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Los efectos del cambio climático en el sector financiero

En días recientes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el documento “Climate Change and Financial Risk” en que alertó sobre las consecuencias potenciales que puede tener el cambio climático sobre la estabilidad del sistema financiero a nivel global. En este sentido, el FMI señala que, además de los obvios efectos negativos en materia ambiental que conlleva el cambio climático, como el aumento en la temperatura del planeta, huracanes más violentos, inundaciones o períodos cada vez más extensos de sequía, también hay costos económicos que, de no haber correcciones drásticas inmediatas, pueden ser cada vez más catastróficos.

El FMI señala que el cambio climático afecta al sistema financiero a través de dos canales:

  • Riesgos físicos. Son los daños que pueden presentarse en la infraestructura, propiedades y tierras.
  • Riesgos de transición. Son los que resultan de los cambios en materia de política ambiental, tecnología y hábitos de consumo durante el ajuste a una economía con menor uso de carbono.

Riesgos físicos

Si bien, ambos tipos de riesgo se manifiestan en afectaciones a la economía y en especial a las instituciones financieras, los riesgos físicos se traducen en el incremento de la probabilidad de impago de préstamos bancarios o hipotecas, así como en la reducción del valor de los bienes raíces y de activos fijos de empresas, toda vez que un desastre natural derivado de los efectos del cambio climático podría dañar viviendas, edificios, industrias, etc., implicando con ello la desaparición no solamente de hogares, sino también de puestos de trabajo.

Un ejemplo actual de esto lo tenemos con la crisis de incendios forestales que está viviendo Australia. Vale la pena señalar que esta serie de incendios forestales se generó debido a las altas temperaturas y sequía que se registran en estas épocas en dicho país, pero que esta temporada llegó a límites record, iniciando de manera anticipada estos incendios, lo que llevó a que la extensión de superficie forestal dañada también estuviera en máximos históricos.[1]

En este sentido, uno de los sectores más golpeados por los graves incendios forestales es la industria del turismo afectando a hoteles, AirBnb y otros servicios relacionados, muchos de ellos micro y pequeñas empresas, que se han visto en pérdida constante debido a estas condiciones.[2] A ello hay que agregar que otros sectores han reducido sus operaciones debido a la prolongada sequía que también afecta a Australia lo que puede generar escasez de bienes y servicios.[3]

A su vez, otras instituciones que se verían afectadas serían las aseguradoras, toda vez que los daños provocados por el cambio climático serán más frecuentes y severos, resultando esto en el alza de costos de seguros por desastres naturales, e incluso, de acuerdo con el documento del FMI, en las zonas más vulnerables las aseguradoras reducirían su portafolio de cobertura, dejando fuera cualquier evento relacionado con efectos del cambio climático. Cabe señalar que las economías de ingreso bajo y mediano son más vulerables a los riesgos físicos.

Riesgos de transición

El documento del FMI señala como principal problema que las empresas con modelos de negocio basados aún en el uso intensivo de combustibles fósiles, podrían quedar rebasadas por los adelantos tecnológicos dirigidos a promover un menor uso y emisión de carbono, lo cual llevaría a la reducción de sus utilidades y, por tanto, a que los bancos estén menos dispuestos a otorgar créditos a este tipo de empresas. Al respecto, el FMI señala que esto ya ocurre con las mineras de carbón en EE. UU., en donde las políticas que tienen por objetivo reducir las emisiones de carbono ha llevado a que los bancos estén reacios a otorgar créditos para nuevas instalaciones.

Ahora bien, como comenta el documento del FMI, el sistema económico en general podría verse afectado, principalmente debido a la posibilidad de que la transición de una economía basada en el uso intensivo de combustibles fósiles a una de bajo uso de carbono se realice de manera abrupta, la transición esté mal diseñada y además no haya una buena coordinación con los distintos sectores de la economía. Al respecto, una cuestión que señala el FMI que puede abrir este tipo de riesgos es que las decisiones de política pública relativas a establecer una economía menos dependiente de combustibles fósiles se pospongan continuamente, hasta llegar a un punto en que es imposible no tomar acciones en este sentido.

