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Los dos aviones de López Obrador

Los dos aviones de López Obrador 

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El avion TP01 regresa a México.

En realidad estamos en presencia de dos aviones:

El traído y llevado TP01, y el avión de fantasía  que nos da el presidente López Obrador para ocultar sus ambiciones personales distrayendo a la opinión pública.

Su decisión de viajar en líneas aéreas comerciales, NO ES GRATIS ni más barato para los contribuyentes.

Por alguna razon sera que hasta San Evo Morales viajaba en el avión presidencial de Bolivia mientras estuvo al frente de ese país.


¡Quien en su sano juicio puede imaginar a Angela Merkel o a Lulla da Silva, o a Cristina Fernández  adaptando su agenda de trabajo a la disponibilidad de boletos en Lufthansa, Avianca o Líneas Aéreas Argentinas para poder realizar sus tareas oficiales!

López Obrador ha venido utilizando el escandalo mediatico del TP01, para darnos el avión con el que oculta sus múltiples maniobras electoreras con intenciones futuristas.

Basta leer algunos artículos del Código Civil Federal, del Código Penal Federal y de la ley de la Lotería Nacional, para darse cuenta de la magnitud de la farsa montada por López Obrador para distraer a la opinión pública.

La venta del avión TP01 está prohibida por el artículo 2270 del Código Civil Federal que a la letra dice:

Artículo 2270.- “La venta de cosa ajena es nula...

López Obrador tampoco puede rentar el avión, ya que lo  prohíbe el artículo 2480 del mismo código que a la letra dice:

Artículo 2480.- “El arrendatario NO PUEDE subarrendar la cosa arrendada en todo ni en parte, ni ceder sus derechos SIN EL CONSENTIMIENTO DEL ARRENDADOR...”

Por la misma razón no puede convertirlo en el primer avión “de tiempo compartido” cediendo a 12 millonarios para que lo ocupen como mejor les parezca.

No lo puede catafixiar con el gobierno de Estados Unidos a cambio de medicamentos; medicamentos para cuya compra, Lopez Obrador ha desviado los recursos necesarios, destinarlos  a la compra de votos a través de sus programas clientelares como Jóvenes Construyendo el Futuro de AMLO o el Banco para el Bienestar de AMLO...


La reina de sus  fantasías aeronáuticas, es la de la mentada RIFA.

#AMLO, alias “el recto” dijo que va a ordenarle a la Lotería Nacional que rife el TP01 mediante la emisión de seis millones de billetes con un costo de $500.00 cada uno.

Esta falacia  queda desmentida además por el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional que a la letra dice:

Articulo 2º.- “El objeto del organismo es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo en el campo de la asistencia pública destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo.”

Y mientras el ex fósil universitario que hoy habita el Palacio de los Virreyes de la Nueva España nos da el avion con otro avión, ¿por qué motivo Boeing no abre la boca?

¿Por que permite Boeing que López Obrador diga que el dinero que se obtenga de la venta del TP01 se va a destinar a la compra de los  medicamentos que el mismo le quitó a los niños con cáncer, o para devolverle al pueblo lo robado para engordar a MORENA?

El dueño del TP01 es Boeing Corporation.

El estado mexicano le sigue debiendo la renta a Boeing.

López Obrador ha mentido haciendo creer que la flota de aviones y helicópteros del estado mexicano, se destina únicamente para diversión y placer de los presidentes “de antes”.

Una cosa es la logística del gobierno que exige medios de transporte propios, y otra la diversión turística a costa de los contribuyentes.

Nos ha costado muchisimo mas el capricho de Obrador, que si hubiera destinado  el TP01 al uso legalmente previsto como transporte presidencial dedicado al servicio de los mexicanos.

 

Lo malo del TP01 no fue su adquisición sino el uso indebido que le dieron el comandante Borolas y Enrique el Hermoso, llenándolo de gorrones  y usándolo para sus excesos.

