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abuso de autoridad

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La autonomía de la UNAM

El pasado 15 de noviembre, un Oficial Secretario del Ministerio Público, un elemento de la Policía de Investigación y dos peritos de la Procuraduría General de Justicia del DF, en un hecho irregular ingresaron a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México supuestamente a investigar un delito de robo a celular que una estudiante denunció días anteriores ante la Agencia especializada en atención a la comunidad universitaria. Frente a la Facultad de Filosofía y Letras, se dio un altercado entre los agentes de la PGJDF y estudiantes de la Máxima Casa de Estudios, resultando heridos dos estudiantes y un animal de compañía.

Tras este lamentable hecho, la comunidad universitaria y estudiantes de todo el país exigieron se respetara la autonomía de la Universidad, sin embargo, las autoridades capitalinas enviaron alrededor de 500 granaderos a Ciudad Universitaria para supuestamente recuperar el vehículo que utilizaron los agentes. Por tal motivo, mediante redes sociales, se convocó a una manifestación pacífica el domingo 16 de noviembre, en la que participaron no sólo los estudiantes, sino padres de familia y amigos. Unos cuantos infiltrados (como los que han estado presentes en la quema del Metrobus y en la puerta de Palacio Nacional), realizaron pintas e intentaron ingresar a las instalaciones de Rectoría, afortunadamente, los universitarios impidieron estos actos violentos, solicitando se retiraran y se desenmascararan.

El Secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano Cortés, señaló que este tipo de diligencias no violentan la autonomía universitaria, ya que se realizó de manera coordinada con autoridades de la UNAM, y se comprometió a ejercer acción penal contra el agente que lesionó a los estudiantes por abuso de autoridad y lesiones, así como la destitución del Director General de Zona Sur de la Policía capitalina por la intromisión de granaderos en las instalaciones de la Universidad, y reiteró que su investigación versaba sobre el robo de un celular, para lo cual reitero mi pregunta ¿se necesitan 500 granaderos?.

Lo que parece incongruente es que existiendo 29 mil 852 delitos de alto impacto en el DF, entre ellos homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos o incluso lesiones por disparo de arma de fuego, la Procuraduría haya ingresado por un delito de bajo impacto, justamente el día que se reunía la Asamblea General Interuniversitaria creada a propósito de los estudiantes de Ayotzinapa.

Dado al ingreso de la PGJDF en Ciudad Universitaria, el concepto de autonomía se encuentra en la discusión pública, que es uno de los cuatro pilares sobre los que se rige la propia Universidad y que deriva del artículo 3 fracción VII Constitucional, sin embargo, no es sino hasta la publicación de la Ley Orgánica en la que se le reconoce su autonomía y se señala entre otras cosas, que la Universidad es una corporación pública (organismo descentralizado del Estado) dotada de plena capacidad jurídica. Dicha autonomía debe considerarse desde los siguientes aspectos:

  • Autonomía académica, que se entiende como la libertad de cátedra, organización libre de estudio, formulación de planes de estudio y programas de investigación, así como la atribución de otorgarle validez a los estudios realizados en dicha institución.
  • Autonomía financiera, que implica la facultad de formular su propio presupuesto y de administrar libremente su patrimonio, exentándola de impuestos o derechos federales o municipales y a recibir un subsidio anual por parte del Gobierno federal.
  • Autonomía de gobierno, para organizarse como lo estime pertinente, es decir, sus órganos de gobierno, sus autoridades, funcionarios, personal académico y personal administrativo así como formular las normas que fijen la política global y el diseño del orden jurídico aplicable a todos los universitarios.

Como integrante de la comunidad universitaria, me parece necesario dejar claro que defender la autonomía universitaria no implica que exista un estado dentro de otro, sin embargo, se debe reconocer y respetar a la institución que ha sido un espacio cultural, académico y de debate, donde los alumnos, profesores y trabajadores han desarrollado sus capacidades en beneficio de la institución y de México, siempre orgullosos de lo que ser universitarios representa, trabajando en cada una de las escuelas, colegios, institutos y facultades, lo que permite que sea la UNAM la Universidad de nuestro país mejor posicionada dentro de las 500 mejores universidades del mundo, refrendando así, que es nuestra Máxima Casa de Estudios, lo que un clima de tensión por una mala decisión de alguna autoridad local o federal no debe soslayarse y mucho menos repetirse.

