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La Cuarta Transformación y las renuncias

En el sistema presidencialista mexicano, los secretarios de estado son algo parecido a fusibles intercambiables que una vez desgastados culminan con su función primaria de servir al primer mandatario. En los tiempos de la Cuarta Transformación los secretarios están menos protegidos que en otros sexenios ya que no llegaron por cuotas de poderes fácticos, o por haber comprado su incorporación al proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El pasado martes 9 de julio la noticia que cimbró al sistema político y económico por unos 45 minutos, fue la inesperada renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, quien acusó irreconciliables diferencias con el presidente AMLO en la forma como se llevaba la política económica y conflictos con el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, a quien calificó en entrevistas posteriores, como un hombre de extrema derecha. El propio presidente aseguró que el exsecretario tenía una concepción neoliberal de las cosas, a pesar de haber trabajado y renunciado también durante su paso por la jefatura de gobierno.

En menos de una hora (después de la renuncia vía Twitter del exsecretario Urzúa) el presidente AMLO nombró como nuevo secretario de Hacienda al segundo funcionario en jerarquía, Arturo Herrera, quien protagonizó divertidas mofas en las redes sociales por su cara de preocupación y lo inesperado de la situación. Afortunadamente los “memes” para el nuevo secretario de SHCP fue lo único que se recordará de esa agitada jornada, de lo que pudo ser un martes negro para las finanzas del país, al ser contenida una posible devaluación y tranquilizar a esos nerviosos mercados financieros que no son precisamente empáticos con la Cuarta Transformación.

Urzúa, autodefinido como neokeynesiano en la geometría de la ciencia económica, aseguró estar siempre a lado del presidente a quien reconoce una inteligencia social. Destacó su trayectoria como economista reconocido y la percepción de un funcionario honesto. Afirmó que no se considera de derecha y aseguró que AMLO es un hombre pragmático, cercano a la socialdemocracia, pero que fue reticente a impulsar una reforma fiscal para cuidar los equilibrios económicos al mantener demasiados programas sociales para la población.

Por lo pronto la tensa calma económica que precedió a la renuncia de Urzúa se mantendrá hasta que no se conozcan las cifras del INEGI y se formalice que se está en recesión económica, o si se puede evitar con algunos cambios en la política de gasto del gobierno federal. El exsecretario alertó sobre las dificultades económicas que enfrentarían los proyectos prioritarios del presidente, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. También se pronunció tardíamente sobre el error de cancelar las obras del Aeropuerto de Texcoco.

No culminaba la difícil semana, cuando el pasado viernes 12 de julio el delegado de Programas para el Desarrollo del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, también se sumaba a la ola de renuncias, luego de ser señalado como sujeto de conflicto de interés en empresas farmacéuticas que buscaban ser contratistas de la licitación de medicinas, en medio de la crisis de desabasto que afecta algunos estados de la República.

Las investigaciones periodísticas ya habían señalado al ex súper delegado Lomelí, como beneficiario de millonarios contratos gubernamentales con nueve empresas vinculadas a su propiedad, aunque el propio delegado dijo reconocer solo cuatro empresas como suyas y negó conflictos de interés en estas acciones. Su renuncia explicó, se dio para facilitar las investigaciones que siguen su curso y evitar el constante golpeteó al gobierno del presidente AMLO.

Por lo pronto la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que existen siete investigaciones contra el ex delegado que, aunque no se han concluido, se han podido detectar posibles conductas delictivas. Por lo que la carta de renuncia del exfuncionario fue bien recibida para el desarrollo del proceso de investigación.

En circunstancias parecidas por el escándalo, la extitular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, debió presentar su renuncia al cargo por haber provocado el retraso de un vuelo de avión, el pasado mes de mayo. En el mismo tenor el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, renunció al acusar a Urzúa de impedir la toma de decisiones económicas necesarias para la supervivencia y viabilidad del Instituto.

Si bien es cierto que la verdadera renuncia de peso en el gobierno, la protagonizó el exsecretario de Hacienda, ya que ninguna otra de las ocurridas inquietan mucho al buen desarrollo de la gobernanza del país. Al interior del gabinete se sabe de la vulnerabilidad del puesto. El acierto del presidente AMLO al nombrar al sucesor fue hacerlo dentro del grupo que pregona la ortodoxia económica de los equilibrios presupuestales, pero las difíciles condiciones mundiales de desarrollo económico harán muy difícil cumplir las metas de crecimiento que se impuso el actual gobierno.

Ninguna nación se vino abajo por la renuncia de algún secretario, sin embargo, estas dimisiones comprueban lo difícil que es trabajar para el presidente AMLO que no es muy afecto a escuchar a sus asesores y sobre todo, no parece respetar la necesidad de equilibrar los gastos (de sus plausibles programas sociales) con los ingresos, que por diferentes motivos se han visto disminuidos en lo que va de su sexenio.

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Fecha: 
Martes, 16 de Julio 2019 - 13:10
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Fecha B: 
Martes, 16 de Julio 2019 - 15:25
Fecha C: 
Miércoles, 17 de Julio 2019 - 04:25
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¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción

Una investigación realizada por ETHOS en diez entidades federativas[1] muestra que, a dos años de la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los brazos estatales de este mecanismo se encuentran “paralizados” por la intervención de gobernadores y legisladores que han “obstaculizado” la correcta implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA).

