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Cuauhtémoc vs Graco

De enero de 2014 hasta marzo de 2015, los 33 gobiernos municipales de Morelos suscribieron un convenio con el gobierno estatal por medio del cual entregaron el mando de sus policías al gobernador Graco Ramírez Garrido (PRD), creándose así el llamado Mando Único, que de acuerdo a la Comisión Estatal de Seguridad Pública morelense es “un sistema de operación y administración policial debidamente homologado, profesionalizado y estructurado, que concentra a todas las corporaciones preventivas municipales y estatales como un solo ente”.

Dichos convenios expiraron en el último segundo del 31 de diciembre pasado al concluir los gobiernos de los presidentes municipales que los suscribieron. Para reestablecer el Mando Único es necesario que cada nuevo gobernante municipal acepte suscribir un nuevo convenio con el gobierno del Estado.

El problema es que las diferentes organizaciones delincuenciales no desean que se reestablezca el Mando Único porque eso les impide tener el control de las policías municipales y les dificulta delinquir con la tranquilidad con que lo hacían hasta el día en que se creo dicho Mando.

De acuerdo al gobierno de Morelos, gracias al mando único se logró disminuir el número de delitos de alto impacto. De noviembre de 2014 a octubre de 2015 se registraron 2,722 delitos de este tipo, lo que significa un promedio de 226 delitos al mes, que es la mitad de los delitos que se registraban cada mes en 2012. Además, Morelos pasó del primero al cuarto lugar en la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes.

En su más reciente informe de gobierno, Ramírez Garrido presumió el descenso del número de delitos entre 2013 y 2014: “Un descenso de 8% en la incidencia delictiva general; en especial, una disminución del 16% en los delitos de alto impacto… En el caso del robo de vehículo con violencia… este delito presenta un descenso de 37.8%; en su modalidad de robo de vehículo sin violencia… descendió 17%;  el robo a casa habitación, en su modalidad de robo con violencia… se redujo 34.6%; el robo de casa-habitación sin violencia… 19.8% menos que el año 2013; el delito de homicidio doloso… al concluir el año 2014, una disminución de 33.4%;  el abigeato… se logró disminuir sustancialmente un 57.7% en el número de estos delitos”. Además, las denuncias por secuestro disminuyeron 21.5%, el número de personas secuestradas fue 28.4% menor, mientras que el número de presuntos secuestradores capturados aumentó 15.1%.

Graco Ramírez afirma que la delincuencia organizada presiona a los nuevos presidentes municipales para que no acepten el Mando Único. Es más, asegura que la flamante presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo (PRD), fue asesinada el sábado pasado, un día después de asumir su cargo, justamente por estar decidida a suscribir el nuevo convenio y negarse a obedecer a los delincuentes.

Tanto el gobernador como el Comisionado Estatal de Seguridad Púbica, Alberto Capella afirman que el nuevo presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco (PSD), puede estar en contra del Mando Único debido a la influencia o presión que sobre él ejercen personas que le son cercanas y que aparentemente tienen vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, la misma que la PGR acusa de desaparecer y asesinar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En vista de que Cuau Blanco y otros presidentes municipales no quieren o no pueden suscribir los nuevos convenios del Mando Único, el gobernador decidió actuar y el pasado domingo emitió varios decretos por medio de los cuales asumió de manera “inmediata y temporal”, el mando de las policías municipales de Ayala, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Ocuituco, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Xochitepec y Zacatepec.

En exfutbolista Blanco ha dicho que no acatará el decreto del gobernador y que recurrirá a otras instancias, pero la verdad es que no hay mucho que pueda hacer al respecto. En la exposición de motivos de sus decretos, Graco Ramírez anota, entre otras cosas, que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 92/2010, ha sostenido que al tratarse de casos extraordinarios, de fuerza mayor o de alteraciones graves del orden público, los gobernadores de los estados tienen la facultad de asumir el mando de las policías municipales de la Entidad” y que “la Carta Magna confiere a los Ejecutivos estatales la libertad de apreciación para actuar en los casos que ellos mismos consideren como de fuerza mayor y de alteración grave del orden publico”.

