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andrés manuel lópez obrador

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¿Para 2030: 400,000 muertos más en México?

Si el pasado fuera como el futuro para México, este país debería estar destinado a seguir acumulando miles de cadáveres vinculados a eventos delictivos.  Cifras, datos y gráficas seguirán siendo un peso indiscutible en la destrucción de la reputación internacional de México y ante millones de ciudadanos la seguridad y la paz serán dos sueños difíciles de alcanzar.  Suena a maldición; parece una maldición. ¿Lo es?    

 ¿Tiene Andrés Manuel López Obrador el plan de gobierno; los recursos y la estrategia para revertir este tsunami de violencia?  En los últimos 10 años hubo un homicidio cada 23 minutos: suma promedio de los mexicanos que han fallecido por eventos delictivos en la década que termina.  También: más de 140 millones de ligas en la WWW vinculando a México con la violencia y al menos 38 millones de noticias sobre el tema. Cientos de miles de imágenes de cadáveres, baleados y acuchillados han desfilado en la prensa nacional e internacional sobre los muertos en el país.  Tal vez sea incuantificable conocer el número de denuncias que sobre violencia hay en redes sociales. Además, habría que sumar 40,000 desaparecidos, fosas comunes y osarios clandestinos. La década que termina deja un saldo más que sangriento en un país que aún no encuentra la fórmula para disminuir sus índices de violencia sin importar el nombre del presidente en turno.  ¿Es posible duplicar estos números en los próximos 10 años?  

Especialistas consultados por Ruiz Healy Times informan que es probable que estos números puedan seguir creciendo.               

Un vistazo al pasado. Entre 2010 y el inicio de 2020, la década que termina se ubicó como la más violenta del país con al menos 215,000 homicidios dolosos: lo que arroja promedio de una muerte cada 23 minutos y un incremento de 68% con respecto al periodo 2000-2009, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).  En 20 años se pueden sumar más de 370,000 mexicanos muertos en condiciones delictivas. 

Los números oficiales revelan que en los 10 años anteriores se cometieron 127,764 asesinatos, pero de 2010 a 2019 esa cifra aumentó en 87,246 casos, en gran medida por la fuerte presencia de cárteles rivales en zonas estratégicas para el trasiego ilegal.

Guerrero fue la entidad más violenta con 19,770 ultimados, seguido por el Estado de México, con 19,545, y Chihuahua, con 19,994 denuncias. Entre los tres concentraron 27.3% del total de los casos a escala nacional.

En comparación con la primera década de este siglo, las tres entidades mostraron comportamientos diferentes, ya que en Guerrero y Chihuahua los asesinatos crecieron 102 y 105%, respectivamente, mientras que en el Estado de México se redujeron 13%.

Sin embargo, el caso más llamativo en los últimos 10 años es Guanajuato, que cerró el periodo con 11,227 denuncias por homicidios dolosos y al confrontar las cifras de 2000-2009 se observa un aumento de 364%.                    

El inicio de esta década estuvo marcado por un récord histórico de homicidios, al registrarse 20,142 casos en 2010.  Antes de ese año nunca se había alcanzado la barrera de los 20,000 asesinatos, lo más cercano fueron los 16,118 ejecuciones en 2009.

Para 2011, la fuerza del crimen organizado se incrementó y alcanzó un nuevo máximo histórico de asesinatos con 22,409. A partir de 2012 se registró un descenso sostenido en este tipo de crímenes. En dicho año se cometieron 21,459, lo que significó una disminución anual de 4.2%. Entonces las autoridades encargadas de la seguridad pública celebraron la primera reducción de la violencia desde 2007.

En los primeros años del sexenio del priista Enrique Peña Nieto se alcanzaron los mejores registros en la década con 18,106 asesinatos en 2013, que representaban una caída anual de 15.6%.  Para 2014 se obtuvo la menor cantidad de muertes violentas con 15,526 casos, que dejaba una disminución de 14.2% con respecto al año anterior.

El entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, destacó que la operación anticrimen del gobierno federal permitió que en 24 de las 32 entidades federativas bajaran los homicidios.  Pero en 2015 la tendencia a la baja se interrumpió con un nuevo repunte de los asesinatos, al registrar 16,121 denuncias, que representaron una alza de 4¡%. Desde entonces cada año se ha visto un incremento sostenido que ha llegado a niveles históricos.

Para 2016, año en que se registró la segunda detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se dio la mayor alza porcentual de la década en materia de homicidios dolosos.  Los 20,151 casos en ese periodo significaron una subida de 25% con respecto a 2015. Este tipo de incremento no se reportaba desde 2010, cuando crecieron 24.6%.

La tendencia se mantuvo en 2017 con un crecimiento de 24.2% con 25,000 asesinatos registrados. En 2016 y 2017 se cometieron 45,187 homicidios, mientras que en los primeros tres años del sexenio pasado hubo 49,753.

En el último año de la administración de Peña Nieto se registró un nuevo récord de muertes violentas en el país con 29,100 denuncias, lo que significó un aumento de 16.2%.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, su gobierno modificó la estrategia de seguridad en cómo combatir al crimen organizado.  “Besos, no balazos”; es parte de su narrativa. También lo es el nacimiento de la Guardia Nacional, cuyo objetivo es alcanzar 150,000 elementos al final del sexenio.  Voces críticas de la Guardia Nacional señalan que el proyecto de este gobierno dista mucho de materializarse si no suma el número de guardias que se prometieron; equipamiento; telecomunicaciones; seguridad social e inteligencia.              

El reto es enorme.  Pero aún falta claridad y comunicación en cómo la administración de López Obrador protegerá los espacios estratégicos del estado mexicano: aire, tierra, mar y digital.                              

¿Cuánto tiempo será suficiente en los próximos 10 años para recuperar la paz en los espacios públicos; en las carreteras; en los parques y en el país en general?  ¿Cuántos muertos más? Lo analizaremos en el 2030. 


Hasta noviembre pasado se habían denunciado 26,959 asesinatos en el país y de cumplirse las estimaciones de que 2019 cerrará con más de 29,300 homicidios, se colocará como el año más violento en la historia.

