Jueces “Porkys”

El poder judicial en Veracruz atraviesa por una crisis sistémica que se manifiesta en los polémicos amparos…   El poder judicial en Veracruz atraviesa por una crisis sistémica que se manifiesta en los polémicos amparos de los...

4 de abril, 2017
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El poder judicial en Veracruz atraviesa por una crisis sistémica que se manifiesta en los polémicos amparos…

 

El poder judicial en Veracruz atraviesa por una crisis sistémica que se manifiesta en los polémicos amparos de los jueces en dos casos emblemáticos: la demanda de Daphne Fernández por actos de pederastia en contra de los jóvenes “Porkys” y la violación de una joven estudiante de la Universidad del Valle de México (UVM) que además fue videograbada por sus agresores. Estos escándalos desnudan la corrupción de los jueces, la impunidad reinante de la que gozan los acusados de estratos sociales altos, que pueden comprar absoluciones en cualquier jurisdicción del país.

El sentido caso de pederastia contra la entonces menor de edad, Daphne Fernández, perpetrado por los jóvenes pudientes denominados “Los Porkys”, incendió las redes sociales cuando el juez del tercer distrito en Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo a favor de Diego Cruz para que fuera liberado por los cargos que se le imputan en la participación del delito de pederastia. Meses atrás el inculpado huyó a España y fue extraditado para seguir el proceso. Los otros acusados en este caso son Enrique Capitaine quien enfrenta las acusaciones en la cárcel y Jorge Cotaita quien está prófugo.

En el controvertido amparo extendido por el juez Anuar González expresa en el acta que existieron tocamientos vaginales contra Daphne (a quien el magistrado reconoció era menor de edad cuando se dieron los abusos) por parte de Cruz, además de haber introducido sus dedos en la vagina de la demandante. Pero el juez señala que estas acciones no correspondían al delito de pederastía, al no existir copula contra la demandante, ni estar en estado de indefensión al moverse de la parte trasera de la camioneta (donde se transportaban) al asiento delantero. El magistrado aprovechó lo difícil que es comprobar el delito, para definir estas conductas del acusado solamente como “roce o frotamiento incidental, sin intención lasciva” por lo que concluyó que Diego Cruz debería ser liberado gracias este amparo.

Una resolución jurídica de este tipo dejaría indefensa a cualquier mujer que sufre ataques sexuales, hostigamientos e intentos de violación, al minimizar las agravantes del caso de Daphne a simples rozamientos incidentales. Esta sentencia sería un peligro si se convirtiera en una tesis de jurisprudencia. El Consejo de la Judicatura Federal suspendió al juez González Hemadi, además de estar sometido a investigación ante lo desaseado de su sentencia y el historial polémico de su actuar.

Esta resolución tan incompresible y discutida no es la única que ha sentenciado el tercer juez de Distrito, ya que se recuerda otro controvertible caso donde brindó un amparo a favor de la actual diputada panista, María José Gamboa, quién atropello y mato a José Luis Burela, en el año 2014, cuando conducía en presunto estado de ebriedad.

La semana pasada también se denunció en Veracruz, el amparo concedido por el juez federal, José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, quien absolvió a Jorge Francisco Pereda Ceballos por el delito de violación en contra de una alumna de la UVM en Boca del Río. Dicha violación fue registrada en video y subida a páginas pornográficas por los jóvenes Serafín González García y Oswaldo Rafael Cruz Mateos, quienes están prófugos de la justicia. El juez, Loranca Luna, consideró que no se pudo comprobar que la víctima no tenía la capacidad para resistirse al acto sexual, a pesar de que un perito acreditó que en el video, la víctima se muestra en estado de inconsciencia y debilidad muscular. Este amparo podría dejar libre al violador de la alumna por lo que la defensa de la víctima ya prepara la apelación ante un Tribunal Colegiado.

Por si no fueran pocos los escándalos que involucran la evasión de la justicia de procesados, se sumó también el caso del ex funcionario estatal de Chihuahua, Antonio Enrique Tarín García, quien enfrentará un proceso penal por peculado de más de 300 millones de pesos durante su gestión como director de Adquisiciones en el gobierno estatal de César Duarte. El exfuncionario pretendió evitar el juicio al intentar tomar protesta como suplente del fallecido diputado, Carlos Hermosillo, con la finalidad de obtener el fuero legislativo.

El exdirector de Adquisiciones de Chihuahua se presentó en el Palacio Legislativo con la finalidad de tomar protesta. El mismo grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional había intentado incluir en la orden del día, del pasado 28 de marzo, dicho trámite pero ante lo escandaloso del caso y las reticencias de diputados del PAN y del PRD, se optó por retirar de la orden del día. Aunque el grupo parlamentario priísta si arropó al funcionario en sus oficinas y luego lo asesoraron en su estrategia de defensa.

Tarín García, después de 28 horas de permanecer atrincherado en las oficinas del finado diputado Hermosillo, recibió un amparo provisional del juez Primero de Distrito para evitar ser detenido por la acusación de peculado. Con el pago de 14 mil 500 pesos de garantía, el diputado suplente y su defensa, solo tuvieron que sortear el ridículo final de presentar dicho amparo ante agentes ministeriales que les cerraron el paso a su salida del palacio legislativo, para finalmente, huir con la cola entre las patas y sin el fuero que pretendían obtener vía la toma de protesta.

El Poder Judicial es una entidad por demás oscura, que en realidad nadie certifica, vigila, ni sanciona. Está podrido y maloliente en sus formas corruptas de impartir justicia para quien pueda pagarla. Es tradición que se protejan entre sí mismos, y es urgente que todos los juzgadores sean sometidos a pruebas de control de confianza, como ocurre con las policías. Actuaciones como las citadas demuestran el lastre que es este tipo de magistrados para el desarrollo del país, su actuar parece más proclive a la defensa de los delincuentes, que al de  la sociedad que paga con sus vidas y patrimonio, la laxitud de sus resoluciones y sentencias. 

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