La falsa humildad de López Obrador (que lo que menos tiene es ser humilde), es mucho más costosa, porque cada vez que utiliza aviones comerciales para transportarse, pone en peligro a todos los pasajeros porque el, como jefe de estado, es una víctima potencial de cualquier atentado.

Lo anterior sin olvidar que  al peje lagarto no lo cuida el pueblo bueno y sabio, sino el mismísimo Estado Mayor Presidencial que lo único que ha dejado de usar, es su antiguo nombre; y si no, que se lo pregunten a Evo Morales que tampoco fue protegido por el pueblo bueno y sabio cuando el pueblo boliviano lo echo fuera por su fraude electoral de octubre pasado.

O sea, que el Peje Lagarto viaja con una comitiva que no por no ser tan ostensible, deja de ser comitiva (1).

Cómo puede usted ver,  aquí se trata de dos aviones:

El avión TP01, y el avión  de fantasías que López Obrador  le da a los millones de amlovers,  pejezombies, clientes electorales del Banco para el Bienestar de AMLO,  y jóvenes construyendo el futuro de AMLO, desviando fondos que le ha quitado a programas sociales y de gobierno que funcionaban bien,  para aprovecharlos en la compra de votos a su favor.

López Obrador no lidera ninguna  “cuarta transformación”; encabeza la cuarta decepcion.

1.- Fox decepcionó a quienes le creyeron que perseguiría a las tepocatas, víboras prietas y alimanas.

2.- Calderón decepcionó a quienes creyeron que su promesa de batirse a muerte contra los criminales, significaba luchar contra ellos en vez de batirse en su mismo cochinero.

3.- Peña Nieto decepcionó a quienes creyeron en su telenovela con todo y su primera madame de utileria.

 

López Obrador viene encarnando la cuarta decepción consecutiva.

¿No mentir, no robar, no traicionar?

Basta leer los artículos de las leyes que aquí he puesto a su vista  para evidenciar que “el recto” miente; que su supuesta enajenación, renta o rifa  del TP01 es un robo y un fraude, y que su avión de cuentos y fantasías es una traición a la esperanza de quienes  han creído y siguen creyendo en el.

Y mientras tanto Boeing nada dice...

Y el fiscal general autónomo, tampoco abre la boca...

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(1) Comitiva. Dícese de un grupo de individuos que sigue a ricos y poderosos como la cauda de un cometa, y que además de viajar a su costa, se entregan con denuedo a la actividad comitiva de comer de gorram, como la comitiva de López Obrador.

chavezmontesmessnerjulio@yahoo.com









 

Fecha: 
Miércoles, 22 de Enero 2020 - 08:45
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Fecha B: 
Miércoles, 22 de Enero 2020 - 11:00
Fecha C: 
Jueves, 23 de Enero 2020 - 00:00
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El Artículo 16 de la Constitución anula en parte al 20, AMLO aparentemente quiere anularlo por completo

El 9 de marzo de 2007, Felipe Calderón envió al Congreso una iniciativa para reformar diversos artículos constitucionales, entre ellos el 16.

El entonces presidente propuso que después de ser reformado, el 16 señalara que “La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días”.

La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de febrero de 2008 por 462 de los 470 legisladores presentes. Votaron a favor los 202 del PAN, 107 del PRD, 98 del PRI, 17 del PVEM, 18 de CD, nueve del PANAL, ocho del PT y tres del PAS. Dos legisladores se abstuvieron y seis perredistas votaron en contra.

Días después, el 6 de marzo, el Senado ratificó la reforma y la turnó para su aprobación a las legislaturas locales. De los 98 senadores presentes, votaron a favor 34 priistas, 27 panistas, 10 perredistas y dos verdes. En contra 14 panistas, cinco perredistas, cuatro priistas y dos independientes. Es decir, 73 a favor y 25 en contra.

Luego de que la mayoría de los congresos locales aprobara la reforma, Calderón publicó el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y la reforma entró en vigor al día siguiente.

Quedó así parcialmente anulada la garantía que otorga el Apartado B del Artículo 20 que anota que toda persona que haya sido acusada de un delito goza de los siguientes derechos: “I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio”.

