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¿Qué le parece? ¡Una nueva Secretaría de la Administración de la Justicia!

En esta semana se comenta que el Presidente de la República Enrique Peña Nieto presentará un nuevo Plan del Estado Derecho, un Plan de Justicia. ¿En qué consiste el nuevo Plan de Justicia?  

Se dice que tratará temas relacionados con la creación de un mando único de policías en el país y con ello el fortalecimiento de los 2,457 municipios, sobre todo para refrendar la certeza institucional del acceso a la justicia y para otorgar de manera adecuada seguridad pública, y por tanto la correcta protección de los derechos humanos.    

En virtud del establecimiento de políticas públicas el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) del Gobierno de la República tiene como objetivo general llevar a México a su máximo potencial, entre otros aspectos destaca de “…convertir a México en una Sociedad de Derechos…" “…es necesario propiciar una sociedad donde los derechos establecidos en la Constitución pasen a la práctica”.    

Para tal efecto, en el PND se determinan cinco metas nacionales: un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global. Asimismo, contempla como estrategias las siguientes: democratizar la productividad, un gobierno cercano y moderno, y perspectiva de género. En este contexto se implementa el Plan Nacional de Desarrollo.   

Ahora bien, todo resulta trascendental para el desarrollo de plan de gobierno, sin duda, pero también resulta que para su plena eficiencia y eficacia como política pública alcance las metas deseadas en distancias cortas.  

En el mismo PND en el rubro de “México en paz” se traza como meta que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población, cuya meta busca, fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos humanos, la erradicación de la violencia de género, el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello orientado a la consolidación de una democracia plena. 

Asimismo, la meta del PND subraya “que responde a un nivel de inseguridad que atenta contra la tranquilidad de los mexicanos y que, en ocasiones, ha incrementado los costos de producción de las empresas e inhibido la inversión de largo plazo”. 

De tal suerte, continúa exponiendo el PND, “que la prioridad, en términos de seguridad pública, será abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del delito y la transformación institucional de las fuerzas de seguridad. En este sentido, se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia, asíì como construir policías profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo de reinserción social de los delincuentes”.

Así es estimado lector, pronto estaremos al tanto de saber los lineamientos para el fortalecimiento institucional para la pronta eficiencia y eficacia de la justicia.  Quizá sea necesario implementar una “Secretaría de la Administración de Justicia”, mediante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF). 

En otras palabras otorgar a la CJEF el rango de Secretaría, además de las atribuciones que efectúa actualmente CJEF, tales como la de revisar y validar los decretos y otros instrumentos jurídicos que se someten a consideración del Presidente para su promulgación, así como someter las iniciativas de ley que se presentan a los diputados y senadores para su discusión y aprobación, también cabe la posibilidad que con la nueva Secretaría se le conceda como atribución especifica la planeación del programa de gobierno en administración de justicia. 

La creación de la “Secretaría de la Administración de Justicia”, tendría que ser moderna y con avances tecnológicos para que los programas y planes de gobierno de administración de justicia muestren de manera pronto y expedita resultados eficientes y eficaces.

Así que, querido lector, es mejor no especular en la toma decisiones para el Plan de Justicia, que se dice que anunciará en esta semana el Presidente de la República, y mejor nos esperamos al anuncio oficial. ¿Qué le parece?

Al tiempo, tiempo…    

Fecha: 
Martes, 25 de Noviembre 2014 - 18:00
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Cambios hechos al Acuerdo de Aviación entre México y EEUU, hipócritas que buscan ganar puntos políticos y propuesta de nueva constitución

El director general de Aeronáutica Civil de la SCT, Gilberto López Meyer, explica en que consisten los cambios hechos al Acuerdo de Aviación entre México y EEUU y como promoverán la competencia. En el estudio me acompañan Antonio Castro Quiroz y Bernardino Esparza y comentamos sobre los hipócritas que buscan ganar puntos políticos a costa de los 43 normalistas de Ayotzinapa; el ridículo crecimiento de la economía; la propuesta de una nueva constitución. Tere Vale discrepa con una exigencia de Cuauhtémoc Cárdenas. Hugo González pronostica que la licitación por las 2 cadenas de TV abierta acabará declarándose desierta. Mónica Uribe nos platica sobre la semana que tuvo el papa Francisco.

