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Las Vacaciones

Terminó el periodo escolar 2014-2015 y millones de niños salen de vacaciones. Ahora podrán descansar, levantarse tarde, jugar, andar en bicicleta, disfrutar la calle, salir de viaje atascarse de dulces y ser libres durante prácticamente un mes antes de que inicie el siguiente curso. ¡Pequeños ingenuos!

Quien al parecer también salió de vacaciones es el niño Joaquincito. Estaba castigado por portarse mal y no tenía permiso, pero él se aburrió y de todas maneras se fue. Dicen sus maestros que se salió de la escuela mientras estaban distraídos y que ni cuenta se dieron. “Sería imperdonable que se nos vaya” dijo el director, pero de todas maneras se peló. Pa' mí que lo dejaron salir y nos dicen cuentos chinos.  

Lo que la gran mayoría de los niños no sabe es que sus padres se dedican a algo extrañamente denominado trabajo, el cual es necesario para poder recibir a cambio el sueldo que después es absorbido por las escuelas de los infantes y que estos reclusorios no llevan el mismo calendario marcado por la SEP, ¡Oh decepción!

Es natural que los niños que han sobrevivido a las desmañanadas diarias, exámenes extenuantes, maestros insufribles, compañeros crueles, tareas sin sentido y demás atrocidades escolares, quieran olvidarse de todo ello (y mejor aún de todo lo aprendido) por unas semanas para disfrutar la vida fuera de los salones de clase. Desde que ponen un pie en la escuela tras el descanso de Semana Santa ya están pensando en las vacaciones de verano; las buenas, las grandes, las verdaderas. Los niños saben que es el periodo largo, y más larga aún la espera, pero bien vale la pena.

Existen dos especies de criaturas entre el alumnado mexicano y, aunque uno está destinado a evolucionar y convertirse con el tiempo en el segundo, son muy distantes el uno del otro. Por un lado encontramos a los adolescentes que salen de secundaria y preparatoria. Estos no tienen mayor problema ni representan tanto peligro. Los podemos encontrar invadiendo todas las plazas, cines y centros comerciales, patinando por las calles o destruyendo alguna playa. En todo caso, a los que mejor les va son enviados a campamentos de verano en el extranjero. Los padres se libran de ellos sin tanto trabajo.

El segundo grupo es el más peligroso y el que ha dominado la tierra durante años: los infantes de primaria. Esta voraz e incansable especie requiere atención en todo momento y tienen una característica especial, una vez que empiezan a subir sus niveles de azúcar ya no tiene cómo parar. El pequeño humano empieza con actividad constante e ininterrumpida, corre, sube, baja, entra, sale, brinca, llora, rompe, cava túneles (…) demanda el tiempo, atención y vigilancia de la madre en un cien por ciento. Creo que a este grupo pertenece el niño Joaquín.

Las vacaciones empiezan, decía, y con ellas las semanas más largas y temidas por los padres. Pero con el paso del tiempo las madres han evolucionado y descubierto diferentes técnicas para controlar a las crías, el método más utilizado y efectivo: los cursos de verano. 

Sin la menor intención de democracia o consulta alguna, los niños son inscritos en alguna de estas actividades donde aprenderán las cosas más variadas (mismas que olvidarán al final del periodo vacacional). Las clases bien pueden ser de natación, pintura, música, ciencia o literatura para niños, recorridos especiales a museos, yoga, artes marciales, fútbol o manualidades. Los más afortunados son enviados a casa de algún primo, vecino o amigo que cuenta con un jardín enorme donde los mocosos pasan el día entero jugando con los perros, enlodándose y rodando por el pasto. No importa, el verdadero objetivo es alejarlos del hogar el mayor tiempo posible.

Para cuando las temibles criaturas regresan al hogar, las madres ya tuvieron tiempo para ellas. Los niños regresan bañados en sudor y mocos, mohosos, agotados, sin fuerzas para reclamar ni un abrazo y con una sonrisa de oreja a oreja dispuestos a comer y si acaso a aplastarse frente a la televisión el resto de la tarde. La técnica ha funcionado.

