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El decálogo o apuesta por el olvido es un grave error

El jefe del Gabinete, Aurelio Nuño, informó de la decisión del Ejecutivo federal de obviar las demandas ciudadanas de combatir la ilegalidad, la impunidad y la corrupción. Dijo tajante a El País “que la urgencia de los cambios que pide la opinión pública no va a marcar el rumbo… «No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas»” (07/12/14). ¿Qué instituciones? ¿Cuál es el entorno en el que el equipo del presidente Enrique Peña decide ignorar la catástrofe moral, de credibilidad y de legitimidad de su administración?: los aliados políticos del jefe de gobierno parecen darle la espalda; empresarios y clases medias están irritados por los impuestos y la colusión; la plutocracia está dolida porque hirió a sus intereses; asoma una crisis por la caída del petróleo.

A la unificación de los contrarios, por efecto de las reformas y de los errores del gobierno federal, se suma la descomposición de casi todas las instituciones públicas: los partidos políticos, los poderes Legislativo y Judicial y los órdenes de gobierno municipal y estatal. Sin leyes que normen y guíen la conducta ciudadana, con el desastre de los partidos como medio para conducir pacíficamente el conflicto social, con una mayoría de gobiernos estatales y municipales disfuncionales, sin un sistema judicial que imparta justicia y provea seguridad… puede crecer la violencia y conducir a la ingobernabilidad. Ignorar esta crisis sistémica es un desatino. Cuando las instituciones se colapsan el remedio contra el desorden es la fuerza bruta o la calidad moral de sus líderes. Así, la disyuntiva es autoritarismo o la legalidad y legitimidad del liderazgo.

Por si no fuera suficiente el marasmo institucional, tenemos la crisis petrolera. La pérdida de ingresos por la caída del precio se compensará en 2015 con el seguro y el abaratamiento de la gasolina, pero no hay garantía contra un embate especulativo. Explico: las petroleras que extraen crudo de la fractura hidráulica (fracking) pueden quebrar por el desplome de los precios y la posible alza de las tasas de interés del banco central estadunidense (Fed); a su vez, los bajos precios pueden causar la bancarrota de Venezuela y quizá de Rusia. Se vislumbra un desorden financiero que hundiría al peso (la reserva de divisas es una ilusión: su mayor parte es capital golondrino). Acecha la tormenta perfecta. Presidente: no haga caso a los columnistas sino a los signos ominosos de alarma. Para conservar el mando ofrezca una disculpa (por casa blanca) y abata corrupción e impunidad. No apueste al olvido.

Fecha: 
Jueves, 11 de Diciembre 2014 - 17:00
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Explicación de Angélica Rivera sobre su casa, EPN hace pública su declaración patrimonial y la autonomía de la UNAM

Esta tarde me acompañan Kenia López Rabadán y Álvaro Rattinger y comentamos la explicación que dio Angélica Rivera sobre el origen de su casa; la decisión de Enrique Peña Nieto de hacer pública su declaración patrimonial; la certeza de que hay grupos de poder político y económico que buscan desestabilizar al país; la torcida idea que tiene sobre la autonomía el rector de la UNAM, José Narro. Tere Vale nos informa cuáles son los sueldos que ganan los actores estelares de Televisa y comentamos sobre los honorarios que diversas personalidades cobran por diversos servicios. Yemy Zonana habla de pequeños empresarios y sus ideas de negocio

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Fecha: 
Miércoles, 19 de Noviembre 2014 - 19:00
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El amparo concedido a "El Chapo" Guzmán, el caos que prevalece en el país y falta de transparencia del patrimonio de nuestros funcionarios

Esta tarde, el abogado penalista Marco Antonio Rizo nos explica qué significa el amparo que un juez le concedió a Joaquín "El Chapo" Guzmán. En el estudo me acompañan Kenia Lópe Rabadán y Bernardino Esparza con quienes comento la situación de caos que prevalece en varias ciudades del país sin que los gobiernos federal y estatales actúen para resolverla; la falta de transparencia que caracteriza el patrimonio de nuestros funcionarios; la importancia de LinkedIn para obtener empleo o conseguir personal. Yemy Zonana aplica un test empresarial.

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Fecha: 
Miércoles, 12 de Noviembre 2014 - 19:30
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Desaparecidos y Extraviados

El 21 de agosto pasado, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, informó en conferencia de prensa que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “recibió con corte al 30 de noviembre de 2012, un total de 26,121 registros de personas no localizadas… Derivado de la actualización acordada con las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas, dicha cifra se llegó a incrementar hasta 29,707 personas no localizadas. Como resultado de las acciones realizadas por las entidades federativas para la localización de personas y depuración de registros en el marco de la política integral antes mencionada, al 31 de julio de 2014 se reporta que se han localizado 17,175 personas de esa lista, de las cuales 16,274 se encontraron con vida y continúan las acciones de búsqueda de 12,532 personas”.

Al referirse a los desaparecidos durante la administración peñista, Benítez dijo que “por lo que se refiere a los registros ingresados a partir del 1 de diciembre de 2012 con corte al 31 de julio de 2014, las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas han reportado a esa fecha, la localización de 13,444 personas, de las cuales 12,821 se localizaron con vida, es decir el 95 por ciento. Por tanto, se continúa trabajando para localizar a 9 mil 790 personas”.