Subordinación política

En todos los casos analizados se identificó que los gobernadores y diputados locales designaron en puestos clave de los SEA a personas cercanas a ellos o que incluso habían formado parte de su equipo de trabajo. Entre las posiciones ocupadas por individuos vinculados a los poderes locales encontramos contralores, auditores, fiscales anticorrupción y hasta integrantes de los Comités de Participación Ciudadana (CPC).

El actual Fiscal anticorrupción de Veracruz, Marcos Even Torres, fue propuesto por el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, y es acusado de tener compromisos políticos con administraciones pasadas y, en ese sentido, de no actuar con imparcialidad.

De acuerdo con el director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) en Veracruz, Iván Gidi Blanchet, “Cuando los fiscales no son independientes, cuando quienes están al frente de esta política anticorrupción tienen una subordinación política, sucede que no actúan con imparcialidad y esto sólo es garantía de impunidad”.

Prácticamente en todos los estados analizados, cuando ha convenido a los intereses del Congreso o del gobernador, se ha podido controlar el proceso de designaciones. En el caso Chiapas y la CDMX, se ha frenado la instalación de su CPC, la Secretaría Ejecutiva y el Comité Coordinador.

Otra forma de interferencia política ha sido mediante el presupuesto 6/10 estados analizados recibieron un presupuesto menor al solicitado y 4/10 ni siquiera cuentan con recursos asignados (Chiapas, CDMX, Guerrero, por ejemplo).

Descoordinación y perfiles inadecuados

De igual forma, actores coinciden en que la participación de los 15 integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Baja California–un número tres veces mayor que en los Sistemas del resto del país–, así como de los 22 miembros del Comité Coordinador (11 autoridades y 11 ciudadanos) hace más difícil llegar a acuerdos.

En palabras del titular del Instituto de Transparencia del Estado, Octavio Sandoval, el proceso se ha vuelto lento y tortuoso “es un modelo muy burocratizado, con demasiadas instituciones públicas involucradas”.

Otro problema al interior de los CPCs se relaciona con la poca idoneidad de los perfiles de quienes integran los Comités. Hay personas que no cuentan con experiencia relevante en el tema, tienen vínculos políticos que socavan su independencia.

En Baja California Omar Marrón Luna es comerciante e ingeniero en electrónica, mientras que Fermín Gutiérrez es médico urólogo. En Guerrero, uno de los integrantes del CPC Ignacio Rendón, pasó ocho años como auditor general del Gobierno estatal, desde 2002, con el priista René Juárez, hasta 2010, con el perredista Zeferino Torreblanca.

Lo más lamentable es que los Sistemas no han atendido una serie de casos notorios de corrupción; como ocurre en Veracruz, en donde el CC del SEA no ha incidido en la investigación y seguimiento a los casos de desvío de recursos públicos que marcaron el gobierno de Javier Duarte.

En otros casos, como Nuevo León, la actuación ha sido calificada por organizaciones de la sociedad civil como muy mediocre, ya que dicha instancia ha centrado su desempeño en atender únicamente asuntos administrativos.

¿Cómo se puede rescatar a los Sistemas Estatales Anticorrupción?

  1. Replantear los criterios y procesos de designación de autoridades anticorrupción para asegurar que cuenten con capacidad técnica y neutralidad política.
  2. Los procesos para la designación de autoridades deberán ser más abiertos, transparentes, con plazos establecidos y debidamente difundidos para alentar la participación.
  3. Pensar en replantear los modelos de designación de puestos clave como el Fiscal General, Fiscal Anticorrupción y los magistrados anticorrupción, de manera que se logre una mayor independencia en la investigación y sanción de hechos de corrupción, con esto se buscaría contrarrestar que la decisión recaiga en el Ejecutivo y la clase política.
  4. Establecer mayores mecanismos de rendición de cuentas para los CPC de manera que se garanticen mayores y mejores resultados.
  5. Establecer sanciones para las autoridades que sean omisas en la instalación del Sistema.
  6. Impulsar la profesionalización de funcionarios anticorrupción orientada a fortalecer capacidades y promover una mejor ética pública.
 

[1] Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México.

Fecha: 
Martes, 18 de Junio 2019 - 13:05
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Martes, 18 de Junio 2019 - 15:20
Fecha C: 
Miércoles, 19 de Junio 2019 - 04:20
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De Frente Y Claro: Corrupción y Nepotismo en PEMEX de la 4-T

Una vez más se muestra y demuestra que AMLO y su bandera del “Combate a la Corrupción” que lo llevó a convencer a 30 millones que votaran por él, ha sido solamente una promesa y compromiso de campaña sin cumplir, o como dicen “un cuento chino”. Sirva como ejemplo el Caso Odebrech que cada día está más enredado sin que en realidad se vean indicios de que se aplique la ley. Y antes al contrario de que “acaben con la corrupción” castigando a los involucrados, nos encontramos que en Pemex la Corrupción y la Impunidad continúan.

El 22 de enero del 2019, nos enteramos que tres funcionarios de Pemex que firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país, por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares como parte de La Estafa Maestra, ocupaban cargos directivos de Petróleos Mexicanos en la actual administración de AMLO. Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien fue nombrado director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.