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Fecha: 
Lunes, 24 de Noviembre 2014 - 19:15
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Mi programa:

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¿Los mexicanos quieren una nueva Constitución?

Cuauhtémoc Cárdenas plantea la idea de crear una nueva Constitución Política para México. Se dice que reunido este fin de semana con los fundadores del PRD convocaron a la izquierda para crear un Congreso Constituyente, que se encargue de redactar el nuevo texto constitucional.      

Para Cárdenas, se comenta que es importante crear esta corriente, no como fue la de 1988-1989 cuando fue institucionalizado el PRD con partidos políticos de izquierda, sino que ahora “no se trata de reproducir esta corriente sino de contribuir a una movilización plural para apoyar, desde nuestras diferentes trincheras, movimientos y causas legítimas y justas de la gente, y el surgimiento de propuestas que planteen soluciones de fondo a los problemas del país”.

Además según dice que “no se debe pensar que pretendemos deshacernos de las instituciones y de la vida institucional, ya que hay mucho que sirve por mucho que haya que arreglar”.

Y, por tanto, termina apuntando que “queremos una nueva Constitución que actualice y amplíe los principios de soberanía, libertades y equidad, pretendemos que regrese la vida institucional con instituciones útiles y dirigentes confiables, comprometidos con las causas del país y del pueblo”.

La convocatoria de Cuauhtémoc Cárdenas consiste en formular, en crear un texto constitucional que incluya nuevos derechos humanos, instituciones y principios. Desde 1814 con la Constitución de Apatzingán, se han creado 14 documentos constitucionales, por supuesto con la Constitución de 1917. Los   constituyentes plantearon, crearon, formalizaron derechos, instituciones y principios. 

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de febrero de 1857, es el texto constitucional final de la conformación del constitucionalismo de México desde 1814. En su texto integrado con 128 artículos, con su preámbulo se estableció que: “En nombre de Dios con la autoridad del Pueblo Mexicano.  Los representantes de los diferentes Estados, del distrito y territorios que componen La República de México, llamados por el plan proclamado en Ayutla el primero de Marzo de 1854, reformado en Acapulco el día 11 del mismo mes y año, y por la convocatoria expedida el 17 de octubre de 1855, para constituir a la nación bajo la forma de república democrática, representativa, popular, poniendo en ejercicio los poderes con que están investidos, cumplen con su alto encargo decretando la siguiente”:

En el artículo primero se implantó que: “el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben de respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 1917, que reforma la de 5 de febrero de 1857, entró en vigor el primero de mayo del mismo año que se promulgó con 136 artículos.

Así surge un texto constitucional de características y derechos sociales trascendentales para el pueblo, y donde también en su artículo primero se concedió que: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podían restringirse, ni suspenderse, sino en casos y con las condiciones que ella misma establece”.

Ahora, bien, no obstante a la formación del constitucionalismo, la Constitución de 1917, es el texto constitucional que actualmente nos rige y desde su promulgación lleva 618 reformas constitucionales. 

Estimado lector, la nueva corriente de Cuauhtémoc Cárdenas pretende crear, quiere “una nueva Constitución que actualice y amplíe los principios de soberanía, libertades y equidad”.  

Sin embargo, cabe destacar que en junio del 2011 la Constitución se reforma para reconocer los derechos humanos de las personas y establece las garantías para lograr su efectiva protección. Por tanto, incorpora disposiciones en materia de derechos humanos que den cumplimiento a los tratados internacionales de los que México sea parte. 

Y, en febrero de este año también se reforma la Constitución en materia política-electoral que crea el Instituto Nacional Electoral. Incorpora la reelección consecutiva de senadores y diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos. Dota de autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Modifica la fecha de inicio del cargo de Presidente de la República. Faculta a las Cámaras del Congreso para ratificar a determinados Secretarios de Estado. Crea la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo.