Ya para el final de las vacaciones muchos padres logran tomar una o dos semanas en el trabajo y se disponen a llevar a la familia a algún destino turístico y los más solicitados son las playas. Es uno de los más grandes errores. El caos vuelve y ahí no hay cursos a donde enviar a los niños, la mejor solución es enviarlos a la alberca donde pasan todo el día. Después de desembolsar una buena cantidad de dinero entre cursos de verano y vacaciones en la playa, los niños regresarán a tan temido día. El reinicio de clases. Pero gracias a las técnicas y conocimientos adquiridos por los padres a lo largo de los años ellos dirán que han pasado las mejores vacaciones de sus vidas. Misión cumplida.

A todos los padres, mis mejores deseos, los acompaño en su dolor. Yo por mi parte, a disfrutar de la calma y la tranquilidad de vivir frente a una escuela vacía.

Voy vengo.

Autor:

Fecha: 
Viernes, 17 de Julio 2015 - 16:00
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El caso Christopher y la Justicia Juvenil

El caso de Christopher Márquez Mora, niño de 6 años quien fuera asesinado por cinco menores (niños y adolescentes) en la Ciudad de Chihuahua, México, en realidad ha planteado un debate falaz, ha servido para colocar en la mesa un pseudo-problema, una especie de necesidad de “replantearnos” la justicia para menores y difuminar la distancia entre las penas para adultos y niñas, niños o adolescentes.

Nos encontramos ante la utilización populista del derecho penal como respuesta a una problemática que paradójicamente no está en el campo del derecho, sino en la profundidad de los problemas socio-culturales del México contemporáneo. ¿Cómo podrían las autoridades de un país combatir los niveles de violencia sino empiezan por disminuir sus propios estándares de ejercicio de la violencia punitiva?

No existe hoy en día evidencia empírica que pueda concluir que la imposición de penas altas o el juzgamiento de menores con los mismos estándares de dureza que la justicia para adultos, hayan reducido los niveles de violencia o de incidencia delictiva. La razón del fracaso de las políticas que incentivan la imposición de altas penas, se encuentra en que el diagnóstico del problema ha sido errado, es decir, la violencia social no encuentra su solución en el derecho, sino en la construcción de políticas públicas interdisciplinarias.

La posición que tiene que adoptar el Derecho Penal con respecto a los problemas de criminalidad debe ser excepcional y debe ser tendencialmente humanizado, esto es, deben aplicarse estándares de derecho penal mínimo que se orienten hacia la reducción de la pena con la intención de paulatinamente abolirla. Según el principio de intervención mínima, el Derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito).

Ahora bien, cuando quien es juzgado penalmente es un niño o adolescente, éste se encuentra en una posición especial de garantía por parte de las autoridades de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y con instrumentos internaciones en materia de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño.

La respuesta estatal frente a niños que están siendo juzgados en un proceso de justicia juvenil debe responder a los derechos específicos de esos niños así como a las protecciones particulares que les corresponden por ser personas menores de edad. De acuerdo con las normas y estándares internacionales sobre la materia, los Estados deben reservar el uso de la privación de la libertad como un último recurso (principio de excepcionalidad), y tener a disposición medidas alternativas a la privación de libertad. 

El sistema de justicia juvenil debe además tener consideración especial con respecto a la proporcionalidad y la duración de las penas, sean éstas privativas o no privativas de libertad.  Más aún, las penas que constituyen tratos crueles e inhumanos, particularmente las que incluyen castigos corporales, resultan inadmisibles a la luz del derecho internacional de los derechos humanos[1].

Cuando las autoridades de un país, en estricto respeto de los principios de excepcionalidad y proporcionalidad de la pena, decidan imponer a un niño una medida de privación de libertad por haber infringido una ley penal, debe además asegurar que esa medida tenga un plazo máximo de duración, el que deberá ser razonablemente breve. Asimismo,  La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 37[2],  prohíbe expresamente la determinación de penas capitales y de prisión perpetua sin excarcelación.

En este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  y el Comité de los Derechos del Niño[3]  han reiterado que las penas excesivamente largas en el caso de personas menores de edad atentan contra el principio de brevedad consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y contra las protecciones especiales a las cuales los Estados se encuentran comprometidos de conformidad con el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  Además, este tipo de penas resultan incompatibles con los objetivos de las penas de la justicia juvenil.