Para el 25-de febrero del 2019, Animal Político publicó: Funcionario vinculado a caso Odebrecht, encargado de refinería: Un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) que tiene un presunto vínculo con el caso Odebrecht es el encargado del proyecto de infraestructura más importante de la petrolera en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Se trata del Ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial (PTI), quien participó en el proceso de adjudicación directa de al menos 1 de los 4 contratos otorgados a la empresa Odebrecht que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública, por presuntos actos de corrupción.

El 23 de enero de 2019, ese funcionario recibió, tras una petición de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y de una instrucción del director de Pemex, Octavio Romero, un oficio firmado por el director general de PTI, Miguel Breceda, para iniciar las actividades en “atención de los proyectos” que incluyen a la refinería de Dos Bocas y a las “rehabilitaciones necesarias para el Sistema Nacional de Refinación”. Un día antes de esta petición, el 22 de enero, el presidente López Obrador declaró que en su gobierno no serían “contratados quienes tengan malos antecedentes” de corrupción.

Instrucción prioritaria: En el oficio DGTRI-24-2019, fechado el 23 de enero de 2019, el director de PTI, Miguel Breceda, solicitó al Ingeniero Leonardo Cornejo que “en línea con la petición expresa de la C. Secretaria de Energía, Ing. Norma Rocío Nahle García y en atención a las instrucciones giradas por el Ing. Octavio Romero Oropeza, Director General de Petróleos Mexicanos se disponga prioritariamente a la atención de los proyectos relacionados con la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, e igualmente a aquellos relacionados con el programa de rehabilitaciones necesarios para el Sistema Nacional de Refinación”.

Breceda también le solicitó a Cornejo “cumplir” de “forma honesta y eficiente” con el “mandato de C. Presidente de la República en materia de política energética”. La petición de Rocío Nahle, en tanto, se realizó el 21 de enero de 2018, cuando solicitó al director de Pemex, Octavio Romero, en el oficio SENER.100/2019/041, agilizar los trabajos relacionados con la refinería de Dos Bocas. Para ello, la secretaria pidió que dispusiera del área que encabeza el subdirector de proyectos Leonardo Cornejo Serrano.

Animal Político preguntó a la Secretaría de Energía y a Pemex si al solicitar el inicio de actividades sobre la refinería de Dos Bocas conocían del presunto vínculo de Leonardo Cornejo Serrano con la investigación que realiza la FGR, sobre el caso Odebrecht. La Sener respondió que si bien la secretaria Rocío Nahle “solicitó que para los trabajos relacionados al proyecto de DOS BOCAS se disponga del personal de la subdirección de proyectos (de Pemex)”, esto no establecía “ningún encargo nuevo” para el “Ingeniero Leonardo Cornejo Serrano”.

Los contratos investigados: Desde el 25 de enero de 2017, la Procuraduría General de la República —hoy FGR— investiga la presunta entrega de sobornos a funcionarios de Pemex por parte de la empresa Odebrecht. En al menos uno de estos contratos Leonardo Cornejo tuvo un rol protagónico. Se trata del contrato por aprovechamiento de aguas residuales en la refinería de Tula, realizado en febrero de 2014. Cornejo fue el responsable de elaborar tanto el proyecto de modelo económico, como el documento para justificar la adjudicación directa que exceptuó que dicho contrato se entregara tras una licitación pública. Este funcionario también participó en la sesión del Consejo Administrativo de Pemex en la que se aprobó el contrato.

La adjudicación directa que justificó Cornejo Serrado fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el organismo concluyó que se trató de un proceso poco transparente que benefició a Odebrecht, y que derivó en un contrato que generó un daño patrimonial superior a los 2 mil millones de pesos.

Este contrato por aprovechamiento de aguas residuales en la refinería de Tula fue publicado por Pemex el 2 de noviembre de 2017, cuando la petrolera dio a conocer que por ese y otros tres contratos con Odebrecht había presentado una denuncia penal ante la PGR, que se habían iniciado ocho procesos sancionatorios dentro de la empresa, y que como parte de la investigación se citaría a declarar a diversos funcionarios, aunque no mencionó nombres de los involucrados.

AMLO anunció el 31 de enero del 2019, la separación de la administración pública de los tres funcionarios tras comprobar que habían firmado convenios entre Pemex y universidades del sureste cuyos recursos terminaron desviados en empresas fantasmas y, pese a ello, habían sido ratificados en su administración. El 15 de febrero, reafirmó que ya no estaban en la empresa y el director de Pemex, Octavio Romero, matizó que había sido separado del cargo sin goce de sueldo. En todos los casos, la única prueba que Pemex central y Pemex-PEP entregaron a cada petición fueron los oficios de cada directivo donde solicita su separación del cargo sin goce de sueldo.

Pero entre estos funcionarios no estaba el Ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial (PTI), a quién también se le involucró en el fraude.

Es por ello que ante su engaño de combatir y acabar con la corrupción, así como aplicarla ley en el Caso Odebrech, me hicieron llegar la siguiente información, como una muestra de la inconformidad que hay al interior de Pemex por parte de sus trabajadores. La reproduzco tal cual:

JUNIO-2019

Es increíble que conociendo todos los actos de corrupción de Leonardo Cornejo Serrano actual Subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial el cual ha estado involucrado en actos de corrupción con el caso Odebrecht y otros más, lo dejen controlar, mediante un incondicional, el proyecto de la Nueva Refinería de Dos Bocas en Tabasco, aun cuando en su momento Rocío Nahle indicó que el encargado de este macro proyecto sería Jorge Arganis.

