marcela sigue permitiendo que sigan siendo jueces y partes de este negocio, con todas las graves consecuencias que trae su mal manejo afectando seriamente a todos los sectores que integran la llamada Industria Hípica incluyendo al público apostador.

Desde que Marcela González Salas se hizo cargo de la multicitada Dirección, los premios para los caballistas se redujeron en más de un 25%.

El día de hoy se anuncia en España que CODERE por fin resuelve la deuda millonaria que tenía con sus acreedores y se comunica un cambio en el consejo de administración, de accionistas de la empresa y dejará de cotizar en la Bolsa de Valores y la incertidumbre es grande en nuestro medio hípico. ¿Qué va a pasar con nuestro Hipódromo? ¿Qué no le corresponde a la Comisión de Juegos y Sorteos de la H. Cámara de Diputados investigar toda esta situación?

Aunque se ha pospuesto la presentación de la iniciativa de la Nueva Ley de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas y Petricioli ya tiene una nueva chamba asegurada, pues será la secretaría técnica del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos y así ¿seguirá protegiendo los intereses de quienes realmente influenciaron en la redacción de la nueva Ley?, es decir, las asociaciones civiles representantes de los permisionarios de los llamados Casinos, en especial los empresarios agrupados en la AIEJA, de Miguel Ángel Ochoa, y en la APJSAC, de Alfonso Pérez Lizaúr que representa a CODERE  y la pregunta obligada es...¿A qué intereses representa Marcela ...?

Fecha: 
Miércoles, 24 de Septiembre 2014 - 17:00
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Más vale tarde que nunca

En el año 2000 publiqué un texto denominado “Valores cívicos de la Constitución en el Derecho Electoral Mexicano”. Y, nos dicen que recientemente el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), han firmado un Convenio Marco de Colaboración para la realización de proyectos y trabajos orientados a fortalecer la educación cívica. El objetivo del convenio consiste en establecer las bases para colaborar en proyectos y trabajos en materia de docencia, investigación, difusión de la cultura, asesoría, apoyo técnico, y coedición de materiales, en los ámbitos electoral, de educación cívica, de la cultura de la legalidad, valores democráticos y temas afines.

¿Por qué y para qué celebrar un convenio de ésta naturaleza entre ambas instituciones?

Quizá encontremos como una primera respuesta lo que nos dice el Consejero Presidente del INE, al señalar que dicho convenio facilitará la construcción de una política de Estado en materia educación cívica, y será emblemático para el diseño de políticas públicas a largo plazo. Esto significa, para el presidente del INE, que "es tiempo de impulsar una nueva política de Estado en educación cívica que logre un cambio cultural cualitativo, es tiempo de que nuestra generación asuma su responsabilidad con nuestra democracia".

En mi escrito de hace 14 años sostenía “…últimamente en la sociedad mexicana se ha generado desasosiego por sostener y crear conciencia de los valores cívicos. Las autoridades implementan la reconstrucción de estos aspectos a través de los niveles de educación primaria y secundaria. Las asignaturas se distinguen básicamente por sostener el <<Civismo y Ética>>; intentando sobreponer y rescatar la esencia de esos valores menospreciados, que mucho contribuyen a la formación y sostenimiento de la cultura política…”.

Y, por su parte, con la celebración del convenio el Secretario de Educación Pública Emilio Chuayffet, apuntaba que la construcción de una cultura política debe iniciarse desde la infancia, a fin de que cada integrante de la comunidad se interiorice de las normas, los valores y de las pautas de comportamiento para aprender a convivir. Además, mencionó que no era casual que sea el artículo tercero constitucional el que defina la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

La segunda respuesta a la interrogante antes planteada, la observamos con lo que ha comentado el titular de la SEP, y por lo menos, ya la contemplaba en mi escrito del 2000, pues en él apuntaba que la democracia, igualdad, libertad, fraternidad y justicia como valores cívicos de la Constitución son aportaciones que sostienen principalmente lineamientos culturales del derecho a la educación. Para su plena función es indispensable el consentimiento de su formación y concienciación, que conjuntamente formarán la cultura democrática.

En definitiva, sin duda el convenio llevado a cabo entre las autoridades del INE y de la SEP, es un instrumento que a largo plazo mostrará sus primeros resultados, con el diseño de políticas públicas. Sin embargo, como bien lo señalé hace catorce años, la consecuencia de la formación y actividad democracia, igualdad, libertad, fraternidad y justicia, es un enigma de funcionalidad y eficacia porque la sociedad no tiene conciencia de los elementos e instrumentos que ofrece el marco constitucional y legal para practicar sus derechos y obligaciones políticas. Por tanto, surgen asperezas jurídicas que pudieran evitarse con una adecuada capacitación política-electoral y conducta cívica, formándose con ello la cultura democrática, cuyo elemento fundamental es la Carta Magna.