Así que, querido lector, sin duda resulta importante la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, pero, pero, pero cabe preguntar ¿Qué busca? ¿Una nueva Constitución? ¿Un nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PRD? ¿Una candidatura a Diputado Federal en las elecciones de 2015? ¿Un nuevo Partido Político rumbo a las elecciones del 2018? ¡¡¡Posesionarse de nuevo en la política, tal y como sucedió en 1988!!! 

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Lunes, 24 de Noviembre 2014 - 17:00
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La Ley para los Veteranos de la Revolución Mexicana

Hoy es un año más del conflicto armado que tuvo lugar en México el 20 de noviembre de 1910. A ciento cuatro años se recuerda el movimiento de la Revolución Mexicana, como el movimiento social más importante del siglo XX en nuestro país. En el contexto de los problemas y propuestas sociales, políticas y económicas, surge dicho movimiento, y por el motivo de los años de gobierno del General Porfirio Díaz. Desde el año de 1876 ejerció el poder, es decir por 34 años administró al país. 

A pesar del tiempo que perduró, se dice que México gozó de cierta estabilidad política y del progreso positivo de la economía. Sin embargo, su permanencia en el poder fue inspiración suficiente para que Francisco I. Madero manifestará estar en contra del gobierno de Díaz, y por tanto, proclamará el Plan de San Luis promulgado el 5 de octubre de 1910. En dicho Plan se convocaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Una vez depuesto Díaz, en 1911 Madero obtiene el triunfo en las elecciones presidenciales.

La Revolución Mexicana es el movimiento social que terminó con la proclamación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917. 

Así la Constitución de 1917 concede a todas las personas derechos sociales, entre otros, a los trabajadores para las condiciones del trabajo, tales como: el de un día de descanso por cada seis días de trabajo y la seguridad social.  

 En el tenor de la situación del movimiento revolucionario, es prudente preguntar ¿cuáles fueron los derechos que obtuvieron los revolucionarios? Si bien es cierto que lograron los derechos que les concedió la Constitución del 17, también es cierto que por su lucha revolucionaria se les confirieron otros derechos. 

El 7 de enero de 1950 con el Presidente de la República, Miguel Alemán (1946-1952) se publica la ley denominada “Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado”. 

Es una ley con 21 artículos. En su contenido nos dice que son Veteranos de la Revolución, los que reúnan los siguientes requisitos: “1o.- Haber prestado servicios activos a la Revolución entre el 19 de noviembre de 1910 y el 5 de febrero de 1917, siempre que tales servicios hayan sido prestados en campaña o en cooperación activa con la misma; y,  2o.- Haber sido reconocidos así por la Secretaría de la Defensa Nacional previo el estudio y dictamen de las hojas de servicios correspondientes”. 

Asimismo, la ley señala que: “los Veteranos de la Revolución al Servicio del Estado, cualquiera que sea el empleo que desempeñen, gozarán de todos los beneficios y garantías que las leyes conceden a los trabajadores de base al servicio del Estado y tendrán derecho en igualdad de condiciones, de competencia y antigüedad, para cubrir las vacantes de cualquier naturaleza que se produzcan en cada una de las unidades burocráticas. 

Por consiguiente, “Los Veteranos de la Revolución que no sean trabajadores del Estado, tendrán derecho para ocupar las plazas de nueva creación, las supernumerarias, las eventuales e interinas y las de última categoría una vez corridos los escalafones; este derecho se aplicará en un 25% de los puestos de base vacantes”.

Ahora, bien, estimado lector, Usted preguntará ¿para qué sirve la ley de Veteranos de la Revolución? En efecto, quizá tenga razón “para qué sirve”, quizá sea únicamente para llegar a oídos de que sigue vigente en nuestro país.

Así, qué, querido lector, con la ley vigente o no, cada año recordamos el movimiento revolucionario, pero en realidad cada año nos olvidamos de los motivos, de los frutos de la Revolución Mexicana; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes, y por supuesto, que también nos olvidamos de ellos, si de ellos, los revolucionarios y de sus descendientes.  