A este ya lo dejó en el camino, así como al grupo de jubilados encabezados por Enrique Delgado Flores y José Antonio Cerna Casillas. Estos solo tendrán participación lateral en el proyecto sin ninguna influencia en la toma de decisiones. El mismo José Alberto Celestinos ya cedió ante las presiones arriesgando su prestigio profesional. Ahora ya se sabe porqué la Secretaria Rocío Nahle cambió de opinión. Resulta que la esposa de Leonardo Cornejo Serrano, Ana Desiree Gilabert (actualmente ocupando un cargo de alto nivel como Gerente de Gestión Energética en PEMEX, a esto se le llama nepotismo), es amiga de la esposa de Reynaldo Santos, dueño de ESEASA. ESEASA se relacionó con AMLO durante la construcción del segundo piso. Por eso pudieron doblar a Rocío Nahle. Sigue la corrupción, nepotismo y el conflicto de intereses que dice combatir AMLO.

Leonardo Cornejo Serrano y su grupo más cercano de colaboradores solo ha demostrado incompetencia en la administración y la ejecución de proyectos. Actualmente hay más de veinte proyectos suspendidos desde hace casi tres años con una deuda cercana a los 22,000 millones de pesos. Entre estos destacan los proyectos de Diésel Ultra Bajo Azufre y Residuales de Tula, ahora tendrán el camino libre para emprender un nuevo acto de corrupción pero en esta ocasión validado desde la presidencia de México.

Cornejo Serrano, en el proyecto de combustibles limpios, era gerente y su esposa Ana Desire también gerente en la época de Enrique Delgado como Subdirector de proyectos y Miguel Tame gerente de Producción. Tame subió a subdirector de Producción iniciaron las juntas con Cornejo muy cercanos, hasta comían juntos, Tame sube a Director de Pemex Transformación Industrial y deja como subdirector de Proyectos a Lozano, después sube Cornejo a Subdirector de Proyectos en lugar de Francisco Toscano que lo jubilan, aparece Emilio Lozoya como Director General e inicia todo lo que sabemos de corrupción.

Así la cruda realidad del “Combate a la Corrupción” de AMLO y su 4-T. ¿Para eso votaron por él y Morena? ¿Los engañaron? ¿Lo volverán a hacer? Usted qué piensa estimado lector.

Fecha: 
Jueves, 13 de Junio 2019 - 12:30
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Fecha B: 
Jueves, 13 de Junio 2019 - 14:45
Fecha C: 
Viernes, 14 de Junio 2019 - 03:45
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A Virgilio Andrade lo aventaron del Puente de Brooklyn

"Cuánto más Corrupto es el Estado, más Leyes tiene". Tácito.

La LXIII legislatura de la Cámara de los Diputados estará conformada en total, por 203 legisladores del PRI, 108 del PAN, 56 del PRD, 47 del Verde, 35 de Morena, 26 de Movimiento Ciudadano, 8 de Encuentro Social, 10 de Nueva Alianza y 6 del Partido del Trabajo. El Partido Humanista es el único que no tendrá representación legislativa. Además sólo habrá un diputado independiente, Manuel Clouthier Carrillo —el hijo del gran Maquío— que sin duda será oposición pura. En resumen, así resultó la elección del pasado 7 de junio:

1) Los aliados del partido en el gobierno tendrán un 54%, es decir diputados del PRI, VERDE, PANAL, ENCUENTRO SOCIAL.

2) El resto —si es que toda la llamada oposición se uniera— tendrá un 46%, es decir el PAN. PRD, MORENA, MOVIMIENTO CIUDADANO y DEL TRABAJO.

Así pues, el gobierno de Enrique Peña Nieto podrá aprobar —a modo y sin mucho trabajo— las leyes que no requieren reforma constitucional sin mayor problema. Pendientes legislativos hay muchos. Quién sabe cuántas iniciativas están en la congeladora del poder legislativo pero vienen nuevas y variadas, entre ellas, muchas de las leyes secundarias de las reformas que se llamaron estructurales.

Sin duda, entre las leyes más importantes serán las secundarias y  reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción y todo lo que conlleva —nombramiento del fiscal anticorrupción, etcétera— y es un hecho que ante la gigantesca rechifla que se llevó en todos los medios de comunicación el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade por exonerar a los involucrados en el escándalo de las casas que reveló, ya casi hace casi diez meses, Carmen Aristegui y sus sabuesos en la magnífica investigación que hicieron principalmente de la llamada Casa Blanca que fuera o es del Presidente y de su esposa. De esta se detonaron las otras investigaciones y por supuesto el despido de la periodista de su programa de radio.

La opinión pública, las redes sociales y los principales opinadores y periodistas del país —salvo sus raras excepciones— para nada quedaron conformes con el dictamen del secretario de la Función Pública que aunque todo el mundo intuía su contenido, mostró su indignación. El conflicto de interés de los asuntos se resolvió —dicen— conforme a la Ley y se determinó que no existió; el conflicto de interés de quién lo resolvió quedó en entredicho. El Presidente debió nombrar a un personaje de la oposición como Secretario de la Función Pública o dejarle su nombramiento al Senado. Le ganó quién sabe qué.

Así, será responsabilidad de la próxima legislatura darle a este país leyes impecables que combatan la corrupción. Quién las haga cumplir es otro tema...

