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Una vez al año no hace daño

Es necesario que el Presidente de la República acuda al recinto parlamentario para informar del estado que guarda la administración de su gobierno, es decir, una vez al año. Los tiempos políticos que vive el país son distintos, la manifestación y pluralidad de las ideas son libertades de todos los mexicanos y los actores políticos que integran los partidos políticos y cámaras de diputados y senadores.

El actual Presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, se pronunció porque sea revisado el formato para que el Jefe del Ejecutivo rinda su informe presidencial de cada año de su mandato constitucional de seis años. 

El formato y la obligación constitucional de rendir el informe presidencial son dos aspectos distintos.

El primero es la forma en que deberá entregarse el documento del informe. Esto es el protocolo al momento de recibir el documento del informe. Una comitiva de legisladores que acompañe al portador del documento a recibirlo en la entrada del recinto parlamentario y su portador emita ante dicha comitiva un breve discurso de agradecimiento a los legisladores y resumen del contenido del mismo informe. En esta parte los actores políticos no requieren de un debate legislativo donde sus bancadas parlamentarias se pongan de acuerdo para aprobar o no aprobar el protocolo, ya que el acto por si mismo no genera intereses políticos.

El segundo es la forma en la que el Presidente de la República acuda con los legisladores a presentar su informe de gobierno. Para ello, deberá reformarse el texto constitucional, pues, para su aprobación se requieren las dos terceras partes de los legisladores presentes en el Congreso de la Unión y de la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados.

En este tenor, el artículo 69 constitucional ha sido modificado por cuatro ocasiones desde el año de 1923 a 2014. 

En 1923, se estableció que a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarde la administración pública del país.

En 1986, se estableció que a la apertura de sesiones ordinarias del Primer Periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarde la administración pública del país.

En 2008, se estableció que a la apertura de sesiones ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso el Presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarde la administración pública del país.

En el 2014, se estableció que cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información   mediante pregunta por escrito.

En definitiva, este primero de septiembre el Presidente de la República no tuvo la oportunidad, de asistir, presentar y debatir las políticas públicas de su administración de gobierno con los legisladores.

Y, para hacerlo, solo falta que se pongan de acuerdo las diversas fuerzas políticas parlamentarias para cambiar el texto constitucional, para que el presidente pueda acudir el próximo primero de septiembre de 2015.

Estimado, lector, no se que pueda ocurrir con que el Presidente de la República, asista, presente y debata cada seis años frente a los legisladores el estado que guarda su administración. Eso, si, mucho ojo, no estoy pidiendo que asista y diga un discurso de horas y horas, como lo hacían los anteriores presidentes, solo pido un Debate de la Nación, a la altura de las democracias consolidadas.

Una vez al año no hace daño, o no lo cree así querido lector…

Fecha: 
Miércoles, 03 de Septiembre 2014 - 17:00
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"Tu futuro"

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año de 2013, reporto que en México son 29.3 millones de niños y niñas adolescentes que realizan una actividad económica. Ellos son el futuro  del país, dicen las autoridades. No obstante, resulta saber si todos ellos tiene plenamente reconocidos sus  derechos para que puedan ejercer libremente un pleno desarrollo económico, social y/o cultural en México.

El Presidente Enrique Peña Nieto envío a los legisladores una iniciativa de ley denominada “Ley General para la protección de los Niños, Niñas y Adolescentes”.

En dicha ley se pretende otorgar plenamente la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. Se sanciona la omisión ante lo que es ya un fenómeno social el bullying, y con privación de la libertad a quién fomente la cultura de la violencia, lesione el derecho a la privacidad del menor y por ende, cometa apología del delito.

Entre otros aspectos la iniciativa de ley, se dice que, se pretende crear una Procuraduría Federal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes y un Sistema Nacional de Protección.