Así qué, estimado lector, mientras las autoridades del INE y la SEP aterrizan y cumplen el objetivo del convenio, sea consciente que Usted tiene el derecho a participar en la política, por ejemplo, con el derecho a ser candidato independiente a un cargo de elección popular, con el derecho a iniciar leyes y/o con el derecho a participar en la toma de decisiones del gobierno en temas de trascendencia nacional mediante la consulta popular.

Querido lector, ándele, anímese, esta es su oportunidad, hace catorce años quizá Usted estaba estudiando la primaria y la secundaria, y por ende le inculcaron sus profesores una educación cívica, ahora Usted es una persona mayor de edad, y no espere a que pasen en su vida otros catorce años sin que participe en la vida pública del país, quizá sea demasiado tarde para hacerlo.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Martes, 23 de Septiembre 2014 - 18:00
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¿A usted le preocupa el cambio climático?

El tema del cambio climático es un problema que une a todos los países. En estos días en Nueva York, se comenta que en la reunión de secretarios de relaciones exteriores durante el Foro de las Mayores Economías, el  Secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, manifestó que en nuestro país cuenta con una Ley General del Cambio Climático; en otras palabras es una ley modelo para que otros países adopten el ejemplo.   

Los mexicanos tenemos la obligación de combatir los efectos del cambio climático que se originan por la misma actividad del ser humano. Para combatir  los  efectos nocivos del cambio climático en la naturaleza donde residimos, resulta trascendental, por lo menos, la creación y aplicación de leyes que reglamenten de manera ordenada las acciones gubernamentales, esto es, a través de políticas públicas eficientes. 

Si bien es cierto que el artículo 4 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar,  también es cierto que el artículo 25 de la Constitución determina que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, llevando a cabo la regulación y fomento de actividades que demande el interés general. 

El derecho y la obligación de la persona y de las instituciones para gozar de un medio ambiente sano y combatir los efectos del cambio climático se comparte con responsabilidad de la población y de las autoridades.

El derecho entendido como el conjunto de normas jurídicas que contribuyen a regular las conductas de todas la personas e instituciones en materia de cambio climático, es el derecho que se establece con la reciente Ley General del Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, y el reciente  ACUERDO por el que se expide la Estrategia Nacional de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2013. Así como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013 incluye, el tema de fortalecimiento de la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, y de bajo carbono.

La ley y los programas públicos están vigentes, pero cuando se incumplen, también es cierto la aplicación de otra ley denominada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013 (con vigencia el 7 del julio de 2013),  cuyo objeto es la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

Así qué, estimado lector, como mexicanos ¿cómo luchamos contra los efectos  del cambio climático? En otras palabras, nuestra responsabilidad ¿cuál es contra los efectos del cambio climático? 

Los efectos del cambio climático son graves, mire usted lector, entre otros se mencionan: el aumento de temperaturas; el deshielo; la subida del mar; las sequías; los fenómenos meteorológicos extremos; las pérdidas económicas; la extinción de especies; las enfermedades; la emigración (aumento de la erosión y las inundaciones); y la pérdida de recursos. 

Así, qué, querido lector los efectos del cambio climático nos afecta a todos los seres humanos, especies y ecosistemas. 

Al tiempo, tiempo…

Por último, estimado lector, en mi columna del viernes pasado me expresaba en relación a los países que integran el Reunido a  “Irlanda”  y  debe decir “Irlanda del Norte”. Por tanto, le manifiesto una atenta disculpa… 

Fecha: 
Lunes, 22 de Septiembre 2014 - 18:00
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¿El referéndum en Escocia es un precedente para el referéndum de Cataluña?

El Reino Unido aún se integra por los países de Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia. En efecto, ya que el resultado de la votación del referéndum arrojó una mayoría por el “no” de la independencia de Escocia del Reino Unido.

El número de electores con derecho a votar fue de 4,283.392.  Por el “si” fue de 1,617.989  y por el “no” fue  de 2,001.926 electores. Esto significa que el porcentaje de la votación por un “si” fue de 44.7% y por el “no” fue de 55.3%. Por consecuencia, la participación ciudadana fue del 84.48% por ciento.