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Jueves, 20 de Noviembre 2014 - 18:00
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Conspiración contra el presidente Peña

La denuncia del presidente Enrique Peña Nieto de que al parecer los intereses que afectaron sus reformas intentan desestabilizar a su gobierno es muy grave. ¿Qué pretende con esta delación ni más ni menos que del jefe de Estado y de gobierno mexicano? Tan seria acusación no viene de un ciudadano común, de un analista o de cualquier predicador que libremente puede gritar ante hechos que salen de su comprensión: ¡allí viene el lobo!, y no pasa a mayores cosas. La investidura del presidente le faculta para usar los instrumentos legales y juzgar a los conspiradores. ¿Por qué en lugar de actuar conforme a sus atribuciones recurre a denunciar una conspiración? Ante el evidente pasmo del gobierno para enfrentar la crisis política cabe preguntar: ¿se trata de una figura retórica para aplacar las críticas o de una fuga de la razón que se niega a ver la complejidad de los problemas nacionales?

Si a la clara demanda ciudadana de erradicar la impunidad y la corrupción para forjar un país de leyes, así como establecer un piso mínimo de oportunidades para todos, se le llama conspiración, estamos cerca de una grave ruptura constitucional. Cuando los problemas se explican mediante teorías conspirativas la política se reduce a la lucha de buenos contra malos, y no deja espacio para la libertad, para las opiniones diferentes, pues la lógica maniquea mata a la pluralidad y reduce la convivencia a un estás conmigo o estás contra mí. Y no justifico la violencia de grupos radicales; lo que propongo es combatir la impunidad, cualquiera que sea su origen, pues si el gobierno no ve que el problema es la ausencia de ley o impunidad (que es la guerra de todos contra todos), no entenderá que esa es la causa que origina la violencia.

En vez de teorías conspirativas, los mexicanos queremos escuchar propuestas precisas de las clase política de cómo no volverán a ocurrir sucesos como los de Iguala y Tlatlaya; qué procedimientos legales y políticos se establecerán para investigar y sancionar casos de conflictos de interés, de corrupción de políticos y el contubernio con empresarios; cuándo se terminará con esta guerra absurda a las drogas ilícitas, que agudizó las deficiencias de instituciones políticas ya frágiles y nos sumó en una espiral de violencia; cómo se combatirá la delincuencia, que no sea ocultando la información; cómo se reformará el aparato de Estado para que en lugar de servir a una pequeña elite económica vele por el bien común; qué medidas económicas y culturales se tomarán para combatir la desigualdad; y qué reformas se realizarán para que los políticos nos representen y nos rindan cuentas.

Foto: www.cnnexpansion.com

Fecha: 
Jueves, 20 de Noviembre 2014 - 17:00
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España por un Estado Federal

En estos días en España surge el debate por avanzar del Estado autonómico al Estado Federal. Desde luego con reformar el texto constitucional de 1978. El líder del Partido Obrero Socialista Español (PSOE) Pedro Sánchez, en el parlamento español se lo dice al presidente del Gobierno español, líder del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy: “para seguir viviendo en la mejor de las Españas, tenemos que reformar nuestra Constitución, es la hora de abordar esa reforma constitucional, señor Rajoy, le estamos esperando”.

Es probable que el líder del PSOE no logre su cometido con el presidente del Gobierno, ya que el tema del Estado Federal para una España integrada en Comunidades Autónomas, es un tema complejo de llevar a la realidad.

En mi artículo que escribí en el año de 2005 para el “IV Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España”, decía que en el caso español el golpe de Estado propiciado el día 3 de enero de 1874 por el General Pavía, terminó con el intento de establecer la República Federal, propuesta por el entonces presidente de las Cortes Constituyentes (Marques de Albaida) por el cual, dicho interés no llegó a consagrarse en el texto constitucional. Principalmente, por la incertidumbre política del pueblo español en 1873 y 1874.

No obstante, el proyecto de Constitución Federal de 1873, surgió por los partidarios de la República para constituir en España un Estado Federal integrándose en un federalismo y confiriendo la autonomía de sus integrantes. El significado de tal manifestó, era la Unidad de España, restándole la participación estructural, organizacional y funcional a las regiones, y por ende, a su origen, es decir a los reinos independientes.