En este pleito, desde ahora pronóstico que el perdedor será el aguerrido y bronco Blanco, quien dudo mucho haya leído alguna vez el Artículo 115 Constitucional.

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Fecha: 
Martes, 05 de Enero 2016 - 12:00
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Segunda vuelta

El PAN, por conducto de su senadora defeña Mariana Gómez del Campo presentó una iniciativa para reformar el Artículo 81 de la Constitución con el objeto de que a partir de 2018 el presidente de la república sea electo por una mayoría absoluta de los electores y no, como ha venido sucediendo desde 1994, por una mayoría simple inferior al 50%.

Recordemos cuáles han sido los resultados de las elecciones presidenciales desde ese año.

1994 - Zedillo (PRI): 48.7%; Fernández de Cevallos (PAN): 25.9%; Cárdenas (PRD): 16.6%; seis otros candidatos: 5.8%; candidatos no registrados: 0.1%; votos nulos: 2.9%.

2000 – Fox (PAN-PVEM): 42.5%; Labastida (PRI): 36.1%; Cárdenas (PRD-PT-CD-PAS-PSN): 16.6; tres otros candidatos: 2.6%; candidatos no registrados: 0.1%; votos nulos: 2.1%.

2006 – Calderón (PAN): 35.9%; López Obrador (PRD-PT-CD): 35.3%; Madrazo (PRI-PVEM): 22.3%; dos otros candidatos: 3.7%; otros no registrados: 0.6%; votos nulos: 2.2%.

2012 – Peña Nieto (PRI-PVEM): 38.2%; López Obrador (PRD-PT-MC): 31.6%; Vázquez Mota (PAN): 25.4%; Quadri (PANAL): 2.3%; otros no registrados: 0.0%; votos nulos: 2.5%.

Los anterior nos indica que 51.3% de los electores no votaron a favor de Zedillo, 57.5% no eligieron a Fox, 64.1% no apoyaron a Calderón y 58.7% no sufragaron a favor de Peña Nieto.

En suma: los últimos cuatro presidentes de México, incluido el actual, llegaron al poder contra la voluntad de la mayoría de los electores que acudieron a las urnas el día de la elección.

El apoyo popular con que ha llegado al poder cada uno de ellos es aún menor si tomamos en cuenta el nivel de abstención registrado en las elecciones presidenciales de 1994, 2000, 2006 y 2012, que fue de 22.8%, 36.0%, 41.5% y 36.9%, respectivamente.

Al presentar la propuesta panista, Mariana Gómez dijo que lo que busca la reforma constitucional es “que no sólo la gane quien tenga más votos, sino también que sea el candidato que cuente con el respaldo de la mayoría de los electores” para que quien gobierne al país sea un “presidente fuerte”. De acuerdo al Boletín de Prensa 136 que emitió el grupo parlamentario del PAN en el Senado: “la segunda vuelta daría gobernabilidad, ya que casi todos los gobernantes en México al ser electos por una minoría y no por la mayoría, enfrentan graves problemas de gobernabilidad que llevan a parálisis y crisis políticas… solucionaría, en parte, este problema de gobernabilidad, pues obligaría a los candidatos a formar alianzas con distintas fuerzas políticas, puntualizó… motivaría que los ciudadanos deban informarse sobre los perfiles y propuestas de los candidatos, pues en la segunda vuelta no podrían emitir un voto a ciegas para un candidato o partido que ya no está contendiendo… fortalecería a los partidos políticos, pues el partido ganador lograría mayor consenso en favor de su gobernante, se reduciría el número de partidos improvisados que se benefician del principio de representación proporcional, y se fortalecería el sistema interno de los partidos, pues se fomentaría la elección interna de candidatos que beneficien a los ciudadanos y no únicamente a los propios partidos”.

