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carta magna

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Cuauhtémoc vs Graco

De enero de 2014 hasta marzo de 2015, los 33 gobiernos municipales de Morelos suscribieron un convenio con el gobierno estatal por medio del cual entregaron el mando de sus policías al gobernador Graco Ramírez Garrido (PRD), creándose así el llamado Mando Único, que de acuerdo a la Comisión Estatal de Seguridad Pública morelense es “un sistema de operación y administración policial debidamente homologado, profesionalizado y estructurado, que concentra a todas las corporaciones preventivas municipales y estatales como un solo ente”.

Dichos convenios expiraron en el último segundo del 31 de diciembre pasado al concluir los gobiernos de los presidentes municipales que los suscribieron. Para reestablecer el Mando Único es necesario que cada nuevo gobernante municipal acepte suscribir un nuevo convenio con el gobierno del Estado.

El problema es que las diferentes organizaciones delincuenciales no desean que se reestablezca el Mando Único porque eso les impide tener el control de las policías municipales y les dificulta delinquir con la tranquilidad con que lo hacían hasta el día en que se creo dicho Mando.

De acuerdo al gobierno de Morelos, gracias al mando único se logró disminuir el número de delitos de alto impacto. De noviembre de 2014 a octubre de 2015 se registraron 2,722 delitos de este tipo, lo que significa un promedio de 226 delitos al mes, que es la mitad de los delitos que se registraban cada mes en 2012. Además, Morelos pasó del primero al cuarto lugar en la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes.

En su más reciente informe de gobierno, Ramírez Garrido presumió el descenso del número de delitos entre 2013 y 2014: “Un descenso de 8% en la incidencia delictiva general; en especial, una disminución del 16% en los delitos de alto impacto… En el caso del robo de vehículo con violencia… este delito presenta un descenso de 37.8%; en su modalidad de robo de vehículo sin violencia… descendió 17%;  el robo a casa habitación, en su modalidad de robo con violencia… se redujo 34.6%; el robo de casa-habitación sin violencia… 19.8% menos que el año 2013; el delito de homicidio doloso… al concluir el año 2014, una disminución de 33.4%;  el abigeato… se logró disminuir sustancialmente un 57.7% en el número de estos delitos”. Además, las denuncias por secuestro disminuyeron 21.5%, el número de personas secuestradas fue 28.4% menor, mientras que el número de presuntos secuestradores capturados aumentó 15.1%.

Graco Ramírez afirma que la delincuencia organizada presiona a los nuevos presidentes municipales para que no acepten el Mando Único. Es más, asegura que la flamante presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo (PRD), fue asesinada el sábado pasado, un día después de asumir su cargo, justamente por estar decidida a suscribir el nuevo convenio y negarse a obedecer a los delincuentes.

Tanto el gobernador como el Comisionado Estatal de Seguridad Púbica, Alberto Capella afirman que el nuevo presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco (PSD), puede estar en contra del Mando Único debido a la influencia o presión que sobre él ejercen personas que le son cercanas y que aparentemente tienen vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, la misma que la PGR acusa de desaparecer y asesinar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En vista de que Cuau Blanco y otros presidentes municipales no quieren o no pueden suscribir los nuevos convenios del Mando Único, el gobernador decidió actuar y el pasado domingo emitió varios decretos por medio de los cuales asumió de manera “inmediata y temporal”, el mando de las policías municipales de Ayala, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Ocuituco, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Xochitepec y Zacatepec.

En exfutbolista Blanco ha dicho que no acatará el decreto del gobernador y que recurrirá a otras instancias, pero la verdad es que no hay mucho que pueda hacer al respecto. En la exposición de motivos de sus decretos, Graco Ramírez anota, entre otras cosas, que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 92/2010, ha sostenido que al tratarse de casos extraordinarios, de fuerza mayor o de alteraciones graves del orden público, los gobernadores de los estados tienen la facultad de asumir el mando de las policías municipales de la Entidad” y que “la Carta Magna confiere a los Ejecutivos estatales la libertad de apreciación para actuar en los casos que ellos mismos consideren como de fuerza mayor y de alteración grave del orden publico”.

En este pleito, desde ahora pronóstico que el perdedor será el aguerrido y bronco Blanco, quien dudo mucho haya leído alguna vez el Artículo 115 Constitucional.

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Fecha: 
Martes, 05 de Enero 2016 - 12:00
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