Escocia era un Estado soberano antes de la aprobación del Acta de la Unión de 1707 con Inglaterra. Su lucha para llevar a cabo el referéndum del 18 de septiembre, consistió principalmente por su economía –recursos del petróleo-, por el manejo de armas nucleares y por la defensa de las Islas Británicas.

El referéndum en Escocia es un precedente para Cataluña. Los ciudadanos españoles tienen el derecho a participar en el referéndum escocés, porque España y el Reino Unido son parte de los cinco países que integran los 28 países de la Unión Europea. Se dice que más o menos son 20 mil españoles los que participaron en la consulta independentista en Escocia.

Sin duda, es un precedente para observar la participación del número de electores por un “si” y por un “no”,  y de los temas de debate que han surgido en Escocia, para que Cataluña el 9 de noviembre realice su referéndum por su independencia de España. Si embargo, en una primera consideración los escenarios sociales, económicos, culturales y políticos son diferentes en Escocia y en Cataluña.

Pero para Cataluña existen dos inconvenientes. El primero se establece porque al pretender llevar cabo el referéndum de independencia el 9 de noviembre, transgrede la Constitución de España, pues como Comunidad Autónoma Cataluña, si no cumple con las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a Cataluña al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

El precepto de la referida obligación constitucional, al parecer se confirma, en principio, con las declaraciones realizadas por el Jefe de Gobierno Español Mariano Rajoy en relación al resultado del referéndum de Escocia.

“Ayer han elegido entre la segregación y la integración, entre el aislamiento y la apertura, entre la estabilidad y la incertidumbre, entre la seguridad y el riesgo cierto. Y han elegido la opción más favorable para todos: para ellos, para el resto de ciudadanos británicos y para el conjunto de Europa”.

“Creo profundamente en la integración de la Unión Europea, creo que ése es el camino que nos ha llevado a superar las tragedias de nuestra historia y nos permite afrontar con éxito los retos del futuro. Para poder triunfar en ese empeño necesitamos a todos y por eso estamos muy felices de que Escocia siga estando con nosotros”.

El segundo inconveniente para la celebración del referéndum catalán es que aún se comenta, que el gobierno catalán no dispone de una Ley de Consultas Públicas, pues con la vigencia de dicha ley, entonces el gobierno catalán tendría la base legal para respaldar la convocatoria al referéndum que se pretende celebrar el 9 de noviembre.

Estimado lector, Escocia, y la Comunidad Autónoma de Cataluña en España son lugares maravillosos, quien los conoce, no me dejaran mentir, pero, pero, pero, con base a la ley en Escocia se realizó un referéndum de independencia del Reino Unido y en la Comunidad Autónoma de Cataluña en España aún no se realiza, pues la Constitución del España no lo permite.

Así qué, querido lector, mientras tanto, si Usted quiere unirse a la celebración del “no” del referéndum de Escocia, puede brindar el triunfo con ellos tomándose un Whisky.

Al tiempo, tiempo…  

Fecha: 
Viernes, 19 de Septiembre 2014 - 18:00
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El Hipódromo de las Américas... ¿Se debe rescatar...?

A finales 1995 el permiso para operar el Hipódromo de las Américas fue revocado por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo siendo secretario de Gobernación Emilio Chauyfett Chemor.

La empresa permisionaria anterior no pudo soportar los errores cometidos y la llevaron a la quiebra. Su pasivo sumaba más de 50 millones de dólares y aunado a lo que había perdido —por la ocurrencia de construir y operar un hipódromo en Nuevo Laredo — que le ocasionó la pérdida, a lo largo de los años, de más de 200 millones de dólares y con ello se arrastró toda la operación del centro hípico de la ciudad de México que por años y años fue exitosa.

Realmente, los errores de la empresa se cometieron con el consentimiento de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación de ese entonces y permitió que la fuente de empleo se perdiera, además del perjuicio que se causó a toda la industria hípica.

Así las cosas, el gobierno federal presentó a finales de 1996 una convocatoria de licitación para otorgar un nuevo permiso y en la cual participaron grupos empresariales importantes, entre otros, uno formado por Germán Larrea, el grupo CIE, un grupo de italianos y el grupo formado por la empresa texana Maxxam y su socio mexicano ECE, de un hijo de Claudio X. González a la que se les otorgó el permiso y en el cual participé como asesor de esa empresa en formación. Luego los mexicanos se rajaron con el consecuente entripado que les causó a los gringos. 

El permiso fue asignado al presunto segundo lugar, una empresa subsidiaria del Grupo CIE, (Corporación Interamericana de Entretenimiento) de Alejandro Soberón Kuri y administrada por el ingeniero José Manuel Alavés González.

