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Estados sitiados

Como lo escribí ayer aquí, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República (PGR) hizo pública, el 27 de marzo del año pasado, la identidad de los “grupos, células y/o pandillas, vinculadas a las ocho organizaciones del narcotráfico en México”. Esta información fue publicada después en la revista Contralínea y gracias a ella puede verse en que estados del país dónde operan estas bandas criminales.

Los tres grupos delincuenciales vinculados a Los Zetas operaban en Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí y, Zacatecas.

Los 12 grupos vinculados con el Cártel del Pacífico o de Sinaloa actuaban en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Veracruz.

Los Arellano Félix contaban con 14 bandas operando en Baja California y Baja California Sur.

Aliados a La Familia había cinco grupos que cometen sus delitos en Guerrero, Jalisco, México, Michoacán y Morelos.

Con Los Caballeros Templarios colaboraban dos grupos que operaban en México y Morelos.

Las bandas vinculadas al Nuevo Cártel de Juárez operaban en Chihuahua.

Los 23 grupos delincuenciales que estuvieron vinculados con el Cártel de la Barbie operaban en Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, México, Morelos y Quintana Roo.

Finalmente, las 19 bandas identificadas como “escondidas de Los Beltrán Leyva” operaban en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal Guerrero, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora.

En marzo de 2013, estas 80 bandas criminales estaban presentes en 23 entidades del país: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y  Zacatecas.

En aquellos estados en donde están presentes bandas aliadas a cárteles antagónicos la violencia es mayor en vista de que se trata de territorios en donde la lucha por el control de los mismos es a morir. Este es lo que ocurre en casi todos los estados anotados en el párrafo anterior.

Hay estados en donde la violencia es mayor que en otros debido a la presencia de un gran número de grupos delictivos que compiten entre así, a veces aunque estén vinculadas al mismo cártel. Explicarse lo que ocurre en Guerrero es fácil si se toma en cuenta que ahí operan 21 bandas: dos vinculadas al Cártel del Pacífico o de Sinaloa; una aliada a La Familia (Guerreros Unidos o La Nueva Empresa); 12 afines a lo que queda del Cártel de la Barbie; y seis aliados a los Beltrán Leyva (entre ellos Los Rojos).

El reporte de la PGR de marzo de 2013 anotaba que eran 80 las bandas delincuenciales vinculadas a los ocho cárteles del narco. Versiones más recientes afirman que en realidad son 89 o 90 bandas. Lo pero es que aquí no se incluyen a quién sabe cuántas pandillas que operan independientemente, sin vinculación alguna con los cárteles.

Hay 23 estados sitiados por el hampa, algunos enfrentan una peor situación que otros. Sus habitantes viven diferentes grados de inseguridad. Y, como están las cosas, incluida la mala situación económica, nada permite pronosticar una rápida solución al problema.

Foto: viajerosdementes.blogspot.mx

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Fecha: 
Miércoles, 19 de Noviembre 2014 - 12:00
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¿Un verdadero pacto o más de lo mismo?

La crisis política parece haber tocado fondo en Iguala. El grave deterioro social que acerca a México al abismo y la enorme presión nacional e internacional indujo al presidente, a los principales partidos y a empresarios a proponer un “pacto contra la violencia”. En otros momentos a los acuerdos de este tipo se los ha llevado el viento, pero en esta ocasión puede ser diferente, toda vez que la elite gobernante (políticos y grandes capitales) cayó en la cuenta de que el pacto de impunidad por el que mutuamente se protege, conduce a grados cada vez mayores de deterioro y violencia. Se trata de mero instinto de sobrevivencia, pero aun así es una buena noticia para los mexicanos. Es una oportunidad en la que todos debemos involucrarnos para evitar que al pasar esta emergencia no decaiga el ánimo reformista y en poco tiempo volvamos a lo mismo hasta que nos sacuda otro mal aún mayor.

