De Frente Y Claro | Corrupción en ascenso en la 4T

30 millones de ilusos creyeron en la promesa de López en campaña de acabar con la corrupción que imperaba con la mafia del poder y por eso le dieron su voto que lo llevó a la presidencia....

22 de diciembre, 2022

Carlos Aguila Franco

30 millones de ilusos creyeron en la promesa de López en campaña de acabar con la corrupción que imperaba con la mafia del poder y por eso le dieron su voto que lo llevó a la presidencia. López los engañó vilmente porque les mintió. La corrupción no solamente sigue, sino que ha aumentado. Innumerables casos de corrupción se han denunciado y dado a conocer sin que se haga nada en contra de los nuevos corruptos, protegidos por el manto de la impunidad que se ha vuelto la constante desde el 1 de diciembre del 2018.

En esa línea toca el turno ahora a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), acorde a lo que el diario EMEEQUIS, publicó el 15 de diciembre de 2022, que sin importarle a los responsables de Capufe que tres empresas contratadas en el 2017 con la anterior administración, incumplieran sus contratos, en la renovación de equipos de peaje y plazas de cobro, sobreprecios y pagos indebidos, les otorgaron un convenio modificatorio. Dicho convenio modificatorio se firmó en los primeros días del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, cuando iniciaba la Cuarta Transformación.

Al realizarse una auditoría interna –en poder de EMEEQUIS– se detectó es “improcedente la formalización del convenio modificatorio con Proyectos y Sistemas Informáticos S.A. de C.V., Actica S. de R.L. de C.V. y Aystel Telecomunicaciones S.A. de C.V. por la ampliación indebida y sin justificación de los plazos de entrega”. Es decir, que les perdonaron los retrasos y, a pesar de eso, les extendieron el contrato.

El 5 de octubre de 2017, Capufe y las tres empresas firmaron el contrato 4500026743 por 1 249 728 509.48 para la “adquisición de Equipos de Peaje e Informáticos para Plazas de Cobro, Centros Locales de Control (CLC) y Centros Liquidación Regional (CLR), además de Fibra Óptica y Equipos ITS, y los Servicios de Instalación, puesta a punto y Capacitación para el Eje Carretero México-Irapuato”, con plazo máximo de entrega total de 15 meses (31 de diciembre de 2018). Pero, los tres proveedores incumplieron con los términos del contrato con Capufe, y sin importarle argumentaron a su favor para que no los sancionaran económicamente.

De la revisión se concluyó que “no es procedente la justificación del atraso de los trabajos, debido a que describe riesgos consumados que eran previamente conocidos por el proveedor (clima, vandalismo y accidentes)”.

Y sin importarles los retrasos registrados en la anterior administración, en la 4-T de López, firmaron un convenio modificatorio para ampliar los trabajos. Sin embargo, en la indagatoria interna se detectó que la ampliación del contrato era inviable. “No es procedente la celebración del convenio modificatorio número 5500008777, firmado el 31 de diciembre de 2018, (…) en virtud, de que al formalizarlos entregaron condiciones más ventajosas al proveedor comparadas con las establecidas originalmente, al ampliar el plazo de entrega de la totalidad de los bienes para la prestación de servicios de 15 a 20 meses a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo (31 de mayo de 2019)”.

Además, las empresas refirieron actos delictivos aislados con impresiones fotográficas y actas de Ministerio Público en las que se hacen constar sucesos acontecidos en 2019, y el convenio se firmó el 31 de diciembre de 2018, para justificar los atrasos de los trabajos por el clima y actos vandálicos. “No se justifica y acredita las razones por las que el contrato se empleó por 5 meses, otorgando un plazo mayor para el suministro e instalación de los bienes contratados”, expone la investigación.

Los retrasos en la entrega de los trabajos y el cumplimiento del contrato debieron tener una multa, pero Capufe no aplicó ninguna sanción. “Servidores públicos omitieron penas convencionales por $124,972,850.95 (ciento veinticuatro millones novecientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 95/100 M.N.), por el atraso en los plazos fijados para el suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos contratados”.

Existieron retrasos de 3 a 395 días (peaje) y de 20 a 283 días (fibra óptica) en la recepción de los trabajos, conforme se describe en el Anexo del contrato. Y a pesar de los retrasos y de la omisión de imponer una sanción económica a las tres empresas, Capufe les pagó 55.3 millones de pesos en exceso por los trabajos. Habiéndose detectado pagos indebidos de sobreprecios por 22.6 millones de pesos, integrado por Fibra Óptica y Equipos de Centros Locales de Control, así como conceptos pagados no considerados en el contrato por 9.5 millones de pesos, y facturas pendientes de pago con sobreprecio por 23.1 millones de pesos, indicó la auditoría.

Un ejemplo es el pago indebido de sobreprecio por 3.6 millones de pesos en los bienes adquiridos para los Centros Locales de Control de “Palmillas” y “Salamanca”, “comparados con los precios prevalecientes en el mercado que fueron cotizados por el Órgano Interno de Control (OIC) y por la Gerencia de Recursos Materiales, resultando en promedio 783% de exceso en el precio entre lo pagado y lo cotizado”.

También inflaron el precio en la fibra óptica ya que el costo unitario por km pagado fue de 809 mil pesos y el ajuste del costo real producido en la obra asciende a 675 mil pesos, es decir, 134 mil pesos más.

La actual directora general de Capufe es Elsa Julita Veites Arévalo, quien tiene formación de médica cirujana y fue designada por López Obrador en octubre de 2020, en sustitución de Genaro Utrilla Gutiérrez, quien fungía en el cargo desde 2018.

Como dato anexo a lo publicado por EMEQUIS, agregamos que la anterior esposa y madre de su hija, del hoy exsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis, María Guadalupe Cano Herrera, se desempeña desde principios de sexenio como directora de Administración y Finanzas de Capufe, quien fue recomendada para ese cargo por la entonces Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, de acuerdo al oficio de folio 700.2018 SHCP, a través del que solicita a los entonces secretarios Carlos Urzúa de Hacienda y Javier Jiménez Espriú de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, el nombramiento de la funcionaria.

Esto es parte de lo que se ha venido presentando en Capufe y en la nefasta administración de la 4T, donde cada día se conocen más actos de Corrupción y Nepotismo sin que nada se haga. El cambio prometido ha sido de la Mafia del Poder, a la Mafia en el Poder. Cruda realidad.

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