Así, a partir de junio de 2008, si el ineficiente o corrupto ministerio público federal es incapaz de probar la culpabilidad de quien es acusado de delincuencia organizada, puede solicitarle a un igualmente inepto o corrupto juez que lo prive de su libertad hasta por 80 días, violando su derecho consagrado en el Artículo 20.

La reforma calderonista al 16 constitucional fue nefasta y ahora el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aparentemente quiere impulsar otra que, de aprobarse, resultaría más funesta que la anterior al permitir que el arraigo de decrete contra quien sea acusado de cualquier delito.

La reforma de Calderón debe ser derogada y rechazada la que podría ser propuesta por AMLO. Ambas atentan contra el derecho fundamental y universal que nos otorga el 20 constitucional. 

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

 

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Fecha: 
Viernes, 17 de Enero 2020 - 11:20
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Fecha B: 
Viernes, 17 de Enero 2020 - 20:05
Fecha C: 
Sábado, 18 de Enero 2020 - 07:20
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Fuego amigo

Alberto Aguirre, en su columna de ayer que se publicó en el periódico defeño El Economista, intitulada El protagonismo de Murat, comenta que el actual director general del Infonavit, Alejandro Murat, no puede ser candidato del PRI a la gubenatura de Oaxaca. El columnista argumenta que la Constitución de la República se lo impide.

Esto escribió Aguirre: “El último día de junio, el Congreso de Oaxaca aprobó un paquete de reformas electorales —promovido por el gobernador Gabino Cué Monteagudo— que incluyen la modificación de la primera fracción del Artículo 68 de la Constitución, para el requisito de la residencia efectiva, de cinco a tres años, para los no nacidos en la entidad.

“Entre panistas y perredistas existe plena convicción de que esta medida pavimentaría la unción de Murat Hinojosa. Morena de plano acudió a la Suprema Corte de Justicia para impugnar su constitucionalidad, en virtud de lo estipulado en el inciso B de la fracción I del Artículo 116 de la Carta Magna, que dice textualmente: “Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios”.

“Resulta obvio establecer que los aspirantes a la candidatura priísta —el senador Eviel Pérez Magaña, la diputada federal Mariana Benítez, el ex alcalde José Antonio Hernández Fraguas y Héctor Pablo Ramírez Puga, director de Liconsa— han externado su animosidad sobre este asunto, aunque han comprometido su respaldo en caso de que se imponga la línea de Los Pinos”.

Sobre este asunto sería bueno que el columnista Aguirre y los aspirantes que menciona recordaran que la Constitución oaxaqueña, en su Artículo 23, reconoce como ciudadanos del Estado de Oaxaca a “los hombres y mujeres que hayan nacido en su territorio, quienes sean hijos de padre o madre oaxaqueños y quienes teniendo una residencia mínima de cinco años en la entidad, deseen ser considerados como tales, en los términos de la ley, que sean mayores de 18 años y tengan modo honesto de vivir”. Murat Hinojosa, por ser hijo de padre oaxaqueño es por ello reconocido como ciudadano nativo de Oaxaca.

Aguirre cita el inciso B de la fracción I del Artículo 116 de la Constitución de la República que señala “Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios” y esto no se contrapone con el Artículo 23 de la Constitución de Oaxaca, ya que de acuerdo a ésta Murat Hinojosa es reconocido como oaxaqueño nativo por ser hijo de oaxaqueño y no como un ciudadano mexicano no oaxaqueño que debería contar “con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios”.

En lo que a la fracción I del Artículo 68 de la Constitución oaxaqueña aludida por el columnista de El Economista, su texto vigente es el siguiente: “Para ser gobernador del estado, se requiere ser mexicana o mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos y nativa o nativo del estado, con residencia mínima de tres años, vecina o vecino de él durante un periodo no menor de cinco años, inmediatamente anterior al día de la elección. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargo público de elección popular”.

De nuevo, Alberto Aguirre ignora el hecho de que Murat Hinojosa es nativo del estado por ser hijo de oaxaqueño y no un no oaxaqueño avecindado en la entidad, por lo cual ni le beneficia ni perjudica la propuesta presentada por el actual gobernador para reducir la residencia de cinco a tres años para los no oaxaqueños.