En suma, los estándares y garantías con que deben ser juzgados los menores involucrados en el caso Christopher quedan fuera de dudas, sin embargo es fundamental reflexionar para reconducir la discusión, misma que ha sido formulada en un escenario equivocado. Las respuestas a la problemática de violencia que ocurre en este tipo de casos no se encuentran en el derecho penal sino en los profundos problemas socio-culturales por los que pasa nuestra sociedad. El problema de dar diagnósticos equivocados puede redundar en consecuencias funestas. Los discursos incendiarios y desproporcionados en torno a este caso solo provocarán la deshumanización de una sociedad que en vez de exigir elemental justicia clama una venganza irracional.

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[1] Véase Informe “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

[2] El artículo 37, inciso a) de la Convención sobre los Derechos del Niño expresa que: “Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad”;

[3] El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes (entre ellos México). 

Fecha: 
Jueves, 28 de Mayo 2015 - 16:30
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EPN y sus compromisos con ONU, rendición de cuentas en previsiones salariales y ley de protección de infancia

Esta tarde hablo acerca de las declaraciones Enrique Peña Nieto en la ONU sobre la ayuda que va prestar a los Cascos Azules. Mariana Campos nos trae el tema ¿Qué se debe hacer en este proceso de aprobación presupuestaria para mejorar la rendición de cuentas del gasto en Previsiones Salariales y Económicas ó Ramo 23? En entrevista, Laura Rojas, senadora por el PAN y presidenta de la comision de relaciones exteriores en el senado, comenta sobre las compromisos de Peña Nieto ante la ONU. David Calderon, de Mexicanos Primero, nos trae sus comentarios sobre el dictamen y anteproyecto de ley de protección de la infancia.

 

Secciones:

Fecha: 
Jueves, 25 de Septiembre 2014 - 19:15
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Mi programa:

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Comentarios sobre el dictamen y anteproyecto de ley de protección de la infancia

Activando la posibilidad de presentar una Iniciativa Preferente para cada periodo de sesiones del Congreso, el Presidente Enrique Peña Nieto envió el 1º de septiembre un anteproyecto de Ley General de Protección de la Infancia.

La iniciativa fue intensamente criticada por los expertos y las organizaciones dedicadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes, por su enfoque asistencialista y vertical, además de incompleto.

Desde hace años, las organizaciones reunidas en la Red para los Derechos de la Infancia en México, en la que también participa Mexicanos Primero han venido trabajando en proponer una “Ley de Altura” es decir, un sistema integral de garantías de los derechos infantiles; en 2013 presentamos 10 por la Infancia.

Las comisiones del Senado retomaron muchas de estas críticas, elementos de iniciativas paralelas y elaboraron un anteproyecto, mucho mejor que la iniciativa que vino de Presidencia, pero que aún requeriría de correcciones.

Algunas consideraciones:

  • Ya incluye normas concretas para que los educadores se hagan responsables de evitar o detener el abuso y acoso en la escuela.
  • Tiene todavía algunas expresiones preocupantes, como multas a los medios por difundir algo “contrario al desarrollo o que haga apología de la violencia”
  • No incluye todavía elementos precisos para combatir la suspensión de servicios educativos y la discriminación en el ejercicio del derecho a aprender.
  • El DIF no tiene capacidades construidas para coordinar el sistema integral, y es preocupante por el papel que ha jugado, a nivel estatal y municipal, de control o de promoción de las esposas de los mandatarios, sin competencia técnica ni fundamento democrático en esa función coordinadora. 

Tres elementos que son cruciales y aún deben incluirse en un sistema integral:

  • Defensorías expertas y autónomas para vocalizar la atención a las violaciones o amenazas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
  • Presupuesto suficiente, transparente y con rendición de cuentas para las tareas de coro.
  • Información disponible y asegurada, desde los sistemas de identificación (actas de nacimiento y demás documentos personales) hasta acceso a los ciudadanos de los presupuestos, agendas y reportes de resultados de los programas.
  • Participación de los mismos niños y niñas en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas que se refieren a ellos, así como a los padres, cuidadores, activistas y expertos del campo.

Se espera que lo que se presente próximamente a voto en el pleno del Senado sea un avance.

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Fecha: 
Jueves, 25 de Septiembre 2014 - 18:00
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Igualdad más allá de géneros

En la antigüedad, las únicas personas que gozaban de privilegios tales como los cargos públicos, acceso a la educación, al voto, y a la libertad de expresión eran los hombres; mientras que la función de las mujeres se centraba a las labores de la casa, la procreación y el cuidado de los hijos, siempre sujetas a la subordinación del padre o esposo.