De mantenerse la espiral de violencia en la que está México y si las medidas en materia de seguridad avanzan a pasos a

 

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Jueves, 30 de Enero 2020 - 18:15
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2019: el año que más delitos se cometieron
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Jueves, 30 de Enero 2020 - 20:30
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Viernes, 31 de Enero 2020 - 09:30
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¿Servicios médicos y medicinas gratuitas? ¿Con qué recursos?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos anota entre los servicios que debe proporcionar un sistema de seguridad social, los siguientes: “beneficios y suplementos del seguro de desempleo, beneficios por accidentes, lesiones y enfermedades, pensiones de vejez, invalidez y supervivencia, subsidios familiares, reembolsos por gastos médicos y hospitalarios o provisión de servicios hospitalarios o médicos”.

Existen países en donde las personas reciben estos beneficios desde que nacen hasta que mueren, entre ellos, los países escandinavos –Dinamarca, Noruega y Suecia– que al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta poner como ejemplos a seguir cuando se refiere a los servicios médicos que su gobierno está determinado a proporcionar a todos los mexicanos.

Dentro del Índice de Desarrollo Humano 2018 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Noruega ocupa el primer lugar, Suecia el octavo y Dinamarca el décimo primero. México está ubicado en el lugar 76.

Dentro del Índice de la Felicidad 2019 elaborado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sustentables de las Naciones Unidas, Dinamarca ocupa el segundo lugar, Noruega el tercero y Suecia el séptimo. México está en el vigesimotercero.

Dentro del Índice de Progreso Social 2019, elaborado por la organización no gubernamental estadounidense Social Progress Imperative, Noruega ocupa el primer lugar, Dinamarca el segundo y Suecia el quinto. México aparece en el lugar 55.

El miércoles pasado, AMLO se refirió a dos de esos países en su conferencia de prensa al decir: “Los populistas de Dinamarca y de Noruega garantizan el derecho a la salud. Y la salud en Dinamarca es gratuita, está en lo que ellos conocen como Estado del bienestar, hay protección al ciudadano desde que nace hasta que muere, eso es el Estado de bienestar”. En seguida añadió: “Nosotros lo que queremos es crear un sistema de salud pública de primera y gratuito, porque la salud como la educación no son privilegios, son derechos”.

Ahora bien, el gobierno requiere de amplios recursos económicos, materiales y humanos para poder proporcionar a cada mexicano servicios médicos similares a los que reciben quienes viven en los países escandinavos, recursos que desafortunadamente no tiene y que no tendrá porque en nuestro país ni los particulares ni las empresas privadas o públicas contribuyen con los recursos financieros necesarios para operar un sistema de seguridad social como el de los tres países antes citados.

Estos recursos provienen de los diversos impuestos y contribuciones que pagan los particulares y las entidades públicas y privadas. En Dinamarca, estos conceptos representan el 44.87% del producto interno bruto (PIB) del país, en Suecia el 43.9% y en Noruega el 39.0%. En México equivalen a apenas el 16.1%.

Vistas de manera aislada, las contribuciones al sistema de seguridad social en Noruega equivalen al 10.9% del PIB, en Suecia al 9.7%. Dinamarca al 0.05%. En México al 2.16%.

Considerando todo lo anterior, ¿cómo proporcionará el gobierno servicios médicos y medicamentos gratuitos a aproximadamente 72 millones de personas que no tienen acceso a la seguridad social? ¿De dónde obtendrá los recursos?

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Viernes, 10 de Enero 2020 - 08:10
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Viernes, 10 de Enero 2020 - 16:55
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Sábado, 11 de Enero 2020 - 04:10
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Tarde o temprano, TRUMP y AMLO deberán pagar el precio

El presidente estadounidense Donald Trump detesta a su antecesor inmediato, Barack Obama.

Es más, para el megalómano que hoy reside en la Casa Blanca todos los problemas internos y externos que hoy enfrenta su gobierno se originan en los pésimos desempeños de quienes lo antecedieron en el cargo, hayan sido ellos Demócratas o Republicanos.

Si su política de acercamiento con el dictador norcoreano Kim Jong-un fracasa, se debe, según él, a que desde Truman hasta Obama ningún presidente estadounidense supo cómo negociar con cada uno de los tres miembros de la dinastía Kim que han gobernado Corea del Norte desde 1948.

Si el sistema de salud que él ha contribuido a desmantelar no funciona, argumenta que el que nunca sirvió es el que logró imponer Obama en 2010, el conocido como Obamacare.

No me sorprendería que algún día Trump afirme que él es el mejor presidente que Estados Unidos ha tenido en toda su historia, mejor aún que Washington, Jefferson, Lincoln o FD Roosevelt.

Y ahora, después de ordenar el asesinato de un general iraní, que para nada era una buena persona, ha generado una tremenda turbulencia en Medio Oriente de nuevo. Trump sostiene que este debió haber sido liquidado desde hace años, algo que no se atrevieron a hacer los dos Bush y Obama.

Como el buen populista que es, Trump culpa a los demás por sus errores, si es que llega a reconocer alguno de ellos, y se cuelga él solo las medallas por los que presume como sus aciertos, sean estos reales o ficticios.

Aquí en México está sucediendo algo similar, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en culpar a sus antecesores, a quienes desprecia profundamente, por todo lo malo que sucede en el país; se niega a reconocer sus propios errores o los de sus más cercanos colaboradores, y nos asegura que las cosas van bien cuando realmente eso no es cierto.

Hasta ahora, tanto a Trump como a AMLO les ha funcionado su estrategia. Si la elección presidencial de Estados Unidos se realizara hoy, seguramente la ganaría el republicano; después de un año en el cargo el morenista goza de altos niveles de aprobación, de entre el 60% y 70%, dependiendo de la encuestadora.

Sin embargo, tarde o temprano, ambos presidentes deberán aceptar que las cosas que suceden, tanto las malas como las buenas, son enteramente de su propia responsabilidad.

Si jóvenes soldados estadounidenses empiezan a perder la vida en Medio Oriente y otros lugares del mudo, si los ataques terroristas empiezan a cobrar más víctimas, especialmente en Estados Unidos, o si ISIS renace, Trump pagará el precio, máxime que prometió que durante su gobierno traería a sus militares de regreso a casa y que aniquilaría a los terroristas islámicos.