Es decir, que al 31 de julio estaban desaparecidas 12,532 personas que se esfumaron durante el sexenio de Felipe Calderón más 9,790 durante el actual gobierno. En total 22,322, más los que se hayan acumulado desde el 1 de agosto, incluyendo entre estos a los 43 normalistas guerrerenses que fueron desaparecidos el 26 de septiembre pasado.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Tamaulipas es el estado que registra el mayor número de desapariciones, 4,875 hasta el 31 de julio pasado o el 22% del total. Le siguen Jalisco, con 2,113 (9.5%); Estado de México, con 1,554 (7%), Distrito Federal, con 1,450 (6.5%); y Coahuila, con 1,332 (6%).

Sin embargo, los números absolutos no indican la realidad que prevalece en cada estado. Para conocer mejor lo que sucede es necesario analizar las tasas de desaparecidos por cada 100,000 habitantes. De acuerdo a esta medición, tenemos que la tasa promedio nacional es de 19.9 desaparecidos y que los estados que rebasan este promedio son: Tamaulipas (149.1), Coahuila (48.5), Sinaloa (46.6), Baja California (39.9), Colima (36.9), Chihuahua (33.1), Jalisco (28.7), Durango (23.5), Guanajuato (22.0), Michoacán (21.9) y Nuevo León (21.1).

El Distrito Federal y el Estado de México reportan un alto número de desaparecidos por ser las entidades más pobladas, pero registran tasas inferiores al promedio: de 16.4 el primero y 10.2 el segundo.

En algunos estados donde claramente se siente la presencia del crimen organizado, la desaparición de personas no representa aún un problema. En Veracruz la tasa es de 6.5, en Morelos de 3.5 y en Nayarit de 1.0.

Alguien dirá que las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no reflejan la realidad y tal vez tengan razón, pero estos son los datos oficiales y por ello los únicos que nos permiten conocer la realidad.

Sea como sea, los números presentan una realidad aterradora. Son datos que suelen verse en países en donde existe una guerra. En Ucrania, por ejemplo, país que vive una guerra civil y una invasión de rusos, el número oficial de desaparecidos es de 375.

Los mexicanos deberíamos protestar y marchar no solo por los 43 desparecidos de Ayotzinapa sino por las más de 23,322 personas que no aparecen por ningún lado. El gobierno de Peña Nieto debe trabajar más arduamente para resolver estos casos.

Foto: desaparecidos-altebrown.blogspot.mx

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Fecha: 
Martes, 28 de Octubre 2014 - 12:00
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¿Ingobernabilidad en Guerrero?

Los hechos ocurridos el pasado viernes 26 de septiembre, en los que lamentablemente fallecieron 6 personas y desaparecieron 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, generó un evidente ambiente de tensión, por el cual, la sociedad guerrerense ha salido a las calles a manifestarse exigiendo atención y respuestas a la alarmante situación que vive su estado.

La intervención del gobierno federal con la gendarmería, la atracción de la investigación de los desaparecidos por parte de la Procuraduría General de la República y hasta la suspensión de actividades en el Ayuntamiento de Chilpancingo, denotan que el estado no sólo tiene un problema social, sino que sus autoridades locales han sido deficientes en la atención.

Por tal motivo, diversas autoridades, la sociedad organizada, las instituciones no gubernamentales y los partidos políticos se han preocupado por la situación de dicha entidad federativa. Uno de los partidos que presentó su posicionamiento fue Acción Nacional, quien a través de sus senadores, promovió la declaratoria a la que hace referencia la fracción V del artículo 76 Constitucional, es decir, la implementación de un gobierno provisional.

Y se preguntará el lector: ¿en qué consiste?, ¿es legal?. En efecto, la Constitución Política, en su artículo 76 fracción V y la Ley reglamentaria del mismo artículo señalan que es facultad exclusiva del Senado de la República declarar un gobierno provisional cuando hayan desaparecido los poderes de un estado, y se convoque a elecciones. Esta desaparición de poderes se puede dar en los casos en que los titulares de los poderes constitucionales se encuentren imposibilitados para el ejercicio de sus funciones con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del estado o se impida la plena vigencia del orden jurídico.

Esta solicitud de declaratoria, presentada el 15 de octubre, fue turnada a la Comisión de Gobernación del Senado, la cual el día de ayer decidió que se dará a la tarea de verificar el ejercicio y funcionamiento de los tres poderes del estado de Guerrero, y en caso de que exista ingobernabilidad en la entidad, procederán a declarar un gobierno provisional que dé las respuestas y atención necesaria para regresar a los guerrerenses la tranquilidad que les fue arrebatada.

Por su parte, senadores del PVEM, PRI e incluso integrantes de la fracción del PRD, han hecho expresa su solicitud al titular del gobierno guerrerense Ángel Aguirre Rivero, solicite su licencia legal al cargo, con la finalidad de no entorpecer las investigaciones que realiza la autoridad federal, ya que a su decir, su desempeño del cargo ante esta problemática ha sido deficiente.

Las acciones que deberán emprender las autoridades de los diferentes niveles, para atender la situación que se vive en Guerrero, deberán ser apegadas a la normatividad legal, preservando en todo momento el respeto a los derechos humanos, y buscando la solución más factible y favorecedora para los habitantes de la entidad.

 

Fecha: 
Miércoles, 22 de Octubre 2014 - 17:00
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