El federalismo estaba sustentado por un Estado central, compuesto por encima de los Estados miembros con sus propios ordenamientos constitucionales, siempre y cuando no contravinieran las disposiciones de la Ley Fundamental.

Con dicho proyecto se asume uno de los primeros indicios del concepto de lo que hoy son Comunidades Autónomas, distinguiéndoles como Estados.

Pero además, surge la disposición para la delimitación de competencias y facultades entre el Estado Central y los Estados miembros: Estado, Autonomía y competencias, términos para determinar los actuales.

El tema regional en España ha sido uno de los problemas más controvertidos durante su formación histórica. Contrariedad que reincidía en la organización política del Estado, en lo particular, por interrelacionar la unidad nacional con el reconocimiento de singularidades regionales.

El problema se suscitó más cuando los confeccionadores de la Constitución de 1931, no definieron el Nuevo Estado ya sea como unitario o federal, debido a que con dichas expresiones coexistía una crisis de la propia identificación del término.

La definición de Estado se mantuvo con la forma de Estado denominada integral, por tanto, de cierta forma se instituía un federalismo acotado, pero confiriendo ciertas concesiones, a través de un Estatuto de Autonomía política y administrativa a cada región que así lo solicitará.

Sin duda todo esta ausencia de manifestaciones, claras para definiciones estatales, traía consigo actitudes positivas y negativas. Esto provocó, con otros factores sociales, la senda que desembocó con la guerra civil del 1936-1939.

Durante el inicio de la guerra civil (18 de julio de 1936), prácticamente se establecieron dos tipos de Estados: el Estado republicano y el Estado nacional,  predominando al final de la guerra el Estado nacional, durante casi las cuatro décadas que permaneció el régimen del General Francisco Franco, no obstante, por el establecimiento del Estado nacional desaparece la figura de la Comunidad Autónoma con sus propias derivantes, es decir la autonomía y sus competencias.

El régimen constitucional de este período 1939-1975, estuvo sustentado por diversas leyes constitucionales contenidas en un sólo ordenamiento constitucional. Las leyes aportaron una organización jurídica y política de la Nación, a pesar de esa diversidad, la configuración de las Comunidades Autónomas desaparecieron en la aludida época. 

Con la transición del régimen dictatorial al régimen democrático se facilita la refundación del Estado, cediendo con ello la descentralización territorial del poder, culminada con la Constitución de 1978. Es así entonces, que nos referiremos al Estado Autonómico, es decir, con las 17 Comunidades Autónomas del España actual.

Estimado lector, para que España tenga claramente definido qué tipo de Estado es, necesita, por lo menos, tomar en cuenta las características del federalismo. Entre otras, que todo Estado Federal es el integrado por un grupo de estados que sin perder su propia soberanía, se pliegan al interés supremo de la Nación de la que forman parte, como expresión de su propia soberanía;  todo ello es el Pacto Federal

Así, qué, querido lector, para que el líder del PSOE logre su propósito, en principio para reformar las Constitución de España, es necesario el consenso y la mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, es decir, de diputados y senadores. En la Cámara de Diputados el PP dispone de 186 diputados, y el PSOE de 110, mientras que en la Cámara de Senadores el PP dispone de 136 senadores, y el PSOE de 54.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 19 de Noviembre 2014 - 17:30
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Contra la violencia la aplicación de la ley

Por el respeto a los derechos humanos y a las instituciones de nuestro país es ineludible saber ¿cuál es el tipo de conciencia, educación, valores y principios que infunden las leyes de nuestro país?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la norma fundamental que fomenta los principios por los cuales debemos constituir en la sociedad, en la familia, en la escuela, en las instituciones. 