Siguiendo con el ejemplo de Australia, sectores como el del turismo han exigido la disminución en el uso de carbón como combustible principal para plantas termoeléctricas, tanto por sus efectos contaminantes, como por las pérdidas económicas que le está produciendo tanto a ellos como a la economía en general, y que en este contexto de los incendios forestales podría llegar a 3 mil 500 millones de dólares australianos.[4]

En este sentido, no solo expertos, sino incluso ex ejecutivos de compañías mineras de carbón han urgido al gobierno australiano a transitar al uso de energías limpias, considerando que el costo por no hacer esta transición será mucho mayor en un futuro.[5]

¿Qué se puede hacer?

A nivel global, el FMI estima que las inversiones necesarias para contrarrestar los efectos del cambio climático alcanzarían 6 billones de dólares US anuales hasta 2030. Sobre este punto, el FMI considera que más que un costo, las instituciones financieras podrían ver este punto como una oportunidad de inversión, toda vez que estas inversiones, dirigidas a generación de infraestructura, creación de nuevas tecnologías, incentivos para transitar a economías de bajo uso de combustibles fósiles, pasarían casi forzosamente a través del sistema financiero.

Por otra parte, cada vez más las instituciones financieras privadas (bancos, aseguradoras) y públicas (bancos centrales y otros órganos reguladores) están incorporando en sus análisis de monitoreo de riesgos sistémicos aspectos relacionados con el cambio climático, tanto para sus políticas de otorgamiento de créditos, como para medir los potenciales impactos de eventos relacionados con el cambio climático en la productividad y en la disposición de bienes y servicios.

 

[1] Australia and the climate apocalypse. Forbes. 4 de enero de 2020. Consultado en: https://bit.ly/2QF4Vb2

[2] The business case against coal. The Age. 9 de enero de 2020. Consultado en: https://bit.ly/39U1NQp

[3] Economic impact of 2019-20 Australia's bushfires devastating, can break 2009 wildfire record cost news and updates | Forest fires can break the record of 2009, 31 thousand crore rupees to the economy. Estimated losses over. Khabar Bollywood. 9 de enero de 2020. Consultado en: https://bit.ly/36DART3

 

[4] Ross Garnaut's climate change prediction is coming true and it's going to cost Australia billions, experts warn. ABC news. 8 de enero de 2020. Consutlado en: https://ab.co/2N9TyWy

[5] Former Australian Coal Executive Calls For Clean Energy Amid 'Existential Threat' Of Climate Change. WBUR. 8 de enero de 2020. Consultado en: https://wbur.fm/2QEdxyP

Fecha: 
Martes, 14 de Enero 2020 - 09:00
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Martes, 14 de Enero 2020 - 11:15
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Miércoles, 15 de Enero 2020 - 00:15
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Si falla el estimado del PIB, el SAT sacará de apuros al gobierno

El secretario de Hacienda Arturo Herrera explicó ayer porqué es importante el cálculo del producto interno bruto (PIB) para elaborar el Paquete Económico que cada año somete a consideración del Congreso el presidente de la república.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Herrera dijo que “la parte más importante” del Paquete Económico 2020 “son los supuestos macroeconómicos que vienen dentro del marco macro que viene dentro de los Criterios Generales de Política Económica. Las diferentes variables que aparecen en el marco macro son las que nos permiten, son las que apoyan la memoria de cálculo para las diferentes variables. Por ejemplo, el primero de ellos es el crecimiento económico del PIB (producto interno bruto) que estamos estimando con un rango de entre 1.5 y 2.5%”. Señaló que lo eso es relevante porque, “entre otras cosas, los ingresos son proporcionales a la actividad económica. Si el crecimiento es mayor, si el PIB es mayor hay un mayor ingreso sobre la renta, hay un mayor IVA”.

