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Hacienda, la CRE, las gasolinas y el descontento social

Martes, 10 de Enero 2017 - 17:00

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Fernando Navarrete

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A raíz del aumento al precio de las gasolinas decretado por la SHCP que entró en vigor a partir del 1 de enero pasado, ha surgido un enorme descontento civil que se ha manifestado de muy diversas maneras; noto, sin asombro, que la gran mayoría de la población del país comprende más bien poco hasta dónde Petróleos Mexicanos forma parte del gobierno federal y cómo entran en la ecuación los Franquiciatarios, los precios, los distribuidores, etcétera.

Primero que nada, cabe aclarar una vez más algo muy básico que ya he mencionado en ocasiones anteriores: el precio de las gasolinas (de 87 y 91 octanos, Magna y Premium como las conocemos a través de sus marcas), no lo determina Pemex sino la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (por lo menos hasta ahora, situación que habrá de cambiar en el futuro). Lo mismo con el Diésel Automotriz y con el Marítimo. Ni la paraestatal ni sus Franquiciatarios tienen absolutamente nada que ver en ello, salvo realizar los ajustes necesarios. Segundo: los precios máximos de venta al público, las 83 regiones en el país y siete fronterizas en que se dividió el territorio nacional así como la metodología del esquema que ya empezó a aplicarse a marchas forzadas y agarrando a todos con “los dedos en la puerta” ciudadanos y empleados por igual, dada la decisión del ejecutivo federal de adelantar el proceso, provino también de Hacienda en conjunto con la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Claro está, desde siempre, que el mayor problema de Pemex siempre fue de orden fiscal, ¿cortesía de quién? De la SHCP (tema que ya he tratado en anteriores entregas). Cuando nuestro país gozaba de los beneficios del precio del barril de crudo por encima de los 100 dls. el mayor beneficiado fue Hacienda y ahora que ronda los 45, es Hacienda quien mueve la batuta en este cambio de modelo. Lo que empezó meses antes del primero de enero ha requerido un esfuerzo titánico, ya que involucra rubros tales como el jurídico, operativo y logístico para garantizar el abasto de gasolinas en el país. Pero eso no es todo, apresurar lo que debía ser un proyecto paulatino ha generado (lógicamente) una afectación en la cadena de almacenamiento y suministro de productos, haciéndolos menos competitivos en cuanto a precios de venta, costos y márgenes. Con justa razón, todos estamos enojados.

Si bien es cierto que en el largo plazo se pasará de un mercado único y monopolizado con gasolinas subsidiadas a un ambiente de competencia abierta, mismo que habrá de propiciar mejoras en el ámbito de los combustibles, el planteamiento que hizo la CRE no corresponde al mercado actual, su primer error, además del de los tiempos. Tanto la CRE como la SHCP subestimaron el complejo enramado que implica llevar las gasolinas a los distintos puntos del país, desde las metrópolis más importantes hasta los municipios más alejados, proceso que requiere el acuerdo con distribuidores autorizados por Pemex. Lo que hicieron la Comisión y Hacienda fue tomar estados y municipios y en base a estos generar las denominadas “zonas y regiones” de venta de gasolinas; Hacienda y la CRE pensaron (sin saber) que lo demás era un simple esquema del punto A (la Terminal de Almacenamiento y Distribución más cercana) a B, la estación de servicio (gasolinera) dentro del mismo estado. Se equivocaron al no considerar que existen estaciones que aún estando localizadas dentro una misma entidad federativa, por razones de ubicación geográfica o conveniencia en el abasto operativo, realizan la adquisición de combustibles en otros estados, cual es el caso de la región limítrofe de Puebla, Hidalgo y el Estado de México. O Jalisco y Colima en la zona occidente. Además, dos estaciones que cargan  en la misma Terminal (a un mismo costo) no necesariamente venden al mismo precio acorde con las regiones aprobadas por la CRE, bastan algunos kilómetros para caer en una o en otra. Se equivocaron al pensar que todo era un asunto simple y que no existían más condiciones y consideraciones detrás. El fin del subsidio a los combustibles en términos globales es una buena idea, pero en el corto plazo no repararon en  pensar en cómo subsanar el impacto diferenciado. Esta son sólo algunas de las múltiples decisiones que ha colocado a Franquiciatarios y consumidores en jaque al día de hoy.