Me parece pertinente que a ese acuerdo nacional se le llame “pacto contra la violencia”. Por ello es crucial identificar las causas que originan la violencia en México, y son varias, a saber: la violencia económica; la violencia contra la ley, mejor conocida como pacto de impunidad; la violencia contra los derechos individuales, o guerra contra las drogas ilegales; la violencia contra los derechos ciudadanos o el secuestro de la vida pública por los partidos. He aquí el universo de la crisis social, económica y política que nos empuja al abismo. Pero, ¿qué implican cada una de estas especies de violencia? La violencia económica consiste en mantener un modelo que excluye y fabrica pobres, que concentra la riqueza y que induce a los jóvenes a caer en las manos de las bandas de narcotráfico. Es insostenible este sistema.

La violencia contra la ley nos lleva al estado de naturaleza que explicaba Hobbes, donde se impone la ley del más fuerte, el estado de guerra perpetua. Así que hay que declarar la guerra a la impunidad con una ambiciosa reforma institucional. La violencia contra los derechos individuales que lleva al gobierno a violar la privacidad del ciudadano se manifiesta como guerra contra las drogas ilícitas: he aquí el origen de poderosas mafias con enorme poder corruptor y de fuego que pudre la frágil estructura de gobierno e institucional del país y es una fuente de violaciones a los derechos humanos. Urge finalizar a esta guerra contra los mexicanos. La violencia contra los derechos ciudadanos implica reconstruir el sistema de representación democrático (acotar a partidos) y forjar mecanismos para que políticos y funcionarios rindan cuentas. La tarea es monumental: implica reconstruir al país, pero hay que hacerla.

Fecha: 
Jueves, 06 de Noviembre 2014 - 17:30
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El Estado de Derecho contra la corrupción

En suma, comentaba ayer con mi tema “Por la vigencia plena del Estado de Derecho”, que el Estado de Derecho es el imperio y primacía de la ley, por medio de un sistema jerárquico de normas para el pleno establecimiento de la seguridad jurídica. Y, para ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental del país, que asiduamente es reformada por el legislador, como bien se aprecia con las 618 modificaciones desde su creación en 1917 a la fecha.

Pues, bien, con la norma jurídica se combate a la corrupción, al menos esa es una de las propuestas del Partido de Acción Nacional (PAN) que presentó esta semana a través de la iniciativa de ley suscrita por sus diputados y senadores, para  reformar y adicionar y derogar diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción es un tema que les ocupa igualmente a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues en noviembre de 2012 presentaron la iniciativa de ley suscrita por sus senadores para reformar y adicionar nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción se combate con la ley. Por lo visto con las modificaciones al texto constitucional se pretende crear por parte de los legisladores del PAN un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), conformado por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana.

El sistema se coordinará entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad. Un Sistema Nacional de Fiscalización, encargado de coordinar las acciones de los órganos de fiscalización en el país, con el objetivo de generar condiciones que permitan un mayor alcance en sus revisiones; evite duplicidades; permita un intercambio efectivo de información; homologue los criterios de planeación, ejecución y reporte de auditorías; y establezca una serie de deberes para quienes conforman el Sistema.

Además, nos dicen los del PAN, que es necesario crear la figura de la extinción del dominio en el delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Esto es, que los bienes derivados de dicho delito sean tratados acorde al procedimiento de extinción de dominio.

Por su parte en la iniciativa de los legisladores del PRI y PVEM se pretende  crear una Comisión Nacional de Anticorrupción y la reorganización de la estructura de la Administración Pública para determinar en desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

En definitiva, son buenas intenciones de los legisladores. En efecto, no es prudente pensar que entre todos es sabido que los actos de corrupción son muchos, muchos, muchos todos los días y no hacemos nada para evitarlos.

Los legisladores en sus iniciativas manifiestan el porque quieren que se modifique el texto constitucional, entre otras causas de corrupción, muestran la corrupción en México con diversos estudios. Por ejemplo, que en 2010, Transparencia Mexicana reportó e identificó para la conformación del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que al menos 200 millones de actos de corrupción para acceder a 35 trámites y servicios monitoreados. En diez de cada cien ocasiones en que se realizó un trámite o se accedió a un servicio público, los hogares pagaron sobornos.

Por ende, se estima que el costo económico de dicha forma de corrupción rebasó los 32 mil millones de pesos, lo cual representa 165 pesos por cada hogar mexicano que debió pagar por el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como por concesiones y servicios administrados por particulares. 