No se concebía la idea de que las mujeres tuvieran derecho alguno, es más, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que proclamaba la Revolución Francesa en 1789, y que tenía como eje central la igualdad jurídica y de derechos políticos, sólo contemplaba al hombre y no al conjunto de seres humanos. Lo que ocasionó que un grupo de mujeres en Europa Occidental y más tarde en Norteamérica, iniciaran un movimiento que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación: el feminismo.

El feminismo es un movimiento social, político, cultural y económico que busca la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, que a lo largo de su lucha ha conseguido logros trascendentes como el acceso a la educación, el voto femenino y la igualdad ante la ley. Sin embargo, a pesar de los logros obtenidos, aún en algunos países no se ha logrado igualdad de salarios, ni el acceso a la educación, tampoco el acceso a servicios médicos e incluso se les niega el derecho a votar en igualdad con los hombres.

Por ello, resulta importante retomar algunos datos estadísticos de la ONU sobre la situación que guarda en el mundo la postura de la mujer, sobre todo en el ámbito económico:

  • 552 millones de mujeres se incorporaron a la población activa, es decir, 4 de cada 10 trabajadores son mujeres.
  • En la mayoría de los países, los salarios de las mujeres se sitúan entre un 70 y un 90 por ciento del que perciben los hombres; en algunos países de Asia y América Latina este porcentaje es aún menor.
  • El 50.5% de las mujeres trabajadoras del mundo se encuentran en situación de empleo vulnerable, a menudo sin protección de las leyes laborales, frente al 48.2% de los hombres.
  • Un estudio de empresas a escala mundial descubrió que sólo el 18.3% cuenta con una mujer en la cúpula directiva.
  • Las mujeres representan un 31% de los trabajadores fijos a jornada completa; sin embargo, entre las empresas manufactureras, este porcentaje cae al 9.9%.

Pero no sólo en el rubro económico las mujeres se encuentran en desventaja, incluso debido a la falta de acceso a la educación y servicios de salud reproductiva, se está dando un fenómeno mundial alarmante, ya que el 19% de mujeres embarazadas son niñas y adolescentes (menores de 18 años). Algunos datos que ha emitido la ONU al respecto son:

  • 20 mil niñas dan a luz todos los días.
  • 70 mil muertes de adolescentes cada año por complicaciones en el embarazo o en el parto.

Ante esta preocupación, la Organización de las Naciones Unidas, ha tenido a bien poner en marcha la campaña He for She (Él para Ella), desde marzo de este año, la cual fue presentada a los representantes de cada país integrante el pasado sábado 21 de septiembre por la Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, Emma Watson, iniciativa que pretende generar un movimiento de solidaridad de los hombres y los niños hacia las mujeres y las niñas con el objetivo de alcanzar la igualdad de género.

Dicha campaña se prolongará por un año y tratará de movilizar a mil millones de hombres como agentes de cambio para emprender acciones contra todas las formas de violencia, discriminación e inequidad que afrontan mujeres y niñas en todo el mundo; así que es momento de aportar nuestro granito de arena a esta causa tan importante, empezando desde nuestra casa y nuestro entorno.

Seguimos conversando la próxima semana...

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Fuentes:

Centro de Noticias de la ONU. Nueva York. 2014.
Estado de la Población Mundial 2013. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Nueva York. 2013.
Hechos y cifras: Empoderamiento económico. ONU Mujeres. Nueva York. 2013.

Fecha: 
Miércoles, 24 de Septiembre 2014 - 17:30
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Presupuesto para la educación de calidad

Para llevar a la acción las reformas en el sector educativo, la inversión por excelencia en el gasto público, se requieren atender al menos cinco factores:

Fin al abuso (eliminación efectiva de desvío e irregularidades en las plazas). El Presupuesto debe reflejar los ahorros y cambios de destino de los fondos de servicios personales, dada la plena vigencia de la prohibición de comisiones sindicales y de la correspondiente obligación de licencias sin goce de sueldo para tareas no educativas; coordinarse con el Padrón Único de Maestros y el Registro Nacional de Asistencia Técnica Pedagógica, para que toda posible comisión vigente o futura quede verificada con su justificación propiamente educativa y, finalmente, deben fortalecerse las atribuciones de los órganos de fiscalización superior de todo el país para detectar y sancionar a los funcionarios que continúen autorizando el gasto en comisionados.