Entonces, ¿qué se puede esperar de las leyes secundarias en relación al grave tema de la corrupción? En mi opinión la putrefacción que causa, es el principal cáncer del país pues trae aparejada la falta de credibilidad en los gobernantes. Es hermana, madre o tía de la impunidad y como secuela trae la inseguridad, el narcotráfico y para que le sigo...

Pronto veremos cómo se legisla. Manlio Fabio Beltrones, Ricardo Anaya y quien quede en el PRD van a demostrar de qué están hechos o tendremos más de lo mismo... Por de pronto, todos —digo, la oposición— contra Virgilio Andrade...

Fecha: 
Miércoles, 26 de Agosto 2015 - 17:00
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Otro Diablo Pero el Mismo Infierno. Ahora le Tocó a Gobernación.

El diablo vuelve a aparecer —hacer de las suyas— y me refiero al reportaje de la revista Proceso sobre un posible conflicto de interés entre el Secretario de Gobernación y un contratista supuestamente favorecido durante su administración cuando fue gobernador de Hidalgo y relativo a unas casas situadas por los rumbos de las Lomas de Chapultepec.

En su respuesta, Miguel Osorio Chong niega la acusación. No tengo —ni mis familiares— una sola propiedad a mi nombre en el Distrito Federal como consta en mi declaración patrimonial. Contundente. El equipo de investigadores de Proceso le reviran escuetamente y pudiera ser que los reporteros se equivocaron en su apreciación. No lo sé. También hay señalamientos en contra del subsecretario de Gobierno Luis Enrique Miranda, de quien se dice es muy buen amigo del Presidente y hombre "fuerte" en la súper Secretaría; la SEGOB.

El hecho es que se cuestiona y otra vez se pone en entredicho la credibilidad de funcionarios del Gobierno, la posible corrupción y demás enredos. La posible difamación que hacen los periodistas hacia los funcionarios del más alto nivel de la administración de Enrique Peña Nieto, quien a final de cuentas es el que paga los platos rotos del reportaje, pues se vuelve a prender el caldero. ¿Habremos hemos visto el final de esta historia? En las redes sociales no hay quién le crea a los funcionarios aludidos, tal es el grado de la descomposición del sistema por lo que urge la mentada "transparencia". Leyes impecables y funcionarios que las hagan cumplir.

Lo que sí es un hecho es que en la Secretaría de Gobernación las cosas no andan del todo bien, cuando menos en la Dirección de Juegos y Sorteos que depende del subsecretario Miranda. Está estrenando director y como suele suceder cuando llega una nueva cabeza quiere poner orden, es decir responder a los rezagos que dejó la anterior directora, Marcela González Salas, que cuando menos en las cuestiones de la Industria Hípica resolvió nada, cuando tuvo la oportunidad de hacerla resurgir de nuevo.

Hace unos días recibimos un oficio firmado por el licenciado Ernesto Lara Pérez, Director de Control y Regulación de la mencionada Dirección, dando respuesta acerca de una petición que le hicimos a Marcela hace más de un año, dirigido hacia mi persona, como apoderado de la única asociación civil que agrupa a un importante de propietarios de caballos del Hipódromo de las Américas. ¿Más de un año para responder una simple petición?

En nuestra solicitud y entre otras peticiones que requieren todavía respuesta, fundamos y motivamos ampliamente las necesidades de la industria para evitar continuar con el grave deterioro de nuestra actividad. Explicamos que la autoridad hípica que vigila y regula la actividad no cumplía —ni cumple hoy día— con los requisitos que señala el reglamento correspondiente y es claro ejemplo del serio conflicto de interés que se sigue permitiendo pues es la permisionaria, en base a una perfecta simulación, la que armó todo el tinglado para controlar a la autoridad hípica. El denominado el Órgano Técnico de Consulta de la Secretaría de Gobernación que le rinde cuentas a nadie.

Como consecuencia y por lo mismo, no hay confianza alguna entre los participantes que hacen posible el espectáculo de las carreras de caballos, afectando al público apostador que ya no acude al centro hípico, dañando así toda la actividad, con la lamentable pérdida de muchos empleos, la crianza de caballos de registro, etcétera. Todo por la incapacidad manifiesta de Marcela González Salas quién o recibió órdenes de "más arriba" para que las cosas siguieran igual o se dejó corromper. Entiendo que no acatar un reglamento es una forma de corrupción.

Así las cosas, esperamos que la Dirección de Juegos y Sorteos responda a otros señalamientos, peticiones y denuncias que hicimos en otros documentos hace mucho tiempo para rescatar la actividad hípica en manos de una empresa extranjera ineficiente: CODERE.

Lo más grave es que en la iniciativa de la nueva Ley de Juegos patrocinada por Marcela —ahora en manos del Senado— se vuelve a repetir el esquema de los órganos reguladores de la Industria Hípica que no satisfacen a la misma, sin siquiera tomar en cuenta la experiencia mundial de cómo se regulan estos negocios; formulada sin conocimiento alguno, dejando —sí se aprueba como está— a la eterna discrecionalidad su aplicación.

Quedan menos de 20 días para que el Congreso concluya su período ordinario de sesiones en la que debe aprobar muchas iniciativas pendientes importantes para el país; el Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley de Transparencia, la Reforma Política del Distrito Federal, la misma Ley de Juegos con Apuesta y Sorteos que pareciera ser la menos trascendente pero que bien diseñada va a detonar una Industria que produce miles de empleos, impuestos y derechos. Con prisas no hay buen augurio para que las iniciativas se enriquezcan y se legisle como debe.