Sería bueno que el columnista Aguirre recordara que Cué Monteagudo, nacido en el DF pero de padres oaxaqueños, logró la candidatura por ser considerado nativo del estado por paternidad. Lo mismo ocurrió con Diódoro Carrasco, que nació en Puebla pero por ser hijo de oaxaqueño pudo ser candidato y luego gobernador.

En su columna de ayer, Aguirre escribe que “En cualquier caso, los aspirantes a la gubernatura con más respaldos populares están en la oposición al PRI. Ellos son el senador Benjamín Robles Montoya —quien fue dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y es uno de los políticos más cercanos al gobernador Cué Monteagudo…”.

Curiosamente, el columnista no menciona que Robles Montoya no nació en Oaxaca, que sus padres tampoco y que pese a ello puede aspirar a ser candidato a la gubernatura. Tampoco hace referencia al hecho de que Jesús Martínez Álvarez, quien es de Jalisco, fue gobernador interino de Oaxaca de 1985 a 1986.

La columna que se publicó ayer en El Economista podría ser un caso más de fuego amigo por medio del cual los aspirantes a un cargo de elección se confabulan para tratar de descalificar a quien encabeza las encuestas de preferencias. Resulta muy curioso que el columnista mencione a tres individuos que pertenecen al equipo político que encabeza el desprestigiado exgobernador Ulises Ruiz (2004-2010). De 2005 a 2009 Eviel Pérez fue su secretario de Obras Públicas mientras que Ramírez Puga fue su secretario Técnico de Gabinete y luego coordinador general de Comunicación Social. Hernández Fraguas fue presidente municipal de Oaxaca de 2007 a 2010 después de ser impuesto por Ruiz como candidato priísta a dicho cargo.

Foto: http://eleconomista.com.mx/

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Fecha: 
Martes, 06 de Octubre 2015 - 12:00
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CNTE le va ganando a EPN

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. – Artículo 3 de la Constitución.

“Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”. - Artículo 3 de la Constitución, Fracción IX.

“El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme lo dispone la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Instituto contará con plena autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna”. - Artículo 22 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

“El Instituto tendrá por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios. Asimismo, el Instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto a los atributos de educandos, docentes y Autoridades Escolares, así como, de las características de instituciones, políticas y programas educativos”. - Artículo 25 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

“Corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: I. La evaluación del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, sin perjuicio de la participación que las autoridades educativas federal y locales tengan, de conformidad con los lineamientos que expida dicho organismo, y con la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. II. Fungir como autoridad en materia de evaluación educativa, coordinar el sistema nacional de evaluación educativa y emitir los lineamientos a que se sujetarán las autoridades federal y locales para realizar las evaluaciones que les corresponden en el marco de sus atribuciones. III. Emitir directrices, con base en los resultados de la evaluación del sistema educativo nacional, que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad.  Respecto de los servicios educativos diferentes a los mencionados en la fracción I de este artículo, la Secretaría y demás autoridades competentes, realizarán la evaluación correspondiente, de conformidad con las atribuciones establecidas por esta Ley”. – Artículo 29 de la Ley General de Educación.

“En materia del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media Superior, corresponden al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación las atribuciones siguientes: I. Definir los procesos de evaluación a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables; II. Definir, en coordinación con las Autoridades Educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refiere la presente Ley; III. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas, así como los Organismos Descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio Profesional Docente en la educación obligatoria”. – Artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

“Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”. – Boletín de prensa emitido el viernes 29 de mayo por la Secretaría de Educación Púbica, anunciando una decisión del gobierno federal que es violatoria de la Constitución y de la leyes General de Educación, General del Servicio Profesional Docente, y  del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre otras.

Es claro, que en lo que a la Reforma Educativa se refiere, la disidencia magisterial le va ganando la batalla al gobierno de Enrique Peña Nieto. Lástima para el país, lástima para los millones de niños y jóvenes condenados a vivir sus vidas en la mediocridad.