Transparencia y contraloría social del destino final. Es difícil identificar el destino final de los recursos presupuestales asignados a través de los Ramos 25 y 33. Este déficit de transparencia contribuye al círculo vicioso del mal gasto al dificultar la eficacia del gasto destinado a eliminar obstáculos socioeconómicos al proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes; impedir una adecuada contraloría social de seguimiento al ejercicio y control de los recursos y obstaculizar la evaluación y rendición de cuentas. El Presupuesto debe marcar claramente la obligación de identificar a los beneficiarios finales del presupuesto educativo, hasta el nivel de centro escolar; en paralelo, se deben precisar los procedimientos y sanciones, junto con el correspondiente fortalecimiento en atribuciones de la Auditoría, que deben activarse como consecuencia de información omitida, retrasada o distorsionada por los gobiernos estatales.

Atención focalizada al Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo. El Programa debe sentar las bases para el sostenimiento de comunidades de aprendizaje y reorientar el gasto educativo hacia los centros escolares, comenzando por aquellos identificados con grave déficit de infraestructura por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE). Así, debe reiterarse la exigencia de la entrega por parte de la autoridad de las bases completas del Censo, activar la contraloría social para evitar la captura electoral del programa y el seguimiento de la aplicación de los fondos, que fueron programados para tres años, comenzando este año 2014, además de concretar las Jornadas de Transparencia y Rendición de Cuentas, mandatadas por ley y omitidas en este primer año de su vigencia.

Inclusión de fondos suficientes para el desarrollo profesional docente. La reforma educativa estableció la obligación del Estado de ofrecer oportunidades suficientes y de calidad para la formación, capacitación y actualización continua de los maestros. El Presupuesto debe contemplar este fondo, sin mezclarlo con los incentivos y estímulos. La oferta necesaria debe atender necesidades de cientos de miles de educadores, además de hacerlo con pertinencia ante sus necesidades específicas ante la eventualidad de una evaluación de desempeño exigente que comienza ya en 2015. El presupuesto aprobado para 2014 fue de sólo 239 pesos por maestro, escandalosamente insuficiente.

Financiamiento para apoyar el desarrollo integral desde la infancia temprana. La educación de calidad es la forma concreta de atender el derecho universal a aprender, el cual no inicia en la primaria, sino desde el nacimiento. El Presupuesto debe reflejar una visión de la educación que no se limita a los servicios escolares a partir de los seis años, pues hay una grave desatención a la etapa anterior, con un promedio estimado de 85,000 pesos por niño en el periodo 0 a 5, de los cuales sólo el 14% se destinan a programas y servicios para la población de 0 a 3 años, los “mil días formativos” de los que depende literalmente el futuro de cada persona y de todo el país. Aún siendo gravemente insuficiente en los presupuestos de años pasados, los montos principales los llevan las estrategias de supervivencia (salud, nutrición y asistencia social), sin un adecuado complemento de activación y desarrollo neurológico y educativo que es la base del ejercicio del derecho consagrado en la Constitución.

Autor:

Fecha: 
Jueves, 11 de Septiembre 2014 - 18:30
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Los delitos contra niñas, niños y adolescentes

En Cámara de Senadores se discute en audiencias públicas la iniciativa preferente de Ley que envió el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado primero septiembre. El Decreto del presidente expide una nueva ley denominada “Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, y reforma otra ley vigente denominada “Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil”. La discusión gira principalmente porque si la nueva ley es de carácter asistencial y/o realmente es una ley  que protege la integridad de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. 

Estimo que la ley dispone de un mejor perfil protector de derechos humanos más que asistencial. Protege y sanciona el derecho a la intimidad; un derecho fundamental de todo ser humano.

El interés superior de la niñez es un principio reconocido en el artículo 4 constitucional cuyo propósito es proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por consiguiente, el objeto de la nueva ley es el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos a la no discriminación, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; a la participación interculturalidad; a la corresponsabilidad de los miembros de la familia, sociedad y las autoridades, y la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales.   

Ante la violación a los derechos de los menores, por ejemplo, la ley establece conductas tipificadas como delito. Por lo menos la nueva ley sanciona dos tipos de conductas.