La convocatoria era clara y dictaba "el Hipódromo de las Américas debe constituirse en el detonador del resurgimiento de esta importante industria aprovechando su enorme potencial y su inigualable tradición".

Y agregaba: "La rehabilitación del Hipódromo de las Américas debe fundarse en bases de óptima solidez para garantizar el éxito...(sic); asegurando que su operación rinda un espectáculo de calidad similar a los espectáculos internacionales de su misma naturaleza y para que...(sic), permita la generación de recursos y acredite un mayor monto en los premios y para el desarrollo y fortalecimiento de la cría caballar y mejores condiciones a caballistas, jinetes y demás sectores involucrados, incluyendo la participación que se ofrezca al Gobierno Federal”.

Trece años después de que CIE-CODERE operan el Hipódromo de las Américas no se ha cumplido con lo establecido ni las bases de la licitación, ni en su permiso y ninguna autoridad los ha obligado a cumplirlo.

Para dicha licitación, la Dirección General de Gobierno de la SEGOB, se vio en la necesidad de contratar a un asesor externo, Castañeda y Asociados, S.A. de C.V., para que determinara la elegibilidad de los postores y la evaluación de los proyectos, determinando que "la actual permisionaria no podía ser objeto del otorgamiento del permiso". Sin embargo, se les otorgó...

Y así empezó la segunda debacle del centro hípico. Las instalaciones de la tribuna central y de la preferente se redujeron sustancialmente para dar acomodo a las oficinas del grupo concesionario en terrenos de la propiedad federal —y que nada tienen que ver con las carreras de caballos—, disminuyendo considerablemente el aforo de la planta hípica a menos de la mitad de su capacidad original.

En la otrora tribuna preferente ahora operan un gran casino, y más grave, se apoderaron de las instituciones que vigilan y regulan la operación hípica logrando la autorización a los cambios en su permiso cuantas veces quisieron. Tuvieron a la SEGOB de Santiago Creel en su bolsillo. 

Después de varios años de operación y con una deuda que se fue acumulando la empresa de Alejandro Soberón Kuri (ahora se anuncia que tiene a su cargo la concesión del Autódromo de la Ciudad de México) vendió, en 2007 el 49% de su acciones al grupo español CODERE y luego en 2012 le vendió un restante 38.5% en contra de lo que señala el permiso original que limita claramente que extranjeros no pueden participar con más de un 49%. No es raro que en México sucedan estas "anomalías" ¿Qué así va ser con el petróleo?

Hoy la empresa española CODERE está en preconcurso mercantil de acreedores y aunque en México sí generan utilidades, la operación del Hipódromo de las Américas todos los días se deteriora. Este año bajaron los raquíticos premios ofrecidos a los caballistas en un 25% y la autoridad hípica sigue siendo parte de la empresa. Obedece a sus mandatos e intereses.

Ahora, el diputado Fernando Zárate, presidente de la Comisión de Juegos y Sorteos, creada para indagar el funcionamiento del otorgamiento de los permisos para Juegos y Sorteos declara en una entrevista periodística (Alexia Barrios Gómez) que la nueva La Ley de Juegos y Sorteos prevé "el fomento y protección de la Industria Hípica y de manera específica el Instituto deberá emitir política pública detallada al respecto".

También declaró que "Sólo existe un hipódromo en funcionamiento en el país, que opera con pérdidas y asegura,  "en realidad la pregunta sobre caballos y galgos la determina por un lado el mercado y por otro definir si es prioridad para nuestro país (y gobierno) mantener (fondear, subsidiar, incentivar) una actividad que desde hace años a trabajado con pérdidas...(sic).

Y cabe preguntarse ¿Por qué el único Hipódromo que opera en el país dicen, presenta pérdidas?

La respuesta es sencilla, lo operan mal con el beneplácito de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación — léase Marcela González Salas— directora general de la Dirección de Juegos y Sorteos de la SEGOB que es la responsable de que los permisos otorgados se cumplan a cabalidad.

Se debe saber que el gobierno no subsidia las carreras de caballos y me parece que es su obligación el rescate de una industria que crea empleos y puede generar una derrama económica importante por lo que se requiere de una política pública adecuada para desarrollarla a todo su potencial.

Así, se ha vuelto a permitir, como en la primera debacle, que la fuente de empleo se vaya perdiendo, además del serio perjuicio que se está causado a toda la industria hípica mexicana. Los caballos Pura Sangre mexicanos están en peligro de extinción.

Fecha: 
Miércoles, 17 de Septiembre 2014 - 17:00
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