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Fecha: 
Martes, 02 de Junio 2015 - 12:00
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Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente del Partido Encuentro Social

Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente del Partido Encuentro Social, se defiende del Artículo de la Revista Proceso.

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Fecha: 
Lunes, 25 de Mayo 2015 - 20:30
Media: 

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Mi programa:

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98 años de modificaciones constitucionales

Hoy 5 de febrero se cumplen 98 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917-2015). Desde su promulgación a la fecha se han consumado 618 reformas constitucionales a diversos artículos.  

De tal manera de 136 artículos contenidos en la Constitución, 27 de ellos se mantienen iguales, y 109 artículos son los que han cambiado.

No obstante, los artículos con el mayor número de reformas son 16. Es decir, han sido modificados por el legislador más de diez ocasiones.

Entre ellos se encuentra con 71 modificaciones el artículo 73 relacionado con las “Facultades del Congreso”.

Otro artículo es el 123 con 24 modificaciones el cual determina lo referente al derecho del trabajo.

Por su parte el artículo 27 tiene 19 modificaciones y establece el derecho a la propiedad. 

El artículo 89 posee 17 modificaciones y determina las “Facultades y obligaciones del Presidente de la República”.

El artículo 74 muestra 16 modificaciones y señala las “Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados”.

El artículo 107 ostenta 15 modificaciones y apunta lo relacionado con las bases del “Juicio de Amparo”. 

El artículo 4 exhibe 14 modificaciones y cita lo relacionado con la protección a la salud, el derecho al agua, a disfrutar de vivienda digna y decorosa, a la identidad y a ser registrado de manera inmediata  a su nacimiento, y a la cultura, entre otros derechos.

El artículo 115 con 14 modificaciones en el rubro de “Los Estados de la Federación y del Distrito Federal”.

El artículo 76 contiene 13 modificaciones con relación a las “Facultades exclusivas del Senado”.

El artículo 79 expone 12 modificaciones al tema de la “Fiscalización  Superior de la Federación”.

El artículo 94 presenta 12 modificaciones  pertenecientes  con el tema del “Poder Judicial”.

El artículo 105 contiene 11 modificaciones tocantes con el tema de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

El artículo 116 con 11 modificaciones en el rubro de “Los Estados de la Federación y del Distrito Federal”.

El artículo 122 contiene 11 modificaciones en el rubro de “Los Estados de la Federación y del Distrito Federal”.

El artículo 97 dispone de 10 modificaciones relacionadas con el tema del “Poder Judicial”.

Y, el artículo 111 dispone de 10 modificaciones en el rubro de “Las responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”.

En definitiva, estimado lector, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma jurídica fundamental del Estado Mexicano, y es la norma jurídica con un mayor número  de reformas constitucionales.

Así que, querido lector, aquí no terminan las modificaciones constitucionales, ya que los legisladores pretenden realizar otras reformas constitucionales, con la creación del Mando Único de la Policía en los Estados, la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción y/o la iniciativa de Reforma Política del DF.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Jueves, 05 de Febrero 2015 - 18:00
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Las reformas constitucionales del 2014

En el 2014 se han modificado 45 artículos de 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los temas son: transparencia, en materia política-electoral, el derecho a la entidad, en materia de responsabilidad de los funcionarios públicos, en materia de trabajo para los menores de edad, y en materia de compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión.

Así tenemos diversas reformas y adiciones al texto constitucional. La primera modificación es en materia de transparencia. En el Decreto se otorga autonomía constitucional al organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Asimismo, se amplía a los sujetos obligados, y por ende, se establece las bases de transparencia para las entidades federativas

La segunda modificación es en materia política-electoral. Con el Decreto se establecen varios cambios: se crea el Instituto Nacional Electoral; se incorpora la reelección consecutiva de senadores y diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos; se le otorga autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; se modifica la fecha de inicio del cargo de Presidente de la República; se faculta a las Cámaras del Congreso para ratificar a determinados Secretarios de Estado; se crea la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo.