Es innegable que la fuerza de los últimos cuatro presidentes es mucho menor de la que gozaron quienes los antecedieron. Eso explica, en parte, los problemas de gobernabilidad que cada vez más afectan a nuestro país. La segunda vuelta para elegir a nuestros presidentes podría restituirle esa fuerza al cargo.

Muchos países han adoptado este sistema para elegir a sus presidentes. Entre ellos: Argentina, Armenia, Austria, Brasil, Bulgaria, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Guatemala, Haití, Indonesia, Kazajstán, Kirguistán, Lituania, Macedonia, Mongolia, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán.

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Fecha: 
Miércoles, 25 de Noviembre 2015 - 12:00
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No son nada...

Las fracciones del PAN en la Cámara de Diputados y del PRD en la de Senadores presentaron ayer sus iniciativas para facilitar el acceso a las candidaturas independientes a cargos de elección popular.

Lo anterior como respuesta a las medidas que algunos congresos locales han tomado para hacer virtualmente imposible que cualquier ciudadano mexicano busque ser electo a un cargo por la vía independiente, sin partido político de por medio. Ambas iniciativas dejarían sin efecto lo que han aprobado estas legislaturas estatales y evitaría que otras intentaran limitar los derechos de quienes quieran ser candidatos independientes.

La iniciativa del PAN busca reformar los artículos 35, 41, 73 y 116 de la Constitución federal mientras que la del PRD modificaría el 35 y el 116.

Ambas propuestas, de ser aprobadas, reducirían y homologarían en 0.5% del listado nominal el número de firmas necesarias para inscribir una candidatura independiente, esto es la mitad del 1.0% que la ley vigente exige para registrar una candidatura independiente a la presidencia de la república y la cuarta parte del 2.0% necesario para las candidaturas a senadores y diputados.

La iniciativa panista fija el tiempo para que un aspirante a una candidatura independiente recabe el porcentaje de firmas necesarias: de 20 a 60 días. También permitiría que los candidatos independientes disfruten de los mismos tiempos de radio y televisión que los candidatos partidistas y de similar financiamiento público y privado para sus campañas.

Yo propondría que el 0.5% que ambas iniciativas recomiendan como el mínimo para registrar una candidatura independiente no se base en la lista nominal de electores sino en el número de personas que en la elección más reciente hayan votado en el distrito electoral en el caso de diputados, estado en el caso de senadores, y país en el caso de la presidencia de la república. Si consideramos el alto número de votantes registrados que no sufragan en las elecciones, el porcentaje exigido debe representar la realidad y no la situación ideal.

Falta ahora ver que opinan al respecto los diputados y senadores del PRI, PVEM y demás partidos ya que, por tratarse de enmiendas a la Constitución, se necesitará el voto aprobatorio de dos terceras partes de los integrantes de cada cámara y de la mayoría simple de los congresos de los estados.

De entrada, Morena no apoyará estas iniciativas. Hace unos días el dueño de este partido, el Peje López, dijo que “Los independientes no significan una opción, una alternativa, porque ellos no cuestionan el principal problema que es la corrupción, ni enfrentan la política económica que ha venido imponiendo la mafia del poder, desde hace 30 años, que es la que ha causado el empobrecimiento y la destrucción del país… no son nada, representan la nada”. Afortunadamente, los legisladores federales y locales de Morena son tan pocos que fracasarán en sus intentos de impedir cualquier enmienda constitucional porque, como diría su patroncito, “no son nada”.

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Fecha: 
Miércoles, 07 de Octubre 2015 - 12:00
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Liturgia caduca

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dada el 4 de octubre de 1824:

“Artículo 67.- El congreso general se reunirá todos los años el día 1 de enero en el lugar que se designará por una ley. En el reglamento de gobierno interior del mismo, se prescribirán las operaciones previas a la apertura de sus sesiones, y las formalidades que se han de observar en su instalación.

“Artículo 68.- A ésta asistirá el presidente de la federación, quien pronunciará un discurso análogo a este acto tan importante; y el que presida al Congreso contestará en términos generales.