Estimado lector, la corrupción es un tema de hace muchos años, difícil de combatir, y que las leyes tratan de limitar sus tipos, por ejemplo, el nepotismo, el uso indebido de los recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, el abuso de autoridad, los conflictos de intereses, el favoritismo, el soborno, el amiguísimo, el compadrazgo, el uso político de los recursos públicos, el blanqueo de dinero, el uso discrecional o político electoral de los recursos públicos y/o la ausencia de rendición de cuentas.

Así, qué, querido lector esperemos que los legisladores no tarden otros dos años para crear todo un sistema institucional, que combata de manera eficiente y eficaz la corrupción en nuestro país.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 05 de Noviembre 2014 - 18:30
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En la consulta popular más vale que sobre que no falte

El pasado 15 de septiembre se venció el plazo para entregar las firmas de la consulta popular. Pero el proceso de consulta popular aún no termina, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) una vez que ha recogido los paquetes que contienen los formatos que fueron rellenados con los datos de nombre, domicilio y firma de las personas que han consentido otorgar su apoyo a cada partido político, tendrá a través del Registro Federal de Electores (RFE), que iniciar el proceso de verificación de la autenticidad de los 15 millones, 344 trescientas cuarenta y cuatro mil 701 formatos y/o firmas que recabaron los cuatro partidos políticos.

El ejercicio de verificación por parte del RFE consistirá en visitas a los domicilios de los ciudadanos para identificar a quienes firmaron el formato para la consulta popular, al menos esto es lo que dicen los criterios emitidos por el INE el pasado 10 de septiembre.

El aparto burocrático del INE, sin duda asume una tarea extraordinaria en realizar la verificación de nombres y firmas de la consulta popular.  

El RFE, integrará una base de datos con los registros con el propósito de eliminar los nombres duplicados y así estar en condiciones de saber cuáles nombres son los que se encuentran debidamente inscritos en la lista nominal con corte de registro el día 14 de marzo de este año. Hasta el corte del 5 de septiembre de 2014 las personas inscritas en el listado nominal es de 80 millones, 595 quinientos noventa y cinco mil, 338.

Asimismo, la tarea del RFE consistirá en revisar otras características, tales como: la bajas por duplicados, implica eliminar los registros duplicados de la base de datos del Padrón Electoral (hasta el 5 de septiembre de este año el Padrón Electoral se integraba por 86 millones, 078 setenta y ocho mil, 615, personas que han solicitado la expedición de la credencial de elector); las bajas por situación ciudadana, significa comprobar las defunciones, las suspensión de derechos políticos y la perdida de nacionalidad; las bajas por pérdida de vigencia, involucra la cancelación de las solicitudes de inscripción al Padrón Electoral de los ciudadanos que no acudieron a recoger su Credencial para votar con fotografía.

Y, el RFE también tendrá que verificar, nombres, apellidos más frecuentes y otros datos, como bien se mencionan a continuación.

La autenticidad del “Nombre completo más frecuente”, por ejemplo, en el Padrón Electoral es a menudo expresado: Hernández Hernández Juan;  Hernández Hernández María: Hernández Hernández Juana; Hernández Hernández José; y, Hernández Hernández Francisco.  

Los “Apellidos Paternos más frecuentes”, por ejemplo, Hernández; García; Martínez; y, López.  

 Y,  a los ciudadanos con domicilio conocido incluyendo calles sin nombres.

En tales condiciones se incluye un total de 28 millones, 748 setecientos cuarenta y ocho mil, 328 ciudadanos

Estimado lector, tal y como se aprecia  la tarea de la verificación de la autenticidad de los formatos y firmas de los solicitantes de la consulta popular es superabundante para el RFE.

Por su parte los partidos políticos del PRD, PAN, MORENA y PRI de manera extraordinaria recabaron y convencieron más nombres y firmas del mínimo solicitado por la ley, es decir, 1 un millón 600 mil 761 firmas de ciudadanos.

Se dice que el PRD con 4 millones 056 cincuenta y seis mil 664 firmas; el partido de MORENA con 2 millones 712 setecientas doce mil 285 firmas; el PAN con 2 millones 500 mil firmas; y, el PRI con 6 millones 75 mil 752  firmas.

Estimado lector, por lo pronto el total a verificar de la autenticidad de nombres y firmas de la consulta popular es de 15 millones, 344 trescientas cuarenta y cuatro mil 701 firmas.