Una de ellas es la pena de dos a cuatro años de prisión y de quince a cuarenta mil días multa al editor o empleado de un medio de comunicación que cuente con concesión para prestar el servicio de radiodifusión, o medios impresos y que publique, difunda o transmita el nombre, imágenes, voz o información de niñas, niños o adolescentes sin tener previamente la autorización por escrito de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

Además, la pena puede aumentar al doble para el directivo, gerente o persona habilitada para tal efecto, que autorice la publicación, difusión o transmisión del nombre, imágenes, voz o datos personales de las niñas, niños o adolescentes. 

Y, la otra conducta sanciona con la misma pena del párrafo anterior al servidor público que intervenga en procedimientos administrativos o judiciales en que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, que por razón de sus funciones tenga acceso a la información de éstos, y realice la divulgación, difusión o transmisión del nombre, imágenes, voz o datos personales de las niñas, niños o adolescentes. 

Estimado lector, las mencionadas conductas son sancionadas con pena privativa de la libertad. El   derecho a la intimidad, a la honra y reputación de las niñas, niños o adolescentes de nuestro país, es un derecho fundamental de todas las personas. Y, ende, se protege la dignidad del ser humano.

Así que, querido lector, el marco jurídico a la protección de los derechos del menor es inmenso, tratados internacionales y leyes, pero, pero, pero ¿cuántos son los niños, niñas y adolescentes vulnerados en su dignidad como ser humano…?...    

Fecha: 
Jueves, 11 de Septiembre 2014 - 18:00
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"Tu futuro"

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año de 2013, reporto que en México son 29.3 millones de niños y niñas adolescentes que realizan una actividad económica. Ellos son el futuro  del país, dicen las autoridades. No obstante, resulta saber si todos ellos tiene plenamente reconocidos sus  derechos para que puedan ejercer libremente un pleno desarrollo económico, social y/o cultural en México.

El Presidente Enrique Peña Nieto envío a los legisladores una iniciativa de ley denominada “Ley General para la protección de los Niños, Niñas y Adolescentes”.

En dicha ley se pretende otorgar plenamente la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. Se sanciona la omisión ante lo que es ya un fenómeno social el bullying, y con privación de la libertad a quién fomente la cultura de la violencia, lesione el derecho a la privacidad del menor y por ende, cometa apología del delito.

Entre otros aspectos la iniciativa de ley, se dice que, se pretende crear una Procuraduría Federal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes y un Sistema Nacional de Protección.

Asimismo, se crea el catálogo de derechos: a la vida, de prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a la protección contra todas las formas de venta, trata de personas, explotación, abuso, abandono o crueldad; a la protección de la salud y a la seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación, al descanso y esparcimiento, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura y a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Ahora bien, sin duda la iniciativa de ley antes referida, es la consecuencia legal que en México no se le otorga la debida protección de los derechos del menor. Es decir, pareciera decir que no es importante que la Constitución señale que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Además, que los niños y niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral. A ello, se une la “Convención sobre los Derechos del Niño” de 1990, donde los Estados partes se comprometen a asegurar al  niño la protección y el cuidado  que sean necesarios para su bienestar.

Y, también se une la “Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, publicada el 29 de mayo de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, la cual establece que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, en lo físico, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Los derechos determinados en la ley son: a la prioridad, a la vida, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico, a la integridad, libertad, contra el maltrato y abuso sexual, identidad, a vivir en familia, a la salud, a la educación, al descanso y al juego, a la libertad de pensamiento, y, a la cultura propia, a participar.  

En definitiva, estimado lector, la Constitución y las leyes vigentes otorgan una adecuada protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. La Constitución dispone como principio el interés superior de la niñez, y subraya literalmente a los niños y niñas, pero no refiere a los adolescentes. Es posible, entonces que el legislador modifique el texto constitucional con el propósito de armonizarlo con la iniciativa del presidente.

No cabe duda que por leyes no paramos, la duda persiste al momento de observar en las calles a los menores pidiendo limosna, o, de los casos de abuso sexual a menores, o, de menores que comenten delitos, y un sin número de situaciones sociales, económicas y culturales que perjudican la integridad de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Estimado lector, el problema es de la aplicación de la ley y también el problema radica en la ausencia de valores, en la educación y en la cultura de los mayores: padres, autoridades, y/o profesores. Ante tales escenarios, entonces, ahora el problema es saber cuál es el futuro de la sociedad en México…

Fecha: 
Martes, 02 de Septiembre 2014 - 17:15
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