“Artículo 71.- El congreso cerrará sus sesiones anualmente el día 15 de Abril con las mismas formalidades que se prescriben para su apertura, prorrogándolas hasta por treinta días útiles, cuando él mismo lo juzgue necesario, o cuando lo pida el presidente de la federación”.

Constitución Política de la República Mexicana  jurada el 5 de febrero de 1857:

“Artículo 63.-  A la apertura de sesiones del congreso asistirá el presidente de la Unión, y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El presidente del congreso contestará en términos generales”.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que Reforma la de 5 de Febrero de 1857, dada el 5 de febrero de 1917:

“Artículo 69.- A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer caso, sobre el estado, general que guarde la administración pública del País; y en el segundo, para exponer al Congreso o a la Cámara de que se trate, las razones o causas que hicieron necesaria su convocación, y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria”.

Reforma del Artículo 69 del 30 de julio de 2008:

“Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad”.

La reforma del 30 de julio de 2008 terminó con un acto supuestamente republicano que se originó en la Constitución de 1824. Y digo supuestamente republicano porque, en realidad, durante los años de la dictadura de Porfirio Díaz y el período trascurrido entre la presidencia de Álvaro Obregón (1924-1928) y la de Ernesto Zedillo (1994-2000), el día en de la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, generalmente el 1 de septiembre, era el día en que el sistema político elevaba al presidente de la república en turno a la categoría de un semidiós. Era “El Día del Presidente” en el cual los poderes Legislativo y Judicial se postraban ante el titular del Ejecutivo. El día en que “el señor presidente de la república y jefe de las instituciones nacionales” nos decía que el país iba muy bien y, si aceptaba que iba mal, nos prometía que pronto salvaría a la Patria y a los mexicanos.

El “Día del Presidente” empezó a echarse a perder el 1 de septiembre de 1986 cuando el entonces diputado perredista Porfirio Muñoz Ledo interrumpió al presidente Miguel de la Madrid cuando éste rendía su sexto informe de gobierno. Desde entonces hasta que se suprimió la obligación de presentar el informe en persona, gracias a la reforma de 2008, no hubo presidente de la república que no fuera interrumpido y vilipendiado por un buen número de legisladores de partidos opositores.

En este era de las comunicaciones inmediatas, de la Internet, las redes sociales y de los cotidianos discursos presidenciales sale sobrando un acto como el que rigió durante muchos de los 183 años transcurridos entre 1824 y 2007.

Por eso, quienes piden que regrese el acto mediante el cual el presidente de México rinda en persona un informe de gobierno ante el Congreso de la Unión solo muestran que extrañan un acto caduco de la liturgia política mexicana. Curiosamente, quienes así piensan son priístas o no priístas que añoran tiempos pasados.

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Fecha: 
Martes, 01 de Septiembre 2015 - 12:00
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Las cinco reglas de transparencia en las licitaciones

El artículo 27 constitucional señala que “Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.

Hay aquí dos términos que es conveniente explicar:

  • Inalienable es que no se puede vender. Se refiere al petróleo en el subsuelo. El petróleo una vez que ha sido extraído si se puede vender.
  • Imprescriptible es que este derecho no puede extinguirse por el trascurso del tiempo. Una empresa petrolera que obtiene un contrato de exploración o extracción del petróleo no se puede hacer dueña del petróleo que hay en el subsuelo porque pasen muchos años.

La nación es la propietaria del petróleo y demás hidrocarburos que hay en el subsuelo. Las áreas en las que se podrán explorar y explotar hidrocarburos se determinaron a través de la Ronda Cero y la Ronda Uno. En la Ronda Cero, que se realizó en agosto del 2014, se le asignaron a Pemex el 83% de las reservas probadas y probables. Lo demás es lo que se licita a los particulares (aunque también puede participar Pemex).

Pero además, para mayor transparencia del proceso, se establecieron cinco reglas para licitar estos contratos:

1) Todas las rondas licitatorias de los contratos serán públicas y transmitidas en tiempo real a través de internet.

2) Los contratos tendrán cláusulas de transparencia para que puedan ser consultados por cualquier interesado.