La opción —no hay de otra— será convocar a un largo período extraordinario de sesiones de ambas cámaras, para que se corrijan, debatan, discutan, aprueben y promulguen las leyes para evitar el continuo deterioro de la credibilidad en este gobierno.

Fecha: 
Miércoles, 15 de Abril 2015 - 17:00
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#3de3

Desde 1982, cuando inicié mi actividad periodística, he exigido una y otra vez que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales que los servidores públicos federales, estatales y municipales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial presentan cada año ante la autoridad correspondiente. Y lo he exigido porque soy un contribuyente que le entrego al fisco gran parte de lo que gano y por lo tanto tengo el derecho a saber cuál es la situación económica de aquellos que reciben un sueldo que está integrado con parte de lo que el gobierno me quita por concepto de diversos impuestos y derechos.

A lo largo de estos 33 años los funcionarios se han negado a que quienes les pagamos sus sueldos sepamos qué tan ricos o pobres son y desconozcamos como ha mejorado o empeorado su situación económica durante el tiempo en que supuestamente han trabajado para mejorar la situación del país y sus habitantes.

Para no dejarnos saber cuál es su situación económica, los funcionarios han argumentado, entre otras cosas que el hacerlo podría poner en riesgo su integridad física y patrimonial y la de sus familiares, que la ley no los obliga a hacerlo o que tienen derecho a la privacidad. Ningún argumento es válido si tomamos en cuenta que su sueldo proviene de los impuestos y derecho que pagamos casi todos los que vivimos en México o que en una verdadera democracia la declaración patrimonial de los funcionarios puede ser conocida por cualquiera que quiera hacerlo.

Como mexicano, me ofende el hecho de que pueda conocer cuál es la situación patrimonial de los funcionarios de muchos otros países pero no la de los que en teoría me sirven a mi.

Es cierto que algunos funcionarios han autorizado a que se difundan sus declaraciones patrimoniales pero por medio de versiones que generalmente no dan información detallada y suficiente de los bienes declarados. Como ejemplos de estas declaraciones públicas que en realidad cien muy poco están las del presidente Enrique Peña Nieto y el jefe de gobierno del DF Miguel Ángel Mancera y sus respectivos gabinetes.

Para corregir esta aberrante situación y atendiendo a una exigencia que hacemos cada vez más mexicanos surge una iniciativa de dos organizaciones no gubernamentales, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para a Competitividad (IMCO), denominada #3de3, la cual busca que los funcionarios y representantes populares hagan púbicas, de manera voluntaria, tres declaraciones: la patrimonial, la de intereses y la de impuestos.

Ambas ONGs explican por que cada documento:

“1. Declaración patrimonial: Aunque en México todo servidor público debe presentar una declaración patrimonial a su órgano interno de control, es opcional que este documento se haga público para consulta ciudadana. La declaración que hoy presentan los legisladores corresponde al formato de declaración inicial con vigencia al 3 de febrero de 2015.

“2. Declaración de intereses: La legislación sobre conflicto de interés en México es prácticamente inexistente y en los casos en los que hay mención explícita al tema, sus mecanismos no son accionables. Ante la ausencia de legislación, Transparencia Mexicana y el IMCO nos dimos a la tarea de generar un primer formato en el que se presentan de manera ordenada un conjunto de intereses, el cual utilizamos el día de hoy por primera vez.

“3. Declaración de impuestos: Para restaurar la confianza en la clase política es indispensable que la declaración de impuestos se haga pública. Los funcionarios responsables del manejo presupuestario deben probar que han contribuido a generar los recursos públicos que habrán de administrar o sobre los que tienen influencia directa en sus decisiones. En nuestro portal (www.legisladortransparente.mx) se pueden consultar los comprobantes de pago de impuestos de los últimos tres años de cada uno de los legisladores participantes”.

Hasta ayer, únicamente cuatro legisladores han aceptado participar en a iniciativa y son los senadores Zoé Robledo Aburto (PRD-Chiapas) y Laura Rojas Hernández (PAN-México) y los diputados Fernando Belaunzarán Méndez (PRD-DF) y Fernando Rodríguez Doval (PAN-DF). Faltan cientos de miles pero es un comienzo.

Llevó 33 años exigiendo y seguiré haciéndolo: que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales de mis empleados.

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Fecha: 
Viernes, 06 de Febrero 2015 - 12:00
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Conflictos de interés

El martes pasado el presidente Enrique Peña Nieto designó a Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública y anunció lo que denominó “conjunto de acciones ejecutivas”.

Dijo, entre otras cosas, que “A partir de mayo de este año, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será obligación de los servidores públicos federales, presentar una declaración de posibles conflictos de interés. Esta declaración deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad… La declaración contendrá, entre otros elementos, las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos, así como las causas por las que el servidor público considere que pudiera existir un conflicto de interés con relación a las decisiones que tiene a su cargo. Esta declaración de posibles conflictos de interés retoma las mejores prácticas internacionales y su diseño cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE”.

Ahora bien, ¿qué es un conflicto de interés, como lo define la OCDE?