La Constitución nos otorga garantías contra el abuso de la autoridad, medios de control constitucional, como son el juicio de amparo o la acción de inconstitucionalidad que procede contra leyes que transgreden los derechos, así como de las controversias constitucionales que proceden cuando se suscitan   conflictos entre la Federación, los Estados y/o el Distrito Federal, e inclusive otros medios de control, tales como el Juicio para la Protección de los Políticos de los Ciudadanos, y que procede cuando no son reconocidos tus derechos a votar, a ser votado, al derecho de asociación y de reunión, desde luego asociarte y/o reunirte para manifestar tus ideas tiene que suceder de manera PACIFICA, en paz, sin violencia, sin alterar el orden, sin sustraer cosas que no te pertenecen.  

Por el contrario, cuando empleas violencia, la armonía se rompe, se destroza, se disgrega tu conciencia, tu educación, tus valores y tus principios.

En fin, estimado lector, las leyes se encuentran vigentes, máxime la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el año de 2008, para otorgar una mejor certeza jurídica en la procuración y administración de justicia, se reformó estableciendo en todo el territorio las bases para regular el sistema procesal penal acusatorio y por ende oral, que deberá estar en plena vigencia en el año 2016.

Así, qué, querido lector, la solución a los problemas no es con violencia, no es aplicando justicia por propia mano, es decir, los disgustos no se solucionan con la  aplicación de la Ley de Talión, “ojo por ojo, diente por diente”.

Al, tiempo, tiempo…     

Fecha: 
Viernes, 14 de Noviembre 2014 - 18:30
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Vigentes los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes han sido establecidos con la aprobación del dictamen de la “Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”,  realizado ayer en la Cámara de Senadores. 

El jueves nueve de agosto de 2012 fue modificado el  artículo 71 constitucional el cual le otorga al Presidente de la República el derecho de presentar el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones (1.feb. o 1.sep. de cada año) de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, hasta dos iniciativas de ley con el carácter de trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. 

El proceso legislativo de las iniciativas preferentes consiste en que cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara en la que se presente, ya sea en la de diputados o senadores, teniendo como plazo para su discusión y votación treinta días naturales. Por el contrario, si no fuere así, entonces la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno de la cámara respectiva en donde se presentó por primera vez. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

Cabe señalar que el presidente no tiene el derecho de presentar iniciativas de ley con el carácter de preferentes cuando dispongan adicionar o reformar el texto constitucional. 

Con el derecho que le otorga la disposición constitucional el presidente presentó el primero septiembre de este año en la Cámara de Senadores la iniciativa preferente en la que se expedía la denominada “Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes” y reformas a diversas disposiciones de la “Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil”.

Y, después de cumplir con el proceso legislativo antes referido, por fin ayer 6 de noviembre en la Cámara de Senadores por mayoría de 72 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, se dictaminó en sentido positivo. El dictamen fue presentado por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos.

Por consiguiente, el nombre de la ley cambio por el de “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, y con ello, también se expidió el decreto por el cual se reforman diversas disposiciones la Ley General de Prestación de servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

Ahora, bien, el contenido de la nueva ley dispone de 154 artículos, con seis títulos nombrados los dos primeros “De las Disposiciones Generales” y “De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, y  a su vez el título segundo se clasifica con diecinueve capítulos, en los cuales se establecen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el título tercero con el nombre “De las obligaciones”, integrado con un capítulo; el título cuarto denominado “De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, integrado con un capítulo; el título quinto denominado “De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, integrado con seis capítulos; el título sexto con el nombre “De las Infracciones Administrativas”, integrado con un capítulo. 

Por tanto, la ley tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; de prioridad; a la identidad; a vivir en familia; a la igualdad sustantiva; a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; a una vida libre de violencia y a la integridad personal; a la protección de la salud y a la seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación; al descanso y al esparcimiento; a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; a la libertad de expresión y de acceso a la información; de participación; de asociación y reunión; a la intimidad; a la seguridad jurídica y al debido proceso, y derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; y el  derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Y, también establece la citada ley que para tales efectos, el Estado instituirá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Por último, a quiénes no respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se les imponen infracciones y sanciones de tipo administrativo, con multas de hasta treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

En suma, para que la ley entre en vigencia es necesario que los legisladores la envíen al Poder Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación. 

Pero, la completa vigencia de la ley es necesario el complemento de otras características, esto es, que al día siguiente de su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, disponen de ciento ochenta días naturales para que realicen las modificaciones legislativas.  