De la misma manera, Andrés Manuel deberá pagar el precio si la economía no crece, si los índices delincuenciales no disminuyen, si los hospitales públicos siguen sin tener todas las medicinas que los enfermos necesitan, si las universidades del Bienestar continúan funcionando sin pizarrones, gises e internet, o si los bancos del Bienestar no abren sus puertas porque no tienen recursos económicos, materiales y humanos.

Tarde o temprano, cualquier gobernante debe responder por sus decisiones, tanto la acertadas como las equivocadas.

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Martes, 07 de Enero 2020 - 08:35
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Martes, 07 de Enero 2020 - 17:20
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Miércoles, 08 de Enero 2020 - 04:35
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Es el momento de crear un nuevo contrapeso, el de los trabajadores

En la última semana el sentir de la opinión pública pasó del júbilo, por haber llegado a un acuerdo en los cambios del T MEC, al desconcierto y confusión después de que el sector empresarial se percatara de que este nuevo acuerdo incluye agregados laborales, con el objetivo de vigilar la implementación de la reforma laboral por parte del gobierno mexicano, y el cumplimento de las leyes laborales por las empresas mexicanas que participan en el tratado.

Solo unas pocas horas después de que se hicieran públicos los detalles del acuerdo por parte de los congresistas estadounidenses, se dio una reacción generalizada en notas de prensa y artículos de opinión, todos y cada uno de ellos desde el punto de vista del sector empresarial haciendo sentir su malestar al respecto, y fue tal la presión que obligó al presidente López Obrador a pronunciarse y al negociador Seade a solicitar una explicación a su contraparte en Estados Unidos. Esto es el claro ejemplo de lo que es un contrapeso y su importancia para un país, debido a que ante una posible afectación a un importante sector de nuestra economía estos hicieron sentir su malestar, mediante la prensa utilizando sus vastos recursos económicos.

Pero en esta historia falto un punto de vista, el de los trabajadores, pues vimos la reacción del sector empresarial y después la respuesta del gobierno, pero en ningún momento escuchamos la postura de los trabajadores quienes están siendo beneficiados con las modificaciones que incluye el TMEC, y dichos beneficios correrían el riesgo de perderse a no ser por el contrapeso que significan los gobiernos de Estados Unidos y Canadá quienes condicionaron el acuerdo a la implementación de la reforma laboral, con el objetivo de defender a sus propios trabajadores, debido a que los bajos sueldos y malas condiciones laborales de México ponen en desventaja a los trabajadores de dichos países.

El principal argumento de quienes se oponen a los agregados laborales, es que México cede soberanía al permitir que extranjeros vigilen la implementación y cumplimiento de leyes mexicanas. Pero todos los acuerdos y tratados internacionales constituyen una cesión de soberanía, en este caso es el costo de acceder al mercado más grande del mundo en condiciones privilegiadas, y simplemente no nos hagamos tontos desde hace un año cuando la bancada demócrata ganó la mayoría en la cámara de representantes de Estados Unidos, su principal exigencia y condición para ratificar el acuerdo, es una garantía de que México cumplirá sus obligaciones en materia laboral, por lo que no es ninguna sorpresa que el acuerdo final incluya supervisores laborales.

A su vez es una triste realidad que México nunca implementara la reforma laboral por iniciativa propia, pues no tiene ni los recursos ni la disposición para hacerlo, prueba de ello son casi 200 años de historia como país, y  como ejemplo más reciente, al acordarse la firma del TLCAN en 1994, México accedió a un compromiso no vinculante de aprobar e implementar una reforma laboral para mejorar las condiciones del país de forma gradual, hecho que no ocurrió hasta 2019 cuando el nuevo tratado ahora TMEC, esta vez obligó a México a hacerlo.

Por lo tanto, nos guste o no, la nueva realidad es que estos famosos agregados laborales, aseguraran que México cumpla con la implementación de la reforma laboral, ya que de lo contrario las empresas mexicanas quedarán expuestas a ser excluidas de los beneficios del tratado. Esto abre la puerta a que por primera vez los trabajadores mexicanos tengan verdadera libertad de asociación y formar sindicatos, y de ser implementados a como está acordado, los centros federales de conciliación y registro laboral, mantendrán registros públicos de los sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo, lo que además obligará a los actuales sindicatos blancos, charros o corporativistas a evolucionar o desaparecer.

Esta semana el gobierno federal nos dio una buena noticia, al anunciar que el salario mínimo se incrementará 20% este año, lo que es un gran paso a favor de que el salario mínimo recupere su poder adquisitivo, el cual se perdió de forma gradual y consistente en las últimas décadas, esto debido a la falta de poder de negociación de los trabajadores al carecer de acceso a sindicatos que los representen.

Un claro ejemplo de la diferencia entre contar o no con un sindicato que represente a los trabajadores, lo vimos en enero de este año cuando el gobierno federal implementó su nueva política de austeridad republicana, la cual entre otras cosas consistió en reducir el gasto corriente del gobierno federal a través de recortes de personal y reducir salarios y prestaciones, pero estas medidas de austeridad solo aplicaron para los trabajadores no sindicalizados y de niveles bajos que carecían de conexiones políticas. Entonces si un gobierno que se dice progresista y en favor del pueblo, despide y pisotea las prestaciones laborales de trabajadores desprotegidos a cambio de reducir su gasto, que no harán las empresas privadas con el fin de incrementar sus utilidades.

Fecha: 
Viernes, 20 de Diciembre 2019 - 09:40
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Viernes, 20 de Diciembre 2019 - 11:55
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Sábado, 21 de Diciembre 2019 - 00:55
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La 4T y la narcoserie de García Luna

Digno de una narcoserie fue la captura del exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, quien fue apresado el pasado martes 10 de diciembre en los Estados Unidos de América (EUA) por cargos de corrupción, falsedad de declaraciones y de delincuencia organizada al apoyar al cartel de Sinaloa encabezado por Joaquín Guzmán Loera, alias el “Chapo”. Con el proceso abierto al ex secretario insigne de los gobiernos de los expresidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, se asestó un golpe casi mortal al proyecto político calderonista que se construía contra el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador. La organización política, nutrida principalmente de ex panistas resentidos, alguna parte de las organizaciones civiles que aborrecen al nuevo gobierno, además del apoyo económico de un par de empresarios beneficiados de su sexenio, parece naufragar a pesar de que logrará el registro ante el INE.