Asimismo, se crea el catálogo de derechos: a la vida, de prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a la protección contra todas las formas de venta, trata de personas, explotación, abuso, abandono o crueldad; a la protección de la salud y a la seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación, al descanso y esparcimiento, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura y a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Ahora bien, sin duda la iniciativa de ley antes referida, es la consecuencia legal que en México no se le otorga la debida protección de los derechos del menor. Es decir, pareciera decir que no es importante que la Constitución señale que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Además, que los niños y niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral. A ello, se une la “Convención sobre los Derechos del Niño” de 1990, donde los Estados partes se comprometen a asegurar al  niño la protección y el cuidado  que sean necesarios para su bienestar.

Y, también se une la “Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, publicada el 29 de mayo de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, la cual establece que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, en lo físico, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Los derechos determinados en la ley son: a la prioridad, a la vida, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico, a la integridad, libertad, contra el maltrato y abuso sexual, identidad, a vivir en familia, a la salud, a la educación, al descanso y al juego, a la libertad de pensamiento, y, a la cultura propia, a participar.  

En definitiva, estimado lector, la Constitución y las leyes vigentes otorgan una adecuada protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. La Constitución dispone como principio el interés superior de la niñez, y subraya literalmente a los niños y niñas, pero no refiere a los adolescentes. Es posible, entonces que el legislador modifique el texto constitucional con el propósito de armonizarlo con la iniciativa del presidente.

No cabe duda que por leyes no paramos, la duda persiste al momento de observar en las calles a los menores pidiendo limosna, o, de los casos de abuso sexual a menores, o, de menores que comenten delitos, y un sin número de situaciones sociales, económicas y culturales que perjudican la integridad de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Estimado lector, el problema es de la aplicación de la ley y también el problema radica en la ausencia de valores, en la educación y en la cultura de los mayores: padres, autoridades, y/o profesores. Ante tales escenarios, entonces, ahora el problema es saber cuál es el futuro de la sociedad en México…

Fecha: 
Martes, 02 de Septiembre 2014 - 17:15
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Las nuevas leyes contra la corrupción, ¿van en serio?

México es una país muy corrupto y la mayoría de los mexicanos ven a la corrupción como algo común y hasta aceptable. Lo anterior lo muestran una gran cantidad de estudios y encuestas.

El Barómetro Global de Corrupción 2013 elaborado por Transparencia Internacional incluye dos índices, el de las Percepciones de Corrupción y el de Pagadores de Sobornos. En el primero, que incluye a 177 países, México ocupa el lugar 106; en el segundo, la posición 26 de entre 28 países. 31% de los encuestados reportó que en 2010 pagó un soborno a un funcionario, solo 22% opinó que son efectivos los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción, 75% afirmó que de 2007 a 2010 aumentó el nivel de corrupción. Las instituciones que fueron percibidas como las más afectadas por la corrupción fueron los partidos políticos, el poder legislativo y las policías.

“60% de las personas encuestadas en México informa que las prácticas de soborno/corrupción ocurren de manera común en sus empresas… 38% de los encuestados mexicanos considera que el soborno es una práctica común utilizada para obtener contratos… 44% de los encuestados mexicanos considera que han aumentado las prácticas de soborno/corrupción debido a la crisis económica…- 12ª Encuesta Global de Fraude realizada en 2012 por EY (antes Ernst & Young).

El Reporte Global de  Competitividad 2013-14 del Foro Económico Mundial señala que, de acuerdo al 18% de los encuestados, el factor más problemático para hacer negocios en México es la corrupción. De los 148 países incluidos en el reporte, el nuestro ocupó el lugar 88 en el indicador correspondiente a pagos irregulares y sobornos a funcionarios.

“En 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos. En 2010, una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de $165.00. En 2007 el promedio fue de $138.00. En 2010, para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por Transparencia Mexicana (TM) se destinaron más de 32 mil millones de pesos en “mordidas”. En 2007 este costo fue de 27 mil millones de pesos. En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este rubro. Para los hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de su ingreso”.- Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010 elaborado por Transparencia Mexicana.