La tercera modificación es en materia del derecho a la identidad. Con el Decreto se incorpora el derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Asimismo, se establece que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento.

La cuarta modificación es en materia de responsabilidades de los funcionarios públicos. Con el Decreto se establece que a "los integrantes de los ayuntamientos", en la relación de funcionarios públicos que serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

La quinta modificación es en materia de trabajo para los menores de edad. El Decreto establece que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años.

La sexta modificación es en materia de compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. El Decreto refiere que en el caso de compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, será parte del sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes.

Estimado lector, el año termina, pero, pero, pero, los cambios  a la Ley Fundamental continuarán para el próximo 2015.

Así que, querido lector, desde el año de 1917 el texto constitucional ha sido modificado 618 veces.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Lunes, 22 de Diciembre 2014 - 18:00
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Hiel y Miel: Del artículo de Enrique Krauze y las declaraciones de Alejandro Martí, el desastre de Polanco y mis recomendaciones

Siempre me ha parecido que Alejandro Martí es un hombre valiente e inteligente. No solo como empresario ha logrado un gran éxito con sus famosos Sport City y las tiendas Deportes Martí, sino que en general sus puntos de vista, (después de haber vivido una tragedia familiar que todos conocemos) resultan sensatos y bien informados. Ahora le toca nuevamente al empresario salir a poner los puntos sobre las “ies” y corregirle amable pero firmemente la plana a Enrique Krauze. El articulo publicado en el New York Times por el director de Letras Libres, sobre la necesidad de que Peña Nieto pida perdón por todo y ante todos, no pudo más que sorprenderme y desconcertarme y seguramente a Don Alejandro también. Parece que lo de hoy, para los más irresponsables, es pedir que el presidente de rodillas, se flagele ante la opinión pública y asuma una culpabilidad que definitivamente no es solo suya. Lo que pasó en Ayotzinapa, como hecho emblemático, es culpa de todos: de la falta de valores de nuestra sociedad, de las enormes carencias educativas que padecemos, de la violencia desbordada bajo el amparo del crimen organizado, del rencor social, de la miseria, de los políticos corruptos (como los muchos Abarca que desgraciadamente existen en México), de la ambición desmedida de algunos líderes mesiánicos, y de muchos gobiernos locales penetrados por el narco. Claro… todo esto también le toca al presidente de los mexicanos, pero no deja de percibirse el intento de unos cuantos por exacerbar los ánimos y culpar a Peña para poder exculpar irresponsablemente a todos los demás. ¿Acaso si el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, hubiese sido priísta lo habrían exonerado rápidamente de toda responsabilidad o culpa?, ¿no resulta extraño que AMLO, supuesto defensor de las causas de los pobres, no haya visitado aún Iguala para consolar y apoyar a la comunidad?, ¿de dónde sale el dinero para tanta marcha, fianzas y abogados que defiendan a los intocables vándalos que lo mismo atacan las puertas de Palacio Nacional o irrumpen en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz?. Juego peligroso y perverso que pone en riesgo nuestra sociedad…Tal y como lo decíamos hace más de un año, llegó la navidad y Polanco se vuelve cada día más, la zona bombardeada más caótica de la ciudad. Las obras no terminaron (como nos lo prometieron) el pasado noviembre; las calles continúan cerradas e incluso se han clausurado muchas más (como en la que yo vivo); la falta de señalamientos y vías alternas han transformado esta (hasta antes de Víctor Romo) elegante colonia, en un caos donde las tiendas quiebran, los restaurante languidecen y los que vivimos ahí nos la pensamos para regresar después del trabajo a nuestras casas, periplo que puede durar entre una y dos horas para recorrer un par de manzanas. Los polanquenses contamos los días y las horas para que al fin llegue un Delegado a Miguel Hidalgo que se preocupe realmente por nuestro bienestar y deje de hacer obras eternas, mal planeadas y sobretodo…negocios. ¡Por favor, en 2015 pensemos bien por quien vamos a votar!…La recomendación de la semana: si ya están hartos de las compras de fin de año y quieren tomarse un buen café (Illy por supuesto) comerse un sabroso bocadillo y comprar libros, pelis (o los ya antiguos CD's) como inteligentes regalitos navideños, no dejen de visitar El Péndulo en Alejandro Dumas 81, en Polanco. Si van a desayunar no dejen de pedir los engordosos Hot Cakes, en verdad esponjositos y que casi se deshacen en la boca. Si se trata de comer, hay una buena variedad de sabrosos sándwiches (todos con nombres de famosos escritores) y lo que no pueden dejar de probar es la deliciosa sopa de la abuela (de verduritas, chile verde y pollo, como para enfermitos o crudos) o la pesadísima crema de frijol (de consecuencias comprensiblemente gaseosas) muy pero muy buena. Desde luego tiene una gran terraza para fumar. Y tan, tan, con muchos besitos a los peques. 