La lentitud de la reacción del expresidente Calderón se mimetizó con la totalidad de sus bases de opinadores y corifeos que no atinaban como encarar la desastrosa noticia. El mito genial calderonista de la lucha frontal contra los grupos de la delincuencia organizada y el narcotráfico, a pesar de su sangriento número de víctimas, la violación sistemática de los derechos humanos y los no pocas ejecuciones de presuntos delincuentes, se pasaban por alto cuando se justificaba el combatirles para desmantelar su poder corruptor. Con la captura del principal operador policiaco, sobre el cual ya se cernían acusaciones de corrupción, impunidad y enriquecimiento ilícito, se le da la puntilla a la narrativa del sexenio de Calderón y su lucha sin distingos a los poderosos carteles mexicanos.

Aunque el expresidente se llamó sorprendido y se excusó de no saber la gravedad de la traición de uno de sus más cercanos ex secretarios, su mermada credibilidad le dejó indefenso ante las dos únicas opciones que existen en este caso. La primera es que si no sabía de la magnitud de la traición al Estado mexicano de su colaborador García Luna, el expresidente Calderón es un inepto de la peor especie, que no le exime de culpas y responsabilidades. La segunda y más grave, es que como el mismo escribió en redes sociales, nada trascendente ocurre en el país sin que este enterado el presidente, por lo que la protección dada desde el Estado al cartel de Sinaloa le desnuda como un narcopresidente.

El proceso judicial en Nueva York, Estados Unidos, dará más detalles y nombres de cómplices y traidores al sistema de justicia mexicano, que como siempre, llega tarde y sin estar preparado para juzgar a los altos funcionarios que traicionaron la confianza institucional. Es curioso que el mismo juez que llevo el juicio contra “El Chapo Guzmán” sea el encargado de llevar el caso contra el otrora poderoso García Luna, que de ser hallado culpable, se haría acreedor de una condena de entre 10 años de cárcel hasta una cadena perpetua.

A García Luna se le imputa que durante los dos sexenios panistas, traicionó la confianza institucional de colaboración binacional al filtrar información de inteligencia para proteger al mítico cartel de Sinaloa, cuyo máximo representante purga una sentencia de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad estadounidense.

El ex comisionado regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, explicó que había alertado al ex presidente Calderón sobre la traición del entonces Secretario de Seguridad Pública mediante cartas dirigidas al titular del ejecutivo. Las denuncias escritas y entrevistas televisivas realizadas al ex comisionado le valieron ser reprimido y encarcelado por tres años con acusaciones falsas de delincuencia organizada, al más puro estilo de los casos presentados por el “ingeniero García Luna”, que no estaban debidamente sustentados y que culminaron con la liberación de los acusados.

La Unión Americana marcó la agenda nacional pues además de la detención de García Luna, le hizo vivir días de resaca al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, para obtener una carta diplomática, por parte del representante comercial norteamericano, Robert Lighthizer, donde se explicó que no habría políticas injerencistas en materia laboral. Ya que la simbólica firma del T-MEC con los representantes comerciales de los tres países, se había indigestado, por la pretensión de imponer inspectores estadounidenses para las empresas mexicanas, con la finalidad de “vigilar” la adecuada implementación de la reforma laboral.

Si bien un tratado de libre comercio en los tiempos de la agonía de la globalidad es de destacar, el cómo se implemente es siempre menester de las partes. EUA es un gigante que siempre impondrá su fuerza ante lo diminuto de sus socios comerciales, tocó a México recordar que no se tenían muchas opciones de negociación por lo que ante los peligros de una recesión mundial es mejor un mal acuerdo, que ninguno.

El siempre descarado expresidente Calderón se dio valor para salir a criticar al gobierno mexicano por su pifia al aprobar apresuradamente el T-MEC en el senado, pasando por alto que en su gobierno como ningún otro, se entregó la “inteligencia nacional” y se permitió la intromisión norteamericana en su descarnada lucha contra el narco. Sin “saber” que su oscuro ex secretario de seguridad tramposamente jugaba a favor del cartel de Sinaloa.

Sería una curiosa coincidencia que de resultar culpable, el ex “super policía” García Luna, compartiera la misma cárcel de máxima seguridad que el “Chapo Guzmán”, sin que ambos pudieran verse nunca. El actual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que se investigarían a los funcionarios y elementos que aún trabajan en el actual gobierno con vínculos en la corrupta etapa del ex secretario calderonista.

Como siempre los casos emblemáticos de corrupción y narcotráfico mexicanos, serán juzgados por cortes norteamericanas, ante la incapacidad nacional de procesar a nuestros delincuentes, ex funcionarios y no pocos expresidentes que mantienen sus privilegios, riquezas y hasta fuero indirecto, que demuestra la lastimosa impunidad sexenal.

Autor:

Fecha: 
Martes, 17 de Diciembre 2019 - 11:55
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Fecha B: 
Martes, 17 de Diciembre 2019 - 14:10
Fecha C: 
Miércoles, 18 de Diciembre 2019 - 03:10
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Más allá del TMEC

La estela que deja la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio siembra la duda del terreno laboral en sujeción de inspección y desde luego temas como la incorporación de acero y aluminio norteamericano en la industria automotriz mexicana quedan bajo un espectro de abuso del poder norteamericano. Estamos en los días de estudio y reflejo de las posibilidades de mermar valores agregados de los últimos veinticinco años. Por otro lado, el mundo se encuentra en franca indecisión de apertura y las bases de los dos gigantes en materia de comercio no se consolidan. El más grande socio comercial de occidente media entre un “impeachment” y una elección que por turno histórico corresponde al partido demócrata, respetando los ciclos de acumulación de poder que el pueblo norteamericano reparte de tanto en tanto.