¿Cuántos formatos y firmas serán legitimas? Por ahora no lo conocemos, pero, pero, pero, eso qué importa, por ello los partidos políticos se excedieron en presentar un número mayor de solicitudes al requerido por la ley, pues, más vale que sobre que no falte.

Querido lector, al tiempo, tiempo… 

Fecha: 
Miércoles, 17 de Septiembre 2014 - 17:30
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Último día para entregar las firmas de la consulta popular

Hoy 15 de septiembre se vence el plazo para entregar las firmas conseguidas por los partidos políticos que pretenden preguntar temas de trascendencia nacional a más de 80 millones de ciudadanos en una consulta popular el 7 de junio de 2015.

Son cuatro los partidos políticos los que impulsan llevar a cabo la consulta popular, y tres de ellos, se dice, que en semanas anteriores lograron conseguir y entregar a los legisladores más del mínino de firmas requeridas por ley, es decir, 1 un millón 600 mil 761 firmas de ciudadanos.

El PRD con 4 millones 056 cincuenta y seis mil 664 firmas; el partido de MORENA, 2 millones 712 setecientas doce mil 285 firmas. El PAN 2 millones 500 mil firmas. Y, el PRI, 6 millones firmas

Ahora, si, por lo visto los cuatro partidos cumplieron con el plazo para entregar 15 millones, 268 doscientas sesenta y ocho mil 949 novecientas cuarenta y nueve firmas.

Al parecer, para conseguir las firmas no ha sido problema para los partidos políticos. Por el contrario, como bien lo escribía en este mismo espacio, en mí opinión del viernes pasado, ¿cuál ha sido el método de los dirigentes partidistas para convencer a los ciudadanos en expresar y aceptar firmar los formatos que comprueban cumplir con el número de firmas requeridas por ley?

Por el momento, el problema ya no es para los partidos políticos, porque lograron entregar las firmas en el plazo establecido por la Ley Federal de Consulta Popular. El problema, es para el INE, ya que disponen de 30 días naturales para comprobar la autenticidad de las firmas, por la que tendrán que acudir sus funcionarios al domicilio de cada uno de los firmantes.

Y, muy a pesar de mi querida amiga Tere Vale, que para ella, según decía en el debate que compartimos en el programa del sábado pasado en “Fuego Cruzado”, la autenticidad de las firmas no refleja un problema, por el contrario, es fácil comprobar la firma por medio del listado nominal, sobre todo, porque en ese listado aparece tu foto y firma. 

Pues, bien, para el INE es una tarea fácil de realizar, decía Tere Vale, pues, de acuerdo a su experiencia, por ejemplo, el que impulsa formar una agrupación política tiene la obligación de llevar a cabo el proceso de recabar y comprobar las firmas. Aunque, ella, terminaba diciendo, eran otros tiempos…

Quizá tenga, razón Tere Vale, el INE tiene los mecanismos idóneos a través de su Registro Federal de Electores para comprobar la autenticidad de nombres y firmas del proceso de consulta popular.

El primer paso que tendrá que realizar el INE es verificar las credenciales vencidas que tienen como último recuadro para el marcaje del año de la elección federal “03”, “09” o “12”, sobre todo, porque no serán vigentes para la elección del  2015.

Pero, pero, pero, sigo insistiendo, ahora ante otra duda ¿cómo dice el PRI que logró recabar en 20 días un poco más de 6 millones de firmas?

Estimado lector, al tiempo, tiempo… 

Fecha: 
Lunes, 15 de Septiembre 2014 - 18:30
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"El Arraigo. Argumentos para su derogación constitucional"

Para mañana jueves 28 de agosto los partidos políticos y sus grupos parlamentarios integrados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores darán a conocer los temas de sus agendas legislativas que tendrán que discutir a partir del próximo lunes en el periodo ordinario legislativo; y, espero que incluyan uno de los temas pendientes a modificar en el orden jurídico de México, es decir, el tema del "Arraigo".