3) Las empresas deberán hacer públicos los costos incurridos y los pagos que reciban del Estado.

4) Serán públicos también los recursos que reciba el Estado por los hidrocarburos que se extraigan, así como el uso y destino que se les dé.

5) Habrá pesos y contrapesos entre cuatro instancias del Estado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, evitando que decisiones discrecionales se concentren en una sola autoridad.

Las instituciones que participan en el proceso de licitación son:

  • La Secretaría de Energía que es la que hace los lineamientos técnicos de los contratos.
  • La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que fija el régimen económico y fiscal.
  • La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que realiza las licitaciones y asigna los contratos.
  • Y finalmente, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo que recibe, administra y distribuye los ingresos derivados de las asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.

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Fecha: 
Miércoles, 29 de Julio 2015 - 17:30
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Columnas:

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Incongruencias entre la Constitución y diversas leyes. La importancia de la transparencia. Mexicanos Primero denunciará a SEP ante PGR

En el estudio me acompañan Mariana Campos, Bernardino Esparza y, como comentarista huésped, la cantante Eugenia León. Platicamos sobre las incongruencias entre la Constitución y diversas leyes, la importancia que se avance en la transparencia de la información gubernamental y presupuestal, otro estudio internacional que muestra la mediocridad de nuestro país. Eugenia nos platica de su carrera y proyectos futuros. David Calderón Martín del Campo, director general de Mexicanos Primero, anuncia que su organización denunciará a la SEP ante la PGR por violar la ley al usurpar las atribuciones del INEE. Desde Oaxaca, Carlos Velasco, describe la difícil situación creada por la CNTE y el gobernador Gabino Cué.

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Jueves, 04 de Junio 2015 - 20:00
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Mi programa:

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CNTE le va ganando a EPN

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. – Artículo 3 de la Constitución.

“Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”. - Artículo 3 de la Constitución, Fracción IX.

“El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme lo dispone la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Instituto contará con plena autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna”. - Artículo 22 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

“El Instituto tendrá por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios. Asimismo, el Instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto a los atributos de educandos, docentes y Autoridades Escolares, así como, de las características de instituciones, políticas y programas educativos”. - Artículo 25 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

“Corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: I. La evaluación del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, sin perjuicio de la participación que las autoridades educativas federal y locales tengan, de conformidad con los lineamientos que expida dicho organismo, y con la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. II. Fungir como autoridad en materia de evaluación educativa, coordinar el sistema nacional de evaluación educativa y emitir los lineamientos a que se sujetarán las autoridades federal y locales para realizar las evaluaciones que les corresponden en el marco de sus atribuciones. III. Emitir directrices, con base en los resultados de la evaluación del sistema educativo nacional, que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad.  Respecto de los servicios educativos diferentes a los mencionados en la fracción I de este artículo, la Secretaría y demás autoridades competentes, realizarán la evaluación correspondiente, de conformidad con las atribuciones establecidas por esta Ley”. – Artículo 29 de la Ley General de Educación.

“En materia del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media Superior, corresponden al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación las atribuciones siguientes: I. Definir los procesos de evaluación a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables; II. Definir, en coordinación con las Autoridades Educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refiere la presente Ley; III. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas, así como los Organismos Descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio Profesional Docente en la educación obligatoria”. – Artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

“Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”. – Boletín de prensa emitido el viernes 29 de mayo por la Secretaría de Educación Púbica, anunciando una decisión del gobierno federal que es violatoria de la Constitución y de la leyes General de Educación, General del Servicio Profesional Docente, y  del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre otras.

Es claro, que en lo que a la Reforma Educativa se refiere, la disidencia magisterial le va ganando la batalla al gobierno de Enrique Peña Nieto. Lástima para el país, lástima para los millones de niños y jóvenes condenados a vivir sus vidas en la mediocridad.

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Fecha: 
Martes, 02 de Junio 2015 - 12:00
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¿Es privada o pública la llamada telefónica del presidente del INE?