Fecha: 
Miércoles, 19 de Noviembre 2014 - 17:00
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El Estado de Derecho contra la corrupción

En suma, comentaba ayer con mi tema “Por la vigencia plena del Estado de Derecho”, que el Estado de Derecho es el imperio y primacía de la ley, por medio de un sistema jerárquico de normas para el pleno establecimiento de la seguridad jurídica. Y, para ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental del país, que asiduamente es reformada por el legislador, como bien se aprecia con las 618 modificaciones desde su creación en 1917 a la fecha.

Pues, bien, con la norma jurídica se combate a la corrupción, al menos esa es una de las propuestas del Partido de Acción Nacional (PAN) que presentó esta semana a través de la iniciativa de ley suscrita por sus diputados y senadores, para  reformar y adicionar y derogar diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción es un tema que les ocupa igualmente a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues en noviembre de 2012 presentaron la iniciativa de ley suscrita por sus senadores para reformar y adicionar nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La corrupción se combate con la ley. Por lo visto con las modificaciones al texto constitucional se pretende crear por parte de los legisladores del PAN un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), conformado por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana.

El sistema se coordinará entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad. Un Sistema Nacional de Fiscalización, encargado de coordinar las acciones de los órganos de fiscalización en el país, con el objetivo de generar condiciones que permitan un mayor alcance en sus revisiones; evite duplicidades; permita un intercambio efectivo de información; homologue los criterios de planeación, ejecución y reporte de auditorías; y establezca una serie de deberes para quienes conforman el Sistema.

Además, nos dicen los del PAN, que es necesario crear la figura de la extinción del dominio en el delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Esto es, que los bienes derivados de dicho delito sean tratados acorde al procedimiento de extinción de dominio.

Por su parte en la iniciativa de los legisladores del PRI y PVEM se pretende  crear una Comisión Nacional de Anticorrupción y la reorganización de la estructura de la Administración Pública para determinar en desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

En definitiva, son buenas intenciones de los legisladores. En efecto, no es prudente pensar que entre todos es sabido que los actos de corrupción son muchos, muchos, muchos todos los días y no hacemos nada para evitarlos.

Los legisladores en sus iniciativas manifiestan el porque quieren que se modifique el texto constitucional, entre otras causas de corrupción, muestran la corrupción en México con diversos estudios. Por ejemplo, que en 2010, Transparencia Mexicana reportó e identificó para la conformación del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que al menos 200 millones de actos de corrupción para acceder a 35 trámites y servicios monitoreados. En diez de cada cien ocasiones en que se realizó un trámite o se accedió a un servicio público, los hogares pagaron sobornos.

Por ende, se estima que el costo económico de dicha forma de corrupción rebasó los 32 mil millones de pesos, lo cual representa 165 pesos por cada hogar mexicano que debió pagar por el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como por concesiones y servicios administrados por particulares. 

Estimado lector, la corrupción es un tema de hace muchos años, difícil de combatir, y que las leyes tratan de limitar sus tipos, por ejemplo, el nepotismo, el uso indebido de los recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, el abuso de autoridad, los conflictos de intereses, el favoritismo, el soborno, el amiguísimo, el compadrazgo, el uso político de los recursos públicos, el blanqueo de dinero, el uso discrecional o político electoral de los recursos públicos y/o la ausencia de rendición de cuentas.

Así, qué, querido lector esperemos que los legisladores no tarden otros dos años para crear todo un sistema institucional, que combata de manera eficiente y eficaz la corrupción en nuestro país.

Al tiempo, tiempo…

Fecha: 
Miércoles, 05 de Noviembre 2014 - 18:30
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