Mejor no podría haberlo explicado el titular de la SHCP: la Ley de Ingresos (LIF) y el Presupuesto de Egresos (PEF) para 2020 se basan, primordialmente, en el estimado del crecimiento del PIB para ese año.

Y porque el futuro es incierto y las estimaciones de la SHCP suelen fallar año tras año, a partir de 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá nuevas atribuciones que le permitirán ser más eficiente para alcanzar sus metas recaudatorias a pesar de que el PIB no crezca de acuerdo al estimado. El mismo Herrera lo anticipó la semana pasada cuando dijo que “a través del SAT sí vamos a tomar decisiones que no son inusuales en otras economías, pero que probablemente van a ser nuevas en México. Lo que le vamos a pedir al SAT es que cobre correctamente y estamos en esa tónica”.

El gobierno de AMLO le propone varias cosas al Congreso para lograr que el SAT lleve más dinero a la tesorería federal, entre ellas: que las transacciones comerciales que se realicen a través de plataformas digitales como Netflix, Uber, Spotify, Airbnb, Amazon, Alibaba y Mercado Libre paguen el IVA e ISR correspondientes; que quienes arriendan bienes muebles expidan un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) a sus inquilinos; que las bebidas saborizadas, incluidas ahora las energizantes, paguen un IEPS de 1.2705 pesos por litro en vez del 1.17 que actualmente pagan; que el IEPS suba de 0.35 a 0.4980 pesos por cada cigarro vendido o importado.

En lo que va de la actual administración el SAT ha demostrado ser sumamente eficiente bajo la dirección de Margarita Díaz-Farjat, ya que pese a que el PIB no ha aumentado como se estimó originalmente, sí ha aumentado la recaudación tributaria.

Hace unos días Díaz-Farjat anunció que al durante el periodo enero-julio la recaudación fue 2.4% superior a la del mismo periodo de 2018 y que durante el mismo periodo se incrementó 8% el padrón de contribuyentes y 16% la emisión de facturas electrónicas. O sea, el SAT ha sacado de apuros al gobierno.

Los Criterios Generales incluyen los estimados de inflación, precio de la mezcla mexicana del petróleo de exportación y la tasa de cambio peso-dólar. De eso comentaré en otra oportunidad.
 

Twitter: @ruizhealy

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Martes, 10 de Septiembre 2019 - 12:55
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Miércoles, 11 de Septiembre 2019 - 08:55
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Airbnb y sus efectos en el derecho a una vivienda adecuada

Los cambios en los mercados financieros, en la inversión mundial y en el campo inmobiliario han dado lugar a que la vivienda se considere una mercancía, una forma de acumulación de riqueza y no como un derecho fundamental. Ese efecto producido por la excesiva financiarización de la vivienda tiene múltiples impactos en el ejercicio de este derecho social[1].

Aunado a ese contexto, debe apuntarse a los nuevos actores en juego que han enfocado a la vivienda como un negocio que puede resultar sumamente redituable: las plataformas digitales como Airbnb, y su utilización como una forma de “economía colaborativa”.

En un primero momento, los servicios de alojamientos a particulares y turísticos eran utilizados por los usuarios bajo el concepto de “habitualidad”, ya que al tiempo que el propietario habitaba la vivienda, ofrecía al huésped el alquiler de alguna habitación disponible.

Sin embargo, la financiarización de la vivienda ha producido que los propietarios -generalmente personas de clase media- que han invertido en la compra de departamentos prefieran incorporarlos a Airbnb en lugar del mercado regular de alquiler o renta. Ese rompimiento del carácter estrictamente colaborativo se exacerba en tanto existen personas y empresas que se dedican exclusivamente a gestionar sus inmuebles como un negocio.

Al respecto, Leilani Farha, “Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este aspecto” de la ONU ha sostenido que “[l]a proliferación de las inversiones extranjeras y nacionales en propiedades de alquiler a plazo corto, como por ejemplo Airbnb […] ha contribuido al aumento de los precios de la vivienda y los cambios en la composición de los barrios, sin crear una vivienda asequible u otros beneficios para la población local”[2].