La celeridad de la firma del TMEC sorprendió desde luego en los círculos de inversión y en otras fases del análisis internacional. Haciendo a un lado los juegos de la política de reelección en los Estados Unidos, los de la adhesión canadiense y los de la deserción del plano inversor de México, no puede negarse la conveniencia de la alianza. El temido aislamiento ante la incertidumbre de dos potencias en pugna y una Unión Europea que pierde fuerza en su recomposición del capital, al grado de lograr anular la carga financiera y reducir a cero la reestructuración de pasivos en la nueva gestión de Lagarde al frente del Banco Central Europeo, refrenda la aspiración al bloque norteamericano.

Una gran diferencia observamos de la asociación de los tres países firmantes, dos crecen y uno no. La debilidad mexicana en todos los capítulos negociados se plasmó en la inspección laboral y en los insumos clave norteamericanos. Esto apunta un tanto más allá del tratado mismo: México reúne un año desperdiciado en innumerables órdenes, que inician con el estanco de la economía. Las señales del gobierno en turno han marcado una era distinta a las vividas en todas las épocas del México contemporáneo. La obra más importante del continente fue cancelada sin razón objetiva, el modelo instalado de recortes sin miramiento pretextando ahorro y austeridad han dañado a sectores verdaderamente vulnerables. El afán de eliminar contrapesos mediante organismos autónomos ha sembrado desconfianza en la estabilidad y marcha institucional del país.

La verdadera secuencia de preocupación radica en el sector energético. La petrolera mexicana está encargada de tareas que no ha realizado en más de cuatro décadas y el tema de las refinerías preocupa al mundo de la inversión y de la calificación del proceder económico. La provisión de energía arrincona las renovables y limpias. Esta área reúne el mayor riesgo estimado para la consecución de crédito internacional. Equilibrar las finanzas de PEMEX es un propósito sano y plausible desde cualquier punto de vista; el problema es el método: paliativos de corto plazo dejando en terreno de indefensión un plan de negocios en el largo plazo.

El campo mexicano es otro tema de verdadera preocupación. La contradicción que vive el productor primario mexicano es equivalente a la misma incongruencia del sector energético. La mira de esta transición está sumergida en modelos no solamente pasados, anacrónicos por definición. La autosuficiencia en alimentos y energía es una falacia y la controversia que propaga un modelo de esta naturaleza, radica en un sustento precario por principio, dado que la globalización ya tiene sentadas raíces profundas de participación y en ella se han destacado las especializaciones y las ventajas comparativas de nuestros propios productores. El regreso a esta figura paternal de rendir cuentas a nosotros mismos con el gobierno como árbitro, puede regresar a México a la intermediación, al acaparamiento y a la especulación regional que ya se vivió en el pasado. La fórmula de apoyo al campo de esta transición es retrógrada, anticuada e insuficiente.

La energía vive los mismos intentos, ignorando el futuro de los hidrocarburos, las energías fósiles y contaminantes y finalmente el destino de las gasolinas como principal motor del transporte. Se anotan hallazgos importantes; subsiste el crudo pesado del subsuelo mexicano y se desechan exploraciones de expertos del orbe, sobre todo en las profundidades inalcanzables para la tecnología mexicana.

El reclamo social tuvo su parte en la administración actual. La inconformidad en el sector salud, en la educación entregada a grupos sin compromiso con la formación, la evaluación y la calidad; el reclamo de la ciencia, la investigación, la cultura y el más grave, el reclamo campesino. Toda esta revuelta presupuestal ha dejado mal augurio de inicio de gestión. La bandera de combate a la corrupción no ondea con gesto de acierto y corrección; se han solapado aspiraciones juzgadas incompetentes. También, omisión de sanción de actos comprobados de enriquecimiento desde el poder. Finalmente, la aserción de 500,000 millones de pesos anunciados y pregonados de corrupción en un ejercicio, jamás sumaron. La sociedad tal vez optaría por la sanción y erradicación de la corrupción y no una cuantía basada en la especulación y en la imaginaria sin sustento del presidente.

Firmar el TMEC compromete en rectificación de un modelo regresivo y comprobado ineficiente. Un año lo certifica con abundante claridad. La proyección de México como suscriptor de condicionantes de aceptación internacionales obliga a la conformación de un modelo económico acorde con la economía global de amplia competitividad y regulaciones modernas. El desecho de proyectos fallidos será inevitable y la recuperación de cancelaciones de envergadura repercutirán en calificaciones aprobatorias del capital. La corrección está a tiempo. De la voluntad política para hacerla, no sabemos, pero la esperamos.

La aceptación tácita de un esquema neoliberal en nuestro entorno ya marca una diferencia de los modelos totalitarios. El presidente haría bien en no recurrir a ninguna nomenclatura como tampoco a ataduras doctrinarias. Estamos inmersos en una economía de mercado como única fórmula de crecimiento. El gobierno y esta transición en particular, debería contemplar lo que espera al país más allá del TMEC.

Fecha: 
Lunes, 16 de Diciembre 2019 - 09:55
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Fecha B: 
Lunes, 16 de Diciembre 2019 - 12:10
Fecha C: 
Martes, 17 de Diciembre 2019 - 01:10
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La 4T y Andy Ruiz

El pasado 7 de diciembre el primer pugilista mexicano campeón de peso completo, Andrés Ponce, mejor conocido como “Andy Ruiz”, perdió en la primera defensa de su cetro obtenido de manera sorpresiva ante el británico Anthony Joshua. La pelea de revancha realizada en el inusual escenario boxístico en Arabia Saudita, fue promocionada como el evento del año debido a la proeza realizada por el México-Estadounidense el pasado primero de junio en el mítico Madison Square Garden. Ante la atención mediática y política del evento, ya que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo recibió en Palacio Nacional y un día antes del cotejo le deseo suerte a “su tocayo” pues representaba a todo un país. Luego de la derrota por decisión unánime, el tabasqueño le envió un mensaje de ánimo y le pidió no rendirse, además de desear que existiera un tercer encuentro.