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Fecha: 
Viernes, 12 de Diciembre 2014 - 17:30
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Columnas:

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¿Es decisiva la renovación del sistema policial?

En la iniciativa del Ejecutivo que entregó esta semana a la Cámara de Senadores se propone establecer un nuevo sistema policial. Son siete los artículos constitucionales que reforman el tema de la seguridad pública de nuestro país: 21, 73, 104, 115, 116 y 123.

La renovación del sistema policial, es urgente. Las razones son diversas, entre las cuales se menciona en la iniciativa que el "actual modelo constitucional en el que convergen los tres órdenes de gobierno con policías encargadas de la seguridad pública en ejercicio de idénticas atribuciones (en especial entre las locales y municipales), genera graves deficiencias que han complicado la aplicación del modelo policial, tales como tales como la pulverización de los mandos, la heterogeneidad o inexistencia de los protocolos de actuación la falta de capacitación, una distribución geográfica inadecuada de los elementos de seguridad pública a lo largo del territorio nacional, así como la falta de colaboración entre órdenes de gobierno e instituciones”.

Además, se destaca que por razones de carácter político o presupuestal en  600 municipios del país, no cuentan con una corporación policial propia.

Por tanto, se dice en la iniciativa que “actualmente, alrededor de 1,800 fuerzas policíacas municipales representan solamente el 32% del total del estado de fuerza policial en el país, a pesar de ser la policía de mayor cercanía con la sociedad al estar a cargo de prevenir los delitos del orden común que más afectan a las personas en su integridad física y patrimonio”.

Asimismo, “las policías municipales son en su mayoría corporaciones que carecen de recursos humanos y materiales suficientes para desarrollar correctamente sus funciones o incluso para realizar un despliegue territorial eficaz. El 86% de estas corporaciones municipales cuentan con menos de 100 elementos”.

Y, “no ha sido posible lograr que las policías municipales se consoliden como instituciones primordiales de atención a la seguridad de los ciudadanos. Sólo 14 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios, lo que pone de manifiesto la falta de cobertura de estas fuerzas y su carencia estructural para hacerse cargo de las tareas de seguridad pública en todo el territorio”.

Estimado, lector, como ciudadanos estamos al tanto de lo complicado que resulta tener confianza en la policía. La corrupción es el tema a combatir para que los cuerpos policiacos sean realmente confiables ante la sociedad.

Así que, querido lector, lo subraya el Ejecutivo en su propuesta, que la reforma constitucional “busca atender una exigencia que, desde hace tiempo, ha sido una constante en nuestro país: la seguridad pública”.  Razón suficiente, según considero, para  que sea efectiva con carácter de urgente las modificaciones constitucionales, y por ende, la profesionalización de los policías. 

Al tiempo, tiempo...

Fecha: 
Miércoles, 03 de Diciembre 2014 - 17:00
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Vigentes los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes han sido establecidos con la aprobación del dictamen de la “Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”,  realizado ayer en la Cámara de Senadores. 

El jueves nueve de agosto de 2012 fue modificado el  artículo 71 constitucional el cual le otorga al Presidente de la República el derecho de presentar el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones (1.feb. o 1.sep. de cada año) de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, hasta dos iniciativas de ley con el carácter de trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. 