En su documento Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experiences (en español: Administrado el Conflicto de Interés en el Servicio Público: Directrices de la OCDE y Experiencias de Países), publicado en 2003, la OCDE señala que: “Históricamente, la definición del término "conflicto de interés" ha sido el tema de muchos y variados enfoques. Todos los funcionarios tienen legítimos intereses que se derivan de su condición de ciudadanos particulares, conflictos de interés que no pueden ser simplemente evitados o prohibidos, y que deben ser definidos, identificados y gestionados. Estas directrices adoptan un enfoque definicional que deliberadamente es sencillo y práctico para ayudar a la identificación efectiva y la gestión de las situaciones de conflicto, de la siguiente manera:

“Un ‘conflicto de interés’ implica un conflicto entre la obligación pública y los intereses privados de un funcionario, en el que el funcionario público tiene intereses privados que podrían influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales.

“Definido de esta manera, ‘conflicto de interés’ tiene el mismo significado que ‘conflicto real de interés’. Por lo tanto, una situación de conflicto de interés puede ser actual o se puede detectar que existió en algún momento en el pasado.

“Por el contrario, un conflicto de interés aparente puede existir cuando parece ser que los intereses privados de un funcionario público podrían influir indebidamente en el desempeño de sus funciones, pero esto no es de hecho el caso. Un conflicto potencial surge cuando un funcionario tiene intereses privados tales que un conflicto de interés surgiría si el funcionario tuviera que participar en responsabilidades oficiales relevantes (es decir, en conflicto) en el futuro.

“Cuando un interés privado de hecho ha puesto en peligro el correcto desempeño de los deberes de un funcionario público, esa situación específica debe mejor considerarse como un caso de mala conducta o de ‘abuso de autoridad’, o incluso un caso de corrupción, más que como un ‘conflicto de interés’.

“De acuerdo con esta definición, los ‘intereses privados" no se limitan a intereses financieros o pecuniarios, o aquellos intereses que generan un beneficio personal directo al funcionario público. Un conflicto de interés puede involucrar actividades privadas legítimas, afiliaciones y asociaciones de carácter personal, e intereses familiares, si es que podría razonablemente esperarse que esos intereses podrían influir indebidamente en la actuación del funcionario. Un caso especial es el de un empleo de un funcionario después de abandonar el sector publico: la negociación de un próximo empleo por un funcionario antes de dejar su cargo público es ampliamente considerado como una situación de conflicto de interés”.

El tema es obviamente muy complicado. ¿Podrá Andrade aplicar las mejores prácticas internacionales en un país sumido en la corrupción en donde los conflictos de interés nunca han sido visto como lo que son?

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Jueves, 05 de Febrero 2015 - 12:00
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Se Necesitan Crear Círculos Virtuosos... La Nueva Ley de Juegos

La perfección no es alcanzable, pero si perseguimos la perfección,

podemos alcanzar la excelencia... Vince Lombardi.

He encontrado que existe un similitud entre el mundo de las carreras de caballos y nuestro gobierno. Son mundos paralelos, valga la analogía. Para mi resulta claro que cuando los países son exitosos, sus hipódromos funcionan bien y viceversa. Es el resultado de crear círculos virtuosos para alcanzar la excelencia. Todo un reto.

De la analogía propuesta el Hipódromo de las Américas (HA) es un buen ejemplo.

Si a la empresa a la que se le otorgó la concesión federal de los terrenos de las Lomas de Sotelo y no cumple con las condiciones de su permiso —ni con el espíritu del mismo— y no hay quien la obligue, la consecuencia es el desastre que tenemos. De manera similar es con nuestro gobierno, las cosas tampoco funcionan del todo bien. Así se puede decir que la "empresa" es como el "gobierno".

Por otro lado, cuando los gobernados —los caballistas en nuestra analogía—, no exigen sus derechos —timoratos al fin— se comprende el fracaso que es el hipódromo (HA) en sus resultados. Hay decrecimiento.

Así, es claro que la empresa permisionaria del Hipódromo de las Américas sólo busca su interés; esto es generar utilidades para sus accionistas —a cosa de lo que sea— incumpliendo su permiso, pagando sueldos miserables y sin la capacitación correspondiente. Probablemente corrompiendo. De manera similar, si nuestros gobernantes sólo buscan su interés personal y adquieren bienes bajo sospecha —es probable que en muchos casos sea sólo la punta del iceberg de sus bienes mal habidos—  como se ha denunciado en la prensa nacional y extranjera, el país se vuelve un caos.

De esa manera, como vamos —en el hipódromo y con este gobierno— se están creando círculos viciosos que sufrimos todos los días en nuestra industria hípica y nuestra sociedad.

Para el hipódromo (HA) parece que es inevitable seguir en plena decadencia a menos que alguien empiece a poner orden; sean los funcionarios responsables; sean los legisladores con la aprobación de una excelente Ley en la materia; sean los caballistas y criadores quienes realmente no se han manifestado exigiendo mejores premios y una autoridad hípica independiente. Confiable.

Sí no hay condiciones para que se equilibren estas dos fuerzas, es decir entre gobernados y gobernantes —caballistas y permisionaria— no se va a poder engendrar un buen resultado. Los sucesos van a seguir igual o peor... Así se forjan las revoluciones. ¡Cuidado!