En la pelea de revancha se notó la falta de preparación del ex campeón mexicano donde lució con sobrepeso, fue lento en sus reacciones y tuvo escasa movilidad, misma que le había dado la victoria ante el pugilista británico en el primer encuentro. El peleador nativo de Tijuana, Baja California, México, pasó de ser un desconocido en el mundo del deporte al protagonista mundial de una hazaña digna de las películas de Hollywood. En conferencia de prensa el derrotado pugilista reconoció que pasó tres meses en los excesos, por lo que no cumplió con el difícil programa de entrenamiento de su manager, ni atendió los consejos de su padre.

El triunfo de Andy Ruiz por la forma y trascendencia ante el perfecto atleta que es Anthony Joshua, se comparó con las victorias épicas de James 'Buster' Douglas frente a Mike Tyson o a las de Oliver McCall y Hasim Rahman frente a Lennox Lewis. La preparación del mexicano desconocido, la falta de reflectores y distractores habían permitido que su estilo fajador se confrontará con el estilo casi perfecto del británico, a quien en aquella batalla cuerpo a cuerpo, le permitió remontar una pelea que tenía perdida, gracias al poder de su extraordinaria pegada que mando a la lona en cuatro ocasiones al estilista boxeador inglés.

Reza un dicho tradicional nacional, que nada derrota más a un mexicano que el triunfo. Al parecer así fue con el púgil nacional que después de su hazaña, saltó a la fama nacional e internacional. El mundo del deporte y la farándula se rindió ante Andy Ruiz, a grado tal que el actor y productor cinematográfico, Sylvester Stallone, le felicitó a través de las redes sociales y lo comparó con el mítico personaje Rocky Balboa. El boxeador mexicano de figura regordeta no estaba preparado para esa clase de fama y sus manejadores perdieron el piso al no respetar los tiempos de entrenamiento necesarios para poder competir en el boxeo profesional.

En la deslucida pelea de revancha, el rival Anthony Joshua aprendió de sus errores y no volvió a concederle la distancia propicia para las combinaciones demoledoras de Ruiz, a quien le mantuvo lejos con su largo jab y en ocasiones no dudo en huir literalmente de los golpes del efímero campeón mundial. Con una ceja cortada desde el primer round, el mexiconorteamericano con 10 kilos de más que su rival, sin movilidad, ni la condición física requerida, no pudo nunca acercarse al rival británico que lució dominador durante toda la pelea. El nuevo campeón Joshua fue benevolente en sus declaraciones con Ruiz, a quien reconoció como el primer campeón de peso completo de México y alabó su primera actuación boxística.

Andy Ruiz vivió las dos caras de la moneda deportiva, saltó meteóricamente al mundo de la victoria y el éxito, para después caer en la pesadez de la derrota, que pudo ser por nocaut, pero que por amor propio logró evitar al acabar de pie la pelea. En la dura etapa de reflexión deberá analizar si es momento de tomar en serio su carrera boxística, o si se retira para realizar otro tipo de actividades.

El boxeo es el deporte que más campeones y éxitos ha dado a México, es como lo definió el finado presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaimán: “el deporte de los pobres”, por lo que siempre contará con inagotables representantes mexicanos. El pugilismo representa las pocas oportunidades reales que tienen muchos connacionales de buscar salir de la pobreza, escalar socialmente y es la razón principal que cuando dos boxeadores mexicanos suben al ring, sus combates están llenos de fuerza y determinación al disputarse la gloria del triunfo.

El mismo Andy Ruiz después de su increíble triunfo aseguró a su madre que nunca volverían a padecer privaciones como las de su difícil infancia. Al parecer el futuro del primer campeón mexicano de peso completo pudiera estar resuelto, pero siempre será un caso de estudio cuando se analiza la naturaleza de muchos deportistas que logran el éxito, sin tener la madurez mental y la adecuada orientación para enfrentar la natural derrota o el fin de sus ciclos deportivos.

Es también de destacar el oportunismo político y económico que sufren estas figuras incapaces de entender los riesgos y peligros de ser mediáticos. Los intereses particulares que se acercan cuando cualquier figura se encuentra en la cúspide, les devoran y roban el protagonismo, para después olvidarse de ellos cuando la buena fortuna les abandona.

Los casos de éxitos deportivos continúan siendo producto del esfuerzo individual y no resultado de una política pública impulsada e institucionalizada desde el Estado. Es una longeva deuda de muchos gobiernos pasados con la cultura deportiva que prevendría adicciones y delincuencia entre los jóvenes, pero que al ser infravalorada ante los intereses electoreros y de corto plazo, sentencia al país a vivir de contadas figuras deportivas emergentes, muchas veces fugaces.

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Martes, 10 de Diciembre 2019 - 10:20
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El gobierno de la 4T hace lo que antes denunció y condenó

“La corrupción fue por mucho tiempo el principal problema de México”. Con esta frase empieza el primer capítulo de Hacia una Economía Moral, el libro escrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador que recientemente salió a la venta. Me llama la atención que AMLO utilizara la palabra “fue” para referirse a un problema que persiste y que tardará mucho tiempo en minimizarse.

También me sorprende que la mayoría de las veces en que se aborda el tema de la corrupción afirme que esta ya se acabó. Por ejemplo, el lunes 18 de noviembre, durante su conferencia de prensa matutina dijo: “Lo puedo decir ya: se acabó la corrupción (…) no hay proveedores predilectos del régimen, hay transparencia en las licitaciones, ganan los que ofrecen mejores precios y calidad en todo sentido”.

El presidente se refirió a la transparencia en las licitaciones, ¿pero cuáles licitaciones, si durante su gobierno casi ocho de cada 10 contratos se han adjudicado directamente a las empresas proveedoras sin que estas tengan que competir unas contra otras en cuanto a la calidad y precios de los productos o servicios que le venden al gobierno?

Efectivamente, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reportó ayer que “Hasta noviembre de 2019 (…) la administración actual adjudicó de manera directa 77% de sus contratos”. Este porcentaje es mayor al 72% que se registró entre 2010 y 2018.

Existe una ley, que es la muchas veces reformada y parchada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su Artículo 26 señala: “Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes…”.

Sin embargo, el Artículo 40 de la misma ley anota que “las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado”.

Aparentemente, para el gobierno lopezobradorista el “procedimiento de excepción” se ha convertido en la regla, mientras que las licitaciones públicas y abiertas son la excepción.