Así, las rentas de inmuebles a corto plazo pueden provocar el aumento de los precios del alquiler, favorecer los procesos gentrificación[3] en las colonias o barrios de las ciudades, afectar la calidad de vida de los residentes habituales, alentar las prácticas de subarrendamiento, entre otras.

Ante tal situación, en distintos países se ha debatido sobre las mejores formas de regulación. En Europa, los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Bruselas, París, Cracovia, Viena, Reikiavik y Ámsterdam ha solicitado a la Comisión Europea regulaciones específicas en el marco de la legislación comunitaria, para que entidades como Airbnb estén obligadas a “desvelar la identidad de los propietarios que ofrecen las viviendas y a que compartan sus datos”[4].

De manera especial, en noviembre de 2017 París restringió a 120, el número de días que una persona puede alquilar su casa por año. En ese sentido, la autoridad municipal obligó a los propietarios que utilizan Airbnb a registrarse en la alcaldía para que su número de registro figure en el anuncio colocado en la plataforma, y sea posible la supervisión y verificación del cumplimiento del límite de días permitidos. No obstante lo anterior, recientemente dicha ciudad demandó a Airbnb ante un Tribunal por no haber eliminado de su plataforma los anuncios de alquileres de personas que no han declarado sus propiedades ante el Ayuntamiento.

Por otra parte, el caso más emblemático de regulación a los mercados de renta a corto plazo ha sido la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos, quien sufrió una profunda crisis en la vivienda que provocó que los precios de alquiler ascendieran hasta los 3500 dólares mensuales[5].

Como respuesta a dicha problemática, el Ayuntamiento articuló la “Ley de los 90 días”, normativa que acota las posibilidades de ofertar un alojamiento cuando no se trate de la vivienda habitual del propietario. San Francisco eliminó el hospedaje turístico de viviendas que se alquilan todo el año; asimismo contempló que en los casos en que el dueño no esté presente la renta pueda darse solo en 90 días del año, y previó como el único supuesto en que permite la renta turística los 365 días del año, cuando el propietario estuviera presente en el inmueble.

En contraste con el avance en algunas directrices surgidas en Europa y Estados Unidos, en América Latina los esfuerzos han sido insuficientes.  Por ejemplo, la Ciudad de México a través de un acuerdo convino con Airbnb cobrar un 3% por impuesto de alojamiento. Sin embargo, estas regulaciones son sumamente débiles y están focalizadas en aspectos puramente fiscales, sin plantearse en las consecuencias que puede tener si se mira a la vivienda desde un enfoque de derechos humanos.

En definitiva, las formas de economía colaborativa como Airbnb y sus efectos en el derecho a una vivienda adecuada constituyen una temática contemporánea que debe ser debatida, restando muchas aristas por analizar. Si bien, las regulaciones no van a garantizar la eliminación de la especulación inmobiliaria, la disminución en los precios de renta o solucionar los problemas más complejos sobre la protección y garantía del derecho a una vivienda adecuada, si resulta necesario explorar soluciones a estas problemáticas que van modificando paulatinamente algunas formas de nuestra vida en comunidad.


[1] Para mayor detalle de dichos efectos, puede verse: Diaz, Alejandro. “Los vacíos en la protección del derecho a una vivienda adecuada”, Revista Nexos, 28 de febrero de 2018. Disponible en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=7736

[2] Cfr. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este aspecto, presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 18 de enero de 2017, párr. 28.

[3] Es un proceso de “elitización” mediante el cual la población de una colonia o barrio popular es progresivamente desplazada por otra de mayor poder adquisitivo.

Fecha: 
Lunes, 28 de Mayo 2018 - 15:30
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Lunes, 28 de Mayo 2018 - 17:45
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Martes, 29 de Mayo 2018 - 06:45