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¡Qué fácil y divertido es gobernar!

Todos los actos del presidente de la República en ejercicio de su cargo, son actos de autoridad, regidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Los actos del titular del Poder Ejecutivo no pueden efectuarse por obra y gracia de su dedito; no pueden ser resultado de consultas a mano alzada, por el aplausómetro o el risametro ni basarse o fundarse en “otros datos” que no sean los producidos por las instituciones de apoyo estadístico como son la Secretaría de Hacienda, la de Economía, el INEGI, la ASF y demás instituciones que para eso están.

Según el artículo 14 de la Constitución, la conducta del presidente de la República y de todo servidor público, debe observar las formalidades esenciales de los procedimientos que son materia de su competencia.

La competencia es el conjunto de reglas que determinan lo que un servidor público puede hacer.

Todo lo que no le está permitido, LE ESTÁ PROHIBIDO.

De acuerdo al artículo 16 constitucional, TODOS SUS ACTOS, deben estar FUNDADOS y MOTIVADOS.

Fundar significa sustentar en leyes exactamente aplicables a todos y cada uno de sus actos.

Motivar, implica razonar sus actuaciones con base en las leyes y en los DATOS OFICIALES producidos por las dependencias encargadas de proporcionárselos.

Solamente por la combinación de fundamento y motivación, se puede justificar la causa legal de los actos de gobierno. No hay de otra.

El caso mas emblemático que permite analizar JURÍDICAMENTE la actuación de Andrés Manuel López Obrador, es el del Nuevo Aeropuerto de la ciudad de México.

Para decidir sobre la continuación de la obra en Texcoco o sobre su cancelación, el presidente debió hacer lo siguiente:

Pedir y obtener dictámenes sobre el impacto ambiental, no solamente en cuanto a la fauna de la región, sino respecto al abasto de agua a la ciudad de México, porque evidentemente es más importante que los 22 millones de capitalinos beban y se aseen, que la necesidad de transportarse en avión.

Una vez establecido que el aeropuerto en Texcoco no dañaría el abasto de agua a la ciudad de México, debió pasar al siguiente análisis:

Corroborar los peritajes que determinaron la viabilidad aeronáutica del proyecto en Texcoco.

Debió auditar exhaustivamente TODOS los contratos relacionados con la obra, con la cual, de haber habido corrupción de por medio, nos habríamos ahorrado el pago que hizo a los tenedores de bonos.

Si hubiera acreditado delitos patrimoniales en agravio del Estado Mexicano, no solamente no habría tenido que indemnizar a los inversionistas, sino que habría podido y debido aplicar la extinción de dominio, confiscando sus intereses patrimoniales en ese proyecto aparte de meterlos a la cárcel.

Apenas hoy me he hecho la siguiente pregunta:

¿Han interpuesto demandas de Amparo los socios del Grupo Aeroportuario Mexicano?

Ellos serían los directamente agraviados por la forma en que Andrés Manuel López Obrador ha decidido ponerle fin al NAIM y sepultarlo bajo las aguas del lago de Texcoco.

Sería rarísimo que el Grupo Aeroportuario Mexicano se pudiera haber quedado de brazos cruzados en vez de defender su inversión.

La única razón por la cual podría explicarse la “abnegada resignación” de los empresarios aeronáuticos, tendría que ser (como decía mi nana Concha), una de dos:

O llegaron a algún arreglo con Andrés Manuel López Obrador, o prefirieron no hacer olas porque tenían cola que les pudieran pisar.

Me inclino más por la primera opción, porque los montos involucrados en la obra del NAIM no son como para dejarlos en el aire sin amarrar un arreglo de impunidad que justificara su silencio.

Mis opiniones sobre los primeros 12 meses de gobierno del PRIMOR, son estrictamente jurídicas.

No me gustan los opinólogos ni los expertólogos que se pronuncian a partir de simpatías o de fobias; aborrezco las opiniones a ojo de buen cubero.