La corrupción, la impunidad y la discrecionalidad para aplicar la ley no se van acabar en México ni en el mundo por decreto —es imposible si se la achacamos a la condición humana— pero se pueden disminuir. En mi opinión, sólo se va poder reducir este mal —ya endémico— teniendo las leyes adecuadas y que se exija su aplicación. Aquel que infrinja, es decir, no cumpla con una ley, norma u acuerdo o actué en contra de lo dispuesto en ellas, debe recibir una sanción ejemplar y si es grave, a la cárcel.

Quien incurra en prácticas deshonestas en el HA debe ser castigado. Cero tolerancia... Hoy, la autoridad hípica está en manos de la empresa permisionaria con la complacencia de las autoridades de la SEGOB y sin cumplir lo que manda el Reglamento vigente. Es obvio el conflicto de interés que existe.

Entonces, cómo crear un círculo virtuoso para que nuestra industria hípica y nuestra sociedad salgan a flote. Sólo creando las condiciones y las leyes adecuadas que permitan el desarrollo para que el "México se Mueva" no sólo sea un slogan gubernamental.

Deben saber los Senadores de la República —pues la iniciativa de la nueva Ley de Juegos está en sus manos— que la Industria Hípica genera una derrama económica mucho más significativa que los casinos. En un hipódromo que opere bien, un caballo estabulado debe crear 3.5 empleos directos y otros tantos indirectos. Incide además en la producción de granos y forrajes (para nuestro campo); medicamentos veterinarios; transportes, la industria restaurantera; empleos especializados como son jinetes, entrenadores, galopadores, caballerangos, herreros y talabarteros. Por ello hay que impulsar la operación de muchos hipódromos. Circuitos Hípicos. Es una industria millonaria en otros países, en el nuestro... era.

La actual iniciativa de la Ley de Juegos aprobada por la Cámara de Diputados es perfectible. Sí se aprueba como está se estará permitiendo —otra vez— una gran discrecionalidad con el Instituto del Juego planteado que debiera funcionar cómo un Órgano Colegiado y no como está propuesto.

Necesitamos excelencia en esta Ley. También se requiere crear una autoridad hípica dentro del texto de la Ley, no como está propuesta, pues por su especialidad las carreras de caballos se cuecen aparte.

En las manos del Congreso Mexicano está crear círculos virtuosos para nuestra Industria Hípica...

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Miércoles, 04 de Febrero 2015 - 17:30
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La crisis de legitimidad auspicia la violencia

 

En México no hay justicia porque usualmente se rinde al mejor postor. La impunidad campea: sólo 2% de los delitos son castigados, y la mayoría de los que están en la cárcel purgan largas condenas por infracciones menores o porque confesaron su culpabilidad bajo tortura, mientras que los grandes delincuentes presumen sus fechorías a la luz pública. La economía no funciona porque concentra la riqueza en un puñado y genera pobreza y desigualdad: los de arriba se reparten las oportunidades y los empleos bien remunerados con la única credencial que vale: su poder. Los partidos políticos recrearon el régimen patrimonialista: se reparten entre sus compinches los cargos de elección popular y usan los recursos públicos como si fueran de su propiedad para enriquecerse. La corrupción concentra el poder y las oportunidades.

Las instituciones mexicanas son, en consecuencia, inoperantes: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no vigila ni regula a quién debería hacerlo, como lo muestra la defraudación de Ficrea a sus ahorradores. Lo mismo ocurre en el ámbito político donde los partidos violan un día sí y otro también la ley que ellos elaboraron y aprobaron. Los Poderes de la Unión tampoco operan: los legisladores encubren, en lugar de investigar para determinar si hubo o no conflicto de interés en las casas del presidente Peña y del secretario Videgaray de Hacienda, porque la mayoría se benefician de los moches; tampoco legislan a favor del interés general sino del gran capital. El Ejecutivo es incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de las personas. Y la Corte no controla a sus jueces ni protege al ciudadano de los abusos del poder público.

En suma, la gran mayoría de mexicanos carece de oportunidades y de medios para defenderse de los poderes públicos y económicos. Es más fácil descender en la escala social (empobrecerse) que mejorar el nivel de vida. El mundo político, el mundo económico, el mundo de la justicia son impenetrables: la movilidad social se congeló. Con ello, los poderes públicos y las instituciones pierden su legitimidad porque no representan el interés general. Esta circunstancia explica la violencia de muchos grupos: si los de abajo no pueden acudir a la ley ni acceder a la justicia para protegerse ni a la prensa para hacerse oír, recurren al único medio que les da visibilidad y presencia: el vandalismo. Estamos entrampados, pues un Estado sin legitimidad pierde el derecho del uso legítimo de la fuerza pública. Por tanto, urge un gran acuerdo nacional para recuperar el Estado a favor del interés general. En caso contrario se corre el riesgo de que caigamos en una espiral fatal de violencia.

Fecha: 
Jueves, 22 de Enero 2015 - 18:00
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La demanda que presentó en mi contra el ex gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy. Terrorismo. Recomendaciones fin de semana

Esta tarde me acompañan Tere Vale y Bernardino Esparza con quienes comento la demanda que presentó en mi contra el ex gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, a quien califiqué de ratero por haber dejado quebrado al gobierno de su Estado. También hablamos del fenómeno del terrorismo, del conflicto de intereses del presidente nacional del PRI, César Camacho. Tomás Borges nos recomendó un libro muy interesante y Mónica Belén nos sugirió que hacer este fin de semana.

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Fecha: 
Viernes, 16 de Enero 2015 - 20:00
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