En mi reciente obra "El Arraigo. Argumentos para su derogación constitucional", publicada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe-Agosto-2014), sostengo que la figura jurídica del arraigo ha sido el centro de una discusión acerca de su constitucionalidad. Renombrados juristas y estudiosos del tema son categóricos al afirmar que esta figura es inconstitucional. A su vez, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado su preocupación por la existencia del arraigo, entre otras razones, por permitir a la autoridad judicial a mantener privados de su libertad a individuos sin una acusación formal.

En mi libro doy a conocer los elementos jurídicos que demuestran que esa figura jurídica viola derechos fundamentales como el de presunción de inocencia y el de libertad personal, consagrados en el texto constitucional. Por ello, es sabido la urgencia de derogar el arraigo de la Constitución porque se trata de “un instrumento jurídico no legitimado”, cuyo empleo es uno de los nefandos resultados de la tristemente célebre Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996.

Así, considero que la postura planteada en mi libro debe ser estudiada y analizada por los legisladores, para hacer del sistema de justicia penal uno que dé certeza y seguridad al ciudadano ante los actos del Leviatán estatal. Ojalá así sea en beneficio de nuestro país o, mejor dicho, más nos vale que así sea.

En efecto, estimado lector, más no vale que así sea, y por tanto, en lo que el legislador se decide a eliminar la figura el Arraigo en el orden jurídico mexicano, le invito a Usted a que consulte mi libro "El Arraigo. Argumentos para su derogación constitucional", y si acaso no lo es útil para convencerlo de la necesidad de eliminar la figura del  arraigo, por lo menos, entonces, que le sea útil para conciliar su mente en un agradable cerrar de ojos y dormitar con su lectura.

Querido lector, Usted, puede adquirir la obra en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ubicado en la calle de Magisterio Nacional No.113, en el Centro de la Delegación Tlalpan. 

Fecha: 
Miércoles, 27 de Agosto 2014 - 17:00
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“No sea malo ciudadano presente una iniciativa de ley”

El primero de septiembre inicia el periodo ordinario legislativo de los diputados y senadores, y por tanto disponen de la discusión y aprobación de diversas iniciativas que no fueron oportunamente desahogas durante el periodo ordinario anterior de febrero-abril. En efecto, los temas de las iniciativas son demasiados, tales como la creación de un órgano nacional anticorrupción; el fuero constitucional de legisladores y otros servidores púbicos, la creación de una nueva ley de propaganda gubernamental, la reforma política del Distrito Federal, la reforma del campo, tema que realmente requiere una reforma profunda; y, la eliminación de la figura del arraigo, tema crucial en el respeto cabal de la debida protección de los derechos humanos.

Estos son algunos de los temas que en el próximo periodo de la agenda legislativa, veremos querido lector, con discusiones por parte de los legisladores, muy apasionadas, pero no olvide, que también, veremos la discusión del presupuesto que deberá ejercer el gobierno para el próximo año.       

Ahora bien, cabe preguntar: ¿Es suficiente para la discusión y aprobación de las iniciativas tres meses y medio (septiembre-diciembre)? ¿Será necesario otro periodo extraordinario? En todo caso los temas de las iniciativas de ley son de notable prioridad para que los legisladores las aprueben. No obstante, al trabajo de la agenda legislativa que ya tienen marcado como parte de su destino, además, seguramente, el Presidente de la República, o los mismos diputados, senadores y/o  diputados de los estados, ejercerán su derecho a iniciar otras iniciativas de ley. Con ello, entonces, el periodo de septiembre-diciembre, seguro que no les será suficiente para discutir todas las iniciativas.  

Así es la carga legislativa de los legisladores, pero, imagínese usted querido lector, que cada ciudadano de este país también tuviera el derecho a iniciar leyes y presentarlas ante los diputados y senadores. Bueno, la verdad, es que usted ya tiene ese derecho. Si, ya no se lo imagine, ahora es verdad constitucional. La fracción VII del artículo constitucional fue reformada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de este año, para  que el ciudadano tenga el derecho de iniciar leyes.

Estimado ciudadano somos 80 millones, 161 ciento sesenta y un mil, 635 seiscientos treinta y cinco ciudadanos que disponen de una credencial de elector, con base al lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), actualizada al 8 de agosto, y para que no digan que no trabajan los legisladores, entonces, no sea malo y presente una iniciativa de ley…

Fecha: 
Viernes, 15 de Agosto 2014 - 17:00