Además, después de la entrada en vigor de las modificaciones legislativas locales, los Sistemas de Protección Locales y Municipales tienen noventa días para que se integren.

Asimismo, resulta la creación de los reglamentos por el Ejecutivo Federal, que deberán ser expedidos en un plazo de ciento ochenta días naturales. La creación de una Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que deberá constituirse a partir del siguiente ejercicio presupuestal 2015. Y, el Sistema Nacional DIF, el cual dispone de noventa días naturales  para reformar su Estatuto Orgánico, y, también los centros de asistencia tienen el plazo de ciento ochenta días para realizar sus adecuaciones. Ciertamente, para realizar las adecuaciones a dichos centros,  la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, estableceráì una partida presupuestal. 

Estimado, lector es una nueva ley, y para su plena vigencia es necesario que después de su publicación  las autoridades entre 90 y 180 días naturales implementen, todos, si todos, los mecanismos e instituciones legales para otorgar la adecuada protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de este país. 

Así, qué, querido lector, me queda la duda, es decir, después del proceso legislativo de 67 días para dictaminar la ley de manera positiva: ¿será posible en 180 días integrar las nuevas instituciones? 

Y, mientras tanto, las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las calles, trabajando, pidiendo dinero ¿podrán soportar más de lo que han sufrido durante su corta vida?

Al, tiempo, tiempo… 

Fecha: 
Viernes, 07 de Noviembre 2014 - 19:00
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Tomadura de pelo legislativa

El 26 de febrero pasado, en el Senado de la República se votó la nueva Ley Federal de Consulta Popular.

En lo general y en lo particular de los artículos no reservados, la ley recibió 103 votos a favor, 10 en contra, mientras que un senador del PT se abstuvo. Votaron a favor 61 senadores del PRI, 34 del PAN, 11 del PRD y siete del PVEM. En contra votaron ocho perredistas y dos del PT. En lo que al voto en lo particular de los artículos 1 al 65 y el 5 Transitorio se refiere, votaron en contra todos los senadores del PRD y PT y cinco del PAN. Todos los priístas y la mayoría de los panistas votaron a favor del texto que quedó plasmado en la versión final de la ley.

Unos días después, el 6 de marzo, se votó en la Cámara de Diputados la Ley aprobada por los senadores.

En lo que a la votación en lo general y en particular de los artículos no reservados se refiere, votaron a favor 362 diputados, en contra 57 y se dieron 4 abstenciones. Los votos a favor fueron emitidos por 184 diputados del PRI, 88 del PAN, 57 del PRD, 24 del PVEM y nueve del PANAL. En contra se registraron dos votos panistas, 24 perredistas, 13 petistas y 18 movimientociudadanistas. Cuatro del PRD se abstuvieron. Al momento de votar en lo particular los artículos 5, 6, 12, 21, 30, 33, 41 y 64, la proporción de los votos a favor y en contra fue similar a la de la votación en lo general.

Así, quedó definitivamente aprobada la Ley Federal de Consulta Popular, una verdadera tomadura de pelo legislativa porque lejos de promover y facilitar que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho a expresar, como señala la ley, nuestra “opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”, la coarta, limita y condiciona.

Para empezar, la fracción III del Artículo 12 de la Ley anota que “podrán solicitar una consulta popular los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores”.

Si consideramos que al 30 de octubre de este año el número de ciudadanos inscritos en dicha lista nominal es de 81,306,513, es virtualmente imposible que los ciudadanos puedan, sin depender de un partido político u otra organización multimillonaria, solicitar una consulta popular. Si yo quisiera hacerlo, ¿cuántos recursos económicos, materiales y humanos debería invertir para obtener el apoyo del 2% de la lista, es decir 1,626,130 personas?

El Artículo 6 de la Ley señala que “Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos tales como: I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y II. Que impacten en una parte significativa de la población”.