Durante los años en que militaron en la oposición, AMLO y muchos de sus seguidores denunciaron que por adjudicación o invitación restringida se le dieran millones y más millones de pesos a los proveedores consentidos de los gobiernos federales y estatales. Ahora hacen lo mismo que antes condenaron.

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Día Internacional de Combate a la Corrupción: los hechos más allá del discurso

El día de ayer se celebró el Día Internacional Contra la Corrupción, el cual tiene como finalidad generar conciencia sobre este fenómeno y sus efectos para las sociedades.  Con este motivo a continuación se señalan algunos aspectos que ponen en duda si verdaderamente el combate a la corrupción es el estándar por el que se guían las políticas de este gobierno.

Contrataciones directas y opacidad del ejército

El pasado martes 3 de diciembre en su conferencia de prensa mañanera, el Presidente López Obrador mencionó la posibilidad de que el Ejército construyera 13 mil sucursales del nuevo Banco del Bienestar, para que estén listas en un año[1]. Este caso muestra una vez más la insistencia por usar al Ejército en tareas de obra pública. A ello se suma el Aeropuerto de Santa Lucía, obra en la que además se ha reservado la información relacionada con el diseño, operación, construcción y finanzas, además de documentos técnicos como el Plan Maestro[2].

Por otra parte, la adjudicación directa es un recurso permitido por la ley. No obstante, como señala Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)  es un dato preocupante que, en lo que va de esta administración, el 74% de los contratos gubernamentales se hayan otorgado mediante esta figura.[3] Además que esto contradice al Plan Nacional de Desarrollo, que habla expresamente de prohibir las adjudicaciones directas, siendo esto una medida para el combate a la corrupción[4].

Eliminación del Anexo Transversal Anticorrupción

El combate a la corrupción requiere de recursos presupuestales bien definidos de forma que se conozca cómo se ejerce el presupuesto destinado a este fin por las dependencias, entidades y organismos relacionados, principalmente de las que formen parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello es que para el Presupuesto 2018 se logró integrar un Anexo Transversal en materia de combate a la corrupción, con el cual se establecía un mecanismo para rastrear cuánto y quién gastaba los recursos destinado al combate a la corrupción.[5]

Sin embargo, tanto en el Presupuesto 2019, como recientemente en la aprobación del Presupuesto 2020, dicho Anexo fue retirado desde el Proyecto que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados. Si bien no existe la obligación legal de incorporar este Anexo al Presupuesto, su ausencia significa un retroceso en transparencia del ejercicio de estos recursos y elimina la posibilidad de promover la eficiencia de los mismos. [6]

Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) sin avances

Uno de los pilares del SNA son los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) ya que son las réplicas locales del entramado institucional que tiene como fin la prevención, identificación, persecución y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción a nivel local.[7]  No obstante, a casi dos años de la entrada en operación del SNA, una investigación de Ethos reveló que gobernadores y legisladores locales han obstaculizado, de diversas formas, su correcta implementación.[8]

Entre otras acciones que han tomado para evitar el funcionamiento se encuentra la designación de personas cercanas a puestos clave con el fin de evitar la rendición de cuentas. Incluso en los Comités de Participación Ciudadana se han seleccionado ciudadanos con perfiles no idóneos, politizados y ligados al gobierno.  Similarmente, en ciertos casos tampoco se asigna presupuesto a las Secretarías Ejecutivas, los organismos encargados del diseño y ejecución de las políticas anticorrupción.

Política social clientelar

La política social implementada por AMLO ha sido criticada debido a que, más allá de atender las causas de la pobreza, marginación y otros problemas sociales, pareciera también busca establecer una relación clientelar con los ciudadanos. Ello porque los programas en los que se basan no eligen a sus beneficiarios de forma transparente y la implementación de los mismos no cuenta con reglas de operación.

En cuanto a lo primero, incluso antes de empezar su presidencia, se descartaron los mecanismos institucionales para levantar el padrón, como el INEGI, para levantar un Censo del Bienestar a través de los Servidores de la Nación. Al respecto, no existen cifras oficiales de cuántos son y qué ingreso reciben. Además, su labor está coordinada por el mismo encargado de los “superdelegados”, Gabriel García Hernández, afín a Morena y por lo que se sospecha de qué criterios utilizan para la selección de beneficiarios. [9]

Lo segundo, por su parte, ha sido señalado en la reciente aprobación del PEF por las organizaciones de la sociedad civil, como México Evalúa, dado que el 64% los recursos destinados dichos programas no contará con reglas de operación. Ello, resulta grave dado en su ausencia, no es posible conocer cuáles son las bases para la operación del programa y dificulta la evaluación de resultados.[10] 

Uso político de la corrupción y sin investigación sistémica

Uno de los señalamientos que han generado mayor preocupación durante este primer año de la administración de AMLO es el uso político de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que ha llevado a una doble moralidad en el combate a la corrupción, como lo afirmó el diario Financial Times, tomando como ejemplos los procesos contra Emilio Lozoya, Rosario Robles (ligada a proceso y bajo prisión preventiva), además de las presiones que hubo contra Eduardo Medina Mora, entonces Ministro de la SCJN, para obtener su renuncia a dicho cargo[11].

Esta situación contrasta con el nulo avance en el proceso derivado de las denuncias contra de Manuel Bartlett, luego de revelarse, en una investigación periodística, un conjunto de propiedades a su nombre con un monto 16 veces superior a sus ingresos declarados como servidor público en diversos puestos, además de que dichas propiedades no fueron incluidas en su declaración patrimonial.[12] 

Captura institucional

Bajo este año, los organismos autónomos han estado bajo ataque del nuevo gobierno con el fin de desprestigiarlos, mermar su posición como contrapeso e incluso, presionar para la renovación de sus titulares. En este tenor, en los diversos procesos para la elección de los nuevos tomadores de decisión en estas instancias, el Presidente, con el apoyo de su partido -Morena-, ha buscado que sean individuos cercanos a él y su movimiento, en lugar de perfiles técnica y profesionalmente sólidos.[13]  Si bien estas acciones son legales en términos estrictos, son fácilmente comparables con el tráfico de influencias.[14]