Los tres principales partidos representados en la Cámara de Diputados se han comprometido a aprobar, en el período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que hoy inicia, una ley que combata, ahora sí y en serio, la corrupción. ¿Ahora sí van en serio los legisladores o de nueva cuenta legislarán para que no pase nada?

Foto: mexicanculturalcentre.com

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Fecha: 
Lunes, 01 de Septiembre 2014 - 12:00
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Obras en Naucalpan, suspensión de pagos de Argentina y la fracasada evaluación de maestros

En el estudio, el presidente municipal priísta de Naucalpan, MX, Daniel Sánchez Guevara, habla sobre las obras que está realizando su gobierno. Esta tarde están conmigo Mariana Campos y Bernardino Esparza y comentamos la suspensión de pagos de Argentina y sus repercusiones, la necesidad de que las empresas del gobierno estén bien administradas y sean bien supervisadas por el Congreso. David Calderón comenta sobre la fracasada evaluación de los maestros de Oaxaca y Michoacán. Luis G y G nos presenta un muy buen gadget para complementar el iPhone 5. Los deportes con Martha Guerra. 

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Fecha: 
Jueves, 31 de Julio 2014 - 19:00

Mi programa:

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PAN y PRD buscan ejercer Consulta Popular

En un esfuerzo por dotar a los ciudadanos de una figura jurídica que les permita ejercer su derecho a expresarse respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional, e incidir en las políticas públicas, el Congreso de la Unión, aprobó en marzo pasado, un mecanismo constitucional de participación ciudadana, que dio origen a la Ley Federal de Consulta Popular.

Esta nueva ley contempla, que tanto el Presidente de la República, el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o los ciudadanos en un número equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, podrán hacer valer este nuevo derecho, solicitando se revisen los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión y los actos administrativos del Ejecutivo Federal; pero como toda regla, hay excepciones, y todo lo relacionado con restricción de los derechos humanos, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización de las fuerzas armadas no serán tema de ningún tipo de consulta.

En el caso específico de los ciudadanos que quieran acceder a la Consulta Popular, deberán presentar un Aviso de Intención al Presidente de la Mesa Directiva de cualquiera de las Cámaras, el cual emitirá en un plazo no mayor a 10 días hábiles el formato para la obtención de firmas de apoyo, que deberá contener: el tema planteado, la propuesta de pregunta, el nombre, firma y la clave de elector o número identificador ubicado en la parte trasera de la credencial de elector del ciudadano.

Una vez recabadas las firmas de apoyo se deberá presentar la Petición de Consulta por escrito del 01 al 15 de septiembre del Segundo Año de Ejercicio de cada Legislatura, al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, quien dará cuenta al Instituto Nacional Electoral para que en un plazo no mayor a 30 días naturales verifique el número de firmantes, el cual deberá ser de al menos 1 millón 598 mil 675 ciudadanos (según el actual listado nominal con corte a junio de 2014). En caso de que se cumpla con el requisito del 2% del listado nominal, se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dentro de un plazo de 20 días naturales, verifique la constitucionalidad de la petición; y el Congreso pueda emitir la convocatoria respectiva.

Por ello, los partidos políticos de oposición, aquellos que no tiene mayoría en el Congreso de la Unión, ni forman parte del Ejecutivo federal, se han propuesto hacer uso del derecho a la Consulta Popular y salir a las calles a concientizar a la ciudadanía sobre dos temas de trascendencia nacional: la reforma energética y salarios justos para los trabajadores.

Vale la pena conocer la postura del PRD y del PAN sobre sus propias consultas ciudadanas:

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Es la primera vez que se llevará a cabo un ejercicio de esta índole en México, en el que la ciudadanía además de votar por sus representantes locales y federales el próximo año, realizarán la consulta popular, y si al menos la participación total es del 40% del listado nominal, tendrá efectos vinculantes para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades involucradas.

Fecha: 
Miércoles, 30 de Julio 2014 - 17:15