El proceso legislativo de las iniciativas preferentes consiste en que cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara en la que se presente, ya sea en la de diputados o senadores, teniendo como plazo para su discusión y votación treinta días naturales. Por el contrario, si no fuere así, entonces la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno de la cámara respectiva en donde se presentó por primera vez. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

Cabe señalar que el presidente no tiene el derecho de presentar iniciativas de ley con el carácter de preferentes cuando dispongan adicionar o reformar el texto constitucional. 

Con el derecho que le otorga la disposición constitucional el presidente presentó el primero septiembre de este año en la Cámara de Senadores la iniciativa preferente en la que se expedía la denominada “Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes” y reformas a diversas disposiciones de la “Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil”.

Y, después de cumplir con el proceso legislativo antes referido, por fin ayer 6 de noviembre en la Cámara de Senadores por mayoría de 72 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, se dictaminó en sentido positivo. El dictamen fue presentado por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos.

Por consiguiente, el nombre de la ley cambio por el de “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, y con ello, también se expidió el decreto por el cual se reforman diversas disposiciones la Ley General de Prestación de servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

Ahora, bien, el contenido de la nueva ley dispone de 154 artículos, con seis títulos nombrados los dos primeros “De las Disposiciones Generales” y “De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, y  a su vez el título segundo se clasifica con diecinueve capítulos, en los cuales se establecen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el título tercero con el nombre “De las obligaciones”, integrado con un capítulo; el título cuarto denominado “De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, integrado con un capítulo; el título quinto denominado “De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, integrado con seis capítulos; el título sexto con el nombre “De las Infracciones Administrativas”, integrado con un capítulo. 

Por tanto, la ley tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; de prioridad; a la identidad; a vivir en familia; a la igualdad sustantiva; a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; a una vida libre de violencia y a la integridad personal; a la protección de la salud y a la seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación; al descanso y al esparcimiento; a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; a la libertad de expresión y de acceso a la información; de participación; de asociación y reunión; a la intimidad; a la seguridad jurídica y al debido proceso, y derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; y el  derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Y, también establece la citada ley que para tales efectos, el Estado instituirá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Por último, a quiénes no respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se les imponen infracciones y sanciones de tipo administrativo, con multas de hasta treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

En suma, para que la ley entre en vigencia es necesario que los legisladores la envíen al Poder Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación. 

Pero, la completa vigencia de la ley es necesario el complemento de otras características, esto es, que al día siguiente de su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, disponen de ciento ochenta días naturales para que realicen las modificaciones legislativas.  

Además, después de la entrada en vigor de las modificaciones legislativas locales, los Sistemas de Protección Locales y Municipales tienen noventa días para que se integren.

Asimismo, resulta la creación de los reglamentos por el Ejecutivo Federal, que deberán ser expedidos en un plazo de ciento ochenta días naturales. La creación de una Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que deberá constituirse a partir del siguiente ejercicio presupuestal 2015. Y, el Sistema Nacional DIF, el cual dispone de noventa días naturales  para reformar su Estatuto Orgánico, y, también los centros de asistencia tienen el plazo de ciento ochenta días para realizar sus adecuaciones. Ciertamente, para realizar las adecuaciones a dichos centros,  la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, estableceráì una partida presupuestal. 

Estimado, lector es una nueva ley, y para su plena vigencia es necesario que después de su publicación  las autoridades entre 90 y 180 días naturales implementen, todos, si todos, los mecanismos e instituciones legales para otorgar la adecuada protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de este país. 

Así, qué, querido lector, me queda la duda, es decir, después del proceso legislativo de 67 días para dictaminar la ley de manera positiva: ¿será posible en 180 días integrar las nuevas instituciones? 

Y, mientras tanto, las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las calles, trabajando, pidiendo dinero ¿podrán soportar más de lo que han sufrido durante su corta vida?

Al, tiempo, tiempo… 

Fecha: 
Viernes, 07 de Noviembre 2014 - 19:00
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