Algunos ejemplos de este tipo de comportamiento se encuentran en la reciente designación de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien, más allá de la dudosa votación en el Senado donde fue aprobada, pertenecía al momento de ser seleccionada, al Consejo Nacional de Morena  a pesar de que ello incumplía con las bases de la convocatoria.[15]   Similarmente, Ángel Carrizales, quien fue parte de la ayudantía de AMLO, recientemente fue nombrado recientemente para la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Cabe señalar que el mismo previamente fue rechazado para puestos importantes en PEMEX y la CNH a los también había sido propuesto y descartado en las dos rondas para la elección de comisionados para la Comisión Reguladora de Energía por su desconocimiento del tema.[16]


[1] AMLO quiere al Ejército para construir 13.000 sucursales del Banco del Bienestar. Forbes. 3 de diciembre de 2019, disponible en: https://bit.ly/2LrUrsD

[2] Información sobre Santa Lucía se abrirá hasta que termine el “bombardeo de amparos”: AMLO. Animal Político. 10 de octubre de 2019, disponible en: https://bit.ly/2LocXC7

[3] La adjudicación directa como regla, MCCI, 8 de julio de 2019, disponible en https://bit.ly/2qt7F1c

[4] Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la Federación. 12 de julio de 2019, versión matutina. P. 14.

[5] ¿Qué aporta un Anexo Transversal al Sistema Nacional Anticorrupción?, Ethos, 12 de octubre de 2016, disponible en https://bit.ly/2PeVFsx

[6] La eliminación del Anexo Transversal en materia de Anticorrupción: un revés a la transparencia y la rendición de cuentas, Liliana Alvarado, Ruiz-Healy Times, 9 de enero de 2019, disponible en https://bit.ly/2qnQduP

[7] Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, disponible en https://bit.ly/2rV3Xhg

[8] Frenan gobernadores combate a la corrupción: Ethos, Red por la Rendición de Cuenas, 19 de junio de 2019, disponible en https://bit.ly/387Wj3z

[9] El Gran Benefactor, María Amparo Casar, Nexos, 1 de marzo de 2019, disponible en  https://bit.ly/2PgpQj5

[10] Ausencia de reglas de operación: mala práctica de manual, México Evalúa, 24 de octubre de 2019, disponible en https://bit.ly/2Ypfamq y 402 mil millones de pesos, sin reglas de operación, Edna Jaima, El Financiero, 25 de octubre de 2019, disponible en https://bit.ly/2LrRcl8

[11] Lopez Obrador accused of double standards in corruption war. Financial Times. 18 de noviembre de 2019, disponible en: https://on.ft.com/2DQoeqM 

[12] Revela Loret de Mola “imperio inmobiliario” de Manuel Bartlett. El Universal. 29 de agosto de 2019, disponible en: https://bit.ly/2Lqz4b4

[13] AMLO vs órganos autónomos: un año de acusaciones, 'castigo' de presupuesto y re acomodos, Animal Político, 5 de diciembre de 2019, disponible en https://bit.ly/2OW71CV

[14] Real Academia Española, disponible en https://bit.ly/2PucSOT

[15] Las mentiras de Rosario Piedra: dos posibles delitos, Animal Político,  14 de noviembre de 2019, https://bit.ly/33PMFzm

[16] Ángel Carrizales fue rechazado para 5 cargos, ahora le dan Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Animal Político, 26 de noviembre de 2019, disponible en https://bit.ly/2LrWvkp  y  El Senado avala ternas recicladas para la Comisión de Energía, pese a reclamos de la oposición, Animal Político, 2 de abril de 2019, disponible en:    https://bit.ly/36aTGfp

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Hay más justicia social en los países nórdicos socialistas

El 26 de octubre pasado, en un discurso que pronunció en Etchojoa (Sonora), el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente: “Entre todos vamos a sacar adelante a nuestro país. Y el propósito es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados, esto es humano, es justicia social y es también cristianismo (…) que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo. Todas las religiones tienen ese propósito: el humanismo, el amor al prójimo, esa es la justicia social”.

Se puede o no estar de acuerdo con la manera en que AMLO concibe el cristianismo y también si es cierto que esta y todas las religiones buscan la justicia social.

Es más, definir qué es la justicia social no es cosa sencilla, como lo anotan Janet L. Finn y Maxine Jacobson en su artículo Social Justice que forma parte de la enciclopedia digital The Encyclopedia of Social Work, editada por Oxford University Press.

Anotan las académicas que “los significados de la justicia social son de largo alcance y ambiguos” y que “la comprensión de la justicia social (…) se deriva en gran medida de la filosofía y la teoría política occidentales y de la tradición religiosa judeocristiana (…) Las nociones de justicia social generalmente abarcan valores como la igualdad de valor de todos los ciudadanos, su derecho igual a satisfacer sus necesidades básicas, la necesidad de difundir las oportunidades de la vida lo más ampliamente posible y, finalmente, el requisito de reducir y, cuando sea posible, eliminar las desigualdades injustificadas”.

Para la fundación alemana Bertelsmann Stiftung, que recién difundió su Índice de Justicia Social 2019 (Social Justice Index 2019 o SJI 2019), la justicia social tiene que ver con el éxito que un país tiene o no para: 1. Prevenir la pobreza; 2. Proporcionar una educación equitativa; 3. Facilitar el acceso al mercado laboral; 4. Promover la inclusión social y la no discriminación; 5. Garantizar la justicia intergeneracional; 6. Y proporcionar servicios de salud.

El SJI 2019 incluye a 41 países pertenecientes a la Unión Europea (UE) y a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Chile, Chipre, Corea, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza y Turquía.

El último lugar que México ocupa en el índice no debe sorprender a nadie. Tampoco la posición que logra en los seis factores que integran el SJI 2019: 39 en prevenir la pobreza; 32 en proporcionar una educación equitativa; 24 en facilitar el acceso al mercado laboral; 36 en promover la inclusión social y la no discriminación; 15 en garantizar la justicia intergeneracional; y 40 en proporcionar servicios de salud.

Los países nórdicos —Islandia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia— ocupan los primeros cinco lugares en 2019. Curiosamente, las cinco son democracias socialistas que nunca adoptaron totalmente el modelo neoliberal.

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