La Constitución de nuestro país establece que las comunicaciones privadas son inviolables. Sin embargo, y de manera desafortunada para el Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello, no es así. 

En una grabación que circula por YouTube, y retomada por diversos medios de comunicación, se muestra que el presidente del INE mantiene conversación con el Secretario Ejecutivo del INE respecto a una reunión que sostuvo con personas de la comunidad indígena.

Es una conversación desagradable, sin duda, de la cual Lorenzo Córdova ofreció una “disculpa pública y franca a quienes se hayan sentido ofendidos”. 

No obstante, también resulta importante destacar diversos aspectos de la intervención telefónica.

En tiempos de campañas políticas-electorales, tal y como lo vemos con diversos candidatos y partidos políticos, la confrontación entre ellos por ganar votos para el próximo 7 de junio, es de todos los días.   

Mostrar, revelar y publicar las debilidades del opositor, al parecer es la estrategia política que se utiliza con el propósito de deshonrar a los actores políticos.  

¿Cuál es la estrategia y efectos políticos al intervenir comunicaciones privadas? ¿Es una práctica común? Para Lorenzo Córdova ¿cuál es el resultado y/o secuela política de su comportamiento? ¿es posible que se deteriore su imagen como persona privada, o como servidor público, o como presidente del INE, o que sean perjudicadas las decisiones de los  consejeros del INE?  

¿Cuál es la consecuencia política de la inviolabilidad de la comunicación privada a unos días que finalicen las campañas políticas? En estas campañas políticas ¿el presidente del INE, es también candidato a un cargo de elección popular?  

Con tal eventualidad son muchas las preguntas. 

Pero, me parece que la realidad es otra. Es decir, que la intervención de las comunicaciones privadas, tales como las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y/o los chats, entre otros medios de comunicación, es un acto que profana y vulnera el derecho fundamental consagrado en el texto constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, el que ni autoridad ni gobernados pueden intervenir un comunicación, salvo por los casos previstos por la ley. Así como lo dice la Constitución: “Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o el titular del Ministerio Público de entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”. Por tanto, la “ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”.

Fecha: 
Miércoles, 20 de Mayo 2015 - 17:00
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Quejas…

(Una oportunidad de mejora)

Una avenida principal con poca iluminación, desempleo, una calle con baches, inseguridad, altos costos de servicios principales (agua, luz, gas, teléfono), impuestos, corrupción, burocracia (entre otros), suelen ser las quejas que emitimos constantemente y que también solemos escuchar en el transporte, en los restaurantes, en la oficina, en las escuelas o en los mercados y es que no faltan motivos para quejarnos de la administración pública que realizan nuestros actores políticos. Sin importar el partido político en el que militen todos son lo mismo y al final, tenemos la apreciación de que nuestros derechos y garantías como ciudadanos parecen no ser prioridad para ellos, pues todo se reduce a la suma de intereses propios y ajenos que mueven los hilos de la política en nuestro país según da cuenta la historia de México. No niego que quizá haya honrosas excepciones pero lamentablemente, son las menos.

Es así que atribuimos a los políticos que no podamos aspirar a una mejor calidad de vida, ya que sentimos una total indiferencia de su parte hacia nuestras necesidades.

En realidad, la queja no es más que la forma en que expresamos nuestras necesidades con la intención de recibir atención y/o ayuda, al igual que un recién nacido llora por alimento o cobijo y no es un problema cuando la asumimos con responsabilidad en aras de encontrar soluciones o de cubrir las necesidades propias; sin embargo, se vuelve un lastre cuando nos convertimos en un constante “buzón de quejas” ante cualquier situación.

Cierto es que el Estado como institución, es un estado fallido que cada vez se aleja más del cumplimiento del Artículo 1º. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” Garantías que han sido violentadas por el mismo estado, más de una vez.