Lo gratificante de opinar con base en la ley y en las pruebas, es que los pronunciamientos sustentados de esta forma, difícilmente pueden ser refutados con éxito.

Hasta el día de hoy, la famosa “Cuarta Transformación” es alabanza en boca propia y por lo mismo, vituperio para quien se proclama su adalid.

Afirmar que se encabeza nada menos que una transformación histórica de México, es un atrevimiento temerario para alguien que, además, no ha explicado satisfactoriamente en qué cree que consistieron las tres transformaciones anteriores.

Este lunes 1º de julio, Andrés Manuel López Obrador va a celebrar su triunfo electoral.

No quiero ser aguafiestas, pero no puedo pasar por alto los “resultados” visibles:

Decidió vender el avión presidencial que no nos pertenece y cuya renta seguimos pagando sin utilizarlo.

Decidió convertir Los Pinos en museo, como si el próximo presidente de México no tuviera derecho a habitar la residencia oficial del Poder Ejecutivo.

¿Se imagina usted lo que le harían a Clairol Trump si hubiera querido convertir la Casa Blanca en parque de diversiones?

En la ciudad de México, en vez de defender a los millones de rehenes que viven a merced de la delincuencia, defiende a Claudia Sheinbaum contra los grandulones que no la comprenden...

La tan cacareada “mafia el poder” disfruta la misma impunidad que las tepocatas, víboras prietas y alimañas a las que Fox les hizo lo que el viento a Juárez.

El gober precioso, César Duarte, la maestra Elba Esther, Romero Deschamps, Kamel Nacif y demás personajes, siguen tan frescos como de costumbre.

Peña Nieto protagoniza las páginas de sociales, cuando al parecer debería figurar en la nota roja.

Pudiendo defender de verdad la soberanía de México y los derechos de nuestros compatriotas ante el gobierno de Clairol Trump, haciendo valer el artículo XXI de la Ley 9 Stat 922 de los Estados Unidos, (1) se ha convertido en “immigration employee” subcontratado por la Casa Blanca, porque al ignorar las leyes aplicables, nos priva de su protección.

Gobernar implica lidiar a Clairol Trump, y para eso no basta el “feeling” ni el sentido común; hace falta saber historia y derecho, y estar dispuesto a enfrentar y confrontar con la fuerza del derecho firmemente ejercida.

La actuación de Andrés Manuel López Obrador me recuerda a la de Mickey Mouse en su papel de aprendiz del brujo, aquella película de Walt Disney, donde el ratoncito abusó de la varita mágica a diestra y siniestra, mientras celebraba lo fácil que era hacer magia y que las cosas ocurrieran como dijera su varita.

El desenlace en el caso de nuestro país, no será tan divertido como en aquel cuento cuyas consecuencias se terminaban al encenderse la luz del cine con la salida de los espectadores.

Para México, el experimento democrático puede resultar tan trágico o peor que el de Francisco I. Madero, al que Emiliano Zapata le revocó el mandato en los primeros renglones del Plan de Ayala.

Que bueno que Andrés Manuel López Obrador crea que es muy fácil gobernar y que se haya divertido de lo lindo desde el 1º de julio de 2018; pero GOBERNAR no es fácil ni divertido.

¿Qué tan graves podrán ser cinco añitos mas del fácil y divertido pasatiempo de gobernar en brazos de MORENA, para un país que lleva diez mil años de fundado?

No vamos a tardar en enterarnos...

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  1.  9 Stat 922 es el número de identificación de la Ley Federal de los Estados Unidos, que fue elevada a esa categoría por su Congreso, el 4 de julio de 1848, bajo la Supremacy Clause de la Constitución Americana.

Fue así como el tratado de Guadalupe-Hidalgo, pasó a ser ley federal de los Estados Unidos, vigente hasta la fecha.