Sin embargo, el Artículo 11 anota que no podrán ser objeto de consulta: “I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; II. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución; III. La materia electoral; IV. Los ingresos y gastos del Estado; V. La seguridad nacional, y VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”. Aparentemente, los diputados y senadores que votaron a favor de este artículo opinan que estos asuntos no repercuten ni impactan a los mexicanos o que los mexicanos no tenemos la capacidad para votar en torno a ellos mediante una consulta popular. ¡Qué soberbia! ¡Qué afán de seguir controlando nuestras vidas!

Que diferente es esta Ley aprobada por los beneficiarios del poder político mexicano comparada con leyes de consulta popular vigentes en otros países que sí permiten a los ciudadanos decidir su realidad y destino. Esta comparación la haré otro día.

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Jueves, 06 de Noviembre 2014 - 12:00
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El Estado de Derecho contra la corrupción

En suma, comentaba ayer con mi tema “Por la vigencia plena del Estado de Derecho”, que el Estado de Derecho es el imperio y primacía de la ley, por medio de un sistema jerárquico de normas para el pleno establecimiento de la seguridad jurídica. Y, para ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental del país, que asiduamente es reformada por el legislador, como bien se aprecia con las 618 modificaciones desde su creación en 1917 a la fecha.

Pues, bien, con la norma jurídica se combate a la corrupción, al menos esa es una de las propuestas del Partido de Acción Nacional (PAN) que presentó esta semana a través de la iniciativa de ley suscrita por sus diputados y senadores, para  reformar y adicionar y derogar diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción es un tema que les ocupa igualmente a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues en noviembre de 2012 presentaron la iniciativa de ley suscrita por sus senadores para reformar y adicionar nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción se combate con la ley. Por lo visto con las modificaciones al texto constitucional se pretende crear por parte de los legisladores del PAN un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), conformado por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana.

El sistema se coordinará entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad. Un Sistema Nacional de Fiscalización, encargado de coordinar las acciones de los órganos de fiscalización en el país, con el objetivo de generar condiciones que permitan un mayor alcance en sus revisiones; evite duplicidades; permita un intercambio efectivo de información; homologue los criterios de planeación, ejecución y reporte de auditorías; y establezca una serie de deberes para quienes conforman el Sistema.

Además, nos dicen los del PAN, que es necesario crear la figura de la extinción del dominio en el delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Esto es, que los bienes derivados de dicho delito sean tratados acorde al procedimiento de extinción de dominio.

Por su parte en la iniciativa de los legisladores del PRI y PVEM se pretende  crear una Comisión Nacional de Anticorrupción y la reorganización de la estructura de la Administración Pública para determinar en desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

En definitiva, son buenas intenciones de los legisladores. En efecto, no es prudente pensar que entre todos es sabido que los actos de corrupción son muchos, muchos, muchos todos los días y no hacemos nada para evitarlos.

Los legisladores en sus iniciativas manifiestan el porque quieren que se modifique el texto constitucional, entre otras causas de corrupción, muestran la corrupción en México con diversos estudios. Por ejemplo, que en 2010, Transparencia Mexicana reportó e identificó para la conformación del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que al menos 200 millones de actos de corrupción para acceder a 35 trámites y servicios monitoreados. En diez de cada cien ocasiones en que se realizó un trámite o se accedió a un servicio público, los hogares pagaron sobornos.

Por ende, se estima que el costo económico de dicha forma de corrupción rebasó los 32 mil millones de pesos, lo cual representa 165 pesos por cada hogar mexicano que debió pagar por el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como por concesiones y servicios administrados por particulares. 

Estimado lector, la corrupción es un tema de hace muchos años, difícil de combatir, y que las leyes tratan de limitar sus tipos, por ejemplo, el nepotismo, el uso indebido de los recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, el abuso de autoridad, los conflictos de intereses, el favoritismo, el soborno, el amiguísimo, el compadrazgo, el uso político de los recursos públicos, el blanqueo de dinero, el uso discrecional o político electoral de los recursos públicos y/o la ausencia de rendición de cuentas.

Así, qué, querido lector esperemos que los legisladores no tarden otros dos años para crear todo un sistema institucional, que combata de manera eficiente y eficaz la corrupción en nuestro país.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 05 de Noviembre 2014 - 18:30
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