Sin embargo, del otro lado de la moneda cabe la pregunta: ¿Cumplimos como ciudadanos? Y aquí es donde el asunto se vuelve escabroso porque nos enfrentamos ante una palabra algo olvidada: civismo “Comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública”, lo cual queda estipulado en el  Artículo 15 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal: “La Cultura Cívica en el Distrito Federal, que garantiza la convivencia armónica de sus habitantes, se sustenta en el cumplimiento de los siguientes deberes ciudadanos...”

Como muestra para el presente, tomo tres (IX, XV y XXIII de la citada Ley):

  • Conservar limpias las vías y espacios públicos;

Notable es la cantidad de basura que encontramos en vías y espacios públicos como parques, monumentos, calles y paraderos de transporte, por mencionar algunos. Sin duda que para ello existe personal que se encarga de la limpieza de cada uno de los sitios que frecuentamos pero al margen de eso, la cantidad de personas que se atreven a tirar basura en la vía pública sigue siendo alarmante y no sólo los peatones, también algunos conductores deciden echar por la ventanilla lo que no quieren en sus autos.

  • Mantener en buen estado las construcciones propias, así como reparar las averías o daños de la vivienda o lugar de trabajo que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos;

En el contexto laboral y por experiencia propia, a cargo del personal de servicios internos (limpieza y mantenimiento, entre otros) de cierto lugar en el que trabajé, cuidar el lugar de trabajo no es una prioridad para los empleados, se piensa que el personal de limpieza tiene la función de lavar tazas de café o utensilios de comida, además de sus tareas principales. En casa, se suelen ignorar las “quejas” de un vecino molesto por el ruido de un alto volumen de la música o una fuga de agua o porque las mascotas de otro vecino dañen su jardín o ensucien su entrada.

  • Participar en los asuntos de interés de su colonia, barrio y Delegación, principalmente en aquellos dirigidos a procurar la seguridad ciudadana así como en la solución de los problemas comunitarios.

Entre vecinos es común quejarse de los males que aquejan las colonias o unidades habitacionales pero a la hora de participar en las asambleas, de emitir un voto o contribuir moral o económicamente con alguna iniciativa, ganan la apatía e indiferencia.

Tomé como ejemplos tan sólo tres deberes ciudadanos porque me parecieron los más representativos y posibles de observar en el comportamiento diario y es que generalmente, pensamos en primera persona y lo que está bien para nosotros o no es una molestia, en automático carece de fundamento para que un tercero se queje.

No voy a negar que tenemos suficientes razones para quejarnos de los malos gobiernos, de su falta de honestidad y compromiso con la población; no obstante, quiero resaltar que muchas de nuestras quejas bien podríamos convertirlas en la punta de lanza para hacer las cosas de diferente manera, para que en lugar de seguir esperando buenas acciones de parte de gobernantes o representantes vecinales, les mostremos cómo se hacen las cosas y les exijamos cumplir con la parte que les corresponde en el entramado social. Quedarnos en el plano de la queja y no dar un paso adelante por el bienestar propio y común de nuestro entorno, no solo no resuelve nada sino que nos atora y nos encierra en un eterno círculo vicioso.

En época de campañas electorales y de escuchar y leer las quejas que de ellas emitimos los ciudadanos porque han resultado no sólo de mal gusto sino hasta ofensivas, además de la falta de propuestas por parte de los candidatos y de lo molesto que resulta la saturación de propaganda política; es un buen momento para pensar ¿Qué queremos como ciudadanos?, ¿Cuál es el rumbo que queremos para México?, ¿De qué forma debemos monitorear, pedir y hasta exigir el cumplimiento por parte de los gobernantes de todo lo que prometen en campaña?, ¿Cómo vamos a pedir si en nuestro actuar cotidiano, en situaciones esenciales de convivencia laboral, vecinal, familiar o escolar no cumplimos, si somos corruptos, si no pagamos impuestos, si vivimos en la apatía e indiferencia total por las necesidades y derechos del otro?