Es por eso que en colaboración con “México defiende lo Tuyo” presidido por el abogado mexicoamericano Juan M. Soliz y Nellie Cotton, vamos a comenzar a hacer valer esa ley federal cuyo artículo XXI nos permite defender a nuestros compatriotas  ante los jueces federales de los Estados Unidos.
 

chavezmontesjulio@hotmail.com

Fecha: 
Viernes, 28 de Junio 2019 - 13:20
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Viernes, 28 de Junio 2019 - 15:35
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Sábado, 29 de Junio 2019 - 04:35
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No les importa que sea nuestro dinero

Los organismos gubernamentales encargados de recaudar impuestos, derechos, contribuciones y tarifas no escatiman esfuerzos para cobrarnos hasta el último centavo de lo que la ley señala que debemos pagar por diversos conceptos. No toleran atrasos ni aceptan que el monto pagado sea menor al que han determinado. Cuando aprueban que un adeudo se pague a plazos, la tasas de interés que cobran sobre los saldos insolutos son superiores a las de los mismos bancos comerciales. Tienen el poder de intervenir cuentas bancarias y embargar bienes de quien por una razón u otra no haya cumplido con sus obligaciones.

En resumen: cuando se trata de sacarnos una parte importante del dinero que hemos ganado por nuestro trabajo, los funcionarios a cargo de esos organismos demuestran un profesionalismo inaudito, un afán poco visto para cumplir a pie juntillas con las leyes.

Sin embargo, cuando se trata de gastar nuestro dinero - el que han obtenido de los impuestos, derechos, contribuciones y tarifas que pagamos-, la mayoría de los organismos gubernamentales y sus funcionarios demuestran irresponsabilidad y falta de profesionalismo, por decir lo menos.

Lo que afirmo en el párrafo anterior se comprueba al analizar el Informe General de la Cuenta Pública 2013 dado a conocer la semana pasada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para empezar, es importante notar que el informe analiza la Cuenta Pública 2013, es decir la del año antepasado, porque nuestra clase política, en especial los integrantes del Poder Legislativo, no han actualizado las leyes con el fin de que la ASF pueda auditar en cualquier momento a cualquier dependencia pública, así como el SAT puede hacerlo con cualquier contribuyente físico o moral. Por eso, será hasta febrero del año 2016 cuando tengamos la oportunidad de saber que tan bien o mal gastó el gobierno nuestro dinero durante 2014.

Entre las muchos anomalías detectadas por la ASF destacan los siguientes:

22,993 millones de pesos no fueron ejercidos, devengados o reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a la fecha de cierre de las auditorías.

18,190 millones de pesos se gastaron sin que exista la documentación comprobatoria de las erogaciones.

10,946 millones de pesos se transfirieron a cuentas bancarias distintas a las autorizadas.

8,032 millones de pesos se derogaron en obras, acciones y conceptos que no corresponden con los fines de los fondos y programas.

4,331 millones de pesos se usaron para pagar remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.

2,667 millones de pesos no fueron entregados por las Secretarías de Finanzas de los estados a los entes ejecutores.

Solo por estos seis conceptos estamos hablando de 67,159 millones de pesos que, o no se erogaron como debería haberse hecho o fueron mal utilizados por diversos burócratas a lo largo y ancho del país.

Las ASF elabora un Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto

Federalizado por Entidad Federativa. En lo que a la Cuenta Pública 2013 se refiere, el gobierno que mejor gestiono el gasto federalizado fue Querétaro. El que peor lo hizo fue Michoacán. Los 5 mejores fueron Querétaro, Campeche, Durango, Yucatán y San Luis Potosí. Los 5 peores fueron Michoacán, Jalisco, Veracruz, Hidalgo y Guanajuato.

El Informe General de la Cuenta Pública 2013 nos permite ver qué tanto les importa o no nuestro dinero a quienes supuestamente deben invertirlo y gastarlo de la mejor manera posible. Puede verse en www.asf.gob.mx/Publication/169_Informe_cuenta_publica

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Lunes, 23 de Febrero 2015 - 12:00
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