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Un defraudador fiscal no es igual al Chapo Guzmán

Como porcentaje del producto interno bruto (PIB), los ingresos tributarios del gobierno federal son muy bajos. En 2017 apenas representaron el 13.1% del PIB.

Entre los 37 países de la OCDE, nuestro país está en el último lugar en lo que este porcentaje se refiere. Para Chile, que ocupa el penúltimo lugar, la cifra es del 20.16%.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), México podría aumentar la recaudación hasta el 22% del PIB

En marzo pasado, la secretaría de Hacienda informó que la evasión fiscal equivale a entre tres y cuatro puntos del PIB, lo que representa un billón de pesos. De combatirse exitosamente la evasión y elusión fiscales los ingresos tributarios podrían representar entre el 16 y 17% del PIB.

Con el propósito de acabar con los evasores fiscales, la fracción de MORENA en el Senado presentó un proyecto para reformar diversas leyes y códigos.

De aprobarse, serán considerados como miembros de la delincuencia organizada los que cometan el delito de “defraudación fiscal (…) defraudación Fiscal Equiparada… exclusivamente cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación (…) y Actos ilícitos en contra del fisco federal…”.

La propuesta propone la “prisión preventiva oficiosa” para los que sean acusados de los delitos arriba anotados así como para quienes sean sospechosos de participar en “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados…”.

Es decir que será encarcelado sin derecho a fianza y enfrentará su juicio en prisión, sea culpable o no, quien sea acusado de defraudarle al fisco siete millones de pesos o más, o de estar involucrado en el tráfico de facturas falsos.

Esa persona recibirá el mismo trato que un capo del narco, un jefe de una banda de secuestradores o de un grupo de sicarios o cualquier otro criminal que pertenezca a la delincuencia organizada que ha corrompido a la mayoría de las instituciones nacionales, causado cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecido y cometido incontables delitos contra la integridad física y el patrimonio de los mexicanos.

Quien comete los delitos considerados en la propuesta morenista dañan al país, pero no de la misma manera en que lo hacen quienes pertenecen a la verdadera delincuencia organizada; deben ser castigados, pero no se les debe dar el mismo trato que a los criminales más violentos.

La legislación fiscal vigente hace que pagar impuestos en México sea complicado y es muy probable que por un error propio o de un contador un causante acabe en la cárcel sin derecho a fianza. Aún más: la mayoría de los delincuentes fiscales, aunque sean culpables, tampoco merecen ser tratados como si fueran el Chapo Guzmán.

Antes de arriesgar ir a la cárcel muchas personas preferirán llevar sus negocios a otro país o de plano dejarán de invertir y generar la riqueza y los empleos que el país requiere.

Será un grave error si los senadores morenistas aprueban su proyecto tal como lo presentaron. Solo los peores evasores fiscales deben enfrentar su juicio en prisión.
 

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A Robles le gustaba abusar del poder

Hace años escribí sobre lo que les tocó sufrir a unos policías federales que tuvieron la ocurrencia de pedirle a Rosario Robles Berlanga y a su pareja de aquel entonces, el empresario argentino Carlos Ahumada, que pasaran por el mostrador de migración del aeropuerto internacional de Toluca, después de que desembarcaran de un avión privado que los trajo desde La Habana (Cuba).

La entonces jefa de Gobierno les dijo a los policías que no se metieran en lo que no les importaba y que ni ella ni su acompañante pasarían por migración.

Los uniformados impidieron que la pareja abandonara el aeropuerto. Acto seguido, la entonces poderosa perredista marcó un número por su celular para denunciar ante quién sabe quién a los policías que solo estaban cumpliendo con su deber.

En cuestión de minutos llegó la orden: doña Rosario y don Carlos podían abandonar el aeropuerto sin pasar por migración y aduana, como tendría que hacerlo cualquier persona que llegue a México desde otro país.

¿Y los policías? Pues fueron castigados por supuestamente no respetar y darle las consideraciones que merecía la primera pareja del entonces Distrito Federal. Por cumplir con su deber pasaron varios días arrestados en algún cuartel de lo que entonces era la Policía Federal Preventiva.

Esta anécdota, cuya autenticidad verifiqué a través de dos diferentes fuentes, la publiqué en varios medios y la comenté en mi programa de radio. Robles nunca me buscó para desmentirla, confirmando así el dicho de que “el que calla otorga”.

Lo que entonces ocurrió en el aeropuerto toluqueño fue solo una muestra, y muy pequeña, de la manera en que abusaba de su poder la política que alguna vez fue de izquierda y que después de traicionar a sus correligionarios, ocupó dos secretarías de Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sobre la hoy huésped en el penal de mujeres de Santa Martha Acatitla he comentado y escrito varias veces a lo largo de los años y nunca recibí de ella o de alguno de sus subordinados alguna aclaración o desmentido sobre lo que dije o escribí. Siempre calló, siempre otorgó.

En los últimos 19 años desayuné con ella solamente una vez y también solo una vez la entrevisté en mi estudio de Grupo Fórmula. Con base en esos dos encuentros realizados durante el sexenio peñanietista, en los cuales también hubo otras personas presentes, solo me quedó claro que es una mujer inteligente y con una gran facilidad de palabra. No puedo decir que me cayera bien, pero ella lo mismo puede decir de mí.

A fin de cuentas, lo que conozco de Robles se basa en su desempeño como funcionaria pública y en la información que de ella he recibido de sus aliados y contrincantes políticos, subordinados, amigos y enemigos (de estos últimos hay muchos).

La anécdota con que inicio esta columna la muestra como una mujer que abusaba de su poder, hasta en detalles tan insignificantes como el de no aceptar pasar por el control migratorio de un aeropuerto.

Las acusaciones que enfrenta, de ser probadas por la FGR, podrían mandarla varios años a la cárcel, lo que sería un triste destino para quien empezó su carrera política como una izquierdista comprometida con las causas más nobles, y la terminó como una cómplice de uno de los gobiernos más corruptos de México.
 

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