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La contrastante perspectiva de competencia mexicana

Martes, 01 de Noviembre 2016 - 18:00

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Guillermo Vázquez Handall

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De acuerdo con el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2016-2017, la valoración sobre nuestro país tiene resultados contrastantes.

Escalamos seis posiciones para ocupar el lugar número cincuenta y uno entre las economías mejor evaluadas de entre las 138 naciones analizadas, en el ámbito regional, nos ubicamos como el tercer país más competitivo de América Latina, sólo por debajo de Panamá y Chile. La mejor posición que hemos tenido en esta medición en los últimos diez años.

El índice analiza la capacidad global en áreas como la productividad y el desarrollo, donde destaca una evidente mejoría en ocho de los doce parámetros que se consideran; Se reconoce un importante aumento de la eficiencia comercial, tanto en lo interno como en el exterior

A pesar del entorno negativo, la nuestra sigue siendo una de las economías más competitivas de la región y está logrando importantes progresos.

Sin embargo, el mismo reporte señala que México es la treceava nación más corrupta y la número uno si sólo se considera a los países que conforman la OCDE.

Para determinar estos resultados se tomó en consideración, entre otros elementos, una Encuesta de Fraude y Corrupción que se realiza entre 15 mil líderes empresariales con base en tres preguntas: ¿Qué tan común es el desvío de fondos públicos a empresas o grupos?, ¿Cómo calificas la ética de los políticos?, y ¿Qué tan común es el soborno de parte de las empresas?

Según el Banco Mundial, a México la corrupción le cuesta el 9 por ciento de su Producto Interno Bruto, porcentaje que de acuerdo con el INEGI representa 347 mil millones de pesos al año.

Mediante este sondeo se calcula que el 44% de las empresas con operaciones en México ha realizado pagos extraoficiales, es decir sobornos a funcionarios públicos.

El estudio considera adicionalmente otros factores que representan obstáculos para el buen desarrollo de los negocios como: la corrupción, el crimen y los robos, la ineficiencia gubernamental y la burocracia, la falta de innovación como la eficiencia laboral y finalmente la educación superior.

Considerando estos parámetros, se observa un muy buen esfuerzo, bien recompensado en materia productiva, que ha permitido un escenario favorable para el desarrollo de los negocios.

Lamentablemente, la tendencia no va de la mano con el comportamiento oficial, porque independientemente de la implantación y cumplimiento de políticas públicas, la corrupción sigue siendo un lastre demasiado pesado.

Con estos datos, se podría establecer que la corrupción no ha frenado del todo la dinámica económica, el monto de los recursos que se estima se desvían de su objetivo, supone una pérdida extremadamente onerosa.

Es fácil deducir que si estas cantidades se destinaran a la inversión pública, las condiciones del país no sólo serían mucho mejores, adicionalmente esto conllevaría un fuerte impulso de las actividades privadas.

Desafortunadamente ese dinero termina literalmente en la bolsa de algunos servidores públicos, unos cuantos, que amasan exorbitantes fortunas, que no producen bienestar colectivo.

Lo doloroso es que, a pesar de que existen condiciones positivas para enfrentar circunstancias negativas, como las que generan los factores externos que inciden en nuestra economía, la arraigada cultura de la corrupción que priva, se erige como un gigantesco obstáculo.

Pensemos lo que podría provocar en positivo, que ese nueve por ciento del Producto Interno Bruto, los 347 mil millones de pesos que se pierden por motivo de la malversación, se dedicaran por ejemplo a la infraestructura para el desarrollo.

Seguramente no habría necesidad de un mayor endeudamiento público, de hecho eso podría resolver fácilmente el pago de la deuda, sin omitir el efecto consecuente que eso tendría en las finanzas oficiales.

Además implicaría la posibilidad de flexibilizar la política fiscal recaudatoria, que de suyo en la forma en que está planteada, se ha convertido en una limitación.

Lo que es evidente es que a pesar de nuestra enorme y demostrada capacidad competitiva, la situación del país no necesariamente está en entredicho a causa de elementos que escapan a nuestro control.

Ni siquiera es un debate respecto del sentido de las políticas públicas, de su administración, lo es de conciencia, en todo caso la discusión es de orden estrictamente moral.

La crisis más allá del contexto global, tiene al menos una vía de solución, que depende de actitudes que sólo son atribuibles y demandables a la clase política, sin distingo de militancia partidista.

Se trata sencillamente, de utilizar y aprovechar correcta y responsablemente, una riqueza que la producen muchos pero que está en poder de unos cuantos y que finalmente pertenece a todos.

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Número 8 - Julio 2017
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