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Sería mejor cambiar la queja por propuestas y acciones concretas de nuestra parte para mejorar nuestro entorno, sumarnos al reto que en 2006, Will Bowen, Pastor de la Unidad de la Iglesia de Cristo propuso sobre 21 días sin quejas, con la finalidad de lograr un cambio de actitud y en consecuencia, un cambio en la forma de hacer las cosas. Darnos cuenta que vivir en la queja constante no suma sino que resta y que siempre es mejor empezar por uno mismo, cumplir con nuestros deberes en primera instancia y entonces sí, pedir porque estamos cumpliendo, pedir porque necesitamos cubrir necesidades, pedir porque para eso vivimos en un estado de derecho y si nuestros políticos se han olvidado de lo que ello significa, vale la pena empezar a presionarlos para que lo recuerden y cumplan, porque para eso les damos nuestro voto.

Quizá valga la pena tomar el reto de los 21 días sin quejas de cara a las elecciones en 2015, como un ejercicio para darnos cuenta de que podemos ser y actuar diferente.

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Fuentes:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

http://lema.rae.es/drae

http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/normaplicable/lccd...

Imágenes: tomadas de Google

Fecha: 
Martes, 05 de Mayo 2015 - 17:00
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¿Quién gana con la nueva reforma política del D.F.?

El 26 de de Agosto del año pasado en este mismo espacio publique el tema de ¿Urge: una reforma política para el DF?  En mi escrito decía que una de las reformas pendientes por concretar en el Estado mexicano es la “reforma política del D.F ”. Así en el senado de la República se han presentado diversos proyectos de iniciativas de ley con el objeto de concretar el cambio político-administrativo del DF para que tenga las mismas atribuciones que tienen los demás estados de la República.

Por fin, después de 8 meses de acuerdos y desacuerdos de los grupos parlamentarios, y con 88 votos, 27 en contra y una abstención, ayer los senadores aprobaron en lo general la tan esperada reforma política del D.F.

Y, con dicha reforma, antes de hablar de los pormenores de la misma, resuelta importante, primero señalar que, para que los ciudadanos de la Ciudad de México tengan plenamente concebidos sus derechos, y para que el gobierno de la Ciudad de México sea plenamente estructurado con nuevos principios en su administración pública, se requerirá crear una Constitución Política de la Ciudad de México.

Para la creación del ordenamiento jurídico es indispensable la participación de los especialistas en materia constitucional. Es decir, son personas que van a formar parte de una Asamblea Constituyente conformada por 100 integrantes, 60 serán electos para el primer domingo de junio de 2016; y las otras 40 personas serán designadas por el Poder Legislativo y Ejecutivo Federal y Local: por parte de  los senadores son 14 personas, por los diputados también son 14 personas, por el gobierno federal 6 personas, y por el gobierno local del D.F, otras seis personas.

Sin embargo, la Asamblea Constituyente, no tendrá la plenitud para crear la nueva Constitución. Antes de que ocurra otra cosa, el Jefe de Gobierno de la capital, tendrá el derecho a presentar la primera iniciativa para la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, y después los integrantes de la Asamblea Constituyente tendrán el derecho a presentar las respectivas iniciativas para llevar a cabo las modificaciones al texto inicial.

Así que ya vienen nuevos cambios para la llamada Ciudad de México. Cambios constitucionales, en efecto, pero antes que nada, dicha reforma, tendrá que pasar por la mayoría de la aprobación de los diputados federales, y por la mayoría de las legislaturas estatales, para que después sea publicada  en el Diario Oficial de la Federación, y por ende, entre en vigencia.

Y así, regresando a mi escrito del año pasado, también decía: ¿La reforma política del Distrito Federal, traerá como consecuencia una mejor organización política y administrativa del Gobierno? ¿En la Ciudad de México tendremos una mejor calidad de vida para la protección de nuestros derechos: educación, salud, trabajo, cultura, seguridad pública, etc., e inclusive recubrir los hoyos de la calle con material de calidad o un piso de calidad para transitar con debida protección en sus derechos, tal y como ocurre como en las ciudades de primer mundo?
Entonces, ¿Quién gana con la nueva reforma política del D.F.?

Fecha: 
Miércoles, 29 de Abril 2015 - 18:00
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