Lamentables también, fueron las declaraciones de José Antonio Meade Kuribreña, el flamante secretario de Hacienda, alertando sobre el aumento en el precio de las gasolinas a escasos días de que entrara en vigor, lo cual generó lo que tenía que generar: compras de pánico, desabasto y una encolerizada reacción (justificada) que se ha transformado en protestas y actos vandálicos (imposibles de justificar). Los spots de presidencia reiteraron una y otra vez algo que bien sabían era falso todos aquellos relacionados con la industria energética: el no aumento en el precio de los combustibles. La reforma energética no tiene nada que ver con el precio de la gasolina, éste se calcula con base en el precio internacional, un margen de almacenamiento y distribución, un costo de administración  y un impuesto especial (IEPS). Con el paso del tiempo, el costo de administración tenderá a ajustarse a través de la competencia. Pero acorde con el escenario actual, fueron presidencia y Hacienda quienes quisieron vender una verdad a medias en el Largo Plazo o una franca mentira en el corto. Hoy por hoy, es a Pemex (a través de sus Terminales) y los Franquiciatarios quienes deben tratar de resolver y afrontar el desastre que generaron Hacienda y la CRE, junto con la oficina del ejecutivo estatal.

Lo que leo y veo, con una mezcla de rabia y tristeza, es que los más afectados hasta ahora son los conductores que pagan sus accesos y casetas, dados los bloqueos viales y carreteros, así como los gasolineros que son empresarios que, como usted y yo, contratan empleados y pagan impuestos; Pemex posee dentro de sus  Franquiciatarios tanto grupos importantes como el compuesto por FEMSA (Oxxo Gas) hasta personas físicas que viven de sus gasolineras, desde grandes estaciones carreteras hasta gasolineras rurales que abastecen a poblaciones y rancherías que, de otra manera, no contarían con combustibles. Se equivocan flagrantemente quienes piensan que violentar a Franquiciatarios o a sus empleados, tomar estaciones de servicio para clausurarlas o para regalar el combustible es una forma de presionar al gobierno federal, a Hacienda o a la CRE. A quienes afecta es a esos tantos que deben cumplir con sus obligaciones fiscales y dan empleo a miles de personas a nivel nacional. Son ellos quienes deben asumir la pérdida. Son la gente que labora en ellas quien debe lidiar con el riesgo físico de una agresión o perder su empleo si las condiciones del lugar en el que opera la estación no garantiza su seguridad. Pero bueno, cualquier consigna es buena para  aprovechar y saquear un Chedraui como en Nicolás Romero o una Comercial Mexicana y un Coppel como en Ixmiquilpan, Hidalgo. Y así en muchos otros lugares a lo largo y ancho del país, cual si vandalizar algo hubiera en ocasión alguna mejorado el estado de las cosas, como si legitimara el movimiento (el que sea) robar electrodomésticos o pantallas full HD de empresas en toda regla que viven de lo que venden.

Al final, si hace un tiempo Enrique Peña Nieto hablaba de un “mal humor social”, ahora parece que junto con Meade y Pedro Joaquín Coldwell, acaba de darse un balazo en el pie que le hará muy difícil transitar el sendero que le resta a su sexenio; si acaso pensó que la liberación del precio de los combustibles a las prisas podría de alguna manera mejorar su legado con miras no sólo al 2018 sino a la posteridad, el panorama no puede ser más desfavorecedor. Peña regresa de vacaciones con un muy negro escenario que afrontar. 

Nos leemos más adelante. 

